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Entre corporativismo y economicismo

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POLITIKA

Quienes conocen la historia reciente de España y Chile saben del patético paralelismo de sus “transiciones” políticas de la dictadura a algo que no ha sido precisamente la democracia. Los lazos empresariales siguieron un camino convergente, gracias al apoyo de los gobiernos españoles al contubernio cívico-militar que puso a Patricio Aylwin en La Moneda. Dos estudiosos abordan el comportamiento de los grupos de presión de ambos países ante sus gobiernos respectivos, con motivo de la pandemia.
Transicion-SP
Entre corporativismo y economicismo

Los grupos de presión empresariales españoles y chilenos ante a las políticas gubernamentales contra el Covid-19

Escriben Alejandro Osorio Rauld y José Reig Cruañes (*)

Sin duda alguna, la expansión de la pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba la fortaleza, logística y liderazgo de los Estados y gobiernos de todo el mundo, en distintos grados, pero sin excepción. Ello porque para combatir la emergencia sanitaria, las élites dirigentes han debido implementar con carácter universal, aunque no sin grandes dudas iniciales, diversos grados de confinamiento y “distanciamiento social” que, en las situaciones más urgentes, han salvado millones de vida, pero con un costo muy alto en lo que refiere a la actividad económica.

El debate sobre el adecuado balance de protección sanitaria y salvaguarda económica permite estudiar un interesante aspecto de los sistemas políticos, el de la relación entre las elites económicas y los poderes públicos.

La naturaleza de las políticas tomadas, por cierto, no ha sido arbitraria, ya que se basa en un cúmulo de intervenciones de actores socialmente validadados, como es el caso de expertos, técnicos, asesores y también de políticos o estadistas de distinto signo político. Sus orientaciones han permitido a los gobiernos proteger a sus ciudadanos de lo que en términos biopolíticos podríamos llamar un “dejar morir”, que era la opción dominante en un principio en varios de los países con dirigencias encuadrables en el llamado populismo conservador (USA, Brasil, Gran Bretaña).

No obstante, en ninguna parte los actores mencionados son los únicos que buscan influir en estas decisiones, ya que otros grupos también intentan permear en la esfera deliberativa: es el caso de las élites empresariales y sus organizaciones. Estas asociaciones pueden, en determinadas coyunturas, actuar como “grupos de presión” frente a resoluciones gubernamentales, presionando con distintos recursos a favor de sus intereses.

En efecto, aunque “teóricamente” las decisiones que toman los Estados democráticos son soberanas, en la medida, en que residen en la voluntad popular transferida a los representantes, la verdad es que ellas también son influidas por demandas de distintos colectivos sociales que estructuran la sociedad, como es el caso de trabajadores, estudiantes, movimientos ambientalistas y también de aquellos que conducen la actividad económica.

Pero como nos recuerda el sociólogo, Philippe Schmitter (1991) (*), esto no es necesariamente algo negativo. Por el contrario, se trata de un fenómeno vital en todo sistema político: la producción de mecanismos que permitan la conexión entre quienes toman decisiones y el resto de sectores de la sociedad, lo que es conveniente para considerar las voces de quienes están por fuera del campo político, incluso cuando ello requiere realizar acciones que puedan afectar intereses de actores que ostentan y acumulan poder, como es el caso de las élites empresariales.

Así, quienes ejercen el poder, pese a la necesidad de mantener canales de diálogo con los grupos de presión, contarían con autoridad suficiente como para tomar decisiones autónomas que puedan anteponer el “interés general” por sobre demandas particulares de algunas asociaciones, siendo esta facultad estatal algo esencial para lograr la igualdad política entre actores sociales que buscan influir en la distribución del poder.

Sin embargo, por distintos motivos, el fenómeno de “autonomía” del Estado frente a los grupos de presión no se da en todas partes de la misma manera, algo que es más evidente en situaciones extraordinarias, como son las limitaciones a la actividad económica a raíz de cuarentenas que buscan proteger a la ciudadanía. Y estas diferencias son bastante notorias en algunos casos, siendo un buen ejemplo de ello, el actuar de la élite empresarial chilena y española ante la decisión de confinar a la población, que en ambos países ha sido distinto.

