En la elección presidencial de 1970, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta. De acuerdo con la Constitución Política, correspondía al Congreso Pleno elegir entre las dos más altas mayorías relativas, cincuenta días después de la votación. Esas mayorías relativas eran detentadas por Allende y Alessandri. Este último candidato de la Derecha y que ya había sido elegido presidente en el período 1958-1964. El candidato demócrata cristiano, Radomiro Tomic, había obtenido el tercer lugar en la elección.
En el lapso que medió entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre, la derecha económica y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) desataron una campaña de terror. Desde los ministerios de Hacienda y de Economía, el equipo de Frei denunció la inminencia de una grave crisis económica. Frei, quien había caído en una profunda desesperación a raíz de la elección de Allende, pronosticaba entre sus íntimos, que se avecinaba una catástrofe para Chile. Hasta él llegaban diariamente las insinuaciones de la Derecha para impedir de cualquier manera el ascenso de Allende a la presidencia. Frei, un político hábil y cauteloso, advertía que la Unidad Popular (UP) defendería el triunfo obtenido en las urnas y que cualquier intento abierto de intervención habría significado la guerra civil. En esos días el Presidente recibía a quien quisiera exponerle un plan para salvar la situación. De esa manera llegó la iniciativa de la Derecha, que culminó con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. Ante esa nueva proposición de autogolpe para salirle al paso a Allende, Frei guardó silencio sin avalarla. Su actitud no era del que aprueba, pero tampoco del que rechaza enérgicamente, como pudiera esperarse de un Presidente de la República a quien se viene a proponer una conspiración. La pasividad de las autoridades ante la conspiración, desata una ola de violencia y atentados en contra de los dirigentes de la UP y el propio Allende.
Desde la primera hora del gobierno de la UP se observan serias discrepancias entre la dirigencia y sectores de la izquierda revolucionaria, no integrados a tareas de gobierno, como era el caso del MIR. Dentro del gobierno esos partidos y tendencias encuentran respuesta en el sector altamiranista y Elenos del Partido Socialista, sectores del MAPU y de la Juventud Radical Revolucionaria (JRR). Son esos sectores dentro de la UP que subrayan el papel de los trabajadores en el cumplimiento de las tareas y programa de gobierno. Allí se proclama, la creación de un poder popular capaz de asegurar la conducción del proceso hacia el socialismo.
A medida que se avanza en las soluciones económicas de emergencia, la dirección superior de la UP entiende que las instituciones resuelven de manera insatisfactoria las exigencias del programa de 1970. El MIR postula que debe irse a la toma inmediata y total del poder. Se argumenta que si no se marcha rápido, identificando y aislando al enemigo de clase, se corre el riesgo de convertirse en prisionero de la legalidad burguesa, frustrando el naciente poder popular. Y ese proceso es tarea que debe emprenderse por los trabajadores, no por funcionarios. O se crea el poder popular o se arriesga la viabilidad del proceso. Esa crítica representa un campanazo de alarma, pues señala la insalvable contradicción entre la vía institucional y el desarrollo de masas. Con los acuerdos que se adoptan en la reunión de la UP en el Arrayán (febrero de 1972) la contradicción se aborda elípticamente. El tema del MIR es silenciado así como las relaciones entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano, quizás como un esfuerzo por aparecer al exterior como un bloque sin grietas internas.
De haberse abordado ambos temas se habrían revelado las diferencias entre el Partido Comunista, que ponía el énfasis en “ganarse las clases medias” y lo que llamaba la “batalla de la producción” y, sectores del Partido Socialista cercanos a las posiciones y práctica de la izquierda revolucionaria.
Con estas omisiones se cometía un grave error, pues por una parte, se negaba la posibilidad de discutir cara a los trabajadores las diferencias de fondo, y por otra, sin decirlo, se sugería que cualquier antagonismo debía cargarse a la cuenta de “las provocaciones de la ultraizquierda”.
Sin definir concretamente las fuerzas sociales y el papel que ellas jugaban en la realización de los acuerdos, las conclusiones de avance revolucionario, contenidas en la Declaración Final, caían en un formalismo estéril. La creación del Área de Propiedad Social con la expropiación de firmas monopólicas y de la banca, la Reforma Agraria y la nacionalización del cobre, exigían no solo el apoyo de los trabajadores involucrados en esas áreas, sino además de la ciudadanía que reclamaba situaciones de poder desconocidas hasta ese momento en el desarrollo de las fuerzas sociales.
Sin definir las relaciones con el PDC, la Declaración del Arrayán falla en lograr una abertura hacia el partido mayoritario de Chile. Esa situación, más que una debilidad del oficialismo en la UP, o una eventual victoria de la tendencia revolucionaria, revelaba la incapacidad de lograr un diálogo que comprometiera realmente a la clase trabajadora. Un examen de los puntos de discrepancia con el PDC habría significado enfrentar al freísmo con la base demócrata cristiana que ya desde el comienzo mismo del pasado régimen había iniciado una trayectoria, y que difícilmente podía estar de acuerdo con las prácticas de la clase patronal.
