Cuando, tras el asesinato de miles de niños y niñas palestinos en la Franja de Gaza, se vuelve a poner en duda públicamente si las víctimas eran niños o combatientes, el asunto trasciende cualquier controversia sobre las cifras.

Esta retórica, especialmente cuando proviene de representantes de autoridades acusadas de genocidio, plantea interrogantes de fondo sobre la negación de atrocidades documentadas, la evasión de responsabilidades y el deterioro de la conciencia moral y de la responsabilidad política.

La cuestión central ya no es cuántos niños y niñas han sido asesinados, sino por qué su humanidad se somete a sospecha política. Cuando la justificación política prevalece sobre la dignidad humana y la negación sustituye al reconocimiento del sufrimiento, la catástrofe se agrava, porque a la pérdida de vidas se suma la negativa a enfrentar las atrocidades documentadas y a reconocer las responsabilidades.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado documenta, en su informe titulado: “La esencia de la infancia ha sido destruida”, hechos que contradicen los discursos que explican los asesinatos con insinuaciones de que las víctimas podrían haber sido combatientes. Describe un patrón: las Fuerzas de Ocupación Israelí suelen calificar de “terroristas” o “sospechosos” a niños, sobre todo varones, para justificar su asesinato, lo que traslada la responsabilidad a las propias víctimas y distorsiona los hechos.

Uno de los casos que la Comisión investigó es el de Hind Rajab, de cinco años. Su familia intentaba evacuar su barrio cuando el auto fue atacado: investigaciones independientes contaron 335 impactos de bala. Hind quedó viva, herida, entre los cuerpos de sus familiares, y durante horas pidió ayuda por teléfono. La ambulancia enviada a rescatarla fue atacada y sus dos paramédicos, asesinados. Hacia las siete de la tarde, Hind dejó de hablar. La Comisión concluyó que las Fuerzas de Ocupación atacaron deliberadamente a la familia, a pocos metros y pese a saber que había niños en el vehículo.

La conclusión de la Comisión es aún más grave: las Fuerzas de Ocupación atacaron deliberadamente a niños y niñas palestinos, con disparos de precisión y con armamento de gran potencia sobre edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados donde se encontraban numerosos niños y niñas.

La Comisión advierte que la cifra real de niños asesinados es, con certeza, mayor, y consigna que entre las víctimas hay más de cinco mil menores de cinco años, más de mil de ellos bebés de menos de un año y unos 420 recién nacidos. Ningún criterio convierte a un recién nacido en combatiente.

En consecuencia, si las pruebas son respondidas con sospechas dirigidas contra las propias víctimas, el problema deja de limitarse a la violencia ejercida y se convierte en una profunda crisis de responsabilidad política: la negación contribuye a normalizar las atrocidades, debilita las demandas de justicia y crea las condiciones para la impunidad.

La verdadera magnitud de la catástrofe no reside únicamente en la destrucción de vidas inocentes, sino también en el intento de convertir esa destrucción en una realidad políticamente justificable y moralmente tolerable.