19/09/2021, Tristan Katz
Las elecciones que se celebraron el domingo 12 de septiembre en Argentina debían ser sólo una etapa antes de la verdadera consulta de noviembre de 2021, ya que eran unas primarias sin mayores consecuencias. Debían marcar una etapa tras dos años en el poder de los peronistas, una corriente nacionalista burguesa con un fuerte componente popular. Este complejo sistema de PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) fue creado hace una década bajo la presidencia de Kirchner (peronista) para forzar al bloque conservador a coaliciones electorales inestables, para fortalecer la posición central del peronismo, que siempre oscila entre las aspiraciones de su base social y la gran burguesía que lo utiliza, y para excluir el surgimiento de una tercera fuerza (estableciendo estrictos umbrales de reconocimiento electoral nacional).
Pero las maniobras institucionales sólo duraron un tiempo. Los resultados abrieron una importante crisis en el seno de la coalición peronista en el poder, al revelar un auge electoral de la derecha conservadora y nuevos desafíos para la tercera fuerza política nacional encarnada por una coalición electoral trotskista, el Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad (FIT-U en castellano – la «izquierda» en Argentina se refiere a lo que aquí llamamos la extrema izquierda).
El peronismo 2.0 no puede contener la polarización social
Desde 2019, en el continente sudamericano se ha renovado la intervención masiva, directa y muchas veces autoorganizada de los populares y pobres, que por cientos de miles, desde Chile hasta Ecuador, Paraguay, Colombia y otros países, han participado en paros nacionales, asambleas populares y enfrentamientos directos con las fuerzas represivas, planteando demandas sociales y democráticas en un contexto general de estancamiento económico.
La pandemia ha empeorado la situación. En 2020, se produjo un colapso social en todo el continente: 806.000 muertes de Covid sobre 25 millones de casos, 39 millones de empleos a tiempo completo destruidos según la Organización Internacional del Trabajo. El número de pobres, según las estimaciones de la CEPAL, ha aumentado en 22 millones, con lo que el total es de 209 millones.
Esta fuerte contestación política, si bien no puede derrocar a los regímenes vigentes, es un elemento clave de la situación del continente, del que Argentina se ha mantenido hasta ahora al margen. Esto se explica, en parte, por la presencia del peronismo, una corriente nacionalista burguesa que está viva desde la Segunda Guerra Mundial y que sigue teniendo una amplia base social y una fuerte presencia sindical con casi el 30% de los afiliados al sindicato. Con profundas contradicciones políticas y sociales, el peronismo del siglo XXI intenta mantener la imagen de una corriente que promueve el desarrollo nacional (cf. sus pretensiones de industrializar el país), sensible a las aspiraciones populares con un programa social que equivale a un poderoso clientelismo, pero que se ha adaptado bien a la globalización, a las directrices del Fondo Monetario Internacional y a las profundas transformaciones de la sociedad argentina, especialmente de sus amos: la burguesía cuya base se basa en la exportación de materias primas, especialmente agrícolas.
Explosión de la pobreza
El aumento de los precios de las materias primas en la última década le ha dado un peso creciente en los mercados mundiales y, a su vez, en la escena nacional. Pero la distribución no es el fuerte de la burguesía argentina, y el peronismo renovado y social de Fernández no ha hecho nada para evitar la creciente polarización social. Con el sector asalariado en caída libre, con el colapso de los «pequeños empleos» (el llamado sector informal), la explosión de la pobreza hace visible esta creciente brecha social. La inflación para el año 2021 es estimada por las instituciones económicas en más del 30%, pero la revista The Economist del 17 de septiembre la evaluó en más del 50%. Mientras que Buenos Aires es la metrópolis más rica per cápita del continente, las desigualdades no han dejado de crecer: el 64% de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza, el 7% de los habitantes de la capital federal no comen todos los días, frente al 27% del Gran Buenos Aires. La ayuda indirecta no compensa la inflación de dos dígitos. Organizaciones populares, como Barrios de pie, estiman que para mantener el nivel de la cesta de la compra de los hogares y evitar que caigan por debajo del umbral de la pobreza, habría que aumentar los ingresos en un 57%. Rolando Astarita, economista marxista, ha establecido que entre 2018 y 2019 los salarios perdieron el 35% de su poder adquisitivo por la inflación y que, a pesar de las ayudas y bonificaciones del Gobierno, la población que vive bajo el umbral de la pobreza pasó del 25,7% en el segundo trimestre de 2017 al 43% en el segundo trimestre de 2021.
En vísperas de las elecciones, esta situación era conocida por todos, periodistas, políticos y habitantes de los barrios pobres. El Indec (Instituto Nacional de Estadística de Argentina) mostró un aumento de la fuga de capitales en el primer trimestre de 2021, lo que ilustra que la burguesía argentina sabe contar y resguardar los frutos de su saqueo. El presidente Fernández justificó su política diciendo: «Prefiero tener un 10% de pobres que 100.000 muertos [por Covid]». Argentina tenía ambas cosas, y por un amplio margen.