No es posible entender la posición del PC ni de los otros partidos de la UP y las tendencias revolucionarias en el proceso de reagrupación de fuerzas, sin considerar el carácter catalizador del diálogo con el PDC.
Los acontecimientos que finalizaron con el tanquetazo (29 de junio) dieron un nuevo vigor al diálogo que la dirigencia de la UP buscaba con el PDC. El 29 de junio se produce una asonada encabezada por el grupo de ultra derecha, Patria y Libertad y parte de la oficialidad del Regimiento Blindado N°2.
El intento de golpe se basaba en que la acción del regimiento polarizaría un ataque a La Moneda y crearía las condiciones para la capitulación del gobierno de la UP. Los cálculos de los golpistas se vinieron al suelo cuando las tropas leales, especialmente el Buin, al mando de los generales Prats y Pickering convergieron sobre el centro de Santiago y rodearon a los rebeldes.
La aventura fascista terminó con los cabecillas en las embajadas y la prisión de oficiales y tropa del Regimiento sublevado.
La situación invocaba a acuerdos que los sectores del freísmo de la democracia cristiana eran reacios a considerar. Sin embargo, la realidad de clase del PDC llevaba a pensar en un aliado en avances importantes propuestos por la UP. De hecho el programa presidencial de Radomiro Tomic en las elecciones de 1970 era muy similar al de Allende. ¿Cómo entonces realizar esa alianza en los sitios de trabajo, fábricas, predios y yacimientos mineros? Suponer acuerdos entre la directiva del PDC y la directiva de la UP era ilusorio pues ni siquiera la UP había logrado superar el sectarismo en su frente interno.
Para el oficialismo y, particularmente el PC, la alternativa de poder popular pasaba por la política de “ganarse las clases medias”. Eso significaba la formación de un frente pluriclasista. Lo que implicaba un acuerdo entre partidos, excluida (por supuesto) la Derecha y grupos disidentes de derecha del Partido Radical. Sin embargo, la política de acuerdos parecía agotada pues cada avance en el programa o mera proposición de reformas desde la base, llevaba a una crisis correlativa de las organizaciones partidarias. De esta manera, el frente pluriclasista con amplia participación de los sectores izquierdizantes de la democracia cristiana, carecía de destino.
*La paralización del transporte*
La crisis planteada por la paralización del transporte (octubre 1972) y del comercio impulsa a la izquierda revolucionaria a plantear en el seno de los Cordones Industriales, y de las organizaciones de pobladores, las llamadas tareas de la clase, básicamente dirigidas a echar las bases de la organización territorial del poder popular. A partir de esa organización debía establecerse el transporte y la locomoción colectiva, la distribución de alimentos y otros productos de consumo. Además, debía exigirse la inmediata requisición e intervención de las industrias paralizadas, y organizar al interior de las industrias las Brigadas de Vigilancia y Comités de Defensa.
En el terreno económico, la Derecha y el empresariado, desencadenan la crisis económica. Esta situación obliga al gobierno de la Unidad Popular a tomar el control de la economía y montar una estrategia de emergencia que impida la virtual liquidación de las divisas y una devaluación catastrófica de la moneda. El crédito público debía restablecerse; los contratistas se encontraban impagos desde hacía tres meses y el país afrontaba una seria paralización de las obras públicas.
A medida que se avanza en las soluciones económicas de emergencia, la dirección superior de la UP cae en cuenta que el manejo de la economía, conduce a medida que se profundiza el proceso de transición, a un necesario ensanchamiento de la base programática de 1970.
*Las propuestas del freísmo*
En esos días el Cardenal Silva Henríquez plantea la necesidad de iniciar un proceso de acercamiento entre el PDC y la UP que abriría perspectivas para un entendimiento entre las dos fuerzas políticas mayoritarias del país.
Patricio Aylwin concurre a la casa del Cardenal con 4 puntos centrales que el freísmo considera como base para el diálogo con el gobierno a saber, el desarme de los grupos armados; la promulgación de la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía; la afirmación de la autoridad del poder judicial y garantía por parte del gobierno del cumplimiento del estatuto de garantías constitucionales.
El primer punto significaba la aplicación de la Ley de Control de Armas y Explosivos. Eso no habría sido conflictivo si no hubiese sido por las circunstancias muy especiales que vivía el país. La Derecha practicaba el terrorismo como principal arma para sostener el paro patronal; importantes sectores de la oficialidad del Ejército, la Aviación y la Armada junto a los grupos terroristas de Derecha coincidían en crear un clima de rumores e inestabilidad. El desabastecimiento era una de las principales armas que sometían a la población a crueles rutinas de abastecimiento y acaparamiento; frente a estos ataques los partidos de la UP y las tendencias de la izquierda revolucionaria activaban las bases en la movilización y defensa del gobierno; la situación de franca conspiración, tanto en el ejército como en la armada, llevó a la prisión a casi un centenar de marineros que denunciaron la actividad conspirativa de los oficiales en buques de la armada.
