- En Puerto Natales se reunieron ejecutivos de empresas salmoneras, autoridades y actores ligados al sector acuícola en una conferencia donde la Ley Lafkenche fue presentada como un obstáculo para el desarrollo y la inversión en Patagonia.
- Frente a las modificaciones anunciadas por el Gobierno, la comunidad Kawésqar advierte que el gran empresariado salmonero busca debilitar el principal mecanismo de protección territorial de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios, vaciando de contenido la Ley 20.249 sin derogarla formalmente.
Diario Mapuche
Por: Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar
11 de mayo de 2026
El 29 de abril de 2026, el Hotel The Singular Patagonia, a cinco kilómetros de Puerto Natales, fue sede de la II Conferencia AquaForum Patagonia. Cerca de 200 personas asistieron a un evento que sus organizadores describieron como “un espacio estratégico de diálogo y articulación público-privada”. El programa decía otra cosa. Su primer panel se llamaba “Ley Lafkenche: complejidades de un procedimiento que paraliza”. No “tensiones entre desarrollo y derechos territoriales”. No “el futuro del maritorio austral”. La Ley Lafkenche como un procedimiento que paraliza. El marco estaba puesto antes de que se dijera una sola palabra.
El evento no era un diálogo. Era una jornada de coordinación. Lo confirma su lista de auspiciadores: AquaChile como auspiciador estratégico, Blumar, Cermaq y SalmonChile entre los patrocinadores sociales, y la Embajada de Noruega entre los institucionales. Lo confirma también quién moderó el panel sobre la Ley Lafkenche: la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. La industria moderó el debate sobre la ley que la regula. Y el primer módulo completo fue moderado por la misma asociación, bajo el título “Desarrollo y conservación en una misma vereda”: una frase que suena a equilibrio pero que, en ese contexto, ya tiene el resultado definido.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, fue el expositor de mayor rango político de la jornada. Sus palabras merecen atención. Calificó el efecto suspensivo de la Ley Lafkenche —el mecanismo que protege una solicitud de ECMPO mientras se tramita— como “fatal”. Anunció que el gobierno ingresará indicaciones legislativas entre junio y julio para modificarlo. Y agregó que hay solicitudes de 600.000 hectáreas para comunidades pequeñas, lo que calificó de “inconcebible”, reclamando que el criterio debe ser la “proporcionalidad” y el “sentido común”.
Cada una de esas afirmaciones merece ser leída con cuidado. El efecto suspensivo no es un error de diseño de la ley: es su columna vertebral. Sin él, mientras una comunidad espera años en la fila de Conadi para que se acrediten sus usos consuetudinarios, la industria podría seguir acumulando concesiones en el mismo territorio. Eliminar el efecto suspensivo es vaciar la ley sin derogarla formalmente. Es el tipo de “modificación técnica” que produce el mismo resultado que la derogación, pero con menos costo político.
Sobre la “proporcionalidad”: Los Kawésqar somos un pueblo nómade. Su territorio histórico no se delimita por el número de integrantes registrados en un padrón hoy, sino por siglos de navegación, uso estacional y conocimiento acumulado de los canales, fiordos y costas que sus ancestros recorrieron desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes. Aplicar una lógica de metros cuadrados por persona a un derecho ancestral colectivo no es sentido común: es aplicar la lógica de la propiedad privada a algo que, por definición, la precede y la trasciende. El “sentido común” del Subsecretario mide con la vara equivocada.
Resulta revelador que incluso el editorial de La Prensa Austral del 3 de mayo, que en general acepta la premisa productiva del debate, haya planteado preguntas incómodas: si el Gobierno Regional tiene hoy las herramientas técnicas y jurídicas para gestionar un sistema de concesiones de esta complejidad, y si transferir competencias sin fortalecer capacidades no es simplemente discrecionalidad con otro nombre. Son las mismas preguntas que la comunidad Kawésqar lleva años formulando sobre los organismos que deciden sobre nuestro maritorio.
Lo que el AquaForum Patagonia 2026 mostró con claridad es la arquitectura de una ofensiva coordinada: la industria define los “nudos críticos”, los abogados y académicos afines ofrecen el marco jurídico, las autoridades del gobierno anuncian las indicaciones legislativas, y los medios regionales cubren el evento como si fuera un foro técnico neutral. El patrocinio estatal le da legitimidad institucional. El lenguaje del desarrollo le da cobertura moral. Y la Ley Lafkenche queda posicionada, una vez más, como el problema.
Mientras eso ocurría en un hotel de Puerto Natales, nuestra comunidad Kawésqar seguía navegando el mismo maritorio que ese foro llama obstáculo. No necesitamos que la industria nos explique qué es el mar. Lo hemos sabido por más de 7.000 años. Y seguiremos diciéndolo, con la misma paciencia con que nuestros antiguos navegaban contra el viento.
