Saúl Escobar Toledo, México.
¿Cuántas vidas humanas equivalen a un punto porcentual del producto interno bruto (PIB)?
Hasta ahora, la pandemia causada por el Covid-19 no ha encontrado otros remedios más eficaces que la reclusión domiciliaria y el distanciamiento social para detener los contagios y la pérdida de vidas. Se frenaron casi todas las actividades económicas en el planeta durante varios meses: tuvo lugar la Gran Disrupción 2020. Ahora, se está planteando la necesidad de reabrir algunas labores. Una decisión muy compleja pues persiste el riesgo de que se aceleren de nueva cuenta la propagación de la enfermedad. ¿Cómo tomar una decisión acertada ?
Algunos gobernantes, por ejemplo Donald Trump, ha sostenido “que no podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad”. Su consejero económico, Larry Kudlow señaló, en el mismo tono, que: “el daño económico causado por el distanciamiento social es simplemente demasiado grande. No podemos detener la economía y tendremos que encontrar los puntos de equilibrio (trade-offs) entre la protección de nuestros ciudadanos contra el virus y el regreso de las actividades del mercado bursátil a su nivel anterior”. Es decir, el Sr. Kudlow quiere averiguar cuantas personas equivalen a tantos puntos del índice Dow Jones de Wall Street.
Formularse así las cosas podría llevarnos, como ha escrito con sorna Michel Husson ( del Instituto sindical de investigaciones económicas y sociales de París), a la tentación de elaborar un modelo que nos lleve a un punto de “equilibrio” óptimo entre el número de contagiados y el volumen de las actividades económicas. Tal cosa sería desde luego absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético, pero también demostraría la absoluta incapacidad de la ciencia económica (y en general del conocimiento humano) y de la política para tratar de encontrar otra solución que ponga por delante la vida humana.
La pregunta debería entonces formularse de otra manera: ¿qué hacer para reducir al máximo la pérdida de vidas y al mismo tiempo echar a andar los mercados de la manera más segura posible?. Para encontrar una respuesta se requiere una acción decidida del estado; la convicción de que se necesitan cambios inmediatos; y la participación activa de la sociedad (sobre todo de las organizaciones sindicales).
En el caso de México, para proteger el empleo, conviene tratar de construir una agenda que pueda servir para el debate. Aquí unas notas, seguramente incompletas:
1.- Seguro de desempleo
Las empresas (de todos tamaños y sectores) están enfrentando serios problemas para mantener la plantilla laboral ante la caída de la demanda y la falta de insumos. Algunas podrán soportar varios meses, otras cerrarán definitivamente y habrá también las que tratarán de recortar una parte de su personal. Un seguro de desempleo serviría para evitar que las personas despedidas de estas empresas caigan en la pobreza y ayudaría también a estimular la demanda efectiva.
2.- Ingreso vital focalizado y temporal
El debate sobre una renta básica universal lleva ya varios años. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, se está hablando de un ingreso básico focalizado por tiempo definido.
Por ejemplo, en Brasil, se instrumentó un programa financiado enteramente con recursos públicos con un costo estimado de 18 600 millones de dólares para beneficiar a entre 15 y 25 millones de trabajadores (casi todos informales) que consiste en una ayuda de unos 120 dólares estadounidenses por tres meses que puede duplicarse a 240 dólares en caso de hombres o mujeres solteros con hijos. Un programa similar se está llevando a cabo en Argentina.
3.- Política salarial
El gobierno de la república decidió cambiar la política salarial desde un principio. Gracias a ello, el salario mínimo ha recuperado su valor en términos reales un 35% desde diciembre de 2018 y los contractuales un 4% acumulado en los dos últimos años. Mantener los aumentos reales en las percepciones de los asalariados será más sustentable si se avanzara en la implementación de un seguro de desempleo y un ingreso mínimo focalizado. El riesgo de que los patrones traten de buscar un equilibrio (otro trade off) entre el número de empleados y los aumentos salariales puede convertirse en una epidemia que contagie a muchas empresas.
4.- Reforma laboral 2019
La reforma que abrió la posibilidad de una mayor libertad e independencia sindicales para fortalecer la negociación entre obreros y patrones y hacer a un lado los contratos de protección está avanzando pero faltan algunas cuestiones muy importantes. Además, una vez puesto en operación el Tratado comercial, la vigilancia de Estados Unidos sobre México en materia laboral podría ser más severa, de acuerdo con las cláusulas pactadas. Para evitar conflictos con nuestros socios, el gobierno de México tendrá que llevar a cabo una actividad de inspección y conciliación más intensa; apresurar la puesta en práctica de la reforma (con los recursos presupuestales suficientes); y cuidar que no se lleven a cabo actos represivos contra los trabajadores inconformes, como en el caso de Susana Prieto, defensora de los obreros de la maquila en el norte del país.
5.- Subcontratación
Según el Censo Económico 2018, había un total de 4.5 millones de trabajadores “no dependientes de la razón social” en la que trabajaban. Podemos suponer que forman parte del universo de personas subcontratadas, un sector especialmente vulnerable a los despidos, la inexistencia de contratos colectivos y la protección de la seguridad social. Es probable que una buena parte de estos trabajadores hayan sido cesados y no figuren en las cifras del IMSS. Es indispensable que el Congreso regule de mejor manera la subcontratación.
Las reformas a la LFT también deberán atender el caso de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de plataformas digitales (como en el caso de las empresas Uber de transportación de pasajeros o Didi Eats para la repartición de alimentos) ya que no son reconocidos como asalariados al servicio de un patrón y carecen de todos los derechos laborales.
6.- Pensiones
De acuerdo con la OIT y muchos estudiosos del tema, el sistema privado de cuentas individuales sujetas al mercado de las AFORES ha representado un gran fracaso. La necesidad de una reforma del sistema ha sido reconocida por el presidente de la república.
Por lo pronto, millones de adultos mayores reciben solamente la transferencia monetaria del gobierno, equivalente a 2 620 pesos bimestrales. Ahora, según los planes de esta administración, esa cantidad tendrá que ser repartida entre todos los miembros de la familia que no reciben otra prestación.
En resumen, el mercado laboral mexicano ya era muy vulnerable y la Gran Disrupción agravó la pobreza por ingresos, la ausencia de protección para desempleados, el abandono casi total de los trabajadores informales, la escasa fuerza de negociación de los asalariados y los magros o nulos ingresos para jubilados y adultos mayores.
La expectativa de un repunte de las actividades económicas no va a resolver el daño causado a unos 12 millones de trabajadores (según INEGI) que dejaron de recibir ingresos en abril, mayo y, probablemente en junio de 2020. Tampoco está claro que esa reactivación será lo suficientemente rápida para que en el segundo semestre se repongan las plazas perdidas y las actividades informales que daban sustento a millones de familias.
Por ello, en lugar de confiar en los mercados, sobre todo en el T-MEC, lo que se requiere es una acción decidida del gobierno de la república y el poder legislativo para frenar la pobreza y reanimar la economía con los menores peligros posibles. Dejar abandonados a los trabajadores que han sido afectados por la disrupción económica es inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y no puede ser la vía para construir una nación mejor preparada para prevenir las enfermedades, remediar las carencias económicas y ofrecer una vida digna a la inmensa mayoría de los mexicanos.
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