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Entrevista | Periodista chilena Lucía Sepúlveda habla de las razones para rechazar en el nuevo referéndum constitucional

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Correo del Alba

El domingo 17 de diciembre la población chilena acudirá a las urnas para votar «En Contra» o «A Favor» la nueva propuesta de Carta Magna emanada de un segundo proceso constitucional marcado por el absoluto dominio de la ultraderecha en cuanto a los delegados redactores, narrativa, expertos consultados, entre otros.

Para hablar del proceso y características del texto, así como de sus propuestas más controversiales por excluyentes, conversamos con la destacada periodista chilena e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Lucía Sepúlveda, quien nos compartió sus impresiones.

¿Cuáles son los elementos característicos del reciente proceso constitucional chileno? ¿Cómo evalúan el trabajo del Comité de Expertos y el Consejo Constitucional? ¿Cuál fue su relación con la ciudadanía (hubo debates, intercambio de miradas, socialización para la creación del texto)?

Este proceso en curso ha sido una burla y una venganza de los poderosos respecto del anterior proceso constituyente. Luego del rechazo de la propuesta anterior, en la que sí hubo participación de importantes sectores populares, los partidos políticos y el presidente Boric generaron este remedo de convención, para entregar una supuesta gobernabilidad al país. En el proceso anterior tuvimos constituyentes independientes, que tenían sus fuerzas organizadas con sectores ambientalistas, feministas y de pueblos indígenas, y además había un bloque que agrupaba a sectores progresistas y de partidos de izquierda o centro; en conjunto representaban una mayoría favorable a los cambios. En cambio, el proceso actual desde un inicio tuvo sus reglas fijadas por un comité de “expertos” elegidos por los partidos políticos. La mayoría de los expertos eran de derecha, y varios eran exfuncionarios de Pinochet involucrados en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Los convencionales electos, mayoritariamente ultraderechistas, elaboraron un texto a la medida de sus intereses, peor aún que la Constitución de la dictadura de Pinochet. Hay que recalcar que la derecha nunca quiso cambiarla, y se integró a este nuevo proceso solo para impedir los cambios y asegurar su control del país.

¿En qué posición se encuentran las organizaciones sociales, ciudadanas, de base, de cara a un plebiscito en que las derechas han cerrado fila en torno al “Apruebo”? Y ¿qué elementos conservadores quedan manifestados con contundencia en la nueva propuesta de Carta Magna?

Este proceso fue muy breve en el tiempo y no concitó interés alguno en los sectores populares, agobiados por la búsqueda de un cada vez más difícil sustento diario, por las alzas de precios y la creciente cesantía.

Las organizaciones sociales aún están golpeadas por el resultado del proceso 2021-2022, en el cual los medios de comunicación y la tv, en manos de los dueños del poder y la riqueza en Chile, supieron desinformar desde el primer minuto, y la derecha organizó  campañas especializadas de fake news con financiamiento millonario para llegar a los sectores más amplios de la población, muchos de los cuales votaban por primera vez ya que se había establecido el voto obligatorio. La batalla dada al interior de la convención anterior, para lograr sacar adelante una propuesta por el inicio de cambios reales en Chile, concentró prácticamente toda la energía de los movimientos sociales que se vieron de hecho impedidos de comunicar y explicar estos avances en el breve tiempo de campaña que hubo.  A ello hay que agregar que en ese período seguían abiertas las heridas por la represión desplegada por el gobierno anterior durante la revuelta popular, con compañeros muertos, presos políticos y mutilados. Hoy sigue habiendo presos políticos y es tan dramático el abandono y la no reparación que sufren las compañeras y los compañeros afectados por trauma ocular u otras mutilaciones, que seis de ellos se han suicidado por no poder tolerar más su situación y la falta de ayuda del Estado. 

Operan entonces poderosos factores que explican el desgaste actual de las luchas populares. Por una parte, la derrota de la propuesta levantada por vastos sectores sociales y el avance del negacionismo,  acelerado a partir de la derrota de la propuesta del año 2022 y desplegado con insolencia a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado; por otra, la frustración, desgaste, rabia y/o desencanto de las familias y luchadores sociales por la represión que no se detiene, por la continuidad del estado de sitio, la prisión política, la criminalización de luchadores sociales y la reiteración de juicios que no siguen las normas del debido proceso en el Wallmapu. Hay nuevas leyes, respaldadas por el Gobierno, cuyo objetivo es reprimir severamente las luchas estudiantiles, poblacionales, del pueblo mapuche y quienes luchan por sus demandas. El gobierno de Boric dejó atrás su discurso de campaña, ecologista y feminista. Posibilitó la aprobación del TPP a contrapelo de los movimientos sociales, impulsa ahora un nuevo tratado con la Unión Europea (UE) de carácter neocolonial. La gestión del gobierno actual no lo diferencia del gobierno de Piñera en muchas materias. Es de hecho una nueva Concertación, ya que los miembros más importantes de su gabinete pertenecen a partidos de la exConcertación cuyo desempeño fue cuestionado ampliamente durante el estallido y la revuelta popular, donde se reconoció la vulneración de derechos sociales que persiste en Chile por décadas. El Frente Amplio (FA), sector político del que surgió Boric, hoy no tiene peso alguno, lo que ha empeorado al estallar casos de corrupción al interior de reparticiones del Gobierno, probando que estos jóvenes gobernantes aprendieron muy pronto las oscuras prácticas que antes denostaron.

