La Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), que integran Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, fichó al ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, un día después de que este dejó el Ministerio Público. La fiscalía que dirigió Guerra tiene jurisdicción sobre estas tres comunas y, mientras él aún estaba en ese cargo, en ella se abrió la investigación por el traspaso de recursos de la Municipalidad de Vitacura a entidades privadas que no son inspeccionadas por la Contraloría. La AMSZO es una organización no sujeta al escrutinio público y en el periodo 2016-2021 recibió $1.300 millones de Vitacura.
“Durante el mes de agosto se incorporó a la AMSZO el reconocido abogado Manuel Guerra, ex fiscal regional Metropolitano Oriente”. Con ese anuncio publicado en su sitio web, la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), que integran tres municipios emblemáticos de la centroderecha –Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes–, anunció el desembarco en esa asociación del ex fiscal que tuvo a su cargo el cierre del Caso Penta, una investigación sobre financiamiento ilegal de la política que involucró a figuras de la UDI y RN.
Un día después de dejar la fiscalía que encabezó por seis años, Guerra se incorporó a esta asociación invitado por el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira. Según explican cercanos al ex fiscal regional, su labor en AMSZO apunta a coordinar acciones penales ligadas al trabajo de seguridad que realiza ese organismo, las que incluyen litigar en representación de víctimas de delitos que vivan en cualquiera de las tres comunas que lo integran.
Guerra encabezó la fiscalía hasta el 31 de julio 2021. Diez días antes de su salida, se abrió en esa misma repartición del Ministerio Público la investigación que implica al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien renunció a RN debido a esta causa, en la que se indagan posibles irregularidades en el uso de subvenciones entregadas por esa municipalidad a programas comunales controlados por organismos privados que no se encuentran bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República. La AMSZO es, precisamente, una entidad de ese tipo y desde su creación en 2016, según un reporte periodístico de América Transparente, Vitacura le ha inyectado $1.300 millones, mientras que Lo Barnechea le entregó $24.900 millones y Las Condes, $2.800 millones.
Guerra ha manifestado en forma privada que, a su juicio, no hay conflictos de interés entre la nueva labor que desempeña en AMSZO y el cargo que acaba de dejar en el Ministerio Público, pues aunque su jurisdicción como fiscal regional contemplaba las tres comunas, su rol de ahora apunta a funciones distintas. Tampoco cree que sea un problema que él haya liderado la fiscalía cuando se inició la causa contra el ex edil de Vitacura, porque, a su juicio, el hecho de que ese municipio sea denunciante y querellante en el caso, lo exime. Además, según ha dicho, hasta ahora no ha sido ni consultado ni requerido por el municipio para dar su apreciación jurídica respecto de ese caso.
Al ser consultado, Guerra asegura a CIPER que mientras fue fiscal regional, la causa vinculada a Vitacura no pasó por sus manos: «Yo no tuve conocimiento de la denuncia contra Torrealba hasta después de haber salido del Ministerio Público», señaló.
Desde la Municipalidad de Lo Barnechea, en tanto, explican que el alcalde Lira solicitó a la Contraloría Regional Metropolitana que realizara una auditoría en la AMSZO, para lo cual se firmó un convenio. Esto, según señalan en el municipio, para que se transparente el destino de los dineros traspasados desde su comuna.
Aunque hace unos días la AMSZO publicó en su web que la incorporación de Guerra venía a “robustecer al equipo” de la asociación –con la que firmó un contrato a honorarios-, en la Municipalidad de Lo Barnechea indican que las labores del ex fiscal fueron requeridas para tareas puntuales, las que podrían tener una duración de un par de meses.
PLATAS POLÍTICAS
Como jefe de la fiscalía Metropolitana Oriente, Guerra tuvo a su cargo la fase final del Caso Penta, donde se investigó a importantes políticos de derecha. Bajo su dirección se determinó el destino judicial de parlamentarios todavía en ejercicio, como el senador UDI Iván Moreira, quien fue sobreseído en febrero de 2019 después de llegar a un acuerdo con la fiscalía que motivó la renuncia al Ministerio Público –en enero de 2018– de los fiscales que inicialmente llevaron el caso: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. En este mismo caso, Guerra recalificó delitos que inicialmente Gajardo y Norambuena imputaron a los controladores de Penta –Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín–, los eximió de soborno y solo los acusó de ilícitos tributarios.
Guerra también estuvo al mando del Caso Exalmar, cuyo principal imputado era el Presidente Sebastián Piñera. En esa causa, el Ministerio Público sobreseyó al mandatario por considerar que no hubo delitos en la compra por parte de Bancard –propiedad de Piñera– de acciones de la pesquera Exalmar, de Perú, mientras Chile litigaba en La Haya con ese país. Asimismo, el ex fiscal condujo la causa conocida como “asesorías parlamentarias”, donde solicitó información de colaboradores de todo el Congreso y en cuya tramitación, hasta esta fecha, no hay formalizados tras seis años de indagatoria. Entre sus últimos casos vinculados a políticos, figura el que apuntó contra el senador Manuel José Ossandón (RN), a quien se le imputó tráfico de influencias por intentar interceder para que la Municipalidad de Pirque aceptara un trato por extracción de áridos con una empresa de uno de sus hijos. Guerra no logró el desafuero del senador.
El ex fiscal también es parte del staff de académicos de la Universidad San Sebastián, establecimiento educacional ligado a la UDI y donde el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue director del Centro de Derecho Público
