VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Según el informe Valech I, la dictadura de Pinochet detuvo a 1.132 menores de 18 años. A 50 años del Golpe de Estado, Yelena Monroy, una de las menores de edad detenidas en La Serena, responsabiliza al Estado chileno del desconocimiento de la violación de derechos humanos a niños y niñas.
El Día – lunes, 11 de septiembre de 2023
“Imagínate que tu primer recuerdo de infancia sea estar de espalda a la pared junto a tus hermanos y un militar apuntando con un arma por más de cinco horas”. No es una escena de alguna película de guerra, es el primer recuerdo que tiene Yelena Monroy, quien tenía tres años, esa tarde de octubre de 1973 cuando quince militares entraron a su casa ubicada en el paradero seis de avenida Balmaceda. Buscaban a Eliana Rodríguez Dubó, una prominente dirigente del Partido Socialista de La Serena y funcionaria pública de la Municipalidad de Coquimbo.
La culpaban de ser la mente detrás del Plan Z en la ciudad y tener armas. “Hacían hoyos en el patio y cada cierto tiempo se detenían para acomodarse el fusil que cargaban en la espalda”, rememora Yelena, hoy de 53 años en entrevista con Diario El Día.
Era muy pequeña para recordar con detalle lo que sucedió esa jornada, sólo tiene algunos flashback. El relato que hoy comparte con nuestro medio está conformado por los recuerdos de su familia. “Tenemos un relato colectivo”, confiesa Yelena, quien junto a su madre y otra hermana aparecen mencionadas como víctimas de prisión y tortura por los informes Valech de 2004 y 2010.
TESTIMONIO FAMILIAR
Los militares entraron pateando la puerta de la morada de los Monroy – Rodríguez un poco antes que el reloj marcase el mediodía. Yelena estaba acompañada de dos de sus cinco hermanos, todos menores de doce años, quienes estaban al cuidado de su tía Adriana Rodríguez.
Según relata, los efectivos en tenida de combate estaban comandados por Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del ejército y por entonces ayudante de Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento de Artillería Motorizado n.º 2 “Arica” de La Serena.
A cuchillazos rompieron el tapiz de los sillones en búsqueda de armas, quebraron la loza y los vidrios. “Sacaron los libros de mi mamá… Los llevaron al patio de tierra y ahí los quemaron”, revive Yelena Monroy. Los soldados no encontraron nada. La noche del 11 de septiembre todos los panfletos y libros relacionados a la Unidad Popular los mandaron a esconder a casas de familiares. No quisieron quemarlos como muchos chilenos lo hicieron porque el humo los podía delatar.
Cuenta que a su padre lo fueron a buscar a su puesto de trabajo, un kiosko de diarios frente a la gobernación provincial. Al llegar a la casa, le preguntaron por Eliana, lo tiraron al suelo y apuntaron con un fusil en la nuca.
En medio del espectáculo llegó Eliana acompañada de dos de sus hijos, quienes asistieron a clase esa jornada. La agarraron del pelo, mientras ella les pedía a sus hijos que no entraran a la casa. Un par de horas más tarde fue subida a una furgoneta vendada y maniatada de pies y manos. “Nosotros quedamos como familia con arresto domiciliario por un mes y de mi madre no supimos durante un mes”, indica Yelena.
El padre de la familia recorrió todas las cárceles y regimientos de la conurbación, en donde se la negaban. En su desesperación interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual al igual que todos los realizados entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 fue rechazado.
“Por un conocido de mi padre nos enteramos que mi madre estaba encarcelada en el convento del Buen Pastor a diez minutos de nuestra casa”, señala Yelena. Su madre había estado detenida en el Regimiento de Artillería Motorizado n.º 2 “Arica” de La Serena, en donde fue torturada, vulnerada sexualmente, sometida a simulacros de fusilamiento, entre otras vejaciones.
INOCENCIA ARREBATADA
Sus problemas no terminaron ahí. Los militares volvieron dos meses después, en diciembre para detener a Yelena y Natacha, de tres y un año respectivamente. “Fue una medida de presión para que mi madre hablara de dónde estaban las armas que nunca tuvo”, explica a casi cincuenta años de estos hechos.
El Buen Pastor
Fue uno de los pocos recintos religiosos utilizados por la dictadura como centro de detención. Constaba de dos módulos (Regina y Alborada), separados y custodiados por militares con metralletas. Uno era de uso exclusivo para los menores de edad detenidos. Por aquellos años la mayoría de edad estaba fijada en los 21 años.
