Felipe Portales
Quienes manifiestan su sorpresa de que Pinochet cuente con un alto respaldo retrospectivo en la población chilena, parecen no recordar que los gobiernos concertacionistas se encargaron de legitimar, consolidar y perfeccionar la obra política, económica y social de la dictadura. Tendemos a olvidar, en primer lugar, que la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988 no significó para nada el fin de la Constitución de 1980.
Por el contrario, esta planteaba que, ganando o perdiendo el candidato propuesto por la Junta de Gobierno, en 1989 (si ganaba) o 1990 (si perdía) comenzaba a regir el articulado permanente de dicha Constitución. Esta definió el período 1980-1988 como de “transición”. Y lo paradojal fue que la Concertación procedió a legitimar desde 1989 el “período permanente” de la Constitución. Algo que obviamente ¡habría
sido casi imposible si Pinochet hubiese ganado el plebiscito de 1988!…
Primero, lo legitimó a través de concordar con la derecha y Pinochet un acuerdo de 54 reformas de la Constitución en julio de 1989 las que si bien la liberalizaron un poco, significaron un solapado regalo (gracias a que se plebiscitaron “en paquete”) de la Concertación a la derecha de la inminente futura mayoría parlamentaria que le aguardaba. Recordemos que el texto original estipulaba en su Artículo 65 que las leyes
ordinarias se aprobarían teniendo mayoría en una cámara y sólo un tercio en la otra. Esto evidentemente estaba pensado para un Pinochet presidente que con los senadores designados podría convertir al menos el Senado en favorable, teniendo en cuenta la histórica minoría electoral de la derecha. Pero, notablemente, dicho prospecto favorecería también a un Aylwin de presidente, ya que este obtendría con seguridad (como lo hizo) mayoría absoluta en diputados y ¡tendría, sí o sí, el tercio del Senado! Esto último porque el Senado original estaba compuesto de 26 senadores electos (dos por región) y 9 designados, dando un total de 35.
Y cómo de todas formas la Concertación elegiría al menos uno por región (12), ello significaba más de un tercio. Pero el liderazgo de la Concertación se avino solapadamente en el “paquete” de reformas de 1989 a elevar los quórums a mayoría absoluta en ambas cámaras, ¡manteniendo los senadores designados! La única explicación para tamaña e inédita renuncia era que dicho liderazgo se había derechizado a tal grado (en palabras de 1997 del considerado máximo ideólogo de la Concertación, Edgardo Boeninger, había llegado a una “convergencia” con la derecha) que no quiso tener dicha mayoría para no quedar desnudo ante sus bases.
También en palabras de Boeninger, se trataba de una “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 369).
Además, el mismo Boeninger reconoció explícitamente que “la negociación política, que culminó con las reformas constitucionales pactadas de 1989 (…) dieron nacimiento a un nuevo consenso básico nacional en relación al orden político. A contar de ese momento, la Concertación aceptó explícitamente la Constitución del 80 así modificada, lo que desde otro punto de vista representó un encuentro mínimo suficiente entre el proyecto político del régimen militar y la propuesta democrática de la Concertación” (Ibid.; p. 371).
Luego, la legitimación la consagró el propio presidente Aylwin al afirmar, en agosto de 1991, que “la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia. Esta democracia es susceptible de perfeccionarse, sí, y una de las tareas que tenemos por delante es perfeccionar a la democracia y eso exige algunas reformas constitucionales, tarea que mi gobierno ha abordado y que probablemente no va a dejar completada y será tarea del próximo gobierno” (El Mercurio; 8-8-1991). Con esto, Aylwin estaba contradiciendo totalmente los planteamientos de la Alianza Democrática (antecesora de la Concertación) de 1984 de que “no hay democracia posible (…) dentro del marco de los preceptos permanentes de esa Constitución (del 80), si no se hace del Congreso Nacional un cuerpo verdaderamente representativo de todos los sectores del pueblo de Chile, elegido íntegramente por sufragio universal y dotado de reales atribuciones legislativas y fiscalizadoras; si no se democratiza la composición del Tribunal Constitucional; si no se deroga la inamovilidad de los Jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden y no se limitan las facultades del Consejo de Seguridad Nacional a las propias y específicas de su función; si no se cambian las normas sobre Reforma de la Constitución por otras que la hagan posible, y si no se asegura la efectiva igualdad de derecho de todos los chilenos” (Patricio Aylwin.-
El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del NO; Edic. Grupo Zeta, 1998; p. 259). Ninguno de estos requisitos se habían cumplido a la fecha…
Y la culminación de la legitimación de la Constitución de 1980 la efectuó la Concertación durante el gobierno de Ricardo Lagos en 2005, cuando concordó con la derecha y ¡asumió como propia! dicha Constitución, luego de algunas importantes reformas de ésta, pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal.
Con el tiempo se ha hecho correr el mito de que aquel paso era el único logro posible en ese momento, dado el poder parlamentario que conservaba la derecha. Pero ello está abrumadoramente desmentido por un conjunto de hechos. Primero, que Lagos y todos sus ministros ¡sustituyeron la firma de Pinochet y de los otros miembros de la Junta de Gobierno! en la Constitución. Segundo –y muy vinculado a lo anterior- que Lagos la denominó como la “Constitución de 2005” y que incluso una primera edición salió publicada con ese título, hasta que el sentido común más elemental hizo imposible aquello. Y tercero –y tan importante-, que Lagos procedió a suscribirla con un enfervorizado discurso en que señaló que “hoy, 17 de septiembre del año 2005, firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile”; y terminándolo: “Chilenas y chilenos: Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile. Es nuestro mejor homenaje a la Independencia, a las Glorias Patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Chilenos y chilenas: Hoy, hoy despunta la primavera. Muchas gracias” (Siete; 18-9-2005)…
Por otro lado, los gobiernos de la Concertación defendieron a Pinochet cada vez que era criticado en el exterior cuando hacía sus viajes como comandante en jefe. Y el ministro de Defensa de Frei Ruiz-Tagle, Edmundo Pérez, ¡igualó éticamente a la dictadura con los gobiernos democráticos de las últimas décadas! en una alocución a los generales del Ejército al expresar: “Sépanlo con toda claridad. Desde esta tribuna nadie puede hablar en calidad de juez de los errores del pasado. No existe superioridad moral alguna que permita enjuiciar el comportamiento de los diversos gobiernos durante estas tres décadas” (La Nación; 24-5-1994).
