A l’encontre, 30-12-2020
Traducción de Correspondencia de Prensa
El 12 de diciembre de 2020, los trabajadores de la fábrica Wistron [del grupo taiwanés] en el distrito de Kolar, en Karnataka (suroeste de la India) organizaron una manifestación para exigir el pago de salarios atrasados y no pagados. En pocas horas, las imágenes del incendio de los locales y de violencia aparecieron en los medios de comunicación. Finalmente la policía reprimió a los manifestantes con sus «lathi» (largas cachiporras de madera).
El gobierno de Karnataka realizó compromisos retóricos con el objetivo de mantener un clima de paz en la región. Unos 150 trabajadores fueron arrestados, el miedo es grande. Las familias de muchos de los trabajadores arrestados no pueden comunicarse con ellos. El relato de la violencia y los daños materiales sirve para subrayar la política de la empresa y del gobierno del estado. Sin embargo, es innegable que lo que puede parecer un acto espontáneo es en realidad el producto del descontento y de la frustración de los trabajadores, debido a las demandas acumuladas, como la del pago tardío de los salarios, las rebajas salariales sin explicación alguna, las jornadas de trabajo de 12 horas, las horas extras sin pagar y los registros de presencia inexactos.
La compañía taiwanesa Wistron creó esa planta en febrero de 2020 para ensamblar el producto más emblemático de Apple: el iPhone. La dirección de la fábrica dice que contrata el 80% de sus 10.000 empleados a través de agencias de empleo temporal. Los trabajadores afirman que ese sistema no deja ningún recurso posible para resolver las demandas sobre derecho laboral. Por su parte, la empresa y las agencias de trabajo temporal parecen ignorar la situación. El trabajo temporal, que ha sido un síntoma de contratación industrial durante muchas décadas, suele ser una forma conveniente para no tener que asumir la responsabilidad de los derechos de los trabajadores. La ausencia de una relación clara entre empleador y empleado suele dejar a los trabajadores indefensos e insatisfechos.
Eso queda confirmado gracias a un informe sobre el incidente realizado por la central sindical All India Central Council of Trade Unions. El informe concluye que la dirección de la planta tiene un control de facto sobre la contratación y la distribución del trabajo. Mientras tanto, otro informe del Ministerio de Trabajo del estado atribuye la responsabilidad principalmente a las agencias de trabajo temporal. Mientras tanto, Apple puso a Wistron bajo vigilancia en espera de una investigación para determinar si las directivas sobre los proveedores fueron o no violadas. No es de extrañar que Apple se encuentre de nuevo en medio de una tormenta, si consideramos su historia con otra compañía de propiedad taiwanesa, Foxconn, conocida por sus pésimas condiciones de trabajo en las fábricas que posee en China, las que habían registrado una ola de suicidios de trabajadores y trabajadoras en 2010 y 2012.
Es obvio que un sistema basado en el trabajo temporal y la subcontratación, tanto a nivel internacional como nacional, hace que la responsabilidad por incumplimiento de la legislación se convierta en una cuestión ambigua, debilitando y fragilizando la posición de los trabajadores, con lo que las empresas pueden seguir violando las normas laborales legales. Irónicamente, en octubre de este año, el director general de Wistron fue nombrado por la Asociación de Celulares y Electrónica de la India (India Cellular and Electronics Association) para encabezar un comité encargado de examinar posibles reformas de las normas laborales destinadas a «beneficiar» tanto a empleadores como a empleados.
En virtud del actual decreto de exención «Atmanirbhar Bharat» «[India autosuficiente»], el capital extranjero tiene un importante papel en este «Make in India». Además, en abril, el gobierno de Modi anunció el Plan de incentivos vinculados a la producción (PLI), que ofrece ayudas basadas en objetivos de producción suplementarios en la fabricación de productos electrónicos a gran escala. La India aspira a convertirse en un centro mundial de producción de teléfonos móviles. Es interesante observar que Wistron es una de las empresas autorizadas a participar en el programa PLI. Los informes de prensa parecen indicar que la rápida expansión de la producción en los últimos ocho meses le ha permitido a Wistron cuadruplicar su mano de obra.
Ese aumento considerable de la cantidad de empleados, sin procedimientos de contratación adecuados ni controles de gestión apropiados, esquivando las autorizaciones gubernamentales requeridas, parece haber agravado la situación. Sin embargo, el descontento de los trabajadores no se reduce a un problema de gestión, hay que tener en cuenta los problemas a los que se han visto enfrentados los trabajadores de todo el país, en particular durante la pandemia de Covid-19. Los salarios sin pagar o las rebajas arbitrarias de los mismos constituyen una reclamación común en los distintos lugares de trabajo.
El hecho de que una empresa tan importante como Wistron pueda operar sin ningún tipo de organismo de apelación o sin la existencia de un «comité de empresa», como lo exige la sección III de la Ley de conflictos laborales de 1947, muestra la poca importancia que tienen las relaciones industriales y la paz social para el PLI.
Las acciones de los trabajadores no se pueden reducir a un caso de «violencia», sino que son sintomáticas de la creciente intensificación del trabajo, de condiciones laborales precarias y de un debilitamiento del sistema regulador. Es curioso que el Ministerio de Trabajo sólo haya realizado una inspección después de un incidente tan escandaloso. No es de extrañar que en las afueras de Bengalore [capital del estado que se presenta como centro de alta tecnología] haya habido una huelga que duró más de un mes en la planta de Toyota Kirloskar [una filial de Toyota Motor Corporation de Japón y socio menor del Grupo Kirloskar: fabricación y venta de automóviles de Toyota en la India, situada en Bidadi, Estado de Karnataka]. Varios trabajadores siguen suspendidos por el simple hecho de haber protestado contra el aumento de la carga de trabajo.
La pandemia, por supuesto, contribuyó a agravar un paisaje industrial muy agitado. La LIP institucionaliza una nueva actitud hacia las relaciones laborales: cualquier forma de resistencia de los trabajadores se enfrenta a severos ataques y a una represión estricta, y en muchos casos, a la connivencia del Estado para obligar a los trabajadores a aceptar un papel pasivo.
Este gobierno debe reconocer que las protestas de los trabajadores no pueden ser tratadas por la fuerza; debe tener en cuenta sus reivindicaciones. La suspensión de las leyes laborales básicas durante el confinamiento y un sistema de inspección del trabajo muy débil revelan una falta de control sobre las prácticas de los empleadores. El eslogan «creación de empleos» a expensas de los derechos de los trabajadores conducirá inevitablemente a un aumento del descontento y de la resistencia. Es como si la protección y los derechos laborales fueran ajenos a una obsesión casi cancerígena por el trabajo como un fin en sí mismo. El «affaire» de Wistron nos muestra que el empleo decente, hoy por hoy, es más una ficción que una realidad.
(Artículo publicado en Economic & Political Weekly, 26-12-2020: https://www.epw.in/journal/)