Resultados electorales con aire de sanción
Los resultados de las primarias sorprendieron a los peronistas (Frente de Todos, 6.863.000 votos, el 31,03% de los votos) y supusieron una severa sanción a nivel nacional, ya que la derecha (8.852.000 votos, el 40,02%) ganó por un amplio margen. Pero, lo que es más grave para el gobierno, es impugnado incluso en sus bastiones. Con los resultados más bajos desde 1946, el peronismo perdió la mayoría a nivel nacional: perdió 14 provincias (de 24 incluyendo el distrito federal), sus bastiones (Santa Cruz, el Chaco, todas las grandes ciudades incluyendo la provincia de Buenos Aires). Incluso cayeron los bastiones del peronismo (falsamente) disidente como Tigre o Chubut. La abstención popular fue alta (a pesar de que se supone que el voto es obligatorio), con una participación de sólo el 67% (10 puntos menos que en la última consulta).
La primera reacción de muchos comentaristas, incluidos los revolucionarios, fue ver esto como una derechización del escenario electoral. Por supuesto, hay algo de verdad en esta rápida observación, y la presencia de la extrema derecha con un 10% en Buenos Aires parece acreditarlo. Pero los conservadores y la gran burguesía que los respalda no cacarean e incluso se han mostrado sorprendentemente reservados. El triunfo electoral de los conservadores fue discreto, con los tenores de la derecha explicando que las verdaderas elecciones de noviembre no fueron ganadas. La prensa conservadora y empresarial, por su parte, señaló los graves problemas políticos que el fracaso peronista sacó a la luz. Incluso el Financial Times advirtió a la comunidad empresarial e inversora que no se alegrara de la situación y que no esperara un cambio electoral tranquilo. El jueves 16 de septiembre, a las 7 de la mañana, dimitieron seis ministros, lo que puso de manifiesto la pugna entre los partidarios de la ex presidenta y actual vicepresidenta, Christina Kirchner, que apoyan una política más liberal, y los partidarios de la presidenta, Fernández, en el Gobierno. La CGT y las organizaciones peronistas de desempleados en lucha (piqueteros) apoyaron inmediatamente al gobierno contra lo que fue llamado irónicamente «un golpe de palacio» por Cristina Kirchner. El peronismo aparece, tal vez por un tiempo, abiertamente dividido con la guerra que se está destapando en la cúpula del Estado, dejando abierta una crisis institucional y parlamentaria. Tal vez incluso una crisis de régimen. Pero no hay que imaginar un ala del peronismo que sea un mal menor entre el ejecutivo responsable de la situación actual y el sector que rodea a Cristina Kirchner. Además, el sábado 18 de septiembre se encontró una solución de equilibrio porque ninguna de las corrientes peronistas logró imponerse en solitario. El nombramiento de Manzur (empresario e incluso mafioso), barón de la provincia de Tucumán, marca la pauta sin ninguna ambigüedad. Activista antiabortista cercano al Opus Dei, con un patrimonio insolente en una provincia pobre, ha aplicado políticas de austeridad, ha trabajado para desmantelar la sanidad en favor del sector privado (donde tiene intereses) y ha participado y permitido las reformas de las pensiones impulsadas por el último gobierno de derechas.
Los problemas militantes de los revolucionarios
Con 1.294.000 votos (5,85%), la extrema izquierda ha conseguido un resultado notable, ya que ha aumentado en número de votos respecto a las últimas elecciones. En estas elecciones, estuvo representada esencialmente por una coalición de cuatro organizaciones trotskistas -Izquierda Socialista (IS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), vinculado a la Revolución Permanente en Francia, y el Partido Obrero (PO) – el Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad (FIT-U en español), que ha tenido notables resultados a nivel nacional, especialmente en los barrios obreros, en lugares donde se han desarrollado importantes luchas sociales (en hospitales, en luchas medioambientales como en la Patagonia, a través de actividades y ocupaciones vecinales como la notable de Guernica, etc.). ). Con un histórico 23% en Jujuy, una provincia pobre cercana a Bolivia, donde un militante basurero del PTS tiene posibilidades de ser elegido en las próximas elecciones, con importantes puntajes en los bastiones peronistas (a menudo cercanos al 10%), con la participación de 18.000 asesores del Partido de los Trabajadores para organizar el buen desarrollo del voto, la campaña instaló sólidamente un frente electoral independiente de los partidos institucionales y que aboga por la independencia política de la clase obrera. La campaña dirigida por este frente se centró en los problemas de las clases trabajadoras, en el control obrero como perspectiva, teniendo en cuenta todos los problemas políticos de la sociedad. Así, las cuestiones ecológicas (con la resistencia popular a la minería, por ejemplo), la cuestión de los derechos de la mujer y las cuestiones de género (LGBT) en los círculos de la clase obrera, el voto de los migrantes (organizando el voto en las elecciones locales de las comunidades boliviana y peruana, que ocupan los puestos de trabajo menos cualificados, o la comunidad paraguaya, muy presente en la construcción). Otras organizaciones trotskistas que se mantuvieron al margen de este frente, como Política Obrera (una antigua minoría del PO) y el Nuevo mas (Movimiento hacia el Socialismo), consiguieron notables resultados en cuanto a su presencia en las provincias, logrando en algunos casos superar el umbral mínimo para presentarse a nivel local.
