por Franco Machiavelo
Hay una forma particularmente peligrosa de ignorancia: aquella que, teniendo la ciencia delante de sus ojos, prefiere cerrar los párpados para no incomodar los intereses de quienes lucran con la destrucción del planeta. Y hay una forma todavía más perversa: convertir esa ignorancia en discurso político, vestirla de sentido común y ofrecerla a las masas como si fuera una verdad revelada.
Negar la crisis climática mientras se multiplican las catástrofes ecológicas no es simplemente desconocer la ciencia: es contribuir a la normalización de una tragedia que tiene responsables económicos, políticos y estructurales.
Los aluviones no son militantes de izquierda ni las lluvias torrenciales votan por la derecha. La naturaleza no tiene partido político. Pero sus desastres tampoco ocurren en un vacío histórico, económico y social. Las precipitaciones extremas, las inundaciones, los incendios forestales, las sequías y los deslizamientos de tierra responden a múltiples factores, y el calentamiento global provocado principalmente por las actividades humanas está aumentando la intensidad o la probabilidad de numerosos fenómenos extremos. A ello se suman la deforestación, la degradación de los suelos, la destrucción de humedales, la urbanización descontrolada y la ocupación irresponsable de territorios vulnerables.
La ciencia es clara: no todo desastre natural es consecuencia directa del cambio climático, pero tampoco se puede comprender la creciente vulnerabilidad ecológica del planeta ignorando la crisis climática y la destrucción de los ecosistemas.
Sin embargo, para determinados sectores ideológicos, parece más sencillo culpar a la lluvia que cuestionar al modelo económico; más cómodo invocar la fatalidad que investigar las responsabilidades; más rentable predicar resignación que exigir transformaciones estructurales.
¡Qué extraordinaria pirueta intelectual! El bosque desaparece, el suelo se degrada, las ciudades se expanden sin planificación, los negocios avanzan sobre ecosistemas frágiles y, cuando el agua arrasa viviendas y caminos, algunos descubren, con fingido asombro, que ha llovido demasiado. ¡La naturaleza ha cometido el imperdonable delito de no respetar las proyecciones de rentabilidad del
El capitalismo neoliberal ha convertido demasiadas veces los bienes comunes en mercancías, los territorios en oportunidades de negocio y la naturaleza en una bodega de recursos aparentemente infinitos. Su lógica es tan sencilla como devastadora: privatizar las ganancias, socializar las pérdidas y presentar la destrucción ambiental como un inevitable costo del progreso.
Cuando una empresa obtiene beneficios extraordinarios explotando un territorio, el éxito se atribuye al genio empresarial. Cuando ese territorio queda devastado, las pérdidas se distribuyen entre las comunidades, los trabajadores y el Estado. El capital se marcha con sus ganancias; las familias se quedan con el barro, las ruinas y la incertidumbre. ¡He ahí una de las más obscenas contradicciones de un sistema que privatiza la riqueza y colectiviza la catástrofe!
Y cuando alguien se atreve a señalar esta contradicción, aparecen los guardianes ideológicos del orden establecido para explicarnos que cuestionar el modelo es ser enemigo del desarrollo. Como si destruir las condiciones materiales que hacen posible la vida pudiera llamarse progreso. Como si el crecimiento económico, separado de sus consecuencias sociales y ecológicas, fuese una medida suficiente de civilización.
Pero la dominación no se ejerce solamente mediante el dinero, la propiedad o el poder político. También se reproduce mediante las ideas que una sociedad acepta como naturales, inevitables e incuestionables. Cuando se consigue que los ciudadanos consideren normal la destrucción ambiental, que interpreten las catástrofes como accidentes aislados y que aparten la mirada de los intereses económicos involucrados, la ideología ha realizado una de sus operaciones más eficaces: convertir un problema político y social en una fatalidad aparentemente ajena a la voluntad humana.
Así, la ignorancia deja de ser una simple carencia de conocimientos y se transforma en un instrumento de dominación. No porque toda persona que desconozca los mecanismos climáticos sea responsable de esta tragedia, sino porque quienes disponen de información, poder y capacidad de decisión tienen una responsabilidad mucho mayor cuando desprecian deliberadamente la evidencia científica.
Y aquí aparece la pregunta que incomoda a los defensores del dogma neoliberal: ¿quién decide qué territorios se sacrifican, qué ecosistemas se destruyen, qué riesgos se toleran y quiénes deben pagar las consecuencias?
Porque los desastres no golpean a todos por igual. Quien dispone de recursos compra seguridad, se traslada y reconstruye. Quien vive en una quebrada urbanizada, en una vivienda precaria o en un territorio abandonado por la planificación pública puede perderlo todo. La lluvia cae sobre todos, pero la vulnerabilidad se distribuye según la clase social, las decisiones políticas y el acceso a la protección.
La naturaleza puede desencadenar un fenómeno extremo; las estructuras económicas y las decisiones políticas determinan, en gran medida, quién queda expuesto y quién termina pagando la factura.
Por eso, la justicia ecológica no puede separarse de la justicia social. Defender los bosques, los humedales, los glaciares, los ríos y los suelos no es una extravagancia romántica ni un capricho de quienes contemplan el mundo desde una ventana universitaria. Es defender las condiciones materiales de la existencia humana frente a una lógica económica que, cuando carece de límites democráticos y ecológicos efectivos, puede destruir aquello mismo de lo que depende.
