David Noticias
En la costa de la Quinta Región de Valparaíso, en la localidad de Los Molles, se está escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Chile: la posible usurpación y venta de un bien público que, por ley, pertenece a todos los chilenos. La playa de Los Molles, un patrimonio ambiental, turístico y paisajístico de incalculable valor, ha sido subdividida y puesta en venta en roles de 400 metros cuadrados, literalmente sobre la arena y bajo el nivel del mar. Este caso, que podría constituir un grave atentado contra el medio ambiente y los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha sido posible gracias a una serie de irregularidades y a la inacción de las autoridades competentes.
El golpe de gracia a la playa pública
En pleno 2025, mientras el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, prometía en su segundo mandato “recuperar la playa” y evitar que cayera en manos privadas, la Dirección de Obras Municipales (DOM) ya había consumado la subdivisión predial de la playa.
“Este acto, ejecutado en secreto, no solo podría violar la declaratoria de humedal urbano y las restricciones costeras, sino que también traiciona las promesas hechas a la comunidad y a nuestra Fundación Protege Los Molles, organización que lleva años luchando por la defensa del borde costero y el medio ambiente”, señalan.
La pregunta que surge es inevitable: ¿sabía el alcalde lo que ocurría en su propia
Dirección de Obras? ¿O acaso las malas prácticas llegaron hasta lo más alto del
municipio? Estas son interrogantes que exigen respuestas urgentes y transparentes.
Las sospechas de irregularidades y el historial de daño ambiental
La inmobiliaria involucrada, Lilen S.A., tiene un historial conocido de irregularidades y daño ambiental en la zona. Entre sus acciones más cuestionadas se encuentran el relleno ilegal de la desembocadura del estuario y terrenos de playa, así como proyectos inmobiliarios de edificios en altura (de hasta seis pisos) sobre el humedal, los cuales fueron vendidos con factibilidad otorgada por la misma empresa. Además, el año pasado, la Dirección General de Aguas (DGA) multó a la empresa sanitaria San Isidro, que arrienda terrenos de playa a Lilen S.A., por la extracción ilegal de agua y la instalación de punteras sin permisos, daños que también están vinculados a esta inmobiliaria.
Otro antecedente grave es que la Armada tuvo que caducar recientemente la línea de alta marea del año 2002 por ser irregular. Dicha línea, que fue financiada y elaborada por un privado, benefició directamente a la misma inmobiliaria, permitiéndole inscribir hectáreas de mar chileno a su nombre. Este hecho, por sí solo, debería ser motivo de una investigación profunda para descartar posibles delitos.
El humedal estuario en incertidumbre y el abandono ambiental
El humedal de Los Molles, actualmente en una incertidumbre legal debido a la nueva delimitación del polígono de declaratoria de Humedal Urbano, también se ve afectado por este loteo irregular de la playa. Ambientalmente, el humedal está altamente estresado y lleva años sufriendo daños acumulativos, agravados por las construcciones en altura y la falta de fiscalización efectiva. Esta situación no solo pone en riesgo un ecosistema vital, sino que también evidencia la falta de coordinación entre las autoridades ambientales y municipales.
Un llamado al gobierno central y las acciones legales en curso
Ante la inacción del gobierno local y regional, el llamado ahora es al gobierno central.
Los ministerios de Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Interior y Justicia deben actuar de inmediato. La intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) es urgente para recuperar este bien público y sancionar a los responsables.
En este contexto, la Fundación Protege Los Molles ha ingresado una denuncia formal
ante el Ministerio de Bienes Nacionales y estudia acciones legales adicionales. Además, cuenta con informes técnicos y cartografía que corroboran fehacientemente las irregularidades denunciadas. Estos documentos podrían ser clave para que el Estado actúe con la firmeza que este caso requiere.
Reflexión final: ¿Qué país queremos?
El caso de Los Molles no es solo un problema local; es un reflejo de una crisis nacional. Las malas prácticas, la impunidad y la falta de acceso a la justicia están destruyendo nuestro patrimonio natural y socavando la democracia. “Si permitimos que este caso quede en la impunidad, estaremos sentando un precedente peligroso: que en Chile, los bienes públicos pueden ser vendidos al mejor postor, y que la ley solo aplica para algunos”, denuncia la organización ambientalista.
