AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman, con Nermeen Shaikh.

NERMEEN SHAIKH: Pasamos ahora a hablar de un caso que ha sido ampliamente considerado como un caso que sienta el precedente de la represión del Gobierno de Trump a las voces disidentes. El martes, un juez federal en Texas dictó sentencias inusualmente severas de 30 a 100 años de prisión contra un grupo de manifestantes anti-ICE condenados en marzo por cargos de terrorismo. Los fiscales federales habían imputado a los nueve acusados de ser miembros de una “célula terrorista de antifa” del norte de Texas por asistir a una protesta fuera de la cárcel del ICE en Prairieland el 4 de julio de 2025, durante la cual se encendieron fuegos artificiales y en la que un policía recibió un disparo y resultó herido.

AMY GOODMAN: Una de las personas condenadas es Daniel Sánchez Estrada, quien ni siquiera estuvo en la protesta y fue sentenciado a 30 años en prisión por conspiración para ocultar documentos, por haber trasladado una caja que contenía revistas y panfletos antifascistas. Otra manifestante, Autumn Hill, fue sentenciada a 50 años de prisión después de ser condenada por alterar el orden público; proporcionar apoyo material a terroristas; conspirar para usar y transportar un explosivo; y usar y transportar un artefacto explosivo, que eran fuegos artificiales. Esto dijo la esposa de Hill, Lydia Koza, después de conocer la condena en marzo.

LYDIA KOZA: Los fiscales federales que trataron este caso le dijeron a un panel de residentes del Distrito Norte de Texas, sin inmutarse, que encender fuegos artificiales el 4 de julio era terrorismo, era un disturbio. No sé qué puede ser más antiestadounidense que eso. Y no se me ocurre nada que sea más inhumano que los horrores que el ICE está infligiendo a nuestras comunidades a través de su terrorismo de Estado.

NERMEEN SHAIKH: El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, celebró las sentencias inusualmente duras y escribió al respecto: “Los terroristas de antifa que ataquen a agentes del orden público e instalaciones federales se enfrentarán a una justicia rápida e intransigente. Su extremismo violento no tiene lugar en nuestro país y el Departamento de Justicia continuará, agresivamente, investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes amenacen a los agentes de la ley o socaven el Estado de derecho”.

El exreservista del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Benjamin Song, quien fue condenado por el tiroteo, recibió una pena de cien años. En un comunicado, Song afirmó que solo disparó su rifle porque creyó que el agente estaba a punto de dispararle a otro activista. Song señaló que otras personas fueron castigadas solo por conocerlo a él y agregó: “Esto es un castigo en masa, un castigo colectivo. Esto es culpabilidad por asociación. Esto es una injusticia”.

AMY GOODMAN: El miércoles, Democracy Now! contactó al defensor público federal Jason Hawkins, quien dijo al respecto: “No tenemos comentarios, aparte de que esperamos apelar tanto la condena como la sentencia”.

Para hablar más del tema, nos acompañan dos invitados. Sufia Khalid es subdirectora del National Security Criminal Defense Center en el Fondo Legal Musulmán de Estados Unidos, quien se comunica desde Dallas, Texas. Ella representó a una de las personas acusadas en el caso de Prairieland, Maricela Rueda, durante la sentencia del martes y la representará en la apelación. Rueda fue condenada a 70 años en prisión por su presunto papel en una “manifestación ruidosa” fuera de la cárcel del ICE en Prairieland. El Gobierno la acusó de apoyo material a terroristas de antifa, y de un cargo de obstrucción por presuntamente pedirle a su esposo, tras ser arrestada, que moviera unas cajas que contenían fanzines. Y desde Baltimore, Maryland, nos acompaña Matt Sledge, reportero político de The Intercept, quien ha estado cubriendo el caso de Prairieland y acaba de regresar de la audiencia de sentencia. Su más reciente artículo se titula “Sentencian a uno de los acusados de Prairieland a 30 años de prisión por mover una caja con fanzines antifascistas”.

Comencemos con Sufia Khalid. Explique lo que sucedió en la sala del tribunal, a qué se enfrenta su cliente ahora, así como los demás.

SUFIA KHALID: Muchas gracias por invitarme, Amy.