No hubo tortura, pero sí existía una celda de incomunicación y las detenidas eran constantemente llevadas por los militares hasta el regimiento Arica para ser sometidas a interrogatorios que incluían torturas. “Había veces que pasaban cinco o seis horas desde que se iban (…) las mujeres le pedían a la Madre Eufrasia que llamara a la fiscalía militar para saber qué pasaba. no sé si llamaría”, recuerda Yelena.
Hasta este lugar llegaban las mujeres sobrevivientes a las torturas perpetradas en el regimiento Arica y otras detenidas que venían del norte y eran trasladadas a los campos de concentración de Santiago. Estimo que en el tiempo que estuve en el Buen Pastor pasaron unas 200 mujeres”, dice Yelena. El recinto era liderado por la religiosa María Eufrasia Cortez, de origen colombiano y de unos 60 años en aquella época.
Según la Congregación del Buen Pastor, los militares le impusieron hacerse cargo de los presos políticos y que no podían oponerse a la autoridad de Ariosto Lapostol Orrego. Mientras la iglesia católica chilena, con el cardenal Raúl Silva Henríquez a la cabeza, defendía a los prisioneros políticos con la Vicaría de la Solidaridad, las religiosas del Buen Pastor prestaban sus conventos en Constitución y Valparaíso como cárceles temporales, según informa un reportaje de la agencia estadounidense The Associated Press.
“Tan bonita, chiquita y rubiecita. Qué lástima que su madre sea una terrorista”, recuerda que le decía una monja mientras le acariciaba el pelo. Una de las actividades habituales para ellas era asistir a misa.
Siempre supo que estaba en una cárcel. Pasó dos navidades detenida. Los gritos y el llanto desconsolado de las mujeres fue la melodía que todos los días Yelena y su hermana escuchaban en el convento. “Es difícil pasar por el arresto domiciliario, el allanamiento, esto fue la guinda de la torta, después de esto ¿qué viene? ¿la muerte?”, reflexiona Yelena.
Vivían en una habitación pequeña y se alimentaban de una olla común que hacían las presas con los productos que sus familiares hacían llegar cada jueves. A su padre y hermanos los veía sólo los domingos en el patio del convento frente a la imagen de la Virgen de Lourdes, el cual estaba ubicado al lado de la casa de los militares que custodiaban el recinto.
“Era un espacio de mucho dolor, en ese minuto uno no tiene la capacidad de dimensionarlo en su contexto, con el tiempo uno reflexiona y se da cuenta que no es un lugar para un niño”, comenta Yelena.
No eran las únicas menores de edad en el recinto religioso, otras nueve niñas y adolescentes le hacían compañía.
REALIDAD DE NIÑOS EN DICTADURA
Según un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (comisión Valech), el régimen de Pinochet detuvo a 1.132 menores de 18 años, de los cuales 88 tenían menos de 13 años y 102 fueron arrestados con sus padres o nacieron en prisión.
Otros 307 niños y adolescentes fueron asesinados, según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991.
NUEVO ALLANAMIENTO
Yelena, Natacha y su madre fueron liberadas a principios de 1975. Tuvieron la posibilidad de irse exiliados a Holanda, pero la familia decidió quedarse en Chile y luchar contra la dictadura. Su madre se dedicó a rearmar el Partido Socialista en la región, mientras que los hijos conforme fueron creciendo comenzaron a formar parte de los movimientos estudiantiles contrarios a la dictadura militar. La familia Monroy – Rodriguez sufrió en 1988 un nuevo episodio de allanamiento.
Eliana Rodríguez Dubó, tras el retorno a la democracia, presentó dos querellas criminales en contra del dictador Augusto Pinochet Ugarte e hizo pública las vejaciones sufridas en los primeros meses del régimen militar en 2002 para impedir que Juan Emilio Cheyre asumiera el liderazgo del Ejército de Chile.
En la Corte de Apelaciones de La Serena aún duerme una querella interpuesta por Yelena y Natacha por los episodios sufridos durante diciembre de 1973 y febrero de 1975.
Deudas pendientes
Según el Ministerio de Justicia las víctimas por razones políticas de la dictadura son 40.179, de las cuales 1.469 desaparecieron forzadamente. Con el paso de los años se encontraron fragmentos óseos y de otro tipo que permitieron identificar a 307 desaparecidos. Aún falta ubicar a los 1.162 restantes.
Los muertos llegaron a 3.200, mientras que en la justicia hay 1.300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos y 297 cumplen condenas, 134 de ellos en Punta Peuco, un penal exclusivo para estos crímenes, informó Luis Cordero, Ministro de Justicia.
“Yo creo que como Estado debemos asumir que se violaron los derechos humanos en forma sistemática (…) Esto no es un problema sólo de las víctimas, sino que de la sociedad que debe dejar la idea de la justicia en la medida de lo posible”, sentencia Yelena Monroy.
