El Porteño
por Gustavo Burgos
El reciente debate presidencial transmitido por Anatel el pasado 10 de noviembre ha sido, sin lugar a dudas, un momento de alta elocuencia política. Por supuesto, no por la originalidad de las ideas expuestas ni por el contraste entre proyectos antagónicos, sino precisamente por lo contrario: por su homogénea exposición de una voluntad de restauración reaccionaria del orden capitalista, común a todas las candidaturas con excepción del profesor Artés. Este carácter homogéneo no es casual ni meramente discursivo; expresa una orientación profunda del conjunto del régimen político chileno que, ante la prolongada crisis abierta en 2019, responde con un mismo programa de reorganización del poder burgués, bajo nuevas formas autoritarias.
No hubo en el conjunto del debate una sola mención sustantiva a las condiciones de vida de las masas. Las palabras “educación”, “salud” o “vivienda” no fueron ejes de interpelación ni de propuestas. En cambio, los primeros diez minutos se consumieron en un coro unívoco —del tipo Ku Klux Klan— sobre el “orden público”, el “crimen organizado”, el “control migratorio” y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas internas. Esta insistencia, sin matices, revela que los diversos postulantes no compiten por ofrecer salidas a los problemas estructurales del país, sino por presentarse como los administradores más eficaces de un nuevo pacto autoritario que garantice la tranquila y completa dominación del capital. El llamado “giro a la derecha” no se verifica aquí como una irrupción exógena o como una amenaza externa, sino como la cristalización de una línea política que atraviesa a todo el régimen desde sus entrañas.
En este sentido, resulta insostenible, tanto en términos teóricos como políticos, seguir atribuyendo al actual gobierno —y por extensión a sus figuras presidenciables— un carácter “reformista”, «democrático» siquiera “senil” o de “reformismo desde arriba”. Las intervenciones de Jara durante el debate fueron reveladoras. Su propuesta de aumento del salario mínimo, expresada sin referencia alguna al sistema de negociación colectiva, a la precariedad estructural, al subcontrato o a la criminalización de la organización sindical, no fue más que una declaración de autoafirmación basada en su antigua condición de ministra del Trabajo. En lugar de abrir un horizonte de transformación, su discurso reafirmó su rol como gestora de la continuidad institucional. La ausencia de toda crítica estructural y la vacuidad de su planteo dan cuenta de una política que no busca alterar la matriz de explotación vigente, sino revalidar su legitimidad con pequeños gestos simbólicos.
La defensa del sistema de capitalización individual, en su variante pura o “mixta”, fue otro punto de convergencia absoluta. Aquí también se despejan las ilusiones: no existe voluntad de abolir las AFP, sino de preservarlas con nuevos ropajes, nuevos nombres y —eventualmente— alguna distribución de sus funciones para oxigenar su legitimidad social. El resultado es claro: el debate evidenció no sólo la ofensiva de una derecha extrema, sino también la consolidación de una centroizquierda perfectamente integrada al aparato de restauración capitalista, unida al resto del bloque dominante por una misma agenda de normalización represiva y continuidad neoliberal.
Esta unidad en la reacción no es producto de una conspiración sigilosa, sino que es la brutal manifestación de una crisis orgánica del régimen político. Las viejas formas de mediación, de consenso y de representación han perdido eficacia. La transición ha agotado sus recursos. Frente a ello, todas las fracciones del régimen convergen en una salida por arriba, autoritaria y excluyente. No se trata simplemente de una “polarización”, sino de una reestructuración estatal orientada a restituir —con nuevas formas— la gobernabilidad de clase rota en octubre de 2019.
Frente a este escenario, no cabe la política de bloques ni la ilusión antifascista de cuño liberal. La extrema derecha no es una anomalía ni una amenaza que venga a destruir el régimen democrático: es la forma que está tomando el régimen mismo, en su proceso de adaptación a las nuevas condiciones de dominación. Quien quiera oponerle una verdadera resistencia debe asumir que la tarea no es defender lo existente, sino preparar su derrocamiento.
En este punto, sin embargo, es necesario abrir una polémica explícita con la caracterización ofrecida por el artículo La pandilla alemana y la crisis orgánica, de Pablo Torres, publicado en Izquierda Diario, que, si bien ofrece una descripción del ascenso reaccionario, cae sin embargo en una peligrosa ambigüedad al presentar al actual gobierno como expresión de un reformismo agotado. Esta afirmación, funcional al mantenimiento de una concepción antifascista de corte progresista, omite que la administración Boric ha sido uno de los instrumentos más eficaces de dicha restauración. La cooptación institucional de los movimientos sociales, la criminalización del movimiento mapuche, la consolidación del modelo laboral pinochetista, la represión al trabajador inmigrante y la persistente alianza con el gran empresariado —capital financiero y multinacionales, SQM— para consolidar un nuevo pacto constitucional revelan una política de contrarrevolución preventiva y en ningún caso de reforma.
La tarea del período no es, por tanto, construir una «voz de independencia de clase» en el debate electoral como gesto de propaganda, sino rearticular las fuerzas vivas del proletariado, de la juventud, de los pueblos oprimidos, para levantar un programa de ruptura, con estrategia de poder y horizonte insurreccional. La alternativa no es un polo anticapitalista o antifascista testimonial dentro de las reglas del juego del régimen, sino la construcción paciente, activa y disciplinada de un partido revolucionario que prepare las condiciones para la irrupción organizada del poder obrero. Todo lo demás, por más radical que suene, no deja de ser una forma elegante de administrar la impotencia.