Todos estos puntos configuraban en los hechos una situación de guerra latente pues correspondía al Ejército el papel central en la aplicación de la Ley de control de armas lo que significaba entregar en manos de los oficiales conspiradores y la Derecha golpista la cobertura jurídica e institucional para desarmar a quienes sostenían las políticas del gobierno.
Ese era el meollo del problema, cualquier gestión encaminada para posibilitar el desarme sobre la base del cumplimiento de la Ley de Control de Armas estaba condenada al fracaso.
La democracia cristiana, al exigir la aplicación de la ley hacía abstracción de los hechos. La presencia de grupos fascistas en su seno y su vinculación comprobada con los conspiradores colocaba a quienes llevaban las conversaciones en muy mal pie para llegar a algún acuerdo. A los ojos de la izquierda las tratativas de la DC no pasaban de ser un esfuerzo hipócrita para ganar tiempo y permitir que los conspiradores perfeccionaran el golpe.
La promulgación de la ley sobre las tres áreas de la economía, el restablecimiento de la autoridad del poder judicial y el cumplimiento del acta de garantías constitucionales, traían al tapete la contradicción entre la lógica institucional y el desarrollo de las fuerzas sociales en que se desarrollaba el proyecto político de la UP.
El proyecto democristiano definía las áreas privada, mixta y social, limitando esta última y proponiendo una gestión de la economía, basada en una suerte de capitalismo de estado. El restablecimiento de la autoridad judicial era parte del punto más general relativo al cumplimiento del estatuto de garantías constitucionales. Para fundamentar la violación a las garantías constitucionales, mañosamente se incluía en esas violaciones todos los avances de los trabajadores, a saber, la aceleración del proceso de la reforma agraria, la injerencia de los trabajadores en la gestión de la economía, el proceso de indemnizaciones a los capitalistas privados… Era evidente que un diálogo basado en la transacción de esos avances conducía a la paralización de las conversaciones. Frei de la mano de Aylwin planteaba condiciones que significaban un retroceso.
(129) En el fondo, la decisión sobre cada uno de esos puntos significaba inclinar la balanza de las decisiones, ya sea hacia el funcionamiento institucional, o bien hacia el plano del desarrollo de las fuerzas sociales. Mantener la línea institucional, en pleno desarrollo de las fuerzas sociales agudizaba las contradicciones en el seno de la UP. Al aplicarse la regulación de la reforma agraria, eran innumerables los casos en que los propietarios agrícolas afectados presentaban medidas precautorias ante los tribunales ordinarios cuando aún no se habían constituido los tribunales agrarios.
Los decretos de intervención de las industrias llevaban a situaciones en que el patrón acusaba a un grupo de trabajadores de ocupación de la industria. De esa manera se transformaba un proceso de avance social presidido por el Estado en un hecho policial en el que los trabajadores eran los delincuentes. Procedimiento habitual de la clase patronal que operaba en complicidad con los tribunales de justicia.
(Un caso dramático de la época es el de 20 obreros de la firma Wagner-Stein y Cía., que acusados de haber incendiado la industria el 30 de julio de 1967 permanecieron casi tres años en prisión por meras presunciones. Manuel Cabieses, director de Punto Final escribía, “el proceso se ha alargado artificialmente para retener a los obreros en la cárcel. No se formula acusación para impedir que se defiendan y obtengan así la libertad bajo fianza. El ministro sumariante se ha empeñado en obligarlos a declararse culpables y los ha maltratado en los interrogatorios”. Cfr. Punto Final n° 73. Enero de 1969).
Las propuestas de la democracia cristiana llevaban a una virtual capitis diminutio del Presidente Allende; convencimiento que se veía reforzado a medida que avanzaban las conversaciones. Entre otras cosas, se le solicitaba que solicitara la renuncia al subsecretario de Transportes, el socialista Jaime Faivovich y que introdujera cambios fundamentales en los mandos medios de la Administración Pública. Esos cambios debían contar con la anuencia de la democracia cristiana. Sin embargo, la proposición más inaceptable era la de nombrar un gabinete con participación de militares.
Para la DC, los militares eran la garantía que los derechos constitucionales serían respetados y que terminaría con ello la acción de los grupos armados (léase grupos armados de izquierda). Constituir a los militares como garantes del cumplimiento de la Constitución, como lo pedía la DC resultaba ingenuo. Ya por esa época los militares avanzaban a pasos agigantados en la preparación del golpe.
Esta situación no se escapaba a los sectores democráticos del PDC. El senador Renán Fuentealba, expresaba en una entrevista a Chile Hoy, los peligros de un “golpe blanco” o copamiento incruento de los niveles políticos y administrativos del gobierno por la oficialidad involucrada en la conspiración.
En muchas provincias del país el golpe blanco ya se había dado tres meses antes del golpe militar. La autoridad civil de la UP había sido sobrepasada, los comandantes de los regimientos, tomando como pretexto la aplicación de la Ley de Control de Armas, daban órdenes de allanamiento y patrullajes diurnos y nocturnos.