La propuesta elaborada por el ultraderechista Partido “Republicano”  no es solo conservadora, sino representa incluso un retroceso respecto de la Constitución vigente. A su falta de legitimidad de origen se une un contenido repudiable. Por ejemplo, el derecho al agua y los derechos medioambientales fueron sometidos a los intereses empresariales sin límites. A las mujeres también se nos castiga con el recorte de derechos conquistados en históricas luchas.   

El primer artículo de la propuesta a votarse el 17 de diciembre señala que «el Estado de Chile es social y democrático de derecho», lo cual es una mentira porque el texto limita las capacidades del Estado con el pretexto de defender la propiedad y la libertad individual y no da al Estado herramientas para garantizar sus derechos básicos. Consolida la mercantilización de los derechos sociales.

Estamos ante una Constitución negacionista, que avala la impunidad de los condenados por crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura civil-militar al permitir la liberación de exoficiales que cumplen condenas en el penal de Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, junto a condenados por abuso sexual. Al mismo tiempo, promueve la eliminación de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, además de retroceder en materia de Justicia. Devuelve a las Fuerzas Armadas la competencia para juzgar a civiles por delitos comunes, como hacían en tiempos de dictadura.

En materia de derechos sociales, no reconoce el derecho a la previsión, el derecho a la salud ni el derecho a huelga. De hecho, los criticados modelos de Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) y de Isapres (instituciones de salud previsional) son integrados a la Constitución. Por lo mismo, será inconstitucional generar un sistema que permita crear un fondo común para mejorar las pensiones más bajas e incorporar la solidaridad en la distribución de los fondos de pensiones. Los fondos serán de propiedad de los cotizantes.

Las más perjudicadas seremos las mujeres (que ya tenemos las más bajas pensiones), los trabajadores con “lagunas previsionales”, es decir, quienes no han tenido empleos estables y por tanto no tienen continuidad en sus fondos, los trabajadores informales, y la tercera edad, entre otros. 

En cuanto a la salud, estará prohibido por la Constitución que el Estado cree un fondo común con las cotizaciones de salud de todos para mejorar la cobertura y la calidad de la salud. La falsa “libertad de elección” en materia de salud, les permitirá mantener, por una parte, a la salud privada con los mayores recursos y atender así a quienes son una minoría, o sea la población con más recursos, y con menos problemas de salud. Y en cambio la salud pública tendrá escasos recursos.

El derecho a huelga estará prohibido para un enorme sector de trabajadores en áreas consideradas esenciales o estratégicas. El texto traspasa al Estado la obligación del empleador de implementar salas cunas, beneficiando al poder empresarial.

Hay medidas que favorecen la existencia de viviendas de mayor costo, porque se plantea «no pagar impuestos por la primera vivienda». Y esa medida en realidad favorece a los propietarios de viviendas más caras. Porque en la actualidad el 77% de las propiedades habitacionales no paga impuestos y el 23% que lo hace paga proporcionalmente al valor de la propiedad, es decir, hay un número importante que paga montos muy bajos. Los principales perjudicados con esta medida son los habitantes de las municipalidades más pobres, porque ese impuesto es una de las fuentes del «fondo común municipal», que se usa para cubrir gastos sociales.

Las mujeres somos las más perjudicadas en nuestras conquistas y derechos. Por el artículo de la «defensa de la vida de quien está por nacer», se posibilita considerar al óvulo fecundado y al feto como una persona humana, con lo que algunos métodos permitidos en la Ley de Tres Causales ahora podrían ser castigados como delito.

Los  pueblos indígenas seguirán siendo ignorados y criminalizados, y no tienen ningún tipo de reconocimiento como tales. Por otra parte, se constitucionaliza la expulsión inmediata de los migrantes, sin respeto a los Derechos Humanos.  

