Las acciones judiciales impulsadas por cinco concejales de Las Condes, tras acusar irregularidades en una operación de compra para la construcción de un nuevo Cesfam, desencadenaron un ambiente hostil al interior del Concejo Municipal.
THE CLINIC
Un ambiente hostil al interior del Concejo Municipal de Las Condes. Esa fue una de las consecuencias que trajo el proyecto de un nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam), impulsado por la municipalidad liderada por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).
El año pasado, el municipio adquirió diez inmuebles entre las calles Nueva Dehli y Manquehue Sur, para construir el tercer Cesfam de la comuna. La operación de compra, sin embargo, quedó con una polémica que ha sido llamada la “Sierra Bella de Las Condes”, en referencia al problema que tuvo la municipalidad de Santiago con el intento de compra de un inmueble.
El 22 de marzo de este año, los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (independiente, tras renunciar a la UDI), Leonardo Prat (independiente-Partido Republicano) y Sergio Melnick (independiente-Partido Republicano) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes y la Contraloría, acusando presuntas irregularidades en el proceso, que podrían ser constitutivas de los delitos de fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público.
Uno de los antecedentes presentes en la acción judicial se remonta al 30 de diciembre de 2022, cuando la Municipalidad de Las Condes compró una de las diez casas en 24.280 UF ($852 millones en ese entonces). Esa vivienda, sin embargo, un mes antes tenía otro valor: 12.144 UF ($422 millones).
Fue la administradora de capitales Vulcan Asset Management -que oficiaba como intermediaria- la que compró el inmueble y, días después, se lo vendió al municipio con un sobreprecio de $430 millones, según constató CIPER, mediante los documentos notariales de la compraventa, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).
La acción judicial habría sido avisada a la alcaldesa de Las Condes, en una reunión solicitada por los concejales, a tan solo horas de asistir a Fiscalía.
La idea -según comentan fuentes conocedoras del encuentro- era informarle a la jefa comunal sobre la denuncia. En la cita también estuvo la concejala Catalina Ugarte (Partido Republicano), quien también inició un procedimiento fiscalizador ante la Contraloría, pero de forma independiente.
La edil también ha sido crítica de la operación realizada por la municipalidad. “Visualizo una posible contravención a las normas de probidad administrativa”, expresó la concejala en una sesión extraordinaria del 30 de marzo.
La operación realizada por el municipio comenzó a ser cuestionada a comienzos de marzo al interior del Concejo Municipal, antes de que se interpusiera la acción judicial. Desde ese momento, aseguran fuentes al interior del organismo, el ambiente en la instancia -conformada por ocho ediles de oposición y una oficialista- se tornó hostil.
“Efectivamente, hoy en el concejo somos mayoría los que estamos fiscalizando fuerte a la administración, porque consideramos que hay irregularidades graves. Pero también hay otros que defienden la administración a toda costa, y eso obviamente ha generado un conflicto dentro del concejo”, comenta la concejal Isidora Alcalde (RD) a The Clinic.
Asegura también que el Concejo Municipal jamás estuvo al tanto de las operaciones de la compra de los inmuebles para la construcción del Cesfam.
“Acá hay una irregularidad que incluso es más latente que lo sucedido en otras comunas con temas similares, porque acá ya se hizo la compra. La decisión se tomó a puertas cerradas de nosotros y de la comunidad”, remarca Alcalde, y subraya que tampoco se le informó a los vecinos colindantes del perímetro en el que se construirá el centro de salud.
Javiera Kretschmer, concejala por Evópoli, también reconoce que las relaciones en el concejo municipal se tensaron, pero apunta a la falta de comunicación de quienes interpusieron acciones judiciales.
“Gran parte de los concejales nos enteramos por la prensa y redes sociales sobre la presentación de esta denuncia, por lo que efectivamente debilitó las relaciones entre quienes integramos el Concejo Municipal de Las Condes”, señala Kretschmer a The Clinic.