Estas acciones, en el mes anterior al golpe, se coordinaron con el comando multigremial del cono sur. La eficacia de estas operaciones conjuntas llegó a tal extremo que en las ciudades de Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, el ejército protegía las manifestaciones públicas de los grupos Rolando Matus y Patria y Libertad, alentaba la toma de edificios públicos y protegía a las mujeres de los oficiales en acciones de provocación a las autoridades provinciales.
*A meses del golpe*
Este era el clima político que rodeaba el diálogo. Su prosecución conducía a un compás de espera y necesariamente a la desmovilización de las masas y a la virtual neutralización del naciente Poder Popular.
El apoyo de la dirigencia oficial de la UP a los Cordones y organizaciones de pobladores, que se había escatimado durante más de un año, llegaba tardíamente. Resultaba difícil recuperar el tiempo que se había perdido en la época en que la Derecha se encontraba desarmada y desarticulada. Ahora esa misma Derecha dirigía la conspiración y la traición en el seno de las FF.AA.
Era notorio en esos días las limitaciones de la política basada en la estrategia de mantenerse dentro del juego institucional y el diálogo, y aquella otra que impulsaba el desarrollo de las fuerzas sociales revolucionarios. Los gremios del comercio controlan los medios de intermediación de los productos rurales y su distribución en la ciudad; escasean los productos de primera necesidad, durante el segundo semestre de 1972 el mercado negro impone sus términos creándose una economía paralela en la que se elimina la posibilidad de crear un mercado de consumo popular masivo.
Como resultado del aumento de presión en la huelga de los transportistas, el comercio y los colegios profesionales, el Presidente Allende resolvió aceptar la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército y Ministro de Defensa, General Carlos Prats, y formar en menos de quince días dos gabinetes con participación de tres representantes de las FF.AA y uno del Cuerpo de Carabines. Asimismo debió aceptar la renuncia del Subsecretario de Transporte, Faivovich, cuya cabeza había sido pedida por los gremios patronales del transporte y el comercio. Conjuntamente con esa renuncia se acoge la del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General de Aviación César Ruiz Danyau, ministro de Obras Públicas, lo cual provoca la segunda crisis del gabinete. Ruiz es relevado de su cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea por el General Gustavo Leigh y en reemplazo del ministerio de Obras Públicas se incorpora al General de Aviación Humberto Magliochetti. En la ceremonia de juramento del nuevo gabinete, Allende alude a los actos de terrorismo y a los ataques de que era objeto, tendientes según dijo, “a separar al gobierno de las FF.AA” Agrega, “necesitamos un gobierno afianzado en la fuerza moral y en la decisión de hacer respetar la Constitución y la ley que fortalece las funciones del Estado…” “¿Qué mejor un gabinete en el que están representadas las FF.AA, la Administración y los trabajadores?”
Para no dejar dudas acerca de las intenciones que alentaba, el Partido Nacional cumplió con subrayar que la salida política institucional de Allende mantenía vigente el problema de la izquierda revolucionaria y de paso alertaba de la maniobra a los militares, aclarándoles la naturaleza de la solución política.
“En abierta oposición a la opinión mayoritaria del país y sin explicación alguna, el Sr. Allende integró su Ministerio con 13 elementos marxistas y 4 miembros de las Fuerzas Armadas.
No se trata de un Gabinete técnico ni de administración. Es, por el contrario, un Gabinete político que mantiene los objetivos marxistas de los anteriores, y cuya tarea específica es reprimir la creciente rebeldía de los chilenos contra el establecimiento de la dictadura marxista.
Aún cuando los ministros militares integran el Gabinete a título personal, sin representar a los institutos a que pertenecen, es claro el propósito que persigue esta maniobra.
Además de pretender destruir a los transportistas y otras fuerzas sindicales y gremiales, la presencia de militares en el Gabinete sirve al marxismo para promover la división y desintegración de las FF.AA.
La táctica empleada para destruirlos consiste en desprestigiar a las FF.AA desde arriba, por el fracaso de Ministros enfrentados a tareas irrealizables, represivas o ilegales; y socavarlos, desde abajo, mediante la infiltración y la indisciplina. Es la implacable ‘operación tenaza’ de los comunistas”
El Comité Ejecutivo de la Unidad Popular contraatacaba, subrayando los intereses ocultos del Partido Nacional y el origen de la resistencia patronal.
“son los actores más reaccionarios los que han estado empeñados en quebrantar la disciplina institucional de los cuerpos armados, en fomentar resistencias civiles y militares a medidas adoptadas por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales. Lo han hecho en combinación con el paro ‘gremial’ de hoy, con el propósito permanente que los anima, el de echar abajo el gobierno por cualquier medio. Lo hicieron ayer tratando de utilizar con estos fines el cambio de mando en la Fuerza Aérea.
