Felipe Portales
La vida es el elemento básico de la existencia humana. Por lo tanto, todas las religiones y
filosofías consideran esencial su respeto. Por esto, existe consenso en estimar hoy, en el
lenguaje de los derechos humanos, que el principal de todos los derechos es el derecho a
la vida. Y que, también, el más grave crimen es atentar contra la vida de otro ser humano.
Por ello también, sólo puede eximirse de culpa a un ser humano que mata a otro cuando
se trata de un accidente en el cual no puede achacársele ninguna responsabilidad; o
cuando es producto de un caso de defensa de la vida propia totalmente proporcionado y
en que no ha habido ninguna otra motivación que salvar su vida.
Es cierto que la humanidad ha sido todavía incapaz de erradicar un evento que,
excepcionalmente, pone en cuestión completamente este respeto. Se trata del bárbaro
fenómeno de la guerra. Y podemos decir “todavía”, porque si se prosigue considerando a
la guerra como un recurso legítimo de resolución de conflictos entre las naciones, en un
tiempo futuro (décadas o siglos) en que todas las naciones dispongan de armamento
nuclear, su práctica significará una hecatombe para el conjunto de la humanidad; y
entonces el dilema será virtualmente: o se termina con la guerra o esta terminará con la
humanidad…
Entretanto, podemos ver que ha habido significativos avances en el respeto a la vida
humana en la historia contemporánea, ya que desde los albores de la humanidad se
consideró legítima la aplicación de la pena de muerte. Sólo a partir de la Ilustración
comenzó a ponerse en cuestión cada vez más la pena de muerte (y la tortura), siendo su
promotor inicial el italiano Cesare Beccaria con su libro de 1764 De los delitos y las penas.
Libro que fue puesto en el Índice de Libros Prohibidos (creado por la Iglesia Católica a
partir del Concilio de Trento a mediados del siglo XVI) hasta su término en 1966, luego del
Concilio Vaticano II. Esto fue lamentablemente congruente con una jerarquía eclesiástica
que desde el medioevo –distorsionando el mensaje del Evangelio- legitimó e impulsó la
pena de muerte (y la tortura) a través de la Inquisición. Luego de 1966 el papado inició un
creciente distanciamiento de la pena de muerte, hasta que Francisco en 2018 –en una
feliz reforma del Catecismo Católico- estipuló que “la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio
que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad
de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”
(“Vatican News”; 2-8-2018).
A un siglo de la publicación del libro de Beccaria, Venezuela fue el primer país que abolió la
pena de muerte en 1863, seguido de Costa Rica en 1882. Y ya en el siglo XX comenzó una
tendencia creciente de países a hacerlo, especialmente luego del fin de la segunda guerra
mundial.
Pese a ello –de acuerdo a datos de Amnistía Internacional- a 2024 solamente 113 naciones
(57%) han abolido completamente la pena de muerte en el mundo; manteniéndola aún 86
países. De estos, 54 (27%) mantienen la pena de muerte para delitos comunes; 9 (4,5%)
para delitos previstos en el código penal militar o en circunstancias excepcionales (Brasil,
Burkina Faso, Chile, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Israel, Perú y Zimbabue); y
23 (11,5%) la conservan para delitos comunes, pero han dejado de aplicarla en los últimos
10 años (Ver Amnistía Internacional.- “Condenas a muerte y ejecuciones. 2024”; Abril de
2025; pp. 42-3).
Lo que sí, lamentablemente, Amnistía Internacional ha registrado un aumento en la
aplicación de la pena de muerte de 2023 (1.153) a 2024 (1.508); es decir, de un 30%. (Ver
ibid.; p. 9). Y, además, “la cifra global que se presenta (…) constituye una cifra mínima”, ya
que “no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que en
2024 siguió siendo el país que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones. Además,
Amnistía Internacional no pudo determinar unas cifras mínimas creíbles de ejecuciones
llevadas a cabo en Corea del Norte y en Vietnam, países que se cree siguen usando
ampliamente la pena de muerte” (Ibid.; p. 10). También tuvo informaciones seguras, pero
imprecisas, del número de ejecuciones en Afganistán y Siria.
Así, las ejecuciones de 2024 -incluyendo el método para efectuarlas- se efectuaron en 15
países: Por ahorcamiento: Egipto (13), Irak (63), Irán (972), Kuwait (6), Singapur (9) y Siria.
