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EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

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Héctor Vega*

La propuesta de los Movimientos Sociales a una Asamblea Constituyente es un llamado fundacional a recobrar la dignidad republicana en una nueva Carta Fundamental. La Constitución Política del Estado representa la voluntad soberana del Pueblo de Chile. El objetivo final de ese ejercicio democrático, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, será discutir el derecho a la educación, la salud, la vivienda, a una pensión justa, a la representación de todas las tendencias políticas y sectores sociales, a un empleo y remuneraciones dignas, a definir el papel del Estado en la economía, a recuperar nuestras riquezas básicas, a integrar nuestro territorio y descentralizar el poder, a redefinir el papel de las organizaciones locales, a reencontrarnos en un proceso político cuyas marchas multitudinarias que se inician el 18 de Octubre, recuerdan, en la historia republicana, la Dignidad de un Pueblo.

El llamado a una Asamblea Constituyente no puede confundirse con un simple ejercicio académico de juristas. Significa refundar la República sobre nuevas bases y donde el Pueblo, es decir, el Soberano, decidirá su propio destino. Los enriquecimientos ilícitos de los grupos económicos son parte del modelo que muy pocos osan enfrentar y que se encuentra consagrado en la Constitución de 1980.

Algunos niegan la importancia de pronunciarse por una Nueva Constitución, lo que no es sorprendente pues en 46 años de interdicción política hemos perdido la práctica y la conciencia de nuestros derechos republicanos. Aquellos, creen que la Nueva Constitución es un ejercicio inútil pues todo quedaría reducido a modificar las leyes sociales que hoy agobian a la ciudadanía. ¿Deberíamos entonces seguir rigiéndonos por la Constitución de la dictadura? Es decir la misma Constitución que ha permitido la práctica de un modelo neoliberal sin respeto alguno por la persona humana; texto consagratorio de trampas jurídicas destinadas a desconocer el ejercicio de la Soberanía del Pueblo; de su derecho a revocar el mandato de sus representantes y a plebiscitar en momentos trascendentales de la vida republicana su voluntad soberana. Bastaría, según estos pragmáticos de la cosa pública modificar las leyes de pensiones (DL 3500), sueldos de ministros y parlametarios (D. 249), salud (L. 18933), medicamentos (C.S. 466/1985), transportes y tarifas (L.. 20378), energía, agua…etcétera…

Reducir la política a un ejercicio de votaciones de la legislación vigente es desconocer el trasfondo de las desnacionalizaciones patrocinadas por la dictadura y la clase política que la sucedió y que se encuentran consagradas en la Constitución de 1980. Es así como se desnacionalizaron las empresas del Estado; se negociaron las concesiones de la infraestructura económica nacional con contratos lesivos al interés nacional; se entregó el cobre, el agua, la pesca, la energía, la salud, la educación, la previsión, etc.

Esta reducción de la política fue el precio que pagamos al recobrar la democracia, cuando fuerzas políticas que negociaron con la dictadura traicionaron el mandato que les había dado el Pueblo. Fue así como se firmó el Acuerdo para la Transición a la Plena Democracia, esto es, la reforma de la Constitución de 1980 refrendada en Agosto de 1989 con un Plebiscito que terminó por consagrar enclaves autoritarios determinantes del fracaso de la transición y la práctica de la democracia en tres décadas.

Entregamos nuestro destino a una clase política que negoció con la dictadura la continuidad del sistema bajo los ropajes de una seudo democracia. Hemos terminado dudando de nuestras propias capacidades para ejercer los más elementales derechos que franquea una democracia. El Transantiago, la crisis de la educación pública y los abusos de los sostenedores del sistema, el desempleo, sobre todo el de los jóvenes, las bajas remuneraciones, los abusos de las Isapres y del sistema de administración privada de los fondos de pensiones (AFP), las carencias del sistema de salud, el abandono de los niños vulnerables en el Sename, las prácticas antisindicales que permiten que el derecho a huelga sea neutralizado legalmente por los krumiros, los abusos en el trabajo de los temporeros, la violación sistemática de los derechos internacionales suscritos por el país (Acuerdos Internacionales 87, 98, 135, 151, etc.) constituyen el día a día de la ciudadanía.

Eso se acabó cuando los movimientos sociales salieron a la calle. Chile despertó y dichos movimientos han sido determinantes en el proceso de democratización que hoy se exige a las autoridades del viejo orden, coludidas con los grupos económicos, parte del sistema que debe cambiar.

La realidad de los procesos que hoy –en ausencia de las instituciones– se realizan en la calle, el simplismo de aquellos que propugnan la validez de la Constitución de 1980 modificada en 1989 y 2005, y la conciencia profunda de la ciudadanía de las consecuencias nefastas del régimen neoliberal nos obligan a definir los pasos necesarios hacia una transición democrática. Por ello concebimos dos planos de acción separadas, aún cuando determinantes en el proceso de democratización.

Dos planos de acción y una vigilancia permanente

En un plano, la promulgación de las leyes sociales reclamadas por la ciudadanía se lleva a cabo en el Congreso. Pese a que en los hechos los movimientos sociales han revocado su mandato, se espera que este Órgano del Estado, en crisis, promulgue a la brevedad el conjunto de leyes, que beneficiarán en alguna manera a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, con fondos provenientes de impuestos al 1% y 0,1% de los más altos ingresos que hoy detentan 33% y 20% del total de los ingresos respectivamente. En ese plano estimamos necesaria la vigilancia por parte de los movimientos que se ha expresado en Cabildos y en la Calle.

Esto es, por ahora, pues el proceso constituyente determinará las leyes sociales y económicas en un nuevo Estado de representación democrática que se nos ha negado en 47 años, de dictadura y frustrado tránsito a la democracia. La inspiración de ese proceso constituyente radica esencialmente en los movimientos sociales.

Sin embargo, sería un craso error, asumir que esta división de tareas ha sido aceptada por quienes en décadas se burlaron de la ciudadanía. Cada paso que dé este congreso deslegitimado debe ser vigilado en sus intenciones y consecuencias. Estemos vigilantes.

Hoy, en un proceso inédito en el mundo, la clase política, refugiada en instituciones desprestigiadas y obsoletas, debe rendirnos cuenta. Repito, no bajemos la guardia. En este momento histórico no hay tareas exclusivas. Por eso junto a impulsar las leyes sociales es necesario pensar en la base democrática de generación de la Asamblea Constituyente.

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