“Como presidenta de la Comisión de Salud, hubiese esperado que tanto en la sesión de comisión previa como días antes de presentada la denuncia, los concejales firmantes, al menos, me comentaran respecto de la decisión que estaban tomando, ya que no podemos estar ajenos a la crisis de salud que está viviendo el país, y más Las Condes”, complementa.
La militante de Evópoli, en esa línea, precisa que se enteró de la denuncia por el reporte de prensa diario que llega al correo institucional. “No fue hasta horas de la tarde que, desde un grupo de WhatsApp, uno de los concejales firmantes nos informó que en la mañana del día miércoles 22 de marzo habían interpuesto una denuncia en Fiscalía y Contraloría”, comenta Kretschmer
En una sesión realizada el 13 de abril, en tanto, el concejal Luis Hadad (RN) cuestionó la presentación de la denuncia ante la Contraloría.
“El tema revienta por el hecho de que hay una denuncia en Contraloría sin informar a la administración y sin informarle a concejales. Yo no dudo de la buena fue que puedan tener muchos de ustedes, pero el hecho de presentar una denuncia en Contraloría hace dos cosas: uno, me hace enterarme por la prensa o por entes externos de que se presentó una denuncia; y, dos, cuando hay una denuncia ante Controlaría uno tiene que limitarse, porque genera errores, genera problemáticas”, señaló en su intervención en esa ocasión.
The Clinic contactó a los demás integrantes del Concejo Municipal que no presentaron una denuncia, pero no hubo respuesta.
La trama tras la denuncia en Las Condes
Los hechos que desencadenaron en una denuncia se remontan al 10 de marzo del año pasado, fecha en que se convocó a una reunión reservada para abordar el proyecto que busca construir un nuevo Cesfam en Las Condes.
Ese día, el Concejo Municipal aprobó -mediante el acuerdo 54/2022- hasta 353.956 UF para la adquisición del paño necesario para la edificación del centro de salud. El visto bueno lo dieron todos los concejales, a excepción de Alcalde, quien se encontraba con licencia de postnatal.
Un año después, la concejala San Martín -también presidenta de la Comisión de Hacienda- pidió antecedentes sobre el proyecto del nuevo Cesfam. La razón que motivó a la edil para concretar ese acto -cuentan fuentes municipales- fue el caso de la clínica Sierra Bella, en la comuna de Santiago.
Tras esa solicitud, el 9 de marzo se celebró una sesión mixta en la que expuso el secretario general de la Corporación de Salud y Educación, Ricardo Gutiérrez.
“El señor Ricardo Gutiérrez nos indicó que, respecto al paño constituido por las 10 casas ya referidas, la Municipalidad de Las Condes compró directamente a 9 propietarios sus casas, con valores que oscilan entre 50 y 70 UF (unidades de fomento) el metro cuadrado. Sin embargo, la décima casa y última en comprarse por parte de la Municipalidad, que corresponde a aquella ubicada en calle Nueva Delhi Nº 1775, de la comuna de Las Condes, fue comprada directamente a la Vulcon Asset Management SPA, en su calidad de propietaria de la misma”, constata la denuncia de los concejales.
Eso, comentan, llamó la atención de los ediles. “Se nos había señalado en la presentación que Vulcon participó en la operación sólo como gestor inmobiliario”, afirma la acción judicial, junto con denunciar un sobreprecio en la compra de la décima casa.
Asimismo, se acusó una eventual cambio al acuerdo 54/2002. Los concejales aseguraron que fue modificado sin consultar, para agregar los detalles que no se entregaron en aquella sesión del 10 de marzo, respecto a la operación.
La Municipalidad de Las Condes, consultada por The Clinic, se limitó a responde que “dado que este hecho está bajo revisión tanto en el Ministerio Público como de la Contraloría General de la República, toda la documentación requerida se ha puesto a disposición de estas instituciones“.
