Después de una inesperada victoria con más del 55% de los votos, Luis Arce Catacora cumplió su primer mes en el palacio presidencial con la crisis económica como principal desafío. El nuevo mandatario constituyó un gabinete más «técnico» que los del pasado, aunque tiene que responder a las demandas y presiones las organizaciones sociales que son su base de apoyo, y convivir con Evo Morales, que aún debe encontrar su espacio como ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
Fernando Molina *
Nueva Sociedad, diciembre 2020
En su primer mes como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora ha organizado un gobierno «tecnocrático de izquierda», aunque con áreas manejadas por los sindicatos y organizaciones sociales que lo apoyan, y ha establecido una cierta «división del trabajo» con Evo Morales, el poderoso líder de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). En su corto tiempo en La Casa Grande del Pueblo, el ex ministro de economía buscó diferenciarse del ex presidente con un estilo menos mediático y austero de gobierno (viaja, por ejemplo, en vuelos comerciales).
Arce cumplió sus promesas electorales más inmediatas: entregar una ayuda estatal en efectivo de 140 dólares a más de un tercio de la población (el Bono contra el Hambre), implantar un impuesto a las grandes fortunas y comenzar la investigación y sanción de los supuestos delitos represivos del gobierno interino de Jeanine Áñez. Por otra parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha dado los primeros pasos de una muy necesaria reforma del sistema judicial, el poder más cuestionado de Bolivia, la cual podría requerir de un cambio parcial de la Constitución.
Arce también ha cometido sus primeros errores. Uno de ellos, hablar de una posible devaluación del boliviano, que se mantiene estable, con pequeñas variaciones frente al dólar, desde hace veinte años. Junto al impuesto a las grandes fortunas y los nervios poselectorales, estas declaraciones causaron la pérdida de 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran en su nivel más bajo en décadas. Por eso, el desafío más complicado que tiene el estratega de la prosperidad boliviana durante la mayor parte de los 14 años del gobierno del MAS es impedir que la recesión derivada de la pandemia de coronavirus y las dificultades crónicas de la industria gasífera, la principal actividad exportadora del país, hagan escasear las divisas y detonen una crisis financiera. Algunos economistas consideran que este problema se tornará agudo apenas Bolivia recupere un ritmo más normal de actividad económica y comience a importar bienes extranjeros en mayores cantidades.
Caracterización del gobierno
Arce ha llenado el gobierno, sobre todo el área económica, de «técnicos» que responden a sus directrices y que se foguearon como funcionarios en el tiempo de Evo Morales (2006-2019). Los funcionarios que ocupaban la «segunda línea» durante la administración del MAS han dado un paso adelante y ahora son los mandamases del Estado. De ahí la importancia que ha adquirido el discurso de «renovación dentro del proceso de cambio», el cual apunta a impedir que los espacios de poder vuelvan a ser ocupados por el llamado «entorno» del ex-presidente. El regreso de este grupo de dirigentes al gobierno sería algo así como el retorno de los ex-jefes de quienes hoy ostentan los principales cargos. Como es lógico, esto es algo que no desean. Los miembros del viejo «entorno», por su parte, ya han expresado algunas quejas sobre su situación de marginalidad, lo que podría agravarse en el futuro.
El resultado neto ha sido un gobierno con cierta inclinación tecnocrática; una orientación que nadie hubiera relacionado con el MAS de los años «heroicos», esos en los que surgió del campo, avanzó lentamente sobre las ciudades y, ganando elecciones, forjó su dominio sobre la política nacional. En cambio, el espíritu tecnocrático ya estaba presente en el último tramo de la larga gestión de Morales, por la inevitable cooptación de un partido emergente por parte de las estructuras y dinámicas estatales, y por el agotamiento de la rentabilización política de los logros simbólicos, al comienzo los más importantes. No obstante, cabe señalar que el espíritu técnico marcó, durante los 14 años de gestión, al Ministerio de Economía liderado por Arce, una área que siempre se mantuvo «blindada» a los movimientos sociales y fue manejada con prudencia, sin los experimentos que se hicieron en otras áreas del Estado plurinacional.