Lo que sucedió el martes, es impactante para todos nosotros, es devastador para las familias, condenas de 50 a 100 años. Son prácticamente cadenas perpetuas para todos los jóvenes en este caso, gran parte de los cuales participaban en protestas no violentas en un centro de detención del ICE.

¿Cómo llegamos a esto? El Gobierno, en este caso, quiso hacer un uso inédito —es la primera vez que esto sucede— de un estatuto raramente utilizado: el suministro de apoyo material a terroristas. Y eso no se ha usado para una conducta de este tipo en un contexto que es puramente de índole nacional. Ese estatuto tampoco requiere ninguna conexión con una organización terrorista nacional o con cualquier tipo de organización terrorista nacional. Cuando el Gobierno decidió iniciar un proceso judicial en virtud de este estatuto, lo hizo para sentar un precedente muy peligroso, que ahora le permite actuar contra cualquier estadounidense que participe en una protesta que provoque incluso el más mínimo daño a la propiedad o la destrucción de la misma. Cualquier estadounidense ahora puede ser enjuiciado de esta manera. No hace falta que la persona tenga vínculos con antifa o con cualquier organización terrorista nacional. Basta con que se aplique una de estas leyes subyacentes. Ese es un precedente peligroso y fue lo que les permitió dictar estas sentencias tan altas el martes.

El martes, lo que se llevó a cabo fue la sentencia federal. La gente estaba anticipando condenas máximas de 20 años, tal vez 30 años. La forma en la que el juez llegó a estos veredictos fue mediante el uso de una directriz federal para la imposición de penas, la cual es rara vez usada y la más extrema, llamada “agravante de terrorismo”, para imponer condenas máximas por cada uno de los cargos contra estos acusados, y luego abusó de su discreción para hacer algo que rara vez se hace en casos como estos. Él juez ordenó que cada condena se cumpla de manera consecutiva y no de manera concurrente. Cumplir cada pena consecutivamente significa que habrá condenas de 50 a 100 años en estos casos.

El agravante de terrorismo que mencioné solo requiere que el delito tenga como objetivo influir o afectar la actuación del Gobierno mediante intimidación o represalias. Eso es algo que tiene una aplicación muy amplia. Y, en los últimos años, el Gobierno ha querido usarlo en muchos procesos judiciales a los que la gente no les presta la suficiente atención, así que ahora lo están aplicando de manera muy amplia.

En este caso, usar ese agravante significa que las directrices, el tipo de estructuras creadas a nivel federal para imponer sentencias, que supuestamente las impones según la situación de cada individuo… Mi clienta, por ejemplo, es una madre joven de una niña de 12 años, artista, poeta, quien nunca ha tenido problemas con la ley, nunca ignoró una multa por infracción de estacionamiento. Se supone que las sentencias deben tener en cuenta todas estas situaciones únicas, el hecho de que ella no tiene antecedentes penales. Pero el agravante del terrorismo invalida todo eso y recomienda una pena máxima por cada cargo para cada acusado. Así es como funciona, ya que automáticamente designa a cada acusado como un delincuente reincidente.

Sin embargo, en este caso es particularmente abusivo porque el resultado es una disparidad significativamente injustificada en las sentencias en Estados Unidos para acusados que han sido condenados por actos similares. Ahora, en este tipo de casos, en los que el Gobierno está buscando usar estos inusuales cargos, bajo estatutos raramente usados, acusaciones de terrorismo, es posible que solo tengas un par o un puñado de casos que son relevantes para distinguir a tu cliente o identificar cuál debería ser el rango de penas previsto. Pero, en este caso, de hecho, ya tuvimos más de 1.500 procesamientos federales muy recientes relacionados con conductas similares, que deberían haber servido como ejemplo para el tipo de sentencias que se podrían dictar. Y esos son los acusados de la insurrección del 6 de enero de 2021.

