Maxine Lowy
EL CLARÍN DE CHILE 6 Septiembre, 2021
Inmigrantes y refugiados llegan a un país con grandes expectativas. Sin embargo, en Chile, tanto en tiempos lejanos como la actualidad, a veces tales aspiraciones de una vida mejor y más justa pueden transformarse en pesadilla.
Una hostilidad hacia el extranjero hasta vulnerar la vida misma fue el hilo que enhebró las historias resaltadas en una conmemoración organizada por Londres 38, articulada con la alianza migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras, y un conjunto de organizaciones sociales, el 30 de agosto, en el frontis del Espacio de Memorias Londres 38, en Santiago. Con el acto, se dio inicio a “30 A 30”, un mes de actividades contra el racismo.
Fue el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, así declarado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De las 1193 personas[i] sometidas a la ausencia interminable que fue política estatal de la dictadura cívica-militar chilena, unas 88 personas fueron vistas en el recinto de tortura Londres 38 entre 1973 y 1974[ii]. Este año, el enfoque de la conmemoración fue puesto en las personas extranjeras entre esa nómina funesta.
Una mayor conciencia de la vulnerabilidad de los migrantes en Chile, que en los últimos 10 años se convirtió en uno de los mayores destinos para la migración regional dentro de América Latina, se refuerza por la coincidencia de la fecha con la injusta y discriminatoria detención en 2017 de Joane Florvil, migrante haitiana a Chile, quien falleció un mes después.
En lo que afecta a los extranjeros residentes en Chile, ambas tragedias están entrelazadas por una actitud que surge desde una misma raíz.
En los años ’60 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y durante los tres años de la Unidad Popular, desde afuera Chile se veía como una nación estable y democrática donde cada vez más se mejoraba la calidad de vida en sus diversas dimensiones. Miles de extranjeros veían en Chile un lugar para estudiar, trabajar, vivir, y durante el gobierno de Allende, muchos quisieron conocer de cerca el proceso socialista. Además, países vecinos se sumergían en regímenes autoritarios, dando paso a un éxodo obligado, con cientos dirigiéndose a Chile. Al momento del golpe militar, según estimaciones del propio régimen militar, aproximadamente 13.000 extranjeros se encontraban en territorio chileno.[iii]
El 12 de septiembre, el día después del golpe de estado, se difundió por la radio y otros medios de comunicación un bando militar que mandaba a los extranjeros a presentarse en las comisarias policiales. En los siguientes días se instó a los chilenos a denunciarlos: “No tengan compasión con los extremistas extranjeros que han venido a matar chilenos”.[iv] Por el solo hecho de ser extranjero, se habían convertidos en sujetos sospechosos y potenciales enemigos. Unas 61 personas extranjeras se cuentran entre los detenidos desaparecidos por la dictadura, mientras centenares de extranjeros fueron detenidos y expulsados del país. Definitivamente, un país donde 200.000 ciudadanos chilenos fueron obligados a dejar su propia patria, no era un lugar propicio para migrantes y pocos extranjeros ingresaban en aquellos años.
Pos-1990
Con la inauguración del primer gobierno pos-dictadura, en marzo de 1990, Chile se proyectó al mundo como una nación estable y pujante, con sistemas de comunicaciones e infraestructura de tecnología de punta. Sin embargo, permanecía prácticamente intacto el marco político y económico heredado de la dictadura. También quedaba pendiente el saldo de verdad y justicia por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La falta de verdad y justicia plenas representa un de los hilos conductores que unen los trayectos ante los tribunales de los crímenes cometidos por la dictadura con los de hoy, como el caso de Joane Florvil.
El reconocimiento de Chile como miembro del círculo de países democráticos fue coronado en 2004 con la invitación a participar en la “misión de paz” de las Naciones Unidas en Haití. La presencia durante 13 años de tropas chilenas generó un imagen positivo de Chile que incentivó a miles de haitianos a viajar hasta al extremo sur del continente.