La preponderancia de los profesionales que, en palabras de Arce, son «aymaras y quechuas que se prepararon en las universidades gracias al proceso de cambio», sigue sin ser suficientemente meritocrática para la oposición. Esta corriente expresa a la clase media tradicional, que en el pasado era «dueña» de estos puestos. Por tanto, los opositores han preferido destacar críticamente el hecho de que algunos ministerios y viceministerios, como los de Educación, Culturas y Desarrollo Rural, fueran encomendados a dirigentes de las organizaciones sociales. También ha criticado las disputas por «pegas» –como se denomina coloquialmente en Bolivia a los puestos estatales–, pasando por alto que estas peleas se registran desde el nacimiento de Bolivia y que incluso se remontan a la Colonia. En un país pobre y con pocas actividades privadas florecientes, trabajar en el Estado es la mejor y muchas veces la única vía de ascenso social. En todo caso, en esta ocasión los enfrentamientos entre militantes que demandan ser contratados están siendo más intensos a causa de la grave crisis económica que vive el país. Esta se expresa, entre otros indicadores, en una caída de 8% del PIB y en un desempleo abierto de 11%, más del doble que el de 2019.
La crisis es peor si se es pobre
Un refrán dice que «con dinero hasta la pobreza es más llevadera». Esta paradoja se aplica perfectamente a la situación de Bolivia en las dos décadas pasadas, en el «tiempo de bonanza». Entonces el país siguió siendo pobre, el segundo más carenciado de Sudamérica, pero tuvo más ingresos que nunca en su historia y esto le permitió montar el «Modelo Económico Comunitario Social y Productivo», que es la obra de la que Arce está más orgulloso.
En su gestión como ministro de Economía de Evo Morales, volcó la abundancia monetaria hacia el mercado interno y, como las finanzas nacionales estaban bien equilibradas y no había inflación, este flujo aumentó la capacidad de compra y, con ello, el bienestar general de los bolivianos. Es cierto que una parte de este poder adquisitivo se aplicó a la importación de bienes extranjeros, pero los ingresos por exportaciones eran lo suficientemente altos como para proveer las divisas necesarias. En cambio, otra parte de la liquidez se convirtió en demanda interna, dinamizando los emprendimientos, generando empleos nuevos y mejorando los existentes, todo lo cual disminuyó la pobreza y la desigualdad.
Una de las principales razones por las que Arce fue electo con más del 55% de los votos en octubre pasado fue la confianza de la población en sus dotes como economista, que él aprovechó convirtiendo la superación de la «corona-crisis» en el eje de su propuesta electoral. Ahora le toca cumplir lo prometido, en un contexto muy distinto al que, años atrás, supo modelar a favor del país. No solamente por la recesión productiva provocada por la pandemia, que finalmente puede considerarse un fenómeno coyuntural, sino sobre todo por el agotamiento del «ciclo del gas» como fuente del excedente nacional.
Debido a su peculiar conformación geográfica y geológica, la montañosa y selvática Bolivia se ha especializado en la extracción de recursos naturales no renovables, y no cuenta con muchas alternativas a este tipo de explotación. Para dar una idea de ello, digamos que la primera exportación «no tradicional» del país es la soya, con apenas tres millones de toneladas por año, esto es, 5% de lo que produce Argentina, 3% de lo que vende el Brasil y un tercio de la producción de Paraguay.
Pues bien, las reservas de gas del país, que en los años 90 llegaron a ser las principales reservas certificadas de Sudamérica, han decaído significativamente y la renta que generan en favor del Estado, que en 2013 fue del orden de los 3.500 millones de dólares, en 2019 rondaba los 1.500 millones. La causa externa de esta caída es la disminución de los precios, pero también hay una causa interna vinculada a la falta de nuevos descubrimientos. Desde 2006 se han perforado 74 pozos exploratorios –una cantidad baja respecto a los parámetros internacionales–, y ninguna de las perforaciones resultó exitosa.
