por Gustavo Burgos
El día de ayer una esquina de la sureña localidad de Panguipulli fue bañada, una vez más con la sangre de nuestro pueblo. Francisco Martínez Romero, malabarista, artista popular y activista fue asesinado por una pareja de Carabineros, en plena vía pública por resistirse a un control de identidad. Cinco balazos a plena luz del día cegaron su vida e hicieron evidente por enésima vez que Carabineros de Chile es una organización criminal, una fuerza de ocupación enemiga del pueblo y sirviente de los intereses del gran capital. La respuesta popular no se hizo esperar. El pueblo de Panguipulli salió a las calles a vengar la muerte del asesinado y a levantarse en contra del régimen que sólo ofrece hambre, miseria y represión.
Efectivamente, en horas de la noche la pueblada atacó los símbolos de ese poder asesino e incendió la Comisaría, la Municipalidad y otros edificios públicos que encarnan la presencia del régimen en la pequeña localidad de Panguipulli. Al ganar las calles el pueblo de Panguipulli nos marca un camino de recuperación del movimiento, de reorganización y resistencia.
El incendio de la Comisaría, de la Municipalidad y diez edificios públicos en el centro de la localidad en una primera lectura es una expresión viva de la indignación popular ante a la catástrofe política y social que se perpetra desde las esferas del poder en contra del pueblo explotado. Por supuesto que este hecho pone en el tapete la necesidad imperiosa y democrática de disolver Carabineros, porque históricamente encarna los intereses del gran capital en contra de la mayoría explotada.
Sin embargo, lo que estos hechos plantean es de mayor profundidad. Que los manifestantes se hayan dirigido en contra de la Comisaría podría entenderse como una simple reacción frente a un hecho represivo que desde el 18 de Octubre se ha hecho crónico y masivo como violación a los DDHH. Pero los manifestantes atacaron además al Municipio, un gobierno comunal encabezado por un socialista —Rodrigo Valdivia— que en apariencia podría ser percibido como opositor al Gobierno de Piñera, un hombre del «Apruebo» y de credenciales democráticas.
Y los manifestantes no distinguieron, porque entre los agentes del régimen y el Estado no cabe hacer distinciones. La propia lucha de clases pone a cada cual en el lugar que le corresponde. Al municipio y los agentes represivos del lado del régimen y la mantención del orden público, la manifestación popular del lado de los explotados y oprimidos. Esta es la cuestión central.
El discurso democratista desde las filas del reformismo persigue volcar la indignación popular a la vía muerta de la institucionalidad patronal. La Convención Constitucional no discutirá el desmantelamiento del aparato represivo porque está controlada desde el poder y su única finalidad es cerrar la crisis en beneficio de la minoría explotadora. Plantear la expectativa de tal resolución es dirigirse hacia nuevas derrotas como las que ya vivimos en 30 años de transición democrática capitalista. Todo seguirá igual. Ningún partido se ha manifestado en solidaridad con el movimiento de Panguipulli porque no temen a la represión, sino que a la revolución. Desde el arco de los partidos del Acuerdo se desesperan por tratar este hecho como una situación de «abuso» cuya resolución debe darse en el marco institucional.
Pero en realidad, muy por el contrario, lo que estos hechos revelan no es sólo la necesidad de disolver a Carabineros —tarea democrática por cierto— sino que de acabar con el régimen capitalista en su conjunto. Se hace necesario, en respuesta a la represión masiva e institucionalizada que gobiernen los trabajadores y que el conjunto del aparato represivo sea desmantelado y reemplazado por el pueblo en armas, única garantía de que los DDHH y los intereses de la mayoría explotada sean respetados.
Que el pueblo de Panguipulli se haya rebelado merece toda nuestra solidaridad. Panguipulli reclama del movimiento abierto en Octubre un nuevo levantamiento popular. Lo que ahora vendrá nuevamente es mayor represión y criminalización de la protesta popular. A Panguipulli se le castigará con impunidad y terror. Todos somos Panguipulli, todos somos Franscico Martínez Romero. Debemos retomar las banderas de la lucha. El asesino fue Piñera, su Gobierno de criminales y el arco de partidos del Acuerdo que los defienden.