La Constitución mantiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y, por tanto, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión seguirán siendo violentados.  

Finalmente, ¿cuál su posición para el plebiscito? Además, considerando su reconocida trayectoria política y en asuntos de género y medio ambientales, ¿cuáles identifica como los aspectos más retardatarios del texto respecto a las mujeres y sus derechos, y los medioambientales? Y, entendiendo que el propósito de acabar con la Constitución de Pinochet emergió del movimiento popular y ciudadano de 2019, ¿en caso de triunfar el “Rechazo” hacia dónde debiera encaminarse esta tarea aún pendiente?

Mi posición es la que hemos adoptado en el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y también en Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, que son los movimientos sociales a los que pertenezco. Esta nueva propuesta constitucional no responde al mandato popular del plebiscito de 2020 que votó por cambiar la Constitución pinochetista de 1980. Esto es “todo lo contrario” y por eso votaremos en contra.

En el MAT destacamos que uno de los artículos más nefastos de la propuesta de que mantiene el agua como una mercancía, tal como la actual Constitución de 1980. Reitera a nivel constitucional la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua en manos de los más ricos, que son los responsables del intenso saqueo del agua que hoy sufrimos.

El Derecho Humano Constitucional a un Medio Ambiente Sano figura en este texto por debajo del objetivo de desarrollo económico, el cual  se agregó a la Constitución del 80 para legitimar la existencia de más zonas de sacrificio, asegurando ganancias sin límites a empresarios nacionales y transnacionales. Están muy claras las razones por las cuales el empresariado no duda en apoyar este texto y su propaganda eligió el slogan “Que se jodan” refiriéndose a quienes estaremos sometidos a su arbitrio si triunfa su propuesta. 

Esta propuesta de Constitución niega la crisis climática y ecológica, así como los derechos de la naturaleza, los derechos de las comunidades indígenas y migrantes. En lugar de abordar estos desafíos, amenaza con traer más calamidades y endeudamiento a la mayoría de las familias de nuestro país. Además, mantiene el agua privatizada en manos de los poderosos y consolida constitucionalmente la mercantilización de los derechos sociales. Retrocede en los derechos de mujeres y disidencias, así como en el respeto de los Derechos Humanos y los derechos de los trabajadores.

La propuesta constitucional en curso tampoco reconoce la protección y administración ecológica de los Bienes Comunes, los derechos de los animales, la planificación para el uso ecológico de los territorios y la soberanía alimentaria que son necesarias para asegurar la supervivencia de todas las vidas, tanto humanas como no humanas, y de las futuras generaciones.

Finalmente, como mujeres de los movimientos sociales y de la Asamblea de Feministas y Disidencias del MAT, estamos en contra porque la propuesta limita la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos. Su texto posibilitaría la criminalización de mujeres y disidencias si solicitan la píldora del día después o requieren un aborto por peligro de su vida, por ser producto de una violación o por inviabilidad del feto, podrán estar sometidas al juicio y condena por la justicia penal. Ello afectaría además a las niñas menores de edad, porque ellas constituyen un tercio de las pacientes que eligen libremente abortar desde la vigencia de esa Ley en Chile. Ahora, clínicas enteras y su personal de salud podrían negarse a atender a mujeres en los casos anteriores, con el pretexto de la objeción de conciencia. Esta propuesta pondría en reversa la paridad en diversos ámbitos y niega el reconocimiento de las tareas de cuidado, que realizan mayoritariamente las mujeres a niños, ancianos y enfermos a nivel familiar. Las diversidades sexo-genéricas seguirán sin derechos. En Chile los deudores de pensiones alcanzan un elevadísimo número de padres y en materia de pensiones morosas también habría un retroceso en los derechos de las niñeces porque ya no se podrían pagar las pensiones de alimentos morosas con los fondos de pensiones, un método que es legal hoy.

Rechazar esta propuesta también es rechazar la constitución del 80. En el MAT y en general en los movimientos sociales, nos diferenciamos claramente de otros sectores, al dejar sentado desde ya que mientras no avancemos claramente en el reconocimiento de los derechos sociales y ambientales, la discusión constitucional en nuestro país seguirá pendiente como lo está un verdadero proceso constituyente emanado de la voluntad popular. Serán los pueblos y comunidades soberanas de cada territorio de nuestro país quienes deben definir el camino a seguir para encarar ese desafío.

Las luchas que las organizaciones y muy especialmente las mujeres en los diversos territorios dan cada día desde abajo y sin parar, para frenar el extractivismo los abusos de todo tipo, son garantía de que esta fase será revertida más temprano que tarde. No hemos renunciado al futuro ni a la lucha.

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