Por armas de fuego: Afganistán, China, Corea del Norte, Omán (3), Somalía (34) y Yemen
(38). Por inyección letal: China y Vietnam. Por inyección letal o asfixia con gas nitrógeno:
Estados Unidos (25). Y por decapitación: Arabia Saudita (345) (Ver ibid.; p. 9).
Otra constatación positiva, en este sentido, es que la Asamblea General de la ONU adoptó
el 17 de diciembre de 2024 su décima resolución pidiendo una moratoria mundial de la
pena de muerte, la que fue aprobada por 130 votos a favor, 32 en contra, 22 abstenciones
y 9 ausentes. Y entre los 32 votos en contra no hubo ningún país latinoamericano ni
europeo.
Muy preocupante es, sí, que ahora ha surgido una tendencia a legalizar la eutanasia, y el
suicidio asistido, permitiendo que una persona aquejada de una enfermedad terminal, y
que estaría sufriendo fuertes dolores o menoscabo de su persona, le pueda virtualmente
exigir al Estado que un médico o profesional de la salud lo mate sin dolor.
El punto crucial es que una cosa que ciertamente es muy dolorosa -pero que la sociedad
no puede castigar- es que una persona considere, por cualquier razón, que no quiere
seguir viviendo y que tome una determinación suicida; pero otra muy distinta es poder
exigirle a los médicos y al sistema de salud existente a que, en lugar de proporcionarle un
paliativo eficaz contra el dolor en el marco de una enfermedad terminal, lo mate o,
eufemísticamente, “acelere su muerte”. Esto último va en contra no sólo de los principios
más esenciales de la profesión médica y del conjunto de las profesiones de la salud; sino
también de la consideración prioritaria de una sociedad humanista de considerar el
respeto a la vida humana como su valor fundamental.
Tampoco sería procedente la despenalización de la eutanasia o el “suicidio asistido”,
porque ambas implicarían también que un médico u otro profesional de la salud mate a
una persona o se convierta en partícipe necesario de la muerte de ella. Por esto, la
Asociación Médica Mundial se ha opuesto fuertemente a legalizar o despenalizar la
eutanasia y el suicidio asistido. Lo mismo han planteado, desde siempre, las más
importantes religiones del mundo: cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo y
judaísmo.
Desgraciadamente, algunos países han ido legalizando o despenalizando dichas prácticas.
Ellos son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Luxemburgo,
Nueva Zelanda, Portugal y Suiza; y algunos Estados de Australia y de Estados Unidos. Y
ahora se aprontaría a aprobar la eutanasia y el suicidio asistido -efectuado por
profesionales de la salud- el Congreso chileno. Y esto, pese a que en Chile se ha avanzado
mucho en los últimos años en asistir con cuidados paliativos (físicos, sicológicos, sociales y
espirituales) a los enfermos terminales. Así, de acuerdo a la Federación Nacional de
Médicos de Chile, “actualmente, el país cuenta con más de un centenar de unidades y
cerca de 250 equipos multidisciplinarios, que permiten atención en hospitales, centros
ambulatorios y domicilio, con acceso oportuno e estándares de calidad reconocidos
internacionalmente. Gracias a estos avances, Chile se ubica entre los líderes de
Latinoamérica y dentro de los 30 países con mejor desarrollo en cuidados paliativos” (“El
Mercurio”; 10-9-2025). Y agrega la Federación que “los pacientes no solicitan que se les
anticipe la muerte: piden ser aliviados, acompañados”; y que “la respuesta sanitaria y ética
no es provocar la muerte, sino garantizar que nadie muera con dolor, abandono ni
soledad” (Ibid.).
Además, que una vez que se relativizan conductas éticas fundamentales, se abren “cajas
de Pandora” en las sociedades. Basta constatar como en las últimas décadas la
relativización de los derechos económicos y sociales universales producto del
neoliberalismo han conducido al mundo a una creciente concentración del poder y las
riquezas; a gigantescos contrastes en la distribución del ingreso, y a una grave precariedad
en la situación de los más pobres que se ha traducido –entre otras cosas- en miles de
personas muertas por carecer de atención de salud.
Esperemos, pues, que en el Congreso chileno prime finalmente el respeto irrestricto de la
vida humana; conjuntamente, con el respeto también irrestricto de la muy noble profesión
médica y del conjunto de los profesionales de la salud, cuyo noble compromiso ha sido
siempre contribuir a la salud y al alivio del sufrimiento de todas las personas, y nunca a su
muerte.
