Una semana después del asesinato de Camilo Catrillanca, la Policía de Investigaciones (PDI) incluyó en la lista de los prófugos más buscados a los dirigentes mapuche José Tralcal y Luis Tralcal, condenados en octubre del año pasado a dieciocho años de cárcel en el caso Luchsinger-Mackay. Ambos dirigentes no aceptaron una condena que se sustenta en pruebas objetivas incapaces de mostrar indicios de su participación y optaron por la clandestinidad.

De acuerdo a la información entregada en 2017 por el Registro Nacional de Prófugos, cerca de 38 mil personas se declararon en rebeldía ante la justicia chilena. Es probable que esta cifra en 2019 no haya descendido abruptamente. Sin embargo, sólo doce personas figuran entre los prófugos más buscados por la PDI. Entre ellos José Tralcal, Luis Tralcal y seis ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En medio de esta búsqueda por parte de la PDI, los abogados del Centro de Investigación y defensa Sur -organización que brinda defensa jurídica en situaciones de vulneración de derechos humanos-, presentarán, antes de Abril de 2019, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las vulneraciones de las que fueron víctimas los comuneros durante el desarrollo del proceso judicial.

En El Desconcierto, a más de tres meses de la sentencia, hacemos un repaso de las irregularidades del caso y conversamos con Ana Píquer, directora de Amnistía Internacional Chile, organismo internacional que ha seguido el proceso desde su inicio.

Un proceso judicial llevado bajo la ley antiterrorista

La persecución al apellido Tralcal no es algo nuevo. José Tralcal, activo dirigente en la recuperación del agua y la defensa del territorio mapuche, señaló que en 2001 el fiscal Alberto Chifelle, mismo persecutor en el caso Luchsinger Mackay le señaló “si no deja de ser dirigente va a tener problemas”. En 2008 fue involucrado en el caso Tur-Bus. La supuesta advertencia parecía ser cierta

Dos días después del incendio que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, El Mercurio publicó una nota titulada: Luis Tralcal “El duro del sector de Vilcún”, en la que señalaban que el comunero tendría vínculos con la Coordinadora Aurauco Malleco (CAM) y entrenamiento militar por de las FARC en Colombia. Luis señaló que las acusaciones eran falsas y temió ser involucrado en el caso Luchsinger-Mackay, por lo que guardó las boletas del día 3 de enero para ratificar su inocencia en el caso de ser acusado, prueba que más tarde sería desestimada por el tribunal.

El 30 de marzo de 2016 Luis Tralcal, José Tralcal  y nueve comuneros mapuche fueron detenidos acusados de participar en el incendio. La prueba era el testimonio de uno de ellos que habría actuado como delator compensado: José Peralino. El comunero declaró ante el tribunal haber sido hostigado y torturado durante dos años por miembros de la PDI para culpar a los comuneros y relatar que se habrían reunido en la casa de la machi Francisca Linconao para planificar el ataque. Las pruebas eran insuficientes y en octubre de 2017 fueron absueltos de todos los cargos.

Sin embargo, dos meses después, la Corte de Temuco decidió anular el juicio, y en mayo de 2018 fueron absueltos 7 comuneros, incluida la machi Francisca Linconao y condenados a cadena perpetua por delito de incendio terrorista José Tralcal, Luis Tralcal y a 5 años de libertad vigilada a José Peralino.

La condena era inexplicable para la defensa, pues se basaba en el testimonio de José Peralino, que señalaba que los comuneros planificaron el ataque en la casa de la machi Francisca Linconao, sin embargo, ella quedó absuelta de todos los cargos. Otra de las pruebas presentadas contra los comuneros, sería el testimonio de la Policía de Investigaciones que señalan que existiría tráfico de llamadas entre los Tralcal y el machi Celestino Córdova (condenado por el caso en otro juicio) durante el ataque. Sin embargo, esas pruebas nunca fueron incorporadas durante el juicio y tampoco se reveló el contenido de esas llamadas.

La defensa de los comuneros apeló a la Corte Suprema y el 30 de septiembre El Mercurio filtró la sentencia: la Corte Suprema resolvía condenar a 18 años de cárcel a José y Luis Tralcal y a 5 años de libertad vigilada a José Peralino, eliminando el carácter terrorista del delito. 10 días después la Corte Suprema ratificó la sentencia filtrada por El Mercurio. Sin embargo, todo el proceso judicial se enmarcó dentro de la ley antiterrorista, provocando graves daños a la posibilidad de defensa por parte de los acusados.

-Revisando los antecedentes, ¿podemos hablar de juicio justo?

 -Amnistía considera que fue un juicio injusto. Se volvieron a cometer las mismas infracciones por las que ya nos había condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema, además se agregaron algunas nuevas. Lo que debería haber pasado es el que juicio se repitiera para que se haga de acuerdo a los estándares de un debido proceso, lo que debería haber pasado es que se investigara debidamente la declaración de José Peralino por los supuestos apremios ilegítimos.

-¿Cuál es la señal que se entrega con la decisión de incluir a los comuneros Tralcal en el listado de los prófugos más buscados junto a seis ex frentistas?

-La criminalización al pueblo mapuche no pasa solamente por llevarlos a tribunales de justicia, si no también con el trato mediático y comunicacional que se le da. Esto de ponerlos como “los más buscados”, es una forma de criminalizar al pueblo mapuche y sus liderazgos a través del trato mediático.

