Dr. Marco González Pizarro, abogado.
El cuadro que el actual gobierno pretendió instalar desde su campaña fue de una administración que lograría orden social inmediato, disciplina fiscal y autoridad ejecutiva. Sin embargo, muy lejos de ello, el gobierno exhibe síntomas clásicos de desconexión política con el tejido social, en un país cuya memoria reciente está marcada por el colapso del segundo gobierno de Sebastián Piñera y el estallido social de 2019.
La comparación no es lineal ni idéntica. Piñera gobernaba desde una derecha liberal-empresarial; Kast lo hace desde una derecha doctrinaria, más ideológica, sin embargo, culturalmente confrontacional, convencida que el control técnico del Estado permitirá el ajuste de un fraude general en la focalización del gasto público y sobre todo social, acusando a toda la cultura institucional precedente de fraude y malos manejos.
Sin embargo, lejos de corregir elementos de exacciones ilegales del poder -atrapadas bajo una atolondrada lógica de auditorías-, ha caído en frivolidades y pugnas internas, que muy pronto tienen mareado al gobierno, mientras que aún no termina el primer round de una pelea que instaló porfiadamente, y que profundizó con carencias propias demasiado gruesas y profundas.
En la propia prensa burguesa, se ha instalado una imagen de gobierno encapsulado, donde la lógica tecnocrática avanza más rápido que la lectura política de sus consecuencias sociales. El episodio del Oficio Circular N.º 16 del Ministerio de Hacienda se transformó en una especie de símbolo de aquello. La filtración del documento —que hablaba de “descontinuar” decenas de programas públicos— abrió un flanco incluso dentro del propio oficialismo. (El País)
Lo relevante no fue solamente el contenido fiscal. Lo decisivo ha sido el lenguaje. “Descontinuar” programas asociados a alimentación escolar, salud mental o políticas sociales evocó la sensación de un aparato estatal que comienza a mirar derechos sociales como variables de planilla Excel. La reacción transversal mostró que el problema dejó de ser técnico y pasó a ser simbólico: un gobierno percibido como distante de la fragilidad material cotidiana.
Luego de ello, lejos de ordenarse y mostrar coherencia, incluso sectores cercanos al oficialismo mostraron señales de descontrol. El ministro de Vivienda Iván Poduje marcó públicamente distancia con Hacienda, afirmando que Jorge Quiroz era “un ministro más”, rechazando recortes en programas sensibles. (El País).
Esta línea muestra un paralelo claro con el segundo gobierno de Piñera. Antes del estallido de octubre de 2019, también existía una percepción de desconexión entre la élite gobernante y el deterioro subjetivo de la vida social. Ministros con declaraciones ofensivas a problemas muy sensibles (salud, alza del costo de la vida), terminaron en la frase icónica de “Chile es un oasis”, una ofensiva metáfora histórica, que terminó por instalar la profunda desconexión del poder neoliberal con la sociedad chilena.
Con esta frase, el gobierno de Piñera, antes del estallido, abofeteó en la cara al pueblo trabajador, ignorando los problemas de endeudamiento, precarización laboral, crisis previsional, abusos corporativos, deterioro de servicios públicos y sensación transversal de desigualdad.
Hoy, el riesgo es distinto pero comparable. El actual gobierno ofreció profundos mecanismos de corrección del país. Sin embargo, gobierna con lógica tecnocrática, operando una desordenada agenda que aparece sin sentido, frente al mismo país socialmente tensionado que estalló en 2019, donde la fatiga estructural no desapareció; simplemente fue contenida transitoriamente por el ciclo constitucional fallido, la pandemia y el agotamiento político posterior.
Por eso algunos sectores de prensa —incluyendo espacios vinculados históricamente a posiciones conservadoras— comienzan a advertir sobre problemas de conducción política, coordinación ministerial y comunicación estratégica. (El País), apuntando a una administración excesivamente cerrada sobre sí misma, con filtros políticos débiles y creciente rigidez doctrinaria sin conexión con el país real.
La situación se profundiza cuando el discurso de austeridad fiscal choca con la frivolidad presidencial, que muestra aguda desconexión con el clima social, en lo ético y lo estético. En la base social el escenario de presión económica es real, operando un desempleo y deterioro del ingreso real creciente. En este escenario, los gestos presidenciales adquieren enorme carga simbólica. Los festejos, ceremonias y despliegues personales son leídos como evidente frivolidad del poder. Eso también ocurrió en el tramo final del segundo gobierno de Piñera: la crítica no era solamente económica, sino moral y emocional.
Existe además otro elemento común: la subestimación de la capacidad de acumulación del malestar. El estallido social no fue provocado por el alza de treinta pesos en el Metro; fue el punto de ruptura de una legitimidad agotada. Del mismo modo, el conflicto actual no se incuba desde un recorte presupuestario específico. El riesgo de convulsión social radica en la suma de señales: ajuste social, lenguaje tecnocrático, centralización decisional, debilitamiento de programas públicos y percepción de que las prioridades fiscales protegen más a una elite desvencijada ajena al Chile real.
La propia discusión pública sobre la “motosierra” presupuestaria y la inspiración comparativa con modelos de ajuste radical latinoamericano, ya comenzó a aparecer en medios y columnas de análisis. (El País). Un síntoma claro de una polarización que emana de un gobierno que siquiera muestra articulación transversal en la (falsa) elite.
El escenario más probable, lejos de un país en orden fiscal y un gobierno atento a las mayorías, es de un Chile aún más fatigado, más fragmentado y desconfiado de todas las élites, incluida la oposición, donde la acumulación lenta de conflictividad puede ser superada por fuertes convulsiones sociales. Este primero de mayo mostró gran convocatoria, sindicatos endureciendo posiciones, protestas sectoriales, crisis universitarias, tensiones territoriales, reactivación de demandas previsionales y deterioro de legitimidad institucional, indicadores de que, por abajo, continúa acumulando una fractura social profunda.
Chile no enfrenta solamente una crisis política; enfrenta el agotamiento histórico de un modelo incapaz de ofrecer sentido, dignidad y horizonte colectivo. Y cuando un pueblo deja de encontrar futuro en el orden existente, la historia comienza a buscarlo fuera de él.
En este contexto, la falsación de creer en instigadores de las crisis sociales es desconocer que perder la comprensión del país real, convierte la dominación en una forma ciega de decadencia. Toda sociedad que convierte la vida en mercancía termina incubando su propia fractura histórica. Y cuando la desigualdad se vuelve estructura, la convulsión social deja de ser amenaza: pasa a ser consecuencia.
El problema de Chile ya no es únicamente económico ni institucional. Es la ruptura profunda entre un pueblo agotado y una estructura de poder incapaz de ofrecer comunidad, justicia y destino común; y si no se le entrega la solución al pueblo trabajador, está claro que en Chile, ese pueblo trabajador, del modo que sea, buscará la justicia y su destino común sin el poder de las clases dominantes, que nuevamente no conducen a nada sensato.
