por Franco Machiavelo
Lo que se presenta como “orden”, “progreso” o “reactivación económica” no es más que la rearticulación descarnada del poder de clase. Tras el velo técnico de las políticas públicas, se despliega una ofensiva cuidadosamente diseñada: restaurar la hegemonía del gran capital allí donde había sido cuestionada, y disciplinar a una sociedad que, en un momento histórico reciente, se atrevió a impugnar los pilares del modelo.
La agenda pro empresarial de la ultraderecha no surge del vacío ni responde a una supuesta neutralidad económica. Es la expresión orgánica de una clase que busca recomponer sus tasas de ganancia a costa de intensificar la explotación. La reducción de impuestos no es un acto de eficiencia, sino una transferencia directa de riqueza desde lo público hacia los grandes grupos económicos. Cada exención, cada rebaja tributaria, es una renuncia deliberada a financiar derechos sociales, profundizando la mercantilización de la vida.
La desregulación ambiental, presentada como “agilización” o “modernización”, es en realidad la habilitación del saqueo. La naturaleza se convierte en zona de sacrificio permanente, subordinada a la lógica extractivista. No hay aquí ignorancia, sino cálculo: externalizar costos, privatizar beneficios, y dejar que las comunidades carguen con las consecuencias. Es la misma racionalidad que convierte territorios completos en desiertos productivos, mientras se acumulan ganancias en pocas manos.
En paralelo, se busca consolidar una clase trabajadora fragmentada, precarizada y desprovista de herramientas de defensa. La erosión de los derechos laborales no es un efecto colateral, es un objetivo central. Flexibilizar, debilitar sindicatos, imponer condiciones unilaterales: todo apunta a quebrar la capacidad colectiva de resistencia. Un trabajador aislado es más dócil, más explotable, más funcional al orden existente.
Pero toda esta arquitectura económica requiere de un sostén político y coercitivo. Ahí aparece la dimensión represiva. La criminalización de la protesta, el fortalecimiento de aparatos de control, la construcción mediática del “enemigo interno”: no son excesos, son condiciones necesarias para sostener un modelo que genera desigualdad estructural. Cuando el consenso se resquebraja, la coerción emerge como garantía de continuidad.
La llamada “venganza” de la ultraderecha no es emocional, es estructural. Es la respuesta de un bloque de poder que percibe cualquier intento de transformación como una amenaza existencial. Por eso la reacción es tan intensa: no buscan solo gobernar, buscan cerrar el ciclo de cuestionamiento social, reinstalar el miedo como mecanismo disciplinador y reinstaurar una normalidad donde la injusticia sea aceptada como inevitable.
Sin embargo, la historia demuestra que ninguna hegemonía es total ni eterna. Donde hay dominación, también se gestan resistencias. La disputa no es solo económica, sino cultural y política: se juega en la conciencia, en la organización y en la capacidad de imaginar alternativas. Porque si algo teme realmente el poder, no es la protesta aislada, sino la articulación consciente de un pueblo que deja de aceptar como natural aquello que es profundamente injusto.
