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LLAMADO URGENTE EN FAVOR DE LA VIDA DE ARTISTAS Y CIVILES DETENIDOS EN EL PERU

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LLAMADO URGENTE EN FAVOR DE LA VIDA DE

ARTISTAS Y CIVILES DETENIDOS EN EL PERU

La noche del 2 de diciembre 2020, alrededor de 15 mil efectivos de la policía peruana pertenecientes a la Dirección contra el Terrorismo, con sede en la Prefectura de Lima, procedió a ejecutar el Plan Olimpo que consistió en realizar múltiples y simultáneos allanamientos y detenciones de civiles, cuyas viviendas fueron allanadas brutalmente y sus moradores torturados, muchos de ellos in situ, a altas horas de la madrugada.

Con destino desconocido se cuentan hasta esta hora alrededor de un centenar de personas, varios de ellos estudiantes universitarios de distintas carreras y facultades, así como también artistas, músicos y actores. Hacemos un llamado a las autoridades del Perú a respetar la VIDA y la INTEGRIDAD FÍSICA Y PSIQUICA DE TODAS LAS PERSONAS DETENIDAS Y EN ESPECIAL DE:

  • PAUL VANGOH LEONARDO FERNÁNDEZ, actor titulado de la Escuela Nacional de Arte Dramático del Perú.
  • JHON KENGGY ARHUATA COARITA, actor titulado de la Escuela Nacional de Arte Dramático del Perú.
  • NASTIA PATRICIA DEL POZO RAMÍREZ, bailarina de danza contemporánea, formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • AGUSTO DEL CARMEN FLORES MURILLO, músico.
  • ELIZAR GUEVARA DEL POZO, escritor, dramaturgo y poeta.

Nelly Fernández de la Cruz y Leonardo Casimiro son padres de Paul Vangoh Leonardo Fernández; ambos son refugiados políticos en Chile y reclaman la presentación inmediata de su hijo ante los  Tribunales de Justicia del Perú.

Contexto

Este sábado 14 de noviembre, una gran marcha nacional, que convocó a miles de peruanos y peruanas a lo largo del país, fue reprimida brutalmente, con el dramático saldo de dos homicidios, cientos de heridos, abusos de autoridad y desapariciones, según denunciaron organismos de derechos humanos de Perú. Los dos fallecidos fueron identificados como Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.

El presidente de la CLATE (organización sindical internacional que agrupa a los trabajadores estatales de las hermanas naciones de América Latina y el Caribe), Julio Fuentes, expresó su enérgico y su compromiso para sumarse a la campaña internacional contra la represión y el castigo a los responsables de este atentado en contra la democracia y los derechos humanos del pueblo peruano.

La Coordinadora Nacional de DD.HH de Perú reportó 112 heridos y 41 desaparecidos tras masivas protestas contra el presidente interino, ya renunciado y con graves denuncias en su contra, Manuel Merino de Lama. Mar Pérez, abogada del organismo consideró que según este balance, se trata “de la noche más negra que ha tenido la democracia de los últimos 20 años”.

Pérez advirtió también que una camioneta blanca de la PNP con las placas tapadas se llevó a un joven detenido, lo que “ha sembrado las sospechas de que algunos jóvenes hayan sido conducidos a un centro de detención”.

La abogada hizo un llamado a la Fiscalía para cuidar todas las pruebas para garantizar que las víctimas de la represión puedan tener acceso a la justicia. “No se debe entregar las municiones a los efectivos policiales, únicamente a la Fiscalía, estaremos vigilantes”, expresó Pérez.

La crisis gubernamental en Perú terminó con la destitución del Presidente de la República y la asunción de Francisco Sagasti H.

Llamado

En el Perú urge impulsar una política gubernamental basada en el diálogo y el respeto irrestricto a los derechos humanos frente a la desatada crisis agraria; así como también llamamos a detener la persecución, la criminalización de la protesta social y terminar con las detenciones de los activistas sociales e indígenas.

Llamamos al recientemente asumido Presidente Sagasti a liberar a las personas detenidas en estos arbitrarios allanamientos e investigar todo acto de tortura, sancionar a los agentes que la cometen y resarcir, reparar y rehabilitar a quienes la han sufrido.

Llamamos a presentar ante los Tribunales de Justicia a todas las personas detenidas con el fin que accedan a ejercer su legítimo derecho a la defensa.

Llamamos al Estado peruano a responder ante la comunidad internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que vienen aconteciendo y que ha significado desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, montajes policiales, entre otras arbitrariedades inaceptables en una democracia.

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