Y Patricio Aylwin –ya como ex presidente- ¡valoró positivamente el papel desempeñado por Pinochet como comandante en jefe, pese a todos los graves actos de indisciplina que efectuó durante su gobierno! Así, en entrevista a Le Monde alabó la figura de Pinochet como garante de la transición: “Si Pinochet no hubiera estado allí durante la transición, habríamos tenido en Chile tentativas de insurrección llevadas a cabo por subalternos ‘caras pintadas’, como fue el caso de Argentina” (El Mercurio; 30-4-1994); y posteriormente en Japón declaró que “durante mi Gobierno el general Pinochet cumplió la tarea de Comandante en Jefe del Ejército, subordinado al Presidente y respetuoso del orden constitucional” (La Epoca; 9-7-1994).
Es más, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle defendió ardorosa y exitosamente a Pinochet cuando diputados disidentes lo acusaron constitucionalmente para impedir, al menos, su vergonzosa incorporación como senador vitalicio, luego de que en marzo de 1998 Pinochet debía dejar la comandancia en jefe del Ejército.
Incluso, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan Villarzú, declaró con total desfachatez: “Es un éxito para la transición chilena que Pinochet sea senador vitalicio, ya que con ello se está dando cumplimiento a una etapa del proceso de transición que fue pactado” (La Tercera; 17-2-1998). ¡Transición que Aylwin había dado por terminada en 1991!…
Las excelentes relaciones entre Pinochet y el liderazgo de la Concertación llegaron a un verdadero “matrimonio” cuando en agosto de 1998 el presidente del Senado y precandidato presidencial del PDC, Andrés Zaldívar, llegó a un acuerdo con el senador Pinochet (quien ¡lo acompañó en la testera! para presentarlo al Senado) para sustituir el feriado del 11 de septiembre (¡todavía se celebraba!) por el “Día de la Unidad Nacional” a celebrarse todos los primeros lunes de septiembre, ¡acuerdo que fue aprobado consensualmente por el Senado!… Por cierto, todo este tinglado se vino abajo con la larga detención de Pinochet en Londres, de tal modo que el Congreso eliminó silenciosamente aquella vergonzosa conmemoración a comienzos de 2002.
Y para qué hablar de la increíble y fervorosa defensa de Pinochet que hicieron los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Lagos cuando se trató de juzgarlo en Europa, luego de su detención en Londres por orden de la Justicia española. Incluso, llegaron a usar los mismos argumentos que la dictadura utilizó contra la ONU cuando condenaba sus graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esto es, que con su detención se
estaba violando la soberanía nacional; que implicaba un “doble estándar” porque sólo se estaba aplicando mundialmente con él; que con ello no se reconocían los avances que se estaban haciendo en el país en la materia; y que se estaba sentando un nefasto precedente porque dicha práctica sólo se aplicaría en el caso de países pequeños como Chile.
Además, con el fin de salvar a Pinochet de su segura condena en Europa se llegó incluso a utilizar argumentos grotescos. Así, el canciller José Miguel Insulza dijo al diario El País de España: “En España, tras la sentencia de los Lores (británicos), Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarlo aquí son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que sólo quieren un juicio simbólico” (El Mercurio; 28-3-1999)…
Y luego de obtener su liberación del Reino Unido, el Congreso aprobó por consenso en abril de 2000 una reforma constitucional hecha “a la medida” de Pinochet. Como este último, se vio obligado a renunciar al Senado, se estableció un “estatuto de los ex presidentes” que les conferían sueldo de parlamentario ¡y el mismo fuero que a ellos frente a acusaciones judiciales!… Además, el gobierno de Lagos presionó –privada y públicamente- exitosamente a los tribunales chilenos para obtener su final impunidad. En cuanto a la presión pública destacó su ministro del Interior, Insulza, a través de varias entrevistas de prensa. Por ejemplo, cuando dijo: “Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio (…) El tema Pinochet, en gran medida ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban (…) A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad
Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (Qué Pasa; 2-9-2000). Y Patricio Aylwin se sumó a ello al expresar también que “realmente creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso” y que “desde el punto de vista de la prudencia para la convivencia entre los chilenos, es bueno que esto no llegue a un nivel más traumático o a un enfrentamiento que haría más agrio el camino para la reconciliación nacional. Creo que la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera” (Caras; 18-8-2000).
Y con el tiempo, Patricio Aylwin confirmó sus juicios positivos del rol desempeñado por Pinochet como su comandante en jefe del Ejército. Así en 2003 dijo que “con el tiempo he pensado que Pinochet tuvo razón cuando me dijo que era mejor que él se quedara en la Comandancia en Jefe mientras yo era Presidente (…) El respeto y adoración que este caballero generaba en la institución eran garantía de orden” (El Mercurio;
26-9-2003). Y en 2012 cuando señaló que “Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé” (El País, España; 27-5-2012).