El argumento de fondo de la UP podía expresarse como la necesidad de integrar las FF.AA a la gran fuerza popular en gestación. Ese era el argumento que tenía significado, no sólo entre los políticos de la UP sino también en los sectores sinceramente democráticos del PDC. En noviembre de 1973, Radomiro Tomic en una carta al diario El Mercurio, contestando acusaciones a supuestas actividades suyas para socavar la acción de la dictadura, a través de un entendimiento con sectores marxistas, expresaba que su punto de vista consistía en la integración de las FF.AA a un gran movimiento popular en marcha. La opinión de Tomic era consecuente con la posición mantenida por el sector democrático y minoritario del PDC.
El llamado de la UP se hacía en vista de las circunstancias extraordinariamente graves que vivía el país. Además se expresaba que en otras circunstancias el Presidente de la República había recurrido a la colaboración de las FF.AA.
“Varios presidentes de la República han requerido en circunstancias determinadas a la colaboración de las Fuerzas Armadas en su Gabinete. Nadie puede discutir que la paralización del transporte terrestre en octubre del año pasado y ahora, más los actos de terrorismo, los asesinatos y la pretensión del Partido Nacional de declarar ilegítimo al Gobierno, los propósitos confesos de los grupos fascistas como Patria y Libertad y de caracterizados personeros de la Derecha, en orden a derribar el Gobierno, causan graves daños a la economía nacional, conducen al país a la indefensión y al borde de la guerra civil…”
Siendo teóricamente impecable la argumentación de la Unidad Popular y ajustada a la tradición histórica, incurría en un grave desconocimiento de la actividad conspirativa y erraba lamentablemente en el medio empleado para detener la crisis constitucional.
En circunstancias equivalentes aunque de menor gravedad y diferente significación por los intereses de clase en juego, la democracia cristiana, cuando era gobierno, había aplicado una solución diametralmente diferente. Los mismos sectores golpistas del Partido Nacional que hoy querían derrocar a Allende, pretendían hacer lo mismo con Frei. Fomentando la insurrección en la Armada, aplaudían desde afuera las reuniones conspirativas. Su identificación era tal con los propósitos golpistas que una declaración del Partido Nacional que se hacía circular en esos días, casi reproducía el panfleto de los sediciosos repartido entre la oficialidad de la Armada (1967). El ministro del Interior de esa época, Bernardo Leighton, actuó rápidamente, consultando primeramente a la directiva del Partido Nacional sobre la autenticidad de su propio comunicado para ordenar enseguida su detención posterior cuando fue confirmada y ya no cabía dudas acerca del origen de la declaración. El efecto fue instantáneo. Pese a que los políticos fueron absueltos por la justicia, el movimiento conspirativo de la Armada fue neutralizado.
La solución de 1967, de desenmascarar a los sediciosos, habría significado en 1973, la movilización efectiva de las masas de trabajadores. Sin embargo, la conspiración se había extendido de tal manera que una medida policial de encarcelamiento de los cabecillas no habría bastado para detener la conspiración. En 1973, la alternativa era clara, o se iba a la capitulación total del Presidente de la República o éste apoyado en las masas de trabajadores llamaba a plebiscito para resolver la situación.
Reiteradas declaraciones de Allende reafirmaban su voluntad de mantenerse en el marco de las instituciones. Las medidas de seguridad que adoptaba a medida que se desarrollaban los acontecimientos, reiteraban la voluntad, de ejercer su autoridad dentro de las facultades que le otorgaban la Constitución y las leyes. Profundizando aún más esa tesis, Allende expresaba que su poder emanaba del contenido que daba a su mandato constitucional el apoyo de los trabajadores. Hacía constar que su autoridad moral emanaba de su pasado personal de cuarenta años de actividad como político probadamente democrático y popular.
Allende desechaba la alternativa impuesta por el avance de la conspiración, esto es la defensa armada del proceso. El camino escogido por Allende daba un respiro institucional al problema, aún cuando no mostraba una perspectiva de lucha a las masas, frente a la sedición apoyada por un sector mayoritario dentro del Alto Mando de las FF.AA.
Esta decisión de Allende no era compartida por las tendencias revolucionarias, las que permanentemente se habían mantenido vigilantes alertando en contra del peligro de una desmovilización de masas.
*Postulación de la Izquierda Revolucionaria*
Para la tendencia revolucionaria estaba claro que no era la transacción con los conspiradores la salida. Cuando el gobierno negocia con los empresarios y acepta la renuncia del subsecretario de transportes, Jaime Faivovich, cede a las exigencias patronales y da fuerza a la sedición. Faivovich entendía como tarea principal la de restablecer el transporte y la actividad del comercio, para ello intentó la requisición de los camiones con grupos de trabajadores.
La postura de Faivovich era compartida por el sector altamiranista del Partido Socialista, que en esos días hace aprobar en el Comité Central una declaración en que denuncia la maniobra derechista y otorga su apoyo a Faivovich. El comunicado era más que una crítica al presidente Allende que buscaba en la transacción con los empresarios un respiro a la situación.
