Santiago, abril de 2023
Este martes 18 de abril nos enteramos de una muy mala noticia para miles de familias que viven en las más de mil tomas de terreno que existen a nivel nacional. El proyecto de ley de usurpación “anti tomás” se puso en la carpeta de los 31 proyectos de seguridad instalados por la derecha empresarial y que muy bien el gobierno está ejecutando, incluso previo al mismo hecho de ser votado en particular se han realizado desalojos y detenciones a pobladores y pobladoras que se resisten a ser desalojados y a la destrucción total de sus casas, que la mayoría de las veces son construcciones de material ligero que la propia familia ha gestionado.
El 2021 fue ingresado el boletín número 14.015-25 en la comisión de seguridad del senado por un grupo de senadores de derecha: Ena Von Baer (udi), Marcela Sabat (rn), y Felipe Kast (Evopoli), el cual llamarón proyecto de ley de usurpación. Este proyecto lo que propone básicamente es aumentar las penas a quienes se tomen o participen en una toma de terreno, criminalizar las tomas y establecer pena de cárcel y trabajo “en beneficio de la comunidad”. Autoriza el desalojo sin orden de un juez (autorización judicial), lo que permite la acción de la policía para ejercer la fuerza en caso de resistirse los ocupantes, incluso sin haber mediado algún tipo de ataque o falta contra la autoridad.
En 2022 el proyecto recibió indicaciones y en marzo del presente año se aprobó la idea de legislar en general, en un contexto nacional de aumento nunca antes visto del crimen organizado y terribles hechos de violencia en distintas ciudades del país, estos dos asuntos constituyen el fundamento más planteado en los medios de comunicación por diversas autoridades y lo que permite que hoy se encuentre dentro de los 31 proyectos de seguridad que propone la derecha y sectores del gobierno supuestamente para combatir la crisis de inseguridad, la violencia, el narcotráfico, la migración ilegal y hasta el aumento de las tomas de terreno.
Desde el 2019 se ha producido en Chile un aumento considerable de tomas y asentamientos irregulares, con esto un aumento aún más importante de familias en condición de ocupantes de un terreno. Las cifras que entregó en el MINVU en 2020 son lapidarias, aumento de campamentos cerca de un 30% y de familias en condición de ocupantes más de un 70%. Esto se topa con la pandemia y el aumento de la migración lo que vuelve la situación crítica. Según la fundación Techo Chile entre 2020 y 2021 existía un total de 81.643 familias que habitaban los 969 campamentos catastrados, siendo este el dato más alto desde 1996. En 2022 el MINVU presentó el catastro nacional de campamentos que arroja que más de 70.000 familias habitan los 1.091 asentamientos precarios del país. En 2022 el actual ministro de vivienda Carlos Montes presentó el catastro nacional de campamentos actualizado que arroja que hubo un aumento de 355 nuevos campamentos y es por eso que ahora se habla de 1.091, asimismo se determinó que 29.122 nuevos hogares, con lo que el total aumentó a 71.961. el 75% lo concentra la región de Valparaíso (18.405 hogares), Metropolitana (13.392), Tarapacá (9.300), Antofagasta (7.384) y Biobío (7.122). Hoy Chile tiene un déficit de más de 650.000 viviendas y 80.000 de estas familias viven en campamentos.
En este sentido le preguntamos al gobierno ¿cuál es la propuesta de solución? porque inmediatamente después del desalojo nos surge la pregunta ¿a dónde van a ir a parar las familias desalojadas? Creemos que para producirse el desalojo debe existir una propuesta de solución a todas las familias que van a quedar con lo puesto en las calles deambulando por conseguir un arriendo barato o viendo si es posible ingresar a otra toma donde es obvio que la crisis se hará cada vez más insostenible.
Queremos denunciar que este proyecto de ley no fue puesto en carpeta de urgencia sino hasta el 12 de abril, es decir, no estaba dentro de los primero proyectos como ley Nain Retamal, el ingreso de este proyecto es un acto de oportunismo político de un sector de la derecha que quiere sacar provecho de la situación de crisis y con esto golpear aún más al pueblo de chile, así como a los migrantes y al pueblo mapuche que se encuentra en procesos de recuperación de tierras ancestrales.
Es una mentira del porte de un buque y una insensatez inmensa la idea de que con desalojos y cárcel a ocupantes se va a terminar con el crimen organizado y el aumento de la violencia, esto tampoco soluciona la crisis habitacional y el aumento de la migración, lo dijimos el 2021, lo repetimos el 2022 y hoy en abril de 2023 lo volvemos a decir, LOS DESALOJOS NO SOLUCIONAN EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD NI EL PROBLEMA DE CRISIS HABITACIONAL. Lo único que resuelven es el problema que tiene el Estado con los privados en tanto quien posee y tiene más títulos de dominio para especular y lucrar con la tierra y la necesidad de vivienda de miles de familias, que por muchos años han debido resolver la necesidad de un techo para vivir de forma particular, porque ni el mercado ni el estado construyen viviendas sociales para la clase trabajadora que, es la misma que sostiene con su trabajo y sus impuestos este Chile que hoy vemos sucumbir ante la amenaza fascista del crimen y la muerte instalado por la derecha y la dictadura que nunca se acabó y, que dicho sea de paso no le toca ni un pelo a la clase burguesa y la oligarquía, que toman palco mientras sus autoridades legislan para ellos y contra el pueblo pobre.
Hacemos un llamado de Alerta a las y los pobladores de tomas, campamentos, comités y cooperativas de vivienda y en general a todas las organizaciones populares que se organizan en poblaciones, ante la eventual aprobación del proyecto de ley de usurpación que nosotras re nombramos como “ley maldita” y algunos llaman “ley anti tomas” , porque dicho proyecto atenta contra los derechos humanos de miles de familias chilenas y migrantes, que por circunstancias adversas de la vida han debido tomar la difícil decisión de ir a vivir a una toma de terreno; también porque se falta a acuerdos internacionales firmados, ratificados por chile y vigentes a la fecha; así como porque esto puede profundizar la desigualdad y la pobreza de millones de personas.