La escasez de las inversiones en extracción de gas y minerales constituye uno de los puntos flacos del modelo eminentemente redistribuidor diseñado por Arce y Morales. Esta debilidad se ha ido manifestando en los últimos años en un creciente desfinanciamiento de la economía, que ha sufrido déficits comerciales y fiscales cada vez mayores. La recesión producida por la pandemia ha acelerado y profundizado esta deriva, lo mismo que, según ha denunciado Arce, la irresponsabilidad de las autoridades que lo precedieron, al mando de Jeanine Áñez. El déficit fiscal de este año será superior al 12% del PIB. Además, de acuerdo al Ministerio de Economía, el gobierno interino aumentó la deuda externa en 1.500 millones de dólares, con lo que esta pasó del 27% al 30% del PIB, e incrementó la deuda interna en 2.700 millones de dólares, hasta un total de 8.700 millones de dólares, que equivale al 21% del PIB. Por tanto, un mayor endeudamiento resulta hoy desaconsejable. Por otra parte, desde octubre de 2019 –es decir, antes de la crisis política ocurrida tras las elecciones de ese mes y el posterior derrocamiento del presidente Evo Morales– hasta el momento actual, las reservas de divisas cayeron de 7.400 a 5.100 millones de dólares.
No está claro qué hará Arce para corregir el comportamiento de la economía boliviana. Por lo pronto, ha abrogado la mayoría de los decretos económicos aprobados por Áñez, que en su opinión abrían una senda de retorno al neoliberalismo. Entre ellos estaba la liberalización de las exportaciones agroindustriales, aprobada por presiones de los agroexportadores de Santa Cruz y con el anunciado propósito de compensar con una mayor venta de alimentos las pérdidas que registraba el país en el comercio internacional. Arce volvió así a la vieja política de fijar cupos a las exportaciones agrícolas, lo que le permitirá controlar los precios internos de algunos alimentos. La oposición ha criticado esta decisión como un «preocupante» retroceso a unas circunstancias del pasado que ya no existen más. En este momento Bolivia no solo no tiene inflación, sino que incluso está siendo amenazada por la deflación.
La polarización sigue agazapada
La contundente victoria del MAS en las elecciones de octubre pasado ha dejado a la oposición noqueada: al mismo tiempo, la reducción de los contagios de coronavirus ha provocado un clima de distensión. Sin embargo, la polarización política y social que divide a la población boliviana solo se sumergió por un tiempo y resurgirá nuevamente cuando la pandemia vuelva a apretar (aparentemente antes de lo esperado), cuando se realicen las elecciones municipales y autonómicas, en marzo del próximo año, o si la crisis económica se agrava.
La clase media «tradicional» –lo que, derechamente, significa «blanca»– hizo de la derrota del MAS en las elecciones –e incluso de la desaparición de esta fuerza como opción electoral– su gran objetivo político. Así que está viviendo el momento presente con gran amargura, pues el resultado en las urnas le confirma que constituye una minoría étnico-racial y político-electoral en el país. Sin embargo, aunque por lo pronto de encuentren exhaustas por todo lo vivido y por la crisis, estas capas medias van a sentirse nuevamente empujadas a la política en caso de que la situación se deteriore.
La polarización en sordina de este momento se alimenta de las acciones judiciales que están siendo instrumentadas contra los supuestos autores de las graves violaciones de los derechos humanos en los días inmediatamente posteriores a la asunción de Áñez a la presidencia, que se saldaron con más de 30 muertos y cientos de heridos de bala. Y también de los procesos contra el ex-líder cívico cruceño y ex-candidato presidencial Luis Fernando Camacho, por supuestamente haber instigado a la Policía y las Fuerzas Armadas a plegarse al «golpe de Estado» que, según el MAS, fue el que causó la caída del presidente Morales el 10 de noviembre de 2019.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se halla investigando los hechos en torno a esta fecha; al mismo tiempo, un fiscal ordenó la detención del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición de Cochabamba, acusado de haber dirigido a las tropas que reprimieron una marcha en Sacaba, en la que murieron diez manifestantes. Inmediatamente después, el alto mando de las Fuerzas Armadas rompió los protocolos conocidos y apareció en la televisión leyendo un comunicado en el que se declaraba «desconcertado» por el hecho de que este general estuviera siendo procesado por vía ordinaria. También recordó que Áñez había emitido un decreto que exoneraba a los militares de ser investigados por los tribunales civiles.
