Por Franco Machiavelo
Los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano son demoledores para el gobierno de José Antonio Kast: apenas un 22,1% de aprobación frente a un contundente 67,5% de desaprobación.
No estamos frente a una simple fluctuación estadística. Estamos ante una señal política de profundo descontento ciudadano.
Un gobierno que llegó al poder prometiendo orden, seguridad, eficiencia y recuperación económica hoy enfrenta una pregunta inevitable: ¿dónde están los resultados?
Las promesas de campaña comienzan a chocar con la realidad. La ciudadanía no vive de discursos, conferencias de prensa ni anuncios grandilocuentes. Necesita respuestas concretas en empleo, salud, pensiones, seguridad y costo de la vida.
La controversia en el Ministerio de Justicia, las explicaciones insuficientes y la creciente desconfianza pública han contribuido a instalar una crisis política que el Ejecutivo no puede resolver simplemente apelando a la herencia recibida.
Gobernar significa asumir responsabilidades. No basta con responsabilizar al gobierno anterior cuando las decisiones actuales corresponden a quienes hoy ejercen el poder.
El 22,1% de aprobación debería encender todas las alarmas en La Moneda. Y el 67,5% de desaprobación demuestra que existe una distancia considerable entre el relato oficial y la percepción de la ciudadanía.
Kast tiene que entender algo fundamental: ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, pero no un cheque en blanco para hacerlo sin rendir cuentas.
No estamos frente a una simple fluctuación estadística. Estamos ante una señal política de profundo descontento ciudadano.
Un gobierno que llegó al poder prometiendo orden, seguridad, eficiencia y recuperación económica hoy enfrenta una pregunta inevitable: ¿dónde están los resultados?
Las promesas de campaña comienzan a chocar con la realidad. La ciudadanía no vive de discursos, conferencias de prensa ni anuncios grandilocuentes. Necesita respuestas concretas en empleo, salud, pensiones, seguridad y costo de la vida.
La controversia en el Ministerio de Justicia, las explicaciones insuficientes y la creciente desconfianza pública han contribuido a instalar una crisis política que el Ejecutivo no puede resolver simplemente apelando a la herencia recibida.
Gobernar significa asumir responsabilidades. No basta con responsabilizar al gobierno anterior cuando las decisiones actuales corresponden a quienes hoy ejercen el poder.
El 22,1% de aprobación debería encender todas las alarmas en La Moneda. Y el 67,5% de desaprobación demuestra que existe una distancia considerable entre el relato oficial y la percepción de la ciudadanía.
Kast tiene que entender algo fundamental: ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, pero no un cheque en blanco para hacerlo sin rendir cuentas.
OPERACIÓN VETA ROJA: CUANDO EL SAQUEO DEL COBRE REVELA LAS ENTRAÑAS DEL SISTEMA
Lo ocurrido con la Operación Veta Roja no puede reducirse a una noticia policial sobre delincuentes que roban cobre. Estamos frente a un fenómeno mucho más profundo: la expresión de una estructura económica y social donde la riqueza colectiva se convierte en objeto de apropiación privada, donde las redes de corrupción encuentran espacios para operar y donde las instituciones encargadas de proteger el patrimonio nacional deben responder por sus propias responsabilidades.
Resulta particularmente grave que entre los investigados aparezca un exfuncionario de Carabineros, institución cuya misión constitucional es precisamente garantizar la seguridad pública y combatir el delito. Si quienes alguna vez tuvieron la responsabilidad de proteger a la ciudadanía terminan involucrados en redes de comercialización de cobre robado, estamos ante una contradicción institucional que exige explicaciones, investigación y responsabilidades penales cuando corresponda.
Pero sería un error político y analítico considerar estos hechos como simples desviaciones individuales. El robo organizado de cobre no surge en el vacío. Se desarrolla en un contexto de desigualdad estructural, concentración económica, debilidad de los controles, mercados capaces de absorber mercancías de origen ilícito y redes de intermediación que pueden transformar el patrimonio sustraído en ganancias privadas.
