por Saúl Escobar Toledo, México
En febrero de este año, Oxfam, una organización “de la sociedad civil integrada a
una red global cuya labor se centra en la promoción de la igualdad, la erradicación
de la pobreza y la defensa de los derechos humanos”, dio a conocer un
documento titulado “Oligarquía o democracia”. Se trata de un estudio acerca de la
desigualdad y la concentración de la riqueza en México. Dicho informe ha sido
comentado ya, varias veces, en la prensa nacional.
Sin embargo, recientemente, el 14 de abril, la presidenta Shienbaum, durante la
conferencia matutina, “descartó, por el momento, impulsar un nuevo impuesto a
las grandes fortunas en México, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar una
mayor contribución de quienes perciben más ingresos”.
La pregunta que dio lugar al comentario de la mandataria se basó en un informe,
también de Oxfam, publicado unos días antes, el cual señalaba que la riqueza del
0.1% más rico del mundo que se oculta en paraísos fiscales es mayor que la que
posee la mitad más pobre de la humanidad. De esta manera, ocultan sus activos y
evaden y eluden al fisco, todo lo cual afecta los ingresos de las arcas públicas
En el caso de México, el 0.1% más rico posee una riqueza inmensa en los
paraísos fiscales. Las 132 mil personas más ricas del país poseen 47.6 mil
millones de dólares en activos en el exterior que no pagan impuestos.
El informe de febrero, por su parte, describía el fenómeno de la concentración de
la riqueza, con más detalle: el 1% más rico de la población mexicana, apenas 1.3
millones de personas percibe el 35% del ingreso total, acapara el 40% de la
riqueza privada nacional y es responsable del 23% de las emisiones
contaminantes.
Agrega que esta concentración de la riqueza se ha consolidado en los últimos
treinta años en una oligarquía: los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tan
ricos como hoy. Hay 22 milmillonarios con una fortuna calculada en 219 mil
millones de dólares. Para ser más precisos, Carlos Slim ha multiplicado su fortuna
8.6 veces entre 1996 y 2024: los otros milmillonarios (principalmente Larrea y
Bailleres), 4.2 veces; y el 1% más rico, 2.38 veces. Sin embargo, la economía
mexicana apenas ha crecido 1.76 veces.
Todas estas cifras marean y son difíciles de imaginar. No obstante, es innegable
que la desigualdad y la concentración de la riqueza han sido resultado de
decisiones políticas, en primer lugar, se propició un modelo económico “injusto”
desde la puesta en marcha del TLCAN y una ola de privatización de empresas
públicas. Pero también ha otorgado, en los últimos años, “concesiones, licencias y
permisos para explotar bienes públicos en sectores estratégicos”.
Oxfam considera que, a pesar del poder de la oligarquía, “el cambio es posible”
como lo demuestran los aumentos a los salarios mínimo ocurridos en los últimos
años. No obstante, la inversión pública como proporción del PIB sigue siendo muy
reducida y ha venido disminuyendo. Representaba en 2024 menos de la mitad de
la que teníamos hace 45 años. En 2025 cayó todavía más.
De ahí la necesidad de “fortalecer el papel del estado como garante de derechos e
impulsor de la igualdad”. Para ello, Oxfam propone diferentes medidas. Una de
ellas, precisamente, un impuesto progresivo a la extrema riqueza y las ganancias
del capital, especialmente al 1% más rico, o bien un gravamen mínimo de 2% a las
fortunas superiores a mil millones de dólares.
Estos gravámenes ayudarían a corregir lo que Oxfam llama “la irresponsabilidad
fiscal de los milmillonarios”. Con los datos disponibles, calcula que las personas
con ingresos anuales mayores a 500 millones de pesos contribuyen solo el 0.21 %
del total recaudado por impuestos federales. Se trata, agrega, de un sistema
tributario que “favorece la acumulación de riqueza en lugar de distribuirla”.