La situación abierta por la crisis del peronismo ofrece perspectivas no exentas de dificultades, peligros y problemas de militancia.
El colapso social genera explosiones, reacciones sociales locales, a la vez que da lugar a formas de autoorganización que aún no han conseguido tener el peso suficiente para suplantar a las organizaciones peronistas por su falta, de momento, de dimensión nacional. Pero ha aparecido una contestación política, representada en parte por este bloque electoral y, de manera nacional y perenne, en las oposiciones sindicales coordinadas contra la burocracia peronista. El hecho de que exista una coalición electoral revolucionaria desde hace diez años, casi permanente con la excepción de 2015, presenta una forma de intervención de los revolucionarios sin precedentes. Sus límites radican en su carácter electoral, en su rutina institucional, mientras que lo que se necesita es una intervención coordinada de los revolucionarios fuera del marco electoral exclusivamente, que permita ofrecer una alternativa a la dirección peronista y constituya el esbozo de un partido revolucionario ampliamente implantado en las clases populares,
Nadie en este frente imagina que los votantes se convertirán automáticamente en militantes. Pero círculos relativamente amplios se reconocen en la FIT-U y no necesariamente en uno de sus componentes particulares. Esto plantea varios problemas.
En primer lugar, la orientación general del FIT-U. El MST, que quedó último en la coalición, considera que es necesario abrir este bloque revolucionario a otros, a los «progresistas» como se dice en Argentina, el equivalente a «la izquierda de la izquierda» en la jerga francesa, para poder pesar sobre las contradicciones del movimiento peronista y las oposiciones sindicales. Los otros componentes, con matices, mantienen la idea de un bloque detrás de un programa revolucionario. Esto se expresó públicamente ya que el MST se presentó solo en las primarias frente a las otras formaciones revolucionarias, a su vez separadas en lugares, abriendo la posibilidad de una recomposición interna de las relaciones de fuerzas en la coalición revolucionaria.
En segundo lugar, el problema de las relaciones entre los militantes de las organizaciones revolucionarias y el entorno militante y simpatizante que les rodea. Esto se refleja de varias maneras. En su última conferencia y congreso celebrados este año, el PTS se esforzó por subrayar en sus debates las dificultades para llenar el espacio con quienes constituyen su público, las dificultades para organizar este medio, hablando con franqueza de los reveses parciales en su reclutamiento. Desde 2001, la última gran crisis argentina, el PO ha constituido un frente de piqueteros, el Polo Obrero, organizando a los desocupados de los barrios no sólo en sus luchas, sino también abriendo comedores populares, locales políticos, con organización de base en estructuras territoriales. Según los compañeros del Partido Obrero, siempre ha sido difícil organizar a estos militantes en una estructura revolucionaria (de empresa o de barrio). Pero han notado con esta campaña de las PASO una mayor participación, y en ciertos sectores muy importante, del Polo Obrero en las actividades políticas, electorales y militantes del Partido Obrero. Esto abre interesantes perspectivas, pero plantea el difícil problema de la supervisión, la formación y la integración de estos equipos en las estructuras revolucionarias del partido.
Por último, en términos más generales, hay problemas de estructuración y coordinación de este frente electoral que podría comportarse como un Partido con varios componentes revolucionarios. El Partido Obrero lanza la iniciativa de un congreso de la FIT-U, abierto a sus simpatizantes, para tratar de superar la situación actual, especialmente ante las crecientes tensiones políticas y sociales. El PTS propone un partido unificado, cuyos contornos y forma aún están por definir.
Son debates importantes que van más allá de la experiencia argentina. El vecino Chile está experimentando a menor escala con este tipo de coalición entre grupos y activistas de diferentes corrientes trotskistas (incluyendo la IC de la FT, a la que está vinculada Revolución Permanente, y el Comité por una Internacional de los Trabajadores, al que está vinculada la Izquierda Revolucionaria en Francia). Más ampliamente, ante el auge de la lucha de clases, esto plantea de manera concreta la construcción de partidos revolucionarios en un período en el que puede ir más allá de la simple evolución lineal con la posibilidad de verdaderos saltos cuantitativos y, por tanto, cualitativos. Problemas que tienen la ventaja de estar relacionados con tareas concretas de la lucha de clases.
Un estallido social nacional en Argentina podría tener una resonancia muy diferente a la de los recientes acontecimientos desde 2019 en el continente, porque existen las bases de equipos militantes implantados en muchas empresas y barrios que pueden plantear una orientación revolucionaria, a la vez que pueden desarrollarla. Y para ello es necesario pasar del frente electoral al frente de lucha.