La pregunta fundamental no es solamente quién robó el cobre, sino quién lo compró, quién lo transportó, quién lo comercializó, quién obtuvo las ganancias y qué mecanismos permitieron que esta estructura funcionara.
¿Dónde estaban los controles? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas receptoras del mineral? ¿Existieron funcionarios que facilitaron las operaciones? ¿Se investigaron las redes financieras y los eventuales mecanismos de lavado de activos?
Y aquí aparece una responsabilidad política que no puede eludirse: el Estado no puede limitarse a detener a los eslabones más visibles de una organización criminal mientras deja intactas las estructuras económicas que permiten convertir el robo en un negocio rentable.
El cobre no es cualquier mercancía. Es un recurso estratégico de Chile, una riqueza construida durante generaciones mediante el trabajo de miles de trabajadores y que tiene una importancia fundamental para el desarrollo nacional.
Resulta profundamente contradictorio que un país que ha defendido históricamente la propiedad nacional de sus recursos naturales tenga que enfrentar organizaciones capaces de apropiarse ilegalmente de esa riqueza para alimentar circuitos privados de acumulación.
La responsabilidad debe alcanzar a todos los niveles: autores materiales, intermediarios, compradores, eventuales funcionarios públicos involucrados, empresas receptoras y cualquier persona que haya facilitado, encubierto o financiado estas operaciones.
Lo ocurrido con la Operación Veta Roja no puede reducirse a una noticia policial sobre delincuentes que roban cobre. Estamos frente a un fenómeno mucho más profundo: la expresión de una estructura económica y social donde la riqueza colectiva se convierte en objeto de apropiación privada, donde las redes de corrupción encuentran espacios para operar y donde las instituciones encargadas de proteger el patrimonio nacional deben responder por sus propias responsabilidades.
Resulta particularmente grave que entre los investigados aparezca un exfuncionario de Carabineros, institución cuya misión constitucional es precisamente garantizar la seguridad pública y combatir el delito. Si quienes alguna vez tuvieron la responsabilidad de proteger a la ciudadanía terminan involucrados en redes de comercialización de cobre robado, estamos ante una contradicción institucional que exige explicaciones, investigación y responsabilidades penales cuando corresponda.
Pero sería un error político y analítico considerar estos hechos como simples desviaciones individuales. El robo organizado de cobre no surge en el vacío. Se desarrolla en un contexto de desigualdad estructural, concentración económica, debilidad de los controles, mercados capaces de absorber mercancías de origen ilícito y redes de intermediación que pueden transformar el patrimonio sustraído en ganancias privadas.
La pregunta fundamental no es solamente quién robó el cobre, sino quién lo compró, quién lo transportó, quién lo comercializó, quién obtuvo las ganancias y qué mecanismos permitieron que esta estructura funcionara.
¿Dónde estaban los controles? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas receptoras del mineral? ¿Existieron funcionarios que facilitaron las operaciones? ¿Se investigaron las redes financieras y los eventuales mecanismos de lavado de activos?
Y aquí aparece una responsabilidad política que no puede eludirse: el Estado no puede limitarse a detener a los eslabones más visibles de una organización criminal mientras deja intactas las estructuras económicas que permiten convertir el robo en un negocio rentable.
El cobre no es cualquier mercancía. Es un recurso estratégico de Chile, una riqueza construida durante generaciones mediante el trabajo de miles de trabajadores y que tiene una importancia fundamental para el desarrollo nacional.
Resulta profundamente contradictorio que un país que ha defendido históricamente la propiedad nacional de sus recursos naturales tenga que enfrentar organizaciones capaces de apropiarse ilegalmente de esa riqueza para alimentar circuitos privados de acumulación.
La responsabilidad debe alcanzar a todos los niveles: autores materiales, intermediarios, compradores, eventuales funcionarios públicos involucrados, empresas receptoras y cualquier persona que haya facilitado, encubierto o financiado estas operaciones.