“El paro de un sector de los transportistas aparece como pieza clave en la escalada final de la contrarrevolución, y es por ello que el fascismo se obstina en prolongarla indefinidamente con uno u otro pretexto y con los más diversos y brutales métodos.
Las ridículas pretensiones ‘gremialistas’ se derrumban estrepitosamente ante los centenares de atentados terroristas, el ultimátum del Partido Nacional, de Patria y Libertad y de algunos parlamentarios del PDC, todo aquello que implica acelerar el camino derechista hacia la guerra civil.
Los dirigentes fascistas exigieron la salida del camarada Jaime Faivovich como Subsecretario de Transportes precisamente por la forma eficiente, enérgica y valerosa empleada en la defensa de la posición del Gobierno, lo que le valía el más amplio respaldo de los trabajadores para no dejar dudas sobre su actuación y en un gesto que le enaltece, el camarada Faivovich presentó su renuncia al compañero Salvador Allende. El Partido Socialista lamenta que se hubiera aceptado su renuncia”.
La declaración del PS en relación a la renuncia de Faivovich, no era una mera discrepancia puntual con Allende. Ya antes el PS por boca de su Secretario General, senador Carlos Altamirano, había descalificado la estrategia política de los dos niveles tácticos. El grupo altamiranista dejaba en claro que los trabajadores habían avanzado en la afirmación de su poder de clase más que cualquier declaración de las direcciones políticas que quisiera reconocer ese hecho. De allí que era necesario, según esa tendencia socialista, convertir las tareas de gobierno en tareas de las masas.
El mismo enfoque sobre los hechos se encontraba en el MAPU y en la Izquierda Cristiana. Este último partido denunciaba el desconcierto que el gabinete Militar había producido en las masas y la necesidad de persistir en los objetivos revolucionarios. Había que evitar a cualquier costo la separación del gobierno de las masas.
Todas estas fuerzas coincidían en que era necesario fortalecer los Comandos Comunales de Trabajadores y reconocerlos como instancias de Poder Local.
El MIR denunciaba también el carácter de clase del paro y señalaba cuales eran las medidas concretas o tareas de la clase trabajadora que era necesario poner en marcha inmediatamente.
El MIR caracterizaba el proceso como un estado semi-insurreccional de la clase patronal, en donde no bastaban las medidas tomadas por el Poder Judicial, el aparato burocrático del Estado o las Fuerzas Armadas, pues además de estar profundamente minados por los conspiradores, esa vía significaba la virtual desmovilización de los trabajadores, relegándolos a jugar un papel secundario en la lucha social.
En una declaración del Secretariado Nacional del 18 de agosto de 1973, se expresaba: “la paralización económica y el terrorismo criminal provocados por el paro de los empresarios del transporte constituyen un alzamiento semi-insurreccional de una fracción patronal que ya ha obtenido el respaldo y la solidaridad del resto de la clase explotadora para esta ofensiva reaccionaria conjunta, cuyos objetivos políticos se hacen día a día agresivos y desafiantes”.
Tampoco, según el MIR, podía esperarse mucho del diálogo con el PDC, y del respeto al orden burgués y patronal, pues esto asegura la propiedad privada de los dueños del transporte. Cualquier entendimiento con ellos, ya fuera en términos directos con los empresarios o a través del PDC conducía a limitar el poder del gobierno a acciones necesariamente transitorias o localizadas.
Sobre la participación de las FF.AA en el gabinete como salida planteada por Allende, había que dilucidar qué intereses de fondo defendía la institución de las FF.AA. Estas “como institución defienden el carácter privado del transporte”. Tampoco era posible engañarse acerca del método que empleaban los golpistas, “muchos de sus oficiales aspiran a lograr el copamiento militar del gobierno, como condición previa para la normalización del transporte”.
Según el MIR, las FF.AA eran parte de la situación semi-insurreccional planteada por la multigremial patronal. Si el gobierno mantenía la línea de transacción con la clase patronal era necesario prever que el gobierno debía aceptar la totalidad de sus exigencias y el control militar de los acuerdos. Por tanto, el inaugurado gabinete militar era un gabinete de “capitulación” pues además de ser una falsa idea que el gobierno estaba defendido por las FF.AA, la clase obrera debía contentarse con jugar un papel político secundario y subordinado.
¿Cuál era entonces la alternativa de poder concreto para la clase trabajadora?
El MIR expresaba que era necesario terminar con la propiedad privada del transporte, expropiando definitivamente las máquinas paralizadas. Seguidamente era necesario abrir paso a un nuevo orden que permita al pueblo mismo requisar y poner en marcha el transporte. Eso significaba concretamente dar garantías a los trabajadores que no serían detenidos ni procesados por la justicia en el proceso de requisición de camiones y buses parados.
El MIR y el sector altamiranista del PS coincidían dramáticamente en las medidas que era necesario tomar urgentemente y el carácter semi-insurreccional de la crisis. De posponerse una solución y continuar en la política en dos niveles, se iría a un virtual encajonamiento del gobierno y al total control de las fuerzas armadas.
