¿Puede la Contralora subrogante asegurar que en estas reuniones encubiertas no se discutieron aspectos claves sobre leyes tan estratégicas como las de pesca y de acuicultura, o la necesidad de modificar la legislación y normativa ambiental (“permisología”), que tanto incomoda a los inversionistas y grupos empresariales?
Por Juan Carlos Cárdenas, director Ejecutivo del Centro Ecoceanos
Columna de opinión publicada en La Voz de los que sobran
12 de febrero, 2024
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las nueve reuniones secretas realizadas por seis ministros del gobierno de Gabriel Boric con más de 30 representantes de grupos empresariales y presidentes de partidos políticos en el departamento del lobista Pablo Zalaquett (UDI), concluyendo que no existieron omisiones respecto de la Ley de Lobby.
Esta decisión perpetrada por el ente fiscalizador del Estado contradice las contundentes y aún no desmentidas evidencias presentadas por el periodismo de investigación. El dictamen del organismo dirigido por la Contralora subrogante Dorothy Pérez optó por respaldar la tesis de una de las involucradas en estas reuniones clandestinas, la ministra del interior Carolina Tohá, al señalar que “ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la ley del lobby (sic)”. Esta afirmación es a lo menos temeraria, ya que cinco de las y los ministros acusados de violar la Ley 20.730 habían optado con anterioridad del dictamen de Contraloría, por inscribir hasta con seis meses de retraso sus clandestinas conversaciones en la plataforma de la Ley de Lobby.
Los colegisladores empresariales en las sombras: Un poder fáctico que amenaza la democracia, el medio ambiente y los derechos ciudadanos
El texto de la Contraloría destaca que la Ley de Lobby apunta a hacer efectivos dos principios relevantes en nuestro ordenamiento jurídico: la probidad y la transparencia, y que el “objetivo de lo ordenado en los artículos 8° de la Constitución Política de la República y 52 y 62 (…) es impedir que en el examen, estudio o resolución de determinados asuntos, participen personas que tengan un conflicto de intereses en el ejercicio de una función pública, en razón de circunstancias objetivas que puedan restarle la imparcialidad con que deben desempeñarse, aun cuando ese conflicto sea potencial”.
El ente contralor descartó la existencia de irregularidades u omisiones en estas nueve reuniones a puertas cerradas, ya que “a la fecha no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5° de la Ley de Lobby”.
La ley de la “omertá” del progresismo proempresarial
La Contraloría General de la República no puede afirmar que en estas nueve reuniones efectuadas a espaldas de la opinión pública, no se haya violado el artículo 5° de la Ley del Lobby, y que no participaron “personas con conflicto de intereses en el “ejercicio de su función pública”, o que no se examinaron o negociaron aspectos destinadas a la “elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, la celebración, modificación o terminación de contratos, o bien, el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programa”?
¿Puede la Contralora subrogante asegurar que en estas reuniones encubiertas no se discutieron aspectos claves sobre leyes tan estratégicas como las de pesca y de acuicultura, o la necesidad de modificar la legislación y normativa ambiental (“permisología”), que tanto incomoda a los inversionistas y grupos empresariales?
Tanto la Contralora subrogante como la ciudadanía chilena desconocen los temas que conversaron y acordaron sotto voce los ministros en el departamento del lobista empresarial. Esto se debe a que ante las reiteradas exigencias ciudadanas para que los ministros transparentaran la información, éstos sólo entregaron explicaciones contradictorias y absurdas, cuando no falsas, unidas a amnesias temporales, optado finalmente por establecer un pacto de silencio (“omertá progresista”), para ocultar los acuerdos realizados con el empresariado nacional y transnacional, quienes actúan como un poder colegislador en las sombras.
Entre “los regulados del sistema” que asistieron a estas citas con los “reguladores estatales” estuvieron representantes de los grupos empresariales CMPC (Grupo Matte), Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), COPEC (Grupo Angelini), AquaChile (Grupo Vial), CAP, Colbún (Grupo Matte), Grupo Ariztía, Sofofa, SNA, Aguas Andina, Larraín Vial, Consejo del Salmón, ASIPES (Industriales Pesqueros del Bío Bío), Blumar, Multiexport /Mitsui /Cargill, SKY, Metlife, AFP Capital, AFP Provida, Frontal Trust, BCI Seguros, Sinergia, Cial Alimentos, ENTEL, Banco BCI, Banco Falabella, Ripley, ICARE, Mall Plaza, Clínico Indisa, Besalco, Exxacon Inmobiliaria, AT Agrícola, Consultora PWC, BTG Pactual.
Los primeros resultados de las reuniones del Not Lobby
A un mes de realizarse la última cena de Not Lobby aparecieron los primeros anuncios de parte de los ministros involucrados en los exclusivos convites de cheese & wine. Es así que el 19 de diciembre de 2023, la ministra de Medio Ambiente, María Heloísa Rojas; el ministro de Economía, Nicolás Grau (CS), junto a los subsecretarios para las Fuerzas Armadas, Galo Eldelstein (PC), y el de Pesca y Acuicultura, Julio Salas (CS), anunciaron con gran difusión de los medios empresariales un denominado “acuerdo voluntario” con las megaempresas salmoneras AquaChile -perteneciente al holding Agrosúper de propiedad de la familia Vial-, y la transnacional canadiense Cooke Aquaculture.
