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Mujeres Pescadoras y cuotas de pesca: “El avance de una ley no puede significar el sacrificio de un recurso y sus trabajadoras”

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«Si bien hay avances, no podemos hablar de una ley justa si su implementación deja atrás a comunidades completas que dependen de un solo recurso para subsistir.»


Por: Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal
23 de junio de 2025


Como Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, valoramos que el Senado haya aprobado con amplia mayoría la nueva ley de fraccionamiento pesquero, lo que marca el fin de la cuestionada Ley Longueira. Reconocemos este paso como un avance estructural en la política pesquera nacional, orientado a equilibrar las cuotas entre el sector artesanal e industrial, y que contempla una histórica redistribución de recursos por más de 160 millones de dólares hacia nuestra actividad.

Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación frente a un punto clave: el recurso merluza ha sido el más afectado por esta reforma. Las trabajadoras fileteadoras, charqueadoras y cientos de mujeres y hombres que dependen de este recurso quedaron fuera de la protección efectiva de esta nueva legislación.

La presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, Sara Garrido, afirmó que “la merluza —fuente histórica de empleo femenino en caletas del centro y sur del país— ha sido el precio a pagar en este acuerdo. Si bien hay avances, no podemos hablar de una ley justa si su implementación deja atrás a comunidades completas que dependen de un solo recurso para subsistir”.

Además, insistimos en la urgencia de aplicar medidas más estrictas de administración sobre este recurso. No podemos cerrar los ojos ante la pesca de arrastre de la industria pesquera, la pesca ilegal, ni ante la necesidad de fiscalizar la medida de malla en el sector artesanal. En especial, es imperativo regular la talla mínima de captura de la merluza común, si queremos asegurar su sostenibilidad y la continuidad del trabajo que de ella depende.

Llamamos al Ejecutivo, a la Subsecretaría de Pesca y a quienes impulsaron esta reforma a no ignorar estas alertas.

Proteger a las trabajadoras también significa proteger el recurso que les da sustento.

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