En cuanto al diálogo con el PDC este no podía sino prosperar como un acuerdo superestructural, pues la realidad de los acontecimientos hacía imposible oponer a la fuerza patronal, otra fuerza social que no fuera la de los trabajadores. La operación concreta de organizar la fuerza de los trabajadores implicaba darles garantías a éstos que no serían reprimidos por el orden legal, condición inaceptable para el PDC.
Mientras tanto la actividad conspirativa involucra altos oficiales de las FF.AA que ligados a los órganos de la inteligencia militar estadounidense y brasileña montan el golpe definitivo en contra del gobierno.
Un mes antes del golpe, el MIR, por cadena nacional de radios, denuncia las actividades de los sectores golpistas.
La denuncia se refería a las actividades de un miembro de la Embajada de Estados Unidos, en el puerto de Arica, a bordo de un crucero de la Armada, el día 20 de mayo a la 1 a.m. Ese día el enviado de la embajada se reunió con el Alto Mando Naval y varios oficiales de alta graduación de la Primera División del Ejército. Más tarde, en los meses de junio y julio en cada barco de la escuadra se embarcaría un oficial de la inteligencia naval norteamericana. Ninguna de estas denuncias fueron desmentidas por la Armada.
Los gremios patronales del transporte y del comercio, alineados con el complot cuentan con un efectivo aporte en dólares. Pese a la tradicional hambre de dólares del mercado local, la cotización de la moneda en el mercado negro baja durante el mes de octubre (1972), ¡de 1200 escudos a 800 escudos por dólar! ¡Tal es la cantidad de dólares que los transportistas liquidan en el mercado! El mismo fenómeno de baja se repite en el curso del mes de agosto de 1973. Esta situación permite mantener ambas huelgas generales del transporte y el comercio en los años 1972 y 1973.
La segunda huelga general en agosto y septiembre de 1973, desemboca coordinadamente con la acción conspirativa de los altos jefes de las fuerzas armadas que termina con el golpe del 11 de septiembre.
A comienzos de agosto de ese año el Secretario Nacional del MIR, denuncia la actividad conspirativa de la oficialidad y emite un dramático comunicado sobre los hechos.
“En los últimos días, la acción de la oficialidad reaccionaria colmó el vaso. Los jefes de las tres ramas de las FF.AA, en Punta Arenas primero, declararon que los Cordones Industriales son ilegales, y luego con un dispositivo militar pasivo, con participación de helicópteros, aviones y tanques, como un ejército de ocupación en país extranjero, allanaron varias fábricas, injuriaron y golpearon a centenares de trabajadores, hirieron con bayoneta a un obrero y finalmente ametrallaron al obrero Manuel Gómez Bustos de 27 años, que perdió la vida al caer asesinado bajo la Ley de Control de Armas.
El freísmo en su táctica chantajista exige el copamiento militar del gobierno y la aplicación de la Ley de Control de Armas, pues según la Democracia Cristiana sólo las FF.AA., son “garantía”. ¿Garantía de qué? ¿Es garantía el General Manuel Torres de la Cruz, que allana fábricas buscando armas, pero que rompiendo todas las normas de la propia Ley de Control de Armas, permite que las esposas de los oficiales hagan instrucciones de tiro? ¿Es garantía la Inteligencia Naval, cuyo jefe en Talcahuano, Capitán de Fragata, René Gajardo Alarcón, mantiene reuniones periódicas con Patria y Libertad? ¿De qué es garantía el Coronel Cristián Aeckernecht que participa en reuniones con el diputado del Partido Nacional, Patricio Mekis, y con el Frente Nacionalista Patria y Libertad, donde se habla de futuras acciones terroristas en Rancagua? ¿Garantía de qué tipo ofrece el Coronel Luciano Díaz Median, Jefe de Estado Mayor del Cuartel de la IIIa División del Ejército en Concepción, quien por instrucción del General Washington Carrasco se reúne en las oficinas de la División con Patria y Libertad? Es garantía el Capitán de Carabineros, Germán Esquivel, que montó junto a otros oficiales reaccionarios, la siniestra provocación policial que trató de implicar a militantes del Frente de Trabajadores Revolucionarios, del Partido Socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el asesinato del Capitán Araya? ¿Garantía de qué, si no de defensa incondicional de los intereses de las clases patronales son actitudes como las del General Nicanor Díaz Estrada, que trata de esconder la clara y ya demostrada filiación de derecha de los asesinos del Comandante Araya?”
Los hechos demuestran que el golpe sorprendió a las fuerzas revolucionarias en la discusión de la estrategia a seguir. El enemigo en cambio estaba institucionalmente organizado y con un plan operativo detallado seis meses antes del golpe. El general Arellano Stark, Comandante de la Segunda División del Ejército reconoció en una entrevista de prensa (noviembre de 1973) que el General Pinochet había ordenado al Estado Mayor estudiar y concretar un plan operativo para la toma de Santiago, justo después de las elecciones de marzo. Esto es, cuando los golpistas vieron el apoyo popular que tenía el gobierno de Allende decidieron el derrocamiento del gobierno popular. Seis meses más tarde cuando el propio presidente Allende decide llamar a un plebiscito y se lo comunica a sus más abiertos colaboradores (9 de septiembre de 1973) y entre ellos a los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las FF.AA., estos deciden actuar y dos días más tarde precipitan el golpe militar.