Estos acusados estuvieron involucrados en disturbios, portaban una enorme cantidad de armas, estuvieron hablando bastante antes de los hechos —lo cual no sucedió en este caso— sobre atacar a las fuerzas de seguridad, querían matar a miembros del Congreso y en efecto asaltaron el Capitolio, lo cual dejó 140 agentes heridos. En ese caso, el Gobierno pudo haber buscado un proceso judicial usando este mismo estatuto de apoyo material al terrorismo. Y no lo hicieron para esos acusados. Y podrían haber solicitado el agravante de terrorismo en esos casos, porque era pertinente. Como dije, esa acusación ambigua de intentar “influir en o modificar la conducta del Gobierno” podría haberse aplicado en todos esos procesos. Solo lo solicitó en algunos casos. Y donde buscaron el agravante de terrorismo, los tribunales, con razón, decidieron no aplicarlo en la gran mayoría del pequeño número de casos donde lo buscaron, porque dijeron que era exagerado, no representativo, y daría lugar a una disparidad injustificada en las sentencias. La sentencia promedio en los disturbios del Capitolio, que fue una conducta mucho más grave que la de “los 9 de Prairieland”, fue de 26 meses.

Hay una gran disparidad, injustificada, en las sentencias. Lo que sucedió en la corte en Fort Worth era inconstitucional y debería preocupar a todos en este país por la dirección en que nos está llevando.

NERMEEN SHAIKH: Sufia, ¿podría hablar sobre esta sentencia en el contexto del memorando presidencial emitido por Trump en septiembre de 2025, el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que se titula “Contrarrestar el terrorismo doméstico y la violencia política organizada”?

SUFIA KHALID: Sí, así es como llegamos hasta aquí. En ese memorando, el presidente ordenó al Departamento de Justicia cambiar la definición de lo que es un terrorista doméstico. Cuando escuchan “terrorismo doméstico”, cuando la gente ve “antifa” en estos titulares, “Antifa recibe de 50 a 100 años”, su mente se desactiva, porque escuchan “terrorismo doméstico” y asumen que debe tratarse de algo realmente serio, violento, violencia masiva planificada. Y eso no es lo que sucedió aquí. Y en ese memorando, cambiaron la definición del “terrorismo doméstico” para incluir invasión de propiedad, los daños a la propiedad y los desórdenes civiles para personas con inclinaciones políticas específicas: valores antifascistas, anticristianos, antitradicionales.

Entonces, ahora cualquiera que participe en una simple protesta y que tenga las creencias políticas equivocadas puede ser etiquetado de terrorista doméstico, cuando no tenían intención de ejercer violencia, no se involucraron en ningún tipo de violencia, no estaban interesado en ningún tipo de violencia, no es lo que típicamente reconoceríamos como terrorismo doméstico. Esto puede ser un allanamiento menor, desorden civil, incluso “doxxing”, —el acto de hacer pública la identidad de alguien en internet—. Todo eso puede acacabar en esta etiqueta de terrorismo doméstico.

Y en ese memorando presidencial, se ordena a los fiscales que busquen el cargo más alto y los cargos de terrorismo en estos procesos políticos. Y fue lo que sucedió aquí, pero no sucedió en los casos del 6 de enero, y eso fue bastante político. Los tribunales tenían razón al no para buscar el agravante de terrorismo o cargos de terrorismo, pero está sucediendo en este caso.

Y el problema es que este precedente perdura. Ese estatuto… este es ahora el precedente para saber a quién se puede acusar de terrorismo doméstico en Estados Unidos. El Gobierno cambia cada cuatro años, así que esto se aplicará por ambos lados. Entonces, debería… Concierne a todos los estadounidenses. Si estás a la izquierda, si estás a la derecha, si estás en el medio, esto nos concierne a todos. Un Gobierno que castiga a sus críticos no violentos 10 veces más duramente —en realidad, en este caso, 30 veces más duramente— que a sus violentos partidarios insurrectos no es una democracia en un sentido pleno.

AMY GOODMAN: Quiero traer a Matt Sledge a la conversación, quien ha escrito unos artículos realmente interesantes para The Intercept. Matt, el fiscal interino de Estados Unidos, el general Todd Blanche, a quien el presidente Trump está tratando de hacer permanente, celebró las sentencias inusualmente severas y escribió: “Los terroristas de antifa que ataquen a agentes del orden público e instalaciones federales se enfrentarán a una justicia rápida e intransigente. Su extremismo violento no tiene lugar en nuestro país y el Departamento de Justicia continuará, agresivamente, investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes amenacen a los agentes de la ley o socaven el Estado de derecho”. ¿Su respuesta a lo que ha sucedido?