-Pese a que no fueron condenados por delito terrorista, todo el proceso legal se enmarcó dentro de la ley antiterrorista y actualmente se les trata como tales.

-Hay una construcción mediática del pueblo mapuche como terrorista que en definitiva no contribuye a solucionar el problema y disminuir la violencia, sino por el contrario, generar más cuestionamientos en términos de discursos que son discriminatorios, estigmatizantes e incluso racistas.

-Hablamos de juicio injusto. En ese sentido, ¿Lo más justo es que Luis y José hayan optado por no acatar la sentencia?

-Lo que Amnistía puede decir es que fue un juicio injusto y por lo tanto las condenas son injustas. El juicio se debió haber repetido, es gravísimo si efectivamente ellos fueron condenados por un testimonio obtenido bajo apremios, porque lo estamos permitiendo y estamos sentando un precedente para los casos que vengan después.  Es importante que esto no se pierda de vista, porque si repite estamos poniendo en riesgo la justicia para todas las personas.

-En vista de las irregularidades y la condena ¿Qué opciones tienen los condenados actualmente?

-Lamentablemente a nivel de la justicia chilena no hay muchos caminos, legalmente hablando, y eso es parte de lo indignante de la institución. Lo que queda es llevarlo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lamentablemente es algo que demora años y no es una solución rápida, pero quizás vale la pena para demostrar lo que está pasando y evitar que siga sucediendo. Ya tenemos un precedente en que la CIDH condenó en 2014 al Estado de Chile por aplicar la ley antiterrorista a personas del pueblo mapuche.

-¿Amnistía ve probable que la CIDH acoja esta  demanda y condene nuevamente al Estado de Chile?

-Es muy posible que la CIDH acoja la demanda y condene al Estado de Chile porque ya hay un precedente en esta dirección y Chile esta incumpliendo la sentencia por la cual ya nos habían condenado.

-La sentencia por la que la CIDH condenó al Estado en 2014 fue presentada en 2003. Es decir, la corte demora años en dar respuesta. ¿Cuál sería ser una solución más inmediata? ¿Negociar con el Gobierno apoyados por Amnistía por ejemplo?

-Habría que verlo.  No veo que haya una disposición por parte del Gobierno en ese sentido y depende mucho de lo que quieran las personas condenadas y de las necesidades del momento, no es algo que pueda comprometer ahora, pero por supuesto que desde Amnistía vamos a contribuir en todo lo que se pueda para hacer justicia en este caso.  Lamentablemente en la perspectiva judicial ellos tienen una demanda en su contra que ya pasó por todas las instancias judiciales que existen en Chile y eso quizás es lo más indignante de todo, deja una situación de tremenda injusticia.

-Injusticia que se ve también en el montaje que fue la Operación Huracán, la ocultación de información en el Caso Catrillanca, etc…

-Hay varias situaciones. El allanamiento, por ejemplo, a la casa de la machi Francisca Linconao  el propio defensor regional de la Araucanía lo llamó montaje, lo que significó la llamada “Operación Huracán”, y ahora lo que hemos visto respecto al asesinato de Camilo Catrillanca… la verdad es que uno va viendo un patrón, es algo de lo que se ha hablado por mucho tiempo y ahora vemos evidencias concretas. Hay una señal de alarma y es importante que estas situaciones  no se miren como casos aislados, sino que se analice este patrón y veamos qué medidas hay que tomar para que no siga sucediendo.

-Sin embargo la Institución de Carabineros prácticamente ha sido la única apuntada en relación a la creación de montajes. La Policía de Investigaciones, que ha participado activamente en la investigación del caso Luchsinger, no ha sido involucrada en la creación de montajes.

-Lo que hemos visto es una desprolijidad en cómo se manejan las pruebas, y eso también es grave. En el caso de Peralino está involucrada no solo la PDI, sino también la fiscalía, y eso es muy complejo porque finalmente tiene que ver con múltiples actores dentro del sistema de justicia que es necesario revisar.

Tras el aumento de las movilizaciones luego del asesinato de Camilo Catrillanca, ¿Cómo se espera que actúe el gobierno respecto a la aplicación de la ley antiterrorista?

Actualmente hay varias investigaciones abiertas por ley antiterrorista. Además se están acelerando los planes para una reforma a la ley. Es algo a lo que estamos atentos, siempre hemos dicho q es necesario reforma la ley antiterrorista pero es necesario hacerlo para asegurarse que esté dentro de los estándares de un debido proceso y no tenemos la convicción de que esa sea exactamente la dirección en la que se esta proponiendo la reforma. Lo más probable que esta ley se siga utilizando y hay que estar atentos a como va a ser esa reforma para que no quedemos peor en materias de derechos humanos y juicio justo.

-Es una ley que se utiliza principalmente para defender la propiedad privada.

Así es. De hecho ese fue uno de los cuestionamientos que hizo el relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y terrorismo cuando estuvo de visita en Chile. Señaló que las definiciones internacionales de terrorismo, que está manejando la relatoría en materia de derechos humanos, excluye los delitos que sean exclusivamente contra la propiedad y nuestra ley antiterrorista está siendo usada de manera más amplia y con poca claridad.