Para las organizaciones ciudadanas el real objetivo del proyecto de ley impulsado por la «bancada salmonera», que se tramita en el Senado, es ser una ley mordaza de represión a la resistencia socioambiental.
Santiago de Chile, 10 de abril, 2025 (Ecoceanos News).- Como parte de la estrategia de criminalización y silenciamiento de las y los defensores de la naturaleza y comunidades de pueblos originarios, las asociaciones empresariales a través de la bancada parlamentaria vinculada a la megaindustria salmonera exportadora se encuentran impulsando el proyecto de ley (Boletín 15643-06) para modificar las leyes N° 20.500 sobre organizaciones sociales y la N° 20.730 sobre gestores de intereses, cuyo objetivo es el endurecer el control estatal sobre las organizaciones defensoras del medioambiente sin fines de lucro. Para ello el proyecto de ley condiciona la vigencia legal de estas organizaciones ciudadanas a la obligación de tener que renovarse anualmente.
Los autores de este proyecto de ley que se basaría en las necesidades de “mayor transparencia y probidad (sic)” y de “mejor regulación en las relaciones entre entidades privadas y públicas”, son los diputados Miguel Ángel Calisto (ex PDC, actual Demócratas), Erika Olivera (ex RN, actual Demócratas), Jorge Saffirio (ex PDC, actual Demócratas), Joanna Pérez (ex PDC, actual Demócratas), y Leonardo Soto (Partido Socialista).
Los gerentes y abogados de las megaempresas salmoneras AquaChile, perteneciente al holding AgroSúper de propiedad de la familia Vial, y Blumar S.A., propiedad de la familia Sarquis, han respaldado públicamente este proyecto de ley encabezado por Miguel Ángel Calisto, diputado por la región salmonera de Los Lagos.
Rodrigo Sarquis, presidente de Blumar S.A., fue un activo participante en la elaboración de la corrupta “Ley Longueira” de privatización de las pesquerías chilenas (2013), a través del financiamiento ilegal de parlamentarios y políticos mediante la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío Bío (Asipes). Además, fue denunciado el 2024 como uno de los organizadores de las reuniones de lobby secreto en la casa de su primo Pablo Zalaquett (UDI) entre dueños y gerentes de las empresas pesqueras, salmoneras, agrícolas, mineras y forestales con los actuales ministros de Economía y Medio Ambiente, vinculados a las nuevas leyes de pesca y acuicultura, proyectos de ley contra la denominada “permisología” estatal y reformas al sistema de evaluación de impactos ambiental y de la entrega de concesiones coteras.
En los últimos años Salmones Blumar ha sido sancionada por sobreproducciones ilegales de 8.447 toneladas de salmones en dos centros de cultivo en Magallanes y de 662 tons en dos centros de cultivo en la región de Aysén.
Ley mordaza de la “bancada salmonera” para amedrentar y silenciar a quienes defienden a la Naturaleza
El diputado Miguel Ángel Calisto ha señalado que “se necesita saber qué hay detrás de estas organizaciones. Por ejemplo, el ánimo de afectar a Chile y destruir industrias como la salmonicultura (sic)”.
Para el parlamentario del partido Demócratas, el trabajo de las organizaciones defensoras del medio ambiente con las comunidades de pueblos originarios incentiva las solicitudes de Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs) contempladas en la legislación actual, lo que “paralizaría gran parte de la actividad salmonicultora”. Según Calisto, “esta y otras dudas razonables serán respondidas con la probable aprobación del proyecto de ley”.
En el proyecto de ley boletín 15.643-06 se establece que por medio del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Estado necesitaría saber “cuántas ONGs operan en Chile, quienes las financian y sus objetivos”, ya que de acuerdo con el diputado proindustria del salmón “muchas disfrazan con buenos discursos sus verdaderos propósitos negativos (sic)”.
Para las organizaciones ciudadanas esta justificación de los parlamentarios de la bancada salmonera es falaz, ya que el Estado de Chile siempre ha contado con dicha información, siendo su real objetivo el ser una ley mordaza de represión a la resistencia socioambiental.
Alerta y movilización ciudadana para poner en acción el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de la región Latinoamericana y del Caribe, y el único en su tipo en el mundo, al contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
A pesar de ser parte de la legislación y la normativa chilena desde el 2022, aún no ha podido ser implementada al no contar con un presupuesto que le permita asumir efectivamente las obligaciones que impone este acuerdo internacional a los servicios del Estado, especialmente en materias que aseguren la transparencia y participación de la ciudadanía.
El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho a los defensores y defensoras de la naturaleza a acceder a la información y a participar en la toma de decisiones ambientales. A su vez, obliga al Estado a proteger a quienes defienden los derechos humanos vinculados al medio ambiente, garantizando un entorno seguro para su labor. Por ello requiere que los Estados prevengan e investiguen los ataques contra los defensores ambientales.
La implementación de un protocolo específico en abril de 2024 ha evidenciado ser insuficiente ante la actual estrategia política-parlamentaria de los grandes intereses empresariales extractivistas-exportadores y compañías transnacionales para intentar amedrentar, criminalizar y silenciar a defensores y defensoras ambientales. Así lo demuestra el caso de la desaparición forzada desde noviembre del 2024 de Julia Chuñil Catricura (72 años), dirigenta mapuche de la comunidad Putreguel, comuna de Máfil, región de Los Ríos, y defensora del bosque nativo.