MATT SLEDGE: Sí, creo que se puede decir a partir de esa declaración del fiscal general interino que se ha establecido un manual, y va a ser aplicado en lugares como Minesota. Un gran jurado de Illinois fue obviamente más escéptico sobre un caso con cargos similares. Pero creo que el Gobierno seguirá tratando de imputar cargos muy agresivos como estos. Y han recibido un mensaje de estos jueces ahora en Fort Worth de que pueden conseguir algunas sentencias muy duras al seguir este manual de estrategias.

NERMEEN SHAIKH: ¿Y, Matt, cuál espera que sea el precedente que esto establezca para quienes participan en protestas sobre diferentes asuntos en otras partes del país?

MATT SLEDGE: Sí, creo que a algunos manifestantes esto les hará pensar dos veces si atender incluso manifestaciones no violentas durante el día, cuando dicha conducta puede ser descrita como un delito y pueden ser sometidos a un proceso judicial tan agresivo en lugares como Texas.

AMY GOODMAN: Usted escribe en su artículo, Matt, que varios acusados recibieron sentencias más largas que muchos, por supuesto, de los acusados de la insurrección en el Capitolio. Usted habla del exreservista del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Benjamin Song, quien fue condenado por efectuar los disparos y recibió una pena de cien años. Él dijo que solo disparó porque pensó que un oficial estaba a punto de dispararle a otro activista y también habló sobre el castigo colectivo contra todos estos acusados, contra cualquiera que tuviera relación con él. Hable más sobre quién es Song y el hecho de que, siendo el fin de semana del 4 de Julio, estas personas tenían fuegos artificiales —o explosivos, como se les está llamando ahora—.

MATT SLEDGE: Sí, Song es un exmilitar y fue descrito por los fiscales como una especie de líder de ese grupo de personas, porque llevó armas a la manifestación. Muchas de las otras personas no llevaron armas. Algunas llevaron fuegos artificiales y dicen que su intención era solo quemar esos fuegos artificiales y mostrar solidaridad con la gente al interior del centro de detención del ICE. Varios de ellos hablaron durante la sentencia del martes y dijeron que nunca pretendieron lastimar a alguien. Una persona describió un ambiente festivo antes de que llegara la policía. Muchas de las personas que estuvieron ahí esa noche se fueron antes de que se efectuaran los disparos.

Pero este incidente entre la policía que acudió a lugar y Song, en el que uno de los agentes resultó herido, fue el detonante de una persecución a gran escala en el área de Dallas-Fort Worth, en donde detuvieron a un grupo de personas vinculadas a Song y que representa una gran parte del colectivo de activistas de izquierda en el área de Dallas-Fort Worth.

AMY GOODMAN: En este último minuto que tenemos, Matt Sledge, ¿qué le sorprendió más de este caso? Usted se está refiriendo a todos estos casos que, por supuesto, hemos estado cubriendo. En Chicago, un primer gran jurado en un juicio contra manifestantes anti-ICE votó para no imputarlos. Y ahora todo salió a la luz y todos los cargos fueron desestimados una vez que el juez comenzó a leer las transcripciones del gran jurado. Hay un caso similar en Tacoma. ¿Qué conclusiones saca en este momento? ¿A qué cree que la gente debería prestarle más atención?

MATT SLEDGE: Bueno, creo que solo tenemos que ver cómo se aplican estas estrategias en otros lugares. En el norte de Texas, en el área de Fort Worth, el Gobierno federal obviamente encontró jueces y jurados que fueron receptivos a sus argumentos. Así que creo que tal vez están buscando otros lugares donde puede haber jueces y jurados que sean igual de receptivos.

AMY GOODMAN: Muchas gracias por estar con nosotros, Matt Sledge, reportero político de The Intercept. Enlazaremos a sus artículos en democracynow.org/es. Sufia Khalid es subdirectora del centro jurídico National Security Criminal Defense Center en el Fondo Legal Musulmán de Estados Unidos, quien representa a una de las personas acusadas de Prairieland, Maricela Rueda.

A continuación, hablamos con el aclamado periodista, activista tecnológico y escritor de ciencia ficción Cory Doctorow, autor de un nuevo libro titulado “La guía del centauro inverso para la vida después de la IA: cómo pensar la inteligencia artificial antes que sea demasiado tarde”. Quédense con nosotros.

[Pausa]

AMY GOODMAN: “Living in Dystopia”, por Sarah Michelle Ozelle.