Mg. José A. Amesty Rivera
Uno de los últimos capítulos impresionantes de la trama, Trump y los migrantes, es el acuerdo
entre la administración norteamericana y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Recordemos que, en la última visita del innombrable Marco Rubio a Centroamérica, y
específicamente a El Salvador, Nayib le hizo una propuesta extraña: Nosotros recibiremos y
detendremos a las personas (migrantes) deportados/as de EEUU, así como a los ciudadanos
norteamericanos condenados por delitos.
Más adelante, Trump envía migrantes venezolanos/as diversos, a El Salvador, supuestamente
todos y todas, de la pandilla venezolana El Tren de Aragua, iniciando así, un proceso de
criminalización de los migrantes venezolanos/as. Y, además, están circulando análisis de
observadores, en el sentido de que se está creando una especie de miedo en los migrantes
venezolanos, si no en todos, de ser perseguidos con una etiqueta política y estigmatizante.
No olvidemos que la administración de Bukele, al inicio de su mandato y con su política inhumana
de la lucha contra las maras (pandillas) en su país, creó una llamada mega-prisión, para confinar a
los miembros de las pandillas, sus amigos, parientes y familiares.
Salvadoreños/as me han comentado, que una de las prácticas iniciales de estas detenciones fue,
el arresto de los cabecillas e integrantes de las pandillas, conjuntamente con sus familias, Para
eso se necesitaba de una cárcel inmensa, y fue cuando se creó el Centro de Reclusión de
Terroristas CECOT, inaugurado en el 2023.
Es una prisión para enclaustrar a unas 40.000 personas. Donde, a la hora del baño, lo deben
hacer todos juntos a la vez, así mismo sus necesidades fisiológicas a la vista de todos.
Debemos considerar que el régimen penitenciario salvadoreño ha creado, como legal, el llamado
«estado de excepción», el cual suspende los derechos fundamentales al debido proceso judicial,
para los salvadoreños y extranjeros a quienes las autoridades acusan de pertenecer a pandillas.
Desde entonces, según la legislatura de El Salvador, la policía y el ejército han detenido al menos
a 85.000 personas sin orden judicial.
Datos reveladores indican que, El Salvador tiene bajo cárcel a un 2% de su población, una de las
más altas cifras del mundo. Por ejemplo, al inicio del gobierno de Bukele en 2019, había 38.000
personas, que en la actualidad se ha disparado a 120.000. Y ninguno ha sido condenado por
ningún delito.
De las 85.000 personas detenidas, aún no tienen fecha de juicio y no tendrán un juicio individual,
sino que se realizarán juicios masivos, contra más de 900 personas.
A su vez, las reformas legales al sistema de justicia penal, aprobadas durante el «estado de
excepción», permiten a los fiscales salvadoreños, solicitar penas de 20 a 40 años en tribunales
presididos por jueces, cuya identidad se mantiene en secreto.
En este sentido, nos hacemos eco de la organización de Derechos Humanos Cristosal, que es una
organización sin fines de lucro con sede en El Salvador, dedicada a la defensa de los derechos
humanos y la protección de las víctimas de violencia en Centroamérica, fundada en 2001.
Cristosal, trabaja en El Salvador, Guatemala y Honduras para promover la justicia y el respeto a
los derechos humanos, a través de programas de asistencia legal, investigación y políticas
públicas; quien ha informado que ex-presos han dicho, que fueron recibidos a las puertas de la
prisión por guardias que los golpearon y les advirtieron que no saldrían de la prisión caminando.
El CECOT, opera a la mitad de su capacidad carcelaria. Hay fotos donde se observan a los
reclusos con la cabeza rapada, el rostro tatuado y visten uniformes y zapatos completamente
blancos.
Una noticia-sospecha y aterradora, sugerida por Cristosal, es que la prensa nacional y extranjera,
enfocada en los reclusos del CECOT, quizás no esté observando por ejemplo que, «los rostros de
mediana edad y los tatuajes corporales, que aparecen en las imágenes de la mega prisión
sugieren que son pandilleros que probablemente han estado en prisión desde mucho antes del
inicio del estado de excepción. (La mayoría de las pandillas salvadoreñas abandonaron la práctica
de tatuarse la cara hace años)».
Ya que, en una muestra de 1.177 personas encarceladas bajo el «estado de excepción», los
investigadores de Cristosal, descubrieron que solo 54 tenían tatuajes, y solo nueve de ellas
estaban vinculadas a pandillas. De los cientos de familiares de personas detenidas bajo el «estado
de excepción» que Cristosal entrevistó, casi todos fueron informados por las autoridades
penitenciarias de que sus familiares no se encuentran recluidos en el CECOT.
Por lo que, a los familiares de los presos, se les indica que, lleven paquetes mensuales de
alimentos, medicamentos y ropa a cárceles más antiguas en otras partes del país. Al parecer, hay,
como se dice en el argot criollo, «hay gato encerrado» en esta situación.
Si así fuera, el CECOT es la propaganda de El Salvador como «prisión modelo, e imagínense
cómo será en las cárceles comunes. Además, tratan de ocultar lo que sucede, en verdad, en las
otras prisiones del país.
Según CECOT, de las 85.000 personas detenidas sin orden judicial, muchas presentan marcas de
sarna y tortura, que de tatuajes.
Por otro lado, los testimonios recopilados por Cristosal, de ex prisioneros, describen el terrible
hacinamiento, las enfermedades y la negación sistemática de alimentos, ropa, medicamentos e
higiene básica, en las cárceles más antiguas de El Salvador.
Además, han documentado pruebas de agresión sexual y violación contra mujeres, niños y niñas
detenidos bajo el «estado de excepción». La combinación de duras condiciones y tortura física
sistemática, ha causado la muerte de al menos 367 personas, según pruebas documentales,
fotográficas y forenses recopiladas por los investigadores de Cristosal.
Contradictorio, pero, según Cristosal, en la mayoría de los casos se encontró que los detenidos
son personas pobres que, sobreviviendo al margen de la economía, a menudo en centros de
control pandillero, que se convirtieron en focos de las redadas masivas del gobierno; que son
agricultores, sindicalistas, jornaleros y comerciantes informales; cuatro eran bebés recién nacidos
en prisión, de madres que estaban embarazadas al momento de su arresto.
En fin, las cárceles de El Salvador, se han convertido en un foco de criminalidad y corrupción que
involucra a miembros del gabinete de seguridad de Bukele. Por ejemplo, Osiris Luna, director de
las cárceles y leal a Bukele, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en
2021, por liderar reuniones secretas en prisiones en las que el gobierno de Bukele, ofreció a las
pandillas incentivos financieros y protección contra la extradición, si mantenían bajos los
incidentes de violencia.
Luna, a pesar de las sanciones internacionales y las acusaciones creíbles de corrupción, tortura,
violación y asesinatos en las cárceles bajo su control, este ha gozado hasta la fecha de inmunidad
procesal, y su autoridad sobre las cárceles de El Salvador, no está sujeta a supervisión judicial.
En este sentido, el Estado salvadoreño está encubriendo las colonias penales de Bukele, todas
fuera del alcance del estado de derecho, donde los seres humanos están desprotegidos,
sometidos a torturas e incluso a ser asesinados.
Por ahora, los acontecimientos están en pleno desarrollo y esperamos el desenlace sobre si El
Salvador se convertirá en otra Guantánamo.