Desde luego, frente a las políticas de cuarentena, las patronales chilenas y españolas han tenido gran protagonismo, con reiteradas intervenciones públicas de sus dirigentes y declaraciones oficiales de las organizaciones. No obstante, a pesar de este denominador común, la observación de los pronunciamientos y reacciones oficiales de ambas patronales arroja diferencias en el modo de influir en las decisiones políticas.Buena parte de esas diferencias pueden explicarse en términos de “cultura política” y parecen tener que ver con la distinta trayectoria de ambas organizaciones durante el tránsito a la democracia y, por supuesto, con la configuración del espacio público resultante de dichas transiciones: más netamente neoliberal en el caso chileno, más formalmente comprometido con un tipo “europeo” de “estado social de derecho” en el caso español.

Así es como en España, desde la transición a la democracia hasta la actualidad, los empresarios han acumulado experiencia en alcanzar pactos con otros actores, como son los sindicatos (UGT, CC.OO) y también las fuerzas políticas, estableciendo una “triangulación de poder” muy propia de concertaciones sociales de países con Estados del Bienestar.

Prueba de ello es el actual llamado del Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a re-editar los “Pactos de la Moncloa” entre todas las fuerzas políticas y sociales para afrontar la reconstrucción socioeconómica de España por el impacto del Covid-19, invocando la memoria de este hito como un momento constituyente de la democracia española. También cabría anotar en esta cuenta el hecho de que la actitud negociadora de la patronal se haya mantenido con independencia del discurso político de la oposición conservadora y de la batalla parlamentaria que ésta emprendió en plena crisis sanitaria y económica.

Nada de esto ocurre en Chile, ya que el modelo de democracia y de desarrollo, que, por supuesto, incluye el rol del Estado y de los actores sociales, no ha sido discutido soberanamente por la ciudadanía, sino muy recientemente y en medio de un estallido social que no ha tenido aún traducción institucional.

En tal sentido, la mantención de una “democracia restringida” con una economía neoliberal radical por parte de los gobiernos postautoritarios, ha imposibilitado un sano cuestionamiento de las reglas institucionales, lo que, en consecuencia, no ha permitido redefinir el papel del Estado y de los actores sociales en el país.

Éste era uno de los temores de Philippe Schmitter cuando sentenciaba con cierta desazón al neoliberalismo como enemigo de las concertaciones sociales. El caso chileno sería un ejemplo acabado de esta situación, ya que las patronales, desde el plebiscito de 1988 hasta el día de hoy, nunca han actuado como un actor subordinado a la política en tanto que actividad que vela por el “interés general”.

Contrariamente, el desenvolvimiento público de la patronal chilena consistió siempre en ejercer presión ante un Estado débil que no cuenta con herramientas constitucionales para subordinar el interés particular al “interés general” o “bien común” y se transforma en una herramienta débil frente a este tipo de actores que acumulan y ostentan un gran poder.Tanto en Chile (revueltas de otoño de 2019) como en España (15-M y su secuela en el sistema de partidos), el marco constitucional ha sido sometido recientemente a presiones y cuestionamientos de fuerte contenido social y no es descartable que se sigan produciendo movimientos populares en este mismo sentido.

Esa impugnación no ha tenido aún, ni en Chile ni en España, un adecuado encaje institucional y está por verse cómo será redefinido en ese escenario el ámbito de intervención pública de los poderes económicos y sus organizaciones corporativas.Viniendo de tradiciones distintas en relación con el espacio público, es casi seguro que llegarán también a lugares diferentes. Esto, sólo el tiempo lo dirá.

Alejandro Osorio Rauld es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en el GESP UCM-UNED. Correo electrónico: nelsonos@ucm.es

José Reig Cruañes es doctor en historia por la Universitat d’Alacant y profesor de la Universidad Castilla-La Mancha. Correo electrónico: Jose.Reig@uclm.es

Notas:
Schmitter, Philippe. 1991. «La concentración social en perspectiva comparada.» En Concertación social, neocorporatismo y democracia, de Alvaro Espina, 67-80. Madrid: MTSS.

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