Además de los fallecidos por covid, este mes de agosto ha sido de luto en el país por una serie de masacres que han estremecido y golpeado -como casi siempre pasa- sobre todo a la Colombia rural, profunda y vulnerable.
La Silla Vacía, 24-8-2020
Han sido asesinados cinco niños en un barrio de desplazados y reinsertados en Cali, el pasado 11 de agosto; ocho muchachos en Samaniego, Nariño, cinco días después; cinco personas en Arauca y seis en El Tambo, Cauca, este viernes por la tarde; seis más el sábado en Tumaco. Y ayer domingo por la noche la Gobernación de Antioquia reportó la muerte de otros tres jóvenes más en Venecia.
Ese horror lo indica y los números lo confirman: la violencia está creciendo y en los territorios eso se siente y se traduce en más muertos, confinamientos por miedo y no sólo por la pandemia, asesinatos de líderes sociales, emboscadas, hostigamientos.
Hicimos un barrido en cinco de las regiones que cubrimos: Antioquia, Caribe, Pacífico, Santanderes y el Sur, para entender qué está pasando con este rebrote y la conclusión es que luego del desarme de las Farc, que entre otras ayudaba a regular el negocio de la coca, se ha generado una dinámica distinta en el narcotráfico y una descomposición que ha hecho proliferar distintas bandas por región.
Estos grupos, entre los que se encuentran las disidencias farianas (que en algunas zonas actúan coordinadas y en otras se enfrentan), luchan contra otros con presencia más estable como el llamado Clan del Golfo y, en algunos lugares, con guerrillas como el ELN y el EPL, esta última en el Catatumbo; por el control territorial y de las rentas ilegales, pero también a veces por la legitimidad y la influencia frente a la población civil.
En resumen: en Colombia no hay una, sino varias guerras locales, con actores y lógicas que no son exactamente iguales, pero con algo en común: en todas partes están arreciando.
Eso, mientras el Gobierno, según los expertos y sus propios anuncios, le apuesta a una estrategia más militar que estructural, pese a que en el papel promete otra cosa.
El aumento
Según reveló la ONU el pasado 17 de agosto, en 2020, con todo y cuarentena, en Colombia se han registrado 33 masacres, sin contar las de la última semana. Un número que casi iguala a las de todo 2019, cuando hubo 36, la cifra más alta desde 2014, según la misma organización.
De acuerdo a cifras de la Fundación Ideas para la Paz, estos dos años de Gobierno de Iván Duque la violencia ha aumentado respecto a los dos últimos años del Gobierno de Juan Manuel Santos.
La mayoría de las zonas en conflicto son estratégicas en el negocio de las drogas ilícitas porque son centros de producción, transformación y distribución de cocaína. En otras regiones se mueven economías ilegales como la minería y el contrabando que sirve para financiar ilegales, y otras son zonas de difícil acceso que les permiten a los grupos esconderse más fácil de la Fuerza Pública y de otros grupos armados.
Esto refleja que la lógica del conflicto ha cambiado, que no es homogéneo y que la solución es más difícil, debe ser adaptada a cada contexto y a largo plazo.
A juicio de cuatro expertos en conflicto consultados, la estrategia del Gobierno para combatir a los ilegales no ha sido eficaz.
En palabras del investigador de la fundación Conflict Responses, Kyle Johnson, “el mando local hace que sus guerras sean locales y sean más difíciles de parar”.
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Las guerras locales
Sur de Córdoba y Antioquia: coca, minería y un sancocho de disidencias y narcos
Una de las zonas que está en conflicto desde la salida de las Farc es el Sur de Córdoba, en el Caribe colombiano, que está conformada por los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré y Valencia. Allí, desde finales de 2017, se desató una guerra entre el Clan del Golfo o autodenominadas Autodefensas Gaitanistas contra una de sus estructuras conocida como bloque Virgilio Peralta, Caparrapos o Caparros, por el negocio de la droga y el territorio.
También hay presencia de disidencias del antiguo Frente 18 de las Farc que migraron de Antioquia, quienes se aliaron con los Caparros en el municipio de Puerto Libertador en esa guerra con la que buscan derrotar al Clan del Golfo.
