por Franco Machiavelo
En Chile no falta agua. Fue sustraída mediante leyes, contratos y silencios. La escasez no es un fenómeno natural sino una decisión política cuidadosamente administrada. El país es una excepción mundial: el agua no es un bien público, es propiedad privada. No se protege la vida, se protege la rentabilidad.
El poder no necesita violencia explícita para operar. Le basta con transformar un derecho esencial en mercancía y luego presentar sus consecuencias como inevitables. Cuando el agua desaparece de los ríos y de los hogares, el discurso oficial habla de sequía, mientras omite que grandes actores económicos concentran derechos de agua a perpetuidad, incluso sin utilizarlos. El lenguaje no describe la realidad, la encubre.
Este sistema invierte la lógica básica de la sociedad. Las comunidades deben justificar su derecho a beber, mientras las empresas no deben justificar por qué acaparan. El despojo se normaliza porque está escrito en la ley, y al estar en la ley deja de percibirse como crimen. Así funciona la dominación moderna: no prohíbe, administra; no roba a la fuerza, legaliza el robo.
La privatización del agua no solo produce escasez material, produce obediencia. Territorios secos, poblaciones dependientes, ciudadanos agotados. Cuando la supervivencia diaria se vuelve incierta, la capacidad de cuestionar el orden se debilita. El saqueo no es solo económico, es político y social.
No estamos frente a una crisis hídrica, sino frente a una crisis de poder. El agua no se perdió, fue capturada por un modelo que subordina la vida a la ganancia. Mientras ese orden no se cuestione, la injusticia seguirá fluyendo con absoluta normalidad, invisible, legal y profundamente violenta.