En esas circunstancias cualquier oposición de las masas habría significado una verdadera masacre, costo que por lo demás la conspiración estaba dispuesta a cobrar. Por eso, las acciones de alguna importancia se desarrollan en el centro de Santiago, el día 11 y duran escasamente algunas horas.
*Conclusión*
Al margen de los hechos militares y del factor sorpresa que hicieron jugar los conspiradores, era notoria la falta de dirección de los trabajadores. Por una parte, se había agotado la primera inspiración del proyecto político de la UP que buscaba dar un contenido popular al funcionamiento de la institucionalidad burguesa. Por otra parte, estaba la incapacidad de la izquierda revolucionaria de dar un contenido orgánico a su proyecto de ejercicio del poder popular, a partir de las contradicciones de clase evidenciadas durante los tres años del gobierno de la UP.
El examen de los hechos políticos más sobresalientes de los tres años del período de la UP demuestra que la crisis política siempre se mantuvo latente, aflorando sistemáticamente con la ofensiva de la clase patronal.
Sin correspondencia entre las organizaciones populares y los programas propios de los poderes del Estado, a saber el Ejecutivo y el Parlamento, nace una dualidad constante entre la política oficial del gobierno del Presidente Allende y las acciones directas, emprendidas por sectores cada vez más amplios de trabajadores, en virtud del llamado “ejercicio del poder popular”. Es la realidad que se vive en los paros patronales de octubre de 1972 y agosto-septiembre de 1973.
De allí surge un choque permanente entre la institucionalidad burguesa y las iniciativas de los frentes de trabajadores y los Cordones Industriales. Esta dualidad permanente crea un vacío de poder, una autoridad sobrepasada y maniatada por la legalidad que le impide tomar medidas de emergencia para controlar la crisis.
Se vive un período en el que la afirmación rotunda por la legalidad que, ya se encontraba en crisis en la segunda etapa del gobierno de Frei Montalva, compromete la organización de los trabajadores que afirman sus reivindicaciones por otros medios que los institucionales. Lo que siembra la duda entre los dirigentes de los sectores más conscientes de los trabajadores, pero de ninguna manera logra introducir una cuña en el reformismo de las clases dirigentes.
Sin embargo, una fuerza revolucionaria no puede nacer sólo de un movimiento crítico al reformismo, nazca este último de los sectores políticos de derecha o de izquierda. Para afirmarse como una fuerza verdaderamente revolucionaria requiere de una práctica revolucionaria, dentro de las condiciones que la dictadura de las clases dominantes imponen hoy a Chile.
El golpe militar es parte de la ofensiva de la clase patronal y sería un grave error considerarlo independientemente de la realidad de clase. La conspiración parte de la clase patronal que ve la salida militar como la única alternativa de defensa que le queda frente al avance del movimiento popular. Cualquier discrepancia interna entre los conspiradores o predominio de un grupo sobre otro no puede llevar a ignorar el carácter fascista del golpe y sus consecuencias.
Hoy los trabajadores chilenos no pueden hacerse ilusiones respecto a las posibles vías hacia al socialismo. La experiencia les demostró que mientras la burguesía decía defender la democracia y las instituciones, se armaba para aniquilar trabajadores y tendía la mano al imperialismo para corromper conciencias y financiar el golpe. Esto demostró entonces la solidaridad internacional del imperialismo que no puede subestimarse. A su alero se cobijan otras fuerzas más oscuras, que la práctica de esos días, revela en toda su magnitud. Es el caso del grupo armado que se entroniza en el poder en Chile y convierte el país en un campamento. La experiencia de la Unidad Popular echa por tierra la mitología política en que creyeron los políticos de la izquierda chilena. El primer mito que cae es la prescindencia política de los militares chilenos. Ese mito cae dramática y sangrientamente con la experiencia del golpe. Se encontraba tan arraigado que aun los políticos socialistas lo repetían incesantemente como en una jaculatoria política. Otro mito que cae es la independencia política de los tribunales de justicia.
Sorprendentemente, la clase política que poco o nada participó en la lucha contra la dictadura, lideró un proyecto que desde la ley del mercado revirtió los principios fundamentales del proyecto de Salvador Allende, de la recuperación de nuestras riquezas básicas, de los bienes públicos y de la solidaridad social.
Con el golpe y la muerte heroica del presidente Allende, quien ofreció su vida al proyecto político que había propuesto al Pueblo de Chile, termina un período de ascenso del movimiento de masas, al que sucedería el repliegue y la dura práctica de la clandestinidad revolucionaria.
Santiago, agosto 5, 2023