A principios de 2017, cuando Joane Florvil llegó a Chile, ya se escuchaba expresiones desde el gobierno mismo que estigmatizaban y criminalizaban a los migrantes, diferenciando entre “migrantes buenos y malos.” Tales expresiones formaban parte de la estrategia del gobierno para justificar la instauración de prácticas que niegan la visa específicamente a migrantes venezolanos y haitianos, con demoras excesivas en los tramites para permisos de residencia temporales. Para muchos migrantes se traduce a una precariedad y vulnerabilidad extremas de la calidad de sus vidas cotidianas. Una vez vulnerada la condición humana de ellos, a partir de abril 2021, el gobierno procedió a una acción que no se había visto en Chile desde los años de la dictadura: la expulsión administrativa colectiva de extranjeros. La desconfianza institucional y políticas represivas hacia migrantes es otro eslabón que víncula los gobernantes de hoy con los de ayer.
La mirada sesgada hacia los migrantes y los afrodescendientes, en particular, tuvo tremendas consecuencias para Joane Florvil. Una secuencia de faltas, negligencia y presunciones equivocadas de parte de funcionarios municipales, policiales y de salud derivaron en su detención y el despojo de su hija de dos meses. Así como 45 años atrás, los medios de comunicación aportaron a la caza de supuestos extranjeros subversivos, ahora aportaron a la criminalización de Joane, al mostrar reiteradamente imágenes de la joven madre esposada, que habría abandonado a su bebé. Un mes más tarde, el 30 de septiembre de 2017, Joane Florvil falleció en el hospital. Su hijita seguiría retenida por el Servicio Nacional de Menores un tiempo más hasta que se lograra devolverla a su padre, viudo de Joane.
Posteriormente, en situaciones de negligencia social discriminatorias, Monise Joseph, 31, muere (mayo 2019) esperando atención en un hospital y el niño Emmaus Louis, 6, (enero 2021) muere ahogado en una piscina. El 31 de agosto Louis Gentil, se convirtió en el más reciente migrante haitiano que muriera, según testigos sin ninguna justificación, baleado por policía en el sector de La Ligua de Santiago.
Londres 38
Desde la vuelta a la democracia en 1990, se ha perdido el rastro de cinco personas – Hugo Arispe (2001), José Huenante (2005), Ramón Pacheco (2008), José Vergara (2015), y el joven migrante haitiano Jean Fedor Louis (2020)- posterior a sus detenciones por Carabineros. La falta de esclarecimiento y de justicia en estos casos es otro vínculo más con la mayoría de los detenidos desaparecidos en dictadura.
Las setenta personas, con mascarillas puestas, que se reunieron sobre los adoquines frente al recinto de Londres 38 escucharon los relatos sobre 19 inmigrantes detenidos y desaparecidos durante la dictadura. También escucharon a la estudiante haitiana de asistencia social Michel Joseph denunciar que “Somos peor que los animales en Chile. Los animales aquí los llevan al médico, tienen un lugar bueno para vivir, pero nosotros somos mas humillados y maltratados. Somos víctimas de un sistema “democrático” por nuestro color…”
Carlos Astudillo tomó el micrófono, apoyado por muletas a casi dos años de ser gravemente herido por policía al inicio de protestas sociales en Plaza Dignidad. Se dirigió a los presentes: “Las violaciones a los derechos humanos conectan a muchas generaciones. Conecta con quienes hemos sufrido violaciones a los derechos humanos actualmente porque no hay justicia”.
Después de la vuelta a la democracia en 1990, se ha perdido el rastro de cinco personas – Hugo Arispe (2001), José Huenante (2005), Ramón Pacheco (2008), José Vergara (2015) y el migrante haitiano Jean Fedor Louis (2020) – posterior a sus respectivas detenciones por Carabineros. La falta de esclarecimiento y de justicia forma un vínculo entre estos casos y la mayoría de los detenidos desaparecidos en dictadura.
La alianza migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras y la institución de Londres 38 Espacio de Memoria han llevan varios años colaborando. Para la serie de actividades programadas en el marco de “30 a 30,” se unieron a ellos las organizaciones Trama Tejido Migrante, Comité Ética contra la Tortura, Ampro, Migraciones y Acceso a Derecho, Colectivo de Profesores y Estudiantes Feministas, Observatorio Ciudadano y la Agrupación Judía Diana Aron, y T-Zen. Las actividades culminarán con una ceremonia conmemorativa frente a la Posta Central de Santiago, el 30 de septiembre, aniversario de la muerte de Joane Florvil en ese recinto médico.
Por Maxine Lowy
Artículo publicado en Pressenza y reproducido en el Clarín con autorización de la autora
