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Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares ante la Comisión de DDHH de la Convención Constituyente de Chile

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Exposición del Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares ante la Comisión
de DDHH (Subcomisión de Verdad Histórica, Reparación y Garantías de No Repetición) de
la Convención Constituyente de Chile.

Miércoles 25 de agosto 2021
Expone: Haydee Oberreuter


Estimadas y estimados convencionales miembros de la Comisión de Derechos Humanos,
mediante su intermedio saludo a la instancia de la Convención Constitucional y a todos
quienes nos observan. Buenos días


El Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares es un conglomerado que reúne a
diversas organizaciones de sobrevivientes de prisión política y tortura y tiene como mandato
la defensa y promoción de los derechos humanos, así como la búsqueda de la reparación
efectiva e integral de los ex prisioneros políticos durante la última dictadura de nuestro país
y sus familias.
Comienzo diciendo que, aunque nuestro mandato es para representar los intereses de las
personas mencionadas en el período histórico señalado; el Comando Unitario solidariza con
las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos de siempre, especialmente de los años
recientes y con sus familiares.
Como resultado de la represión a las masivas protestas que surgieron desde el 2019 a la fecha,
nuestro país tiene la triste realidad de cargar –nuevamente- con haber sometido a miles como
prisioneros políticos que han debido sobrellevar la prisión preventiva prolongada usada como
un arma institucional de castigo y disciplinamiento hacia quien ejerce el derecho a la protesta;
así como a decenas de muertos y cientos de heridos, muchos de ellos que han perdido la
visión total o parcialmente como resultado de la acción de las fuerzas de seguridad.
Nuestra solidaridad tiene directa relación con el hecho de que comprendemos que las
violaciones de Derechos Humanos del pasado de las que fuimos objeto, sentaron un
precedente histórico que se mantiene vivo en la cultura institucional del Estado de Chile y, en
especial, en sus fuerzas armadas y de seguridad. Como hemos dicho en innumerables
ocasiones, es la impunidad del pasado la que constituye el núcleo de las injusticias del
presente.
Es este continuo entre violaciones de los Derechos Humanos del pasado y el presente, lo que
nos parece que debe abordarse de forma integral y proponer en ese sentido. Tal, es el objetivo
de esta inevitablemente breve presentación.
El Comando Unitario lleva varias décadas asistiendo a todas las instancias nacionales e
internacionales en demanda del reconocimiento por parte del Estado de Chile de la prisión
política y la tortura como un delito de lesa humanidad que afectó a miles de compatriotas
quienes durante muchos años no fuimos /no fueron /no han sido reconocidos como víctimas
de tales hechos. La tortura en Chile es un delito abordado recién en 2003/2004 en el marco
de la instalación de la Comisión Valech por el gobierno de Ricardo Lagos y sólo como resultado
de la permanente denuncia y exigencia organizada que sostuviéramos en este sentido, como
exprisioner@s polític@s y familiares.
Dicho proceso concluyó con la promulgación y publicación en diciembre de 2004 de la ley
19.992, mal llamada ‘de reparación’. Las consecuencias de dicha ley significaron ponerle
techo a la reparación como concepto integral y mordaza a la búsqueda de verdad y justicia.
El mandato de las organizaciones por las que hablo hoy, señala que debo referirme a las
siguientes propuestas para ser incorporadas al trabajo de esta Convención y que, en tanto
exprisioner@s polític@s, hemos destacado como centralidades de nuestras intervenciones.
En primer lugar, existe la necesidad urgente y reactualizada de plantear el tema de la
reparación. En nuestra nueva constitución no puede existir una noción de Estado
irresponsable que no se haga cargo de las consecuencias del daño causado y de reparar a las
víctimas o sus familias.
Sabemos que respecto a la responsabilidad personal penal de los autores de los más
horrendos crímenes, hacer justicia es una batalla que hemos dado y damos hoy en
desventaja. Tanto por la desidia del Poder Judicial como por la repugnante bajeza moral de
los agentes del régimen militar y sus apologistas de ayer y de hoy, sabemos que la cobarde
impunidad que entrega la muerte sin castigo, se impone frente a nosotros.
Esperamos que el Estado se haga cargo de los hechos de sus agentes mediante la existencia
de una institucionalidad sólida que permita investigar los hechos, perseguir y condenar a los
autores y reparar efectiva e integralmente a las víctimas.
En este específico es que como Comando Unitario, llevamos décadas proponiendo la creación
de una Comisión Calificadora Permanente de víctimas por violaciones a los derechos
humanos; organismo que permita no solo reevaluar los casos de calificaciones pasadas que
no han tenido instancia de apelación, sino también poder recopilar antecedentes para
calificar a las personas que sean víctimas de esta condición, de forma de poder recibir la
correspondiente reparación. Esto con carácter de funcionamiento permanente hacia el
futuro.
Para nosotros la reparación es una cuestión de dignidad elemental. La reparación no se limita
a la compensación económica que no podrá nunca reparar el daño de la tortura, de la
desaparición o de la muerte. Lo primero que esperamos del Estado es una disculpa efectiva y
un reconocimiento histórico a nuestra dignidad y la memoria de los pueblos de Chile.
En segundo lugar, nos parece que las Garantías de no Repetición son algo fundamental.
Como he hecho mención, en nuestra condición de sobrevivientes de la dictadura civil-militar
vemos en los crímenes contra los derechos humanos de hoy, una cicatriz que se reabre en el
país. Es una cuenta que se vuelve a cobrar de la mano de instituciones de seguridad y de
defensa que han tenido nulo avance en torno a mejorar sus condiciones como organismos
que funcionan en el seno de una democracia.
Lo reiterado y masivo de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social es
evidencia incontestable de que la cultura institucional de las fuerzas militares y de seguridad
no ha mejorado significativamente desde la dictadura y requieren repensarse en forma
radical. Esperamos que la nueva constitución pueda dejar sentadas sólidas bases
institucionales de control civil y de una mayor participación de la población en dicho
control. Que se establezcan deberes democráticos, de transparencia y neutralidad política
de las fuerzas armadas, valores todos que existen en instituciones como estas en los países
que se toman en serio a sí mismos.
Finalizo agradeciendo a ustedes, su atención como miembros de la comisión y la invitación de
parte de la Convención en su generalidad. Dejo planteado para terminar el punto, que las
organizaciones de la sociedad civil estamos atent@s a tomar parte en la discusión sobre el
fondo, en lo que esperamos sea un proceso ampliamente participativo y democrático
ejemplar.
Muchas gracias

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