El gobierno de Arce no respondió directamente a esta inusitada iniciativa militar, pero sus voceros han insistido en que los militares responsabilizados por la represión deben someterse a los procedimientos comunes y en que las Fuerzas Armadas están obligadas a informar al Grupo de Expertos sobre los sucedido en Sacaba y en otras acciones violentas, como el desbloqueo de la planta de combustibles de Senkata, en la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, en el cual murieron otras once personas. Hasta ahora los militares han considerado la información sobre la represión ordenada por Áñez como un secreto militar.
Arce no parece tener una estrategia para cumplir su promesa de justicia para las víctimas de las masacres y al mismo tiempo conservar unas relaciones razonablemente cordiales con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, se ve sobrepasado por iniciativas descoordinadas de los fiscales, los cuales suelen tratar de congraciarse con los gobiernos de turno, y de ciertos miembros del MAS ansiosos de notoriedad, como los que están demandado a Camacho. Esta última iniciativa puede resultar muy onerosa para el gobierno por el carácter político de las acusaciones, la preocupación que estas han despertado en los organismos de derechos humanos y la popularidad del dirigente cruceño, posible candidato en las elecciones regionales de marzo próximo.
Lucho y Evo, ¿Lucho versus Evo?
A esta altura, la división del trabajo entre «Evo», de un lado, y «Lucho», como se conoce popularmente al presidente, del otro, ha quedado definida. El delfín se ocupará de administrar los recursos y el personal del Estado, mientras que Morales «orientará» la brigada parlamentaria del MAS, que cuenta con mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y seguirá siendo el jefe de su partido. Se trata de dos libretos distintos, pero relacionados entre sí, por lo que nada garantiza que no se vayan a dar choques en el futuro. Algunos roces ya se han producido en este corto mes a cargo del poder ejecutivo.
Por ejemplo, Arce no mencionó a Evo Morales en su discurso de posesión ni asistió a los actos de celebración por el retorno de este último del exilio en Argentina. En cambio, ambos dirigentes almorzaron con cordialidad en la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede del poder ejecutivo. Se sabe que Morales le ha pedido a Arce más de una vez que no descartara para los altos cargos del Ejecutivo a los colaboradores de sus tres gobiernos, tal como el presidente y el vicepresidente David Choquehuanca prometieron durante la campaña electoral. Este veto le parece a Morales una censura implícita a su gestión, que él encuentra exitosa para el país y para el MAS. Hasta ahora, Arce no le ha hecho caso. También se sabe que en el «entorno» evista se cree que el gabinete es demasiado técnico y juvenil, y que no cuenta con un equipo político que esté a la altura de los desafíos que plantea la coyuntura.
Es probable que la tensión principal se vaya a dar entre Morales y Choquehuanca, que también es indígena, que ha tenido roces con el jefe de su partido en el pasado –especialmente tras su salida de la Cancillería, que ocupó entre 2006 y 2017–, y que en su discurso de juramentación pareció criticarlo («El poder debe circular igual que la sangre», aseveró entonces). Los seguidores de Choquehuanca no han logrado muchas posiciones en el gabinete, pero han comenzado a aparecer en los cargos inmediatamente inferiores. Ambos líderes son aymaras, pero se considera que Morales tiene más fuerza en la zona quechua del país, donde vivió la mayor parte de su vida.
Evo Morales casi nunca ha podido evitar hacer confidencias públicas y tampoco sabe circunscribirse al espacio que se supone que le corresponde. En este último tiempo, por ejemplo, deseó en voz alta que Álvaro García Linera, sea elegido como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pues podría usar su capacidad expositiva para explicar en esta organización que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, como definió y publicitó su secretario general, Luis Almagro, hoy el mayor enemigo internacional de Morales y del MAS. Es improbable que este deseo se vea satisfecho, lo que solo terminaría incomodando al anterior vicepresidente. En relación a estas características de su personalidad, Arce declaró que Morales «no va a cambiar. Y tampoco pretendemos que cambie. Va a ser así nomás».
Morales se encuentra por el momento concentrado en las elecciones de marzo, organizando la compleja selección de candidatos en el MAS y preparando la campaña electoral, una de las actividades que más lo animan. Luego de esos comicios posiblemente se vea tentado de incidir más en el rumbo del gobierno.
* Es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009) e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País.