Las sugerencias de Oxfam incluyen, además, eliminar las exenciones a las
grandes herencias, donaciones y sucesiones superiores a un millón de dólares;
corregir la disparidad entre la tasa que se paga por dividendos y acciones, y la que
se recauda por sueldos y salarios; y una Ley General de Predial progresiva
enfocada las personas y familias que concentran gran parte de las propiedades
inmuebles.
Un mayor y mejor recaudación fiscal serviría para aumentar la inversión pública y
generar un mayor crecimiento, el cual ha sido muy escaso desde 1981.
Igualmente, para fortalecer las instituciones que garantizan los derechos de los
mexicanos. Por ejemplo, en los asuntos laborales, al mismo tiempo que se han
aprobado varias leyes protectoras de los trabajadores, los recursos destinados a la
inspección laboral, el Centro Federal de Conciliación o la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo han venido disminuyendo relativamente, incluso en términos
absolutos como en los últimos dos años. Es decir, agregamos, se ha ampliado la
brecha entre la ley y la realidad, debido a la mayor incapacidad de las instituciones
para hacer cumplir los ordenamientos jurídicos.
Oxfam señala, además, la necesidad de impulsar una banca de desarrollo que
fortalezca la infraestructura social y productiva y apoye a las pequeñas empresas;
desarrollar la infraestructura social para los cuidados; impulsar una nueva
gobernanza democrática del agua; revisar los subsidios a la electricidad; y
financiar más decididamente el transporte público masivo eléctrico (como el Metro
de la Ciudad de México).
Oxfam afirma con razón que “la democracia y la economía no son esferas
separadas: se sostienen o erosionan mutuamente”. Y agrega que “cuando las
decisiones económicas se concentran en pocas manos la democracia política se
vacía de contenido”.
En conclusión, el mundo padece de una desigualdad y una concentración de la
riqueza monstruosa que se mantiene protegida por los paraísos fiscales. En el
caso de México, además, por un régimen tributario que los beneficia
desproporcionadamente y una política económica que ha potenciado su riqueza. A
pesar de los cambios ocurridos en los últimos años, la economía mexicana sigue
atrapada en una dinámica de bajo crecimiento y una caída de la inversión. Para
empezar a remediar esta situación, se requiere, un impuesto mínimo a la extrema
riqueza y otras leyes y políticas fiscales que proporcionen más recursos al estado.
Un fortalecimiento de las finanzas estatales serviría para aumentar la inversión
pública y las capacidades de las instituciones que garantizan los derechos de los
mexicanos.
El gobierno mexicano ha negado, más de una vez, desde el sexenio pasado, la
necesidad de una reforma fiscal progresiva alegando que otras medidas han
incrementado la recaudación. Sin embargo, nuestra oligarquía sigue amasando su
riqueza a un ritmo cada vez más rápido, mientras que las finanzas públicas sufren
aprietos cada vez más severos. La contradicción entre, de un lado, la política
social que ha mejorado los salarios mínimos, la legislación laboral y las
transferencias monetarias, mientras del otro, la política fiscal disminuye el gasto
para la inversión productiva, la infraestructura social y debilita las instituciones
públicas, está llegando a un límite. No solo porque afecta el ejercicio real de los
derechos de la población. También, porque la creación de empleos está
decayendo y se han incrementado las ocupaciones informales.
La revisión del TMEC no va a remediar, fundamentalmente, esta situación e
incluso puede agravarla. Se requiere entonces tomar decisiones políticas.
Mantener las prebendas y privilegios de nuestra oligarquía, o cambiar hacia un
nuevo curso de desarrollo. Profundizar lo que ya se ha avanzado, o quedarnos
conformes con lo hecho. La experiencia histórica ha demostrado que, en
momentos críticos como las que se viven hoy en el entorno mundial y en el país,
se pueden reformular los vínculos entre el poder económico y el estado. Hay que
tomarle la palabra a la presidenta y hacer, pronto, una revisión de los gravámenes
a las personas y familias más acaudaladas.
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