Es necesario el desarrollo de una política que pretenda no sólo resistir, sino derrocar el orden burgués. La construcción de una “voz” dentro del régimen o la coordinación de sindicatos y movimientos sociales, peca de ese límite: concibe la independencia política de los trabajadores como un registro discursivo, una identidad o una posición dentro de los márgenes institucionales, y no como un proceso material de reorganización del poder de clase para enfrentar y destruir las instituciones del capital.
En realidad la tarea es la contraria, la clase obrera no necesita una voz en el régimen: necesita una estrategia para acabar con él. La independencia de clase no es un problema de expresión electoral o de presencia mediática; es un problema de poder, de quién gobierna y sobre qué base social. Cualquier política que no parta de esta premisa —de la necesidad de un enfrentamiento frontal con el Estado burgués, su Constitución y su andamiaje institucional— termina inevitablemente por subordinarse a la lógica del reformismo o a las ilusiones democratistas que el propio régimen promueve para perpetuarse.
La crisis abierta en octubre de 2019 demostró de manera palpable que las masas trabajadoras y populares son capaces de irrumpir como sujeto histórico cuando rompen los diques institucionales. El pueblo que se levantó en las calles, los jóvenes que enfrentaron la represión con la dignidad de la Primera Línea, las asambleas populares que comenzaron a organizar la vida colectiva al margen del Estado: todo ello no fue un episodio de “caos”, sino un embrión de poder dual, una prefiguración de lo que Lenin llamaba la crisis de la autoridad, cuando los de abajo ya no quieren y los de arriba ya no pueden gobernar como antes.
Sin embargo, la ausencia de una dirección revolucionaria organizada permitió que esa energía fuera disipada hacia el pantano del “proceso constituyente”, es decir, hacia una maniobra del régimen para recomponer su legitimidad. La tarea que se impone ahora no es repetir el gesto simbólico de las elecciones o el testimonio propagandístico, sino reconstruir la continuidad histórica de esa irrupción en el plano político y organizativo. Se trata de reagrupar a la vanguardia —obrera, juvenil, territorial— en torno a las lecciones concretas del Octubre chileno: la autodefensa popular, la acción directa, la organización desde los lugares de trabajo y estudio, y la creación de organismos de poder desde abajo.
La política revolucionaria que necesitamos no se conforma con “coordinar” sindicatos o movimientos, porque sabe que el sindicato —aislado de una perspectiva de poder— es apenas una correa de transmisión del Estado capitalista. Mucho menos apàrecer como los mçás «consecuentes» antiderecha. La tarea es impulsar en el seno de esas organizaciones de base un proceso de debate político que las ligue a las asambleas territoriales, a las redes de solidaridad y autodefensa, al mundo popular y precarizado, para reconstruir un sujeto colectivo que se reconozca no como demandante, sino como contendiente del régimen.
La lucha por salud, educación, vivienda o salarios, tal como las formula Torres, no puede plantearse como una agenda de “reivindicaciones” desconectadas del poder. Lo decisivo es volver a inscribir esas demandas en una lógica de transición hacia el poder obrero, de ruptura con la propiedad privada de los medios de producción y con las formas estatales que la garantizan. El horizonte no es un “polo anticapitalista” —de inequívoca naturaleza policlasista— sino la formación de un partido revolucionario que funcione como Estado embrionario de la clase, un instrumento para la dirección consciente del proceso de ruptura.
Reagrupar a la vanguardia significa, hoy, partir de los espacios donde la clase trabajadora mostró su potencial de dirección: los comités de huelga, las asambleas territoriales, las coordinadoras feministas y ambientalistas combativas, y las experiencias de autodefensa popular. En ellos debe inscribirse una perspectiva de poder, que unifique las distintas expresiones de lucha en un programa transicional: control obrero de la producción, disolución de las fuerzas represivas, nacionalización de la banca y los recursos estratégicos bajo control de los trabajadores, ruptura con la Constitución basada en los órganos de lucha de la clase.
No alcanza con concebir la “voz” de la clase obrera dentro del Parlamento, sino su organización para el poder. Octubre de 2019 fue la primera irrupción del pueblo chileno en esa dirección, en este período. Su derrota parcial no debe enseñarnos resignación, sino la necesidad de construir la dirección que entonces faltó. Por eso, la política revolucionaria del período no puede limitarse a “ligas de propaganda y acción” que aspiran a fortalecer su presencia en el espacio electoral. Por cierto, no podemos despreciar la intervención electoral que hoy día es necesaria, sino que cuestionamos el programa, la política que se lleva hacia ese espacio electoral. Es necesario orientarse a la preparación consciente de la próxima crisis del régimen, dotando a las masas de una dirección centralizada, disciplinada y programáticamente clara, capaz de transformar la revuelta en insurrección y la insurrección en poder obrero.
De eso se trata hoy: de pasar de la voz a la dirección y del testimonio a la estrategia. Todo lo demás, por más que se revista de consignas combativas, no es más que la administración simbólica de la derrota.