Este pacto, cuyas reuniones no se ingresaron a la plataforma de la ley del lobby, y cuyos términos son hasta la fecha imprecisos, confusos y de difícil acceso, permitirá la reubicación de nueve de las treinta concesiones salmoneras que operan irregularmente en el interior o en los alrededores de los parques nacionales Isla Magdalena y Laguna San Rafael, no siendo posible identificar la concesión que señala este acuerdo en el Parque Nacional Bernardo O´Higgins en la Patagonia chilena. De las 437 concesiones acuícola que están contraviniendo la ley en el interior de las áreas protegidas del Estado, no se dice una sola palabra.
Con este irregular “acuerdo voluntario”, el gobierno intenta entregar una “salida legal” a las irregulares concesiones de las megaempresas salmoneras que se encuentran en las áreas protegidas, asegurándoles además que en los casos que estos activos estuviesen hipotecados con la banca, estarían resguardados a todo evento de cualquier sanción estatal, al ser reubicados en otras áreas.
En el caso del AquaChile y Cooke Aquaculture, seis de sus nueve concesiones que se van a relocalizar incumplen la legislación acuícola chilena al tener procesos sancionatorios en curso aplicados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SEA), o presentan diversas causales para que sean caducadas por las autoridades.
Lo interesante de este caso es que para viabilizar este “acuerdo voluntario” los organismos estatales de las áreas de pesca y acuicultura, junto a la Superintendencia para las Fuerzas Armadas, emitieron una resolución autorizando la fusión de seis de las nueve concesiones salmoneras que violan la normativa acuícola, permitiendo que puedan ser posteriormente relocalizadas en áreas que se desconocen.
Estas operaciones de “blanqueo administrativo” de concesiones acuícolas entregadas gratuita y temporalmente por el Estado a los titulares de la industria salmonera exportadora -las cuales se encuentran hipotecadas en un 40%-, involucran favorecer millonarios activos corporativos, al estimarse que cada una de estas concesiones está valorada entre los 7 a 12 millones de dólares, según su superficie y ubicación.
Dos días después del acuerdo voluntario con operadores salmoneros, el presidente Gabriel Boric ingresó el 21 de diciembre del 2023 “una nueva y buena ley de pesca” para su tramitación en el Congreso. Como resultado de las presiones y el lobby de las patronales pesqueras y salmoneras, esta importante ley será negociada en forma separada de una ley específica para la acuicultura, es decir para los intereses del empresariado salmonicultor.
Lo anterior fue complementada el 10 de enero del 2024, cuando el presidente Boric presentó para la discusión parlamentaria dos proyectos de ley relacionados con la denominada “permisología” con el objetivo de incentivar las inversiones empresariales.
Para ello se contempla la creación de un “Sistema inteligente de permisos sectoriales” y otro de “Evaluación Ambiental 2.0”, cuyos objetivos son la reducción del número y el tiempo de tramitación de los permisos gubernamentales para acelerar la aprobación y ejecución de los proyectos de empresarios e inversionistas. A ello se une la reforma del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), mecanismo clave para fiscalizar y sancionar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental vigentes en Chile (ley 19.300).
El “capitalismo de amigotes” en una democracia tutelada y de baja intensidad
La decisión de la Contraloría de la República de exculpar a los ministros y ministras involucradas en el bizarro “caso Zalaquett” demuestra el accionar cómplice y acomodaticio de los organismos reguladores del Estado, quienes por “razones políticas” violan el espíritu de sus propias leyes, y debilitan la credibilidad pública en las instituciones, confirmando las sospechas ciudadanas y de los movimientos socioambientales, que la actual Ley de Lobby es tan sólo otra de las farsas de nuestra democracia tutelada y de baja intensidad.
El intento de normalizar el accionar ilegal de los ministros, así como su ocultamiento de información de interés público, constituye un engaño y una subvaloración de la inteligencia de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.
La guinda de la torta de este sistema de “capitalismo de amigotes” es el guiño realizado por la Contraloría al Ejecutivo, el cual ha sido correspondido, al haber solicitado el presidente Boric opiniones a los partidos de oposición sobre la Contralora subrogante Dorothy Pérez, gesto que ha sido interpretado como una señal que La Moneda estaría considerando ratificarla como titular del organismo fiscalizador.
Mientras los empresarios siguen cenado con políticos y funcionarios reguladores en exclusivos departamentos de lobistas, fuera de la mirada pública y con el aval de los organismos reguladores del Estado, los fantasmas de la corrupción y de la falta de probidad seguirán recorriendo los ministerios, parlamento, partidos políticos, empresas de lobby y bufetes de abogados, amenazando la vida, la democracia, el medio ambiente, los derechos y bienes comunes de millones de ciudadanas y ciudadanos chilenos.
Disculpe, pero a menudo se advierte que la democracia y sus valores están siendo amenazados. No me considero Humbertito pero….Si la democracia tutelada no es una democracia real, ¿Entónces a qué democracia amenaza el fantasma de la corrupción ?