Saúl Escobar Toledo, México
Ha llamado la atención, en diversos medios de comunicación, que en el Proyecto de
presupuesto para 2023 el gobierno piense destinar una cantidad sustancial de recursos para
el rubro de pensiones: alrededor de 1.6 billones de pesos. Esta cantidad representa más de
la cuarta parte del gasto programable (que no incluye el pago de la deuda pública ni las
participaciones a estados y municipios) calculado para el próximo año. Es decir, uno de
cuatro pesos del gasto federal se destinará al pago de pensiones y el resto a salarios y
programas de educación, salud, infraestructura, etc.
Para entender más claramente este asunto, hay que señalar que las pensiones se clasifican
en dos categorías: las que se pagan, principalmente, por medio del sistema privado
manejado por las Afores (pensiones contributivas) y las que se entregan con recursos
provenientes únicamente del gobierno, el programa de adultos mayores (pensiones no
contributivas.) La partida para las primeras asciende a 1.3 billones, la segunda a 335 mil
millones de pesos; en otras palabras, el sistema privatizado requiere del 80% del
presupuesto destinado a este renglón y el público, el 20%.
Lo anterior puede resultar extraño ya que las pensiones contributivas, como su nombre lo
indica, se financian con aportaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno
mientras que las no contributivas sólo con dinero púbico. ¿Cómo es posible entonces que
las pensiones que reciben aportaciones de empleados y empleadores salgan mucho más
caras que las que no reciben estas aportaciones?
Además, las pensiones contributivas incluyen a un sector de la población mucho menor: se
ha calculado que la cobertura alcanza a menos del 50% de la población de 65 años y más
mientras que, según cifras del gobierno, el programa de adultos mayores (no contributivo)
está cerca de alcanzar al 100% de la población de ese rango etario. Esto se debe a que el
sistema Afores sólo protege a los trabajadores inscritos en la seguridad social mientras que
el Programa gubernamental es universal, sus beneficiarios son todas las personas: ocupadas
y no ocupadas, trabajadores activos o no, formales e informales.
El enorme desembolso público destinado a las pensiones se explica, fundamentalmente,
por el fracaso del sistema manejado por las administradoras privadas (Afores). Éste, no ha
cumplido con las metas prometidas: su cobertura es muy limitada y el monto de las
pensiones han sido exiguas para la inmensa mayoría de los trabajadores inscritos en ese
programa. Además, las erogaciones que ha tenido que realizar el gobierno han aumentado
cada año y mucho más de lo calculado debido al cambio de sistema y para que los
trabajadores reciban la pensión mínima garantizada.
En fin, que la privatización de las pensiones ha resultado excesivamente cara e injusta.
Estudios detallados acerca del sistema, sus falencias y costos para el erario y para la
población, pueden encontrarse en diversas ediciones de la revista El Trimestre Económico
(nos. 343, 2019; 344, 2019 y no. 355, 2022).
De ahí que los gobiernos de varios países de América Latina, en la última década, hayan
decidido establecer un segundo pilar o programa de pensiones, no contributivo, para
ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de los adultos mayores. En algunos países, este
programa es focalizado, pero en México, desde la reforma constitucional de 2020, es
universal. Según el último informe de la Secretaría de Bienestar 10.5 millones de personas
recibirán, en los próximos días, un pago bimestral de tres mil 850 pesos.
Desde el punto de vista político, hay que recordar que se puso en marcha, por primera vez,
en los primeros años de la administración de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México (2000-2006). El programa tuvo tanta aceptación que puede
considerarse que fue uno de los factores que le permitió postularse a la presidencia de la
república en las elecciones de 2006. Como sabemos, los resultados oficiales no le
reconocieron el triunfo por unas cuantas décimas y muchos alegaron un fraude electoral
que documentaron con diversas pruebas. Se desató, además, una movilización social de
gran envergadura.
El éxito político del programa también puede constatarse por el hecho de que los gobiernos
del PAN y el PRI lo adoptaron, aunque de manera focalizada, posteriormente, primero en
2007 y luego en 2013. Asimismo, fue recomendado por los organismos internacionales que
reconocieron las insuficiencias del sistema privatizado.
Convertir este programa en un derecho universal y dotarlo de los recursos necesarios,
desde el principio de su gobierno, ha sido también un elemento que explica el alto nivel de
aceptación del presidente entre los mexicanos durante estos años.
Puede afirmarse entonces que el fracaso del sistema privatizado, una de las reformas
fundamentales del neoliberalismo, fue la justificación, oportuna y acertada, para construir
otro sistema paralelo, que incluye a todos los mexicanos adultos mayores. Y, con ello,
adquirir un gran apoyo político.
Así, para el presupuesto de 2023, el gobierno ha decidido aumentar los recursos en más del
40 por ciento (de 238 a 333 miles de millones de pesos) con relación a lo de lo aprobado el
año pasado, lo que representa el 82 por ciento del total de los recursos asignados a la
Secretaría del Bienestar. Lo anterior, principalmente, para aumentar el monto de la pensión
que recibirán los adultos mayores. El objetivo, aseguró Hacienda, es que para 2024, el
último de esta administración, alcance 6 mil pesos bimestrales.
Esta estrategia tiene, sin duda, un propósito de justicia social pero, al mismo tiempo, una
clara intención político electoral.
Sin embargo, aunque este programa resulte más barato y justo, el naufragio del otro
sistema, el de las Afores, sigue siendo un asunto muy problemático. El presidente López
Obrador además de impulsar el derecho constitucional a la pensión no contributiva, logró
que el Congreso aprobara una reforma al sistema privatizado. Esta reforma permitirá que
más mexicanos reciban una pensión de las administradoras privadas y mejorará el monto
de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno, y
reduce las comisiones cobradas por las Afores.
Así que ahora tendremos, en 2023 y en los siguientes años, mayores recursos públicos
destinados para las pensiones contributivas y no contributivas. El problema es que el
aumento de esas erogaciones, sobre todo para el sistema de las Afores, representan un
serio riesgo para las finanzas públicas. Varios analistas consideran que, en unos cuantos
años, se presentará una crisis de tal magnitud que requerirá medidas drásticas. Éstas
pueden consistir en varias opciones: algunos han propuesto aumentar la edad de retiro para
los sistemas contributivos; otros señalan la necesidad de una reforma fiscal de una
magnitud considerable ya que tendría que alcanzar para financiar las pensiones y otros
gastos en materia de salud, educación, infraestructura productiva, etc.
Hay otra opción: cambiar el sistema privatizado. Otras naciones lo han hecho. De acuerdo
con la información de la OIT, 18 países ya revirtieron la privatización de las pensiones: entre
2000 y 2010, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria,
Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Estado Plurinacional de Bolivia, y Hungría.
Posteriormente, Croacia y Macedonia, Polonia, Federación de Rusia, Kazajistán, República
Checa y, por último, Rumania (2017).
Según Berenice Ramírez, estos países crearon un administrador público de pensiones,
aumentaron la cobertura, extendieron los beneficios no contributivos e incrementaron la
tasa de remplazo (el monto de la pensión que reciben los beneficiarios).
Desde nuestra perspectiva, lo deseable es que, esta opción se considere como una de las
prioridades reformistas de los próximos gobiernos. La política y la economía no parecen
admitir otro camino.
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