“Allí había un pacto dinámico de no agresión entre las AGC y el frente 58 de las Farc, y eso había generado una especie de gobernabilidad armada que se rompe cuando se van las Farc y los Caparros se separan de las AGC”, nos dijo el investigador y miembro de la red de expertos de La Silla Llena, Luis Fernando Trejos.
Este territorio es apetecido por los grupos ilegales porque es el único departamento del Caribe por el que pasa toda la cadena del narcotráfico: siembra de la hoja de coca (especialmente en el nudo del paramillo), centros de procesamiento de la droga y exportación por sus costas.
Ese conflicto también está afectando hoy al bajo Cauca Antioqueño, a los municipios de Tarazá, Cáceres, El bagre, Caucasia, Nechí y Zaragoza. Allí hay una disputa casada entre el Clan y los Caparros, como se dijo arriba, que está ocasionando desplazamientos de líderes sociales “casi día de por medio”, según nos dijo un funcionario de la Alcaldía de Tarazá, que nos pidió no citarlo por seguridad, y el temor de la población a los grupos que extorsionan, amenazan y asesinan.
Pero no solo es por la coca, allí, según el funcionario, hay intereses en la minería de oro ilegal y el interés por el territorio. Al tener el control de la población pueden tener un dominio total de los negocios ilícitos e incluso de otros más pequeños como la extorsión.
Las cifras hablan de la crudeza del conflicto en esta región: ciento cincuenta personas, entre ellas 11 líderes sociales, han sido asesinadas en los 11 municipios del Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba en lo que va corrido del año hasta el mes pasado.
Este mismo conflicto está llegando a Ituango. A raíz de esa disputa, 12 excombatientes que vivían en el Espacio Territorial del municipio han sido asesinados, y otros tantos han sido amenazados por lo que tuvieron que salir desplazados del lugar hacia Mutatá, como contamos en esta historia.
Como respuesta, en esta zona del Bajo Cauca están las operaciones militares Aquiles y Agamenón, que es contra el Clan del Golfo y que ha dado duros golpes a cabecillas importantes del grupo, generando que se fragmente y que Otoniel, su cabeza, esté más débil.
Catatumbo: coca, contrabando, extorsiones y dos viejas guerrillas
En esta subregión de Norte de Santander, conformada por 11 municipios, el vacío de poder de las Farc lo disputan los otros dos grupos armados ilegales que tienen control territorial: el ELN y el EPL.
Ese control es importante porque en el último año esa zona se convirtió en la principal productora de coca del país con 41.144 hectáreas y también representa valiosas rutas de narcotráfico y contrabando hacia Venezuela, además de las usuales extorsiones a la industria petrolera, comerciantes y palmicultores.
La disputa entre esas dos guerrillas generó una ola de violencia muy fuerte en esa región, y si bien ha disminuido, aún no ha cesado y se está transformando.
La ventaja militar del ELN frente al EPL ha tenido tres efectos. Por un lado, hizo que el ELN se fortaleciera y copara los territorios más estratégicos de la región así como mayor número de espacios de las antiguas Farc.
Por otro, generó un repliegue del EPL que resultó concentrándose en dos de los municipios más pequeños (Sardinata y Playa de Belén), así como desplazándose a las ciudades de Ocaña y Cúcuta, huyendo de las confrontaciones con el ELN.
Esto último, a su vez, estaría impactando en la creciente violencia en esas ciudades. Justamente la Defensoría del Pueblo de Ocaña emitió una alerta temprana hace 15 días en la que plantea que una de las hipótesis de riesgo en Ocaña es que la confrontación entre el ELN y el EPL se traslade a esa ciudad.
El fortalecimiento del ELN también ha repercutido en que esté buscando apoderarse de las rentas ilegales en Puerto Santander, un municipio fronterizo muy cerca al Catatumbo y a Cúcuta, en el que el contrabando es la principal actividad y es controlado por Los Rastrojos. De ahí que en lo que va del año se haya desatado una guerra entre ambos grupos.
En medio de eso, las disidencias de las Farc también están fortaleciéndose en la región. Desde la desmovilización de esa guerrilla hasta finales del año pasado, aparecieron más de cuatro grupos de disidentes del frente 33, que fue el que se reincorporó en la zona, y ahora están bajo el mando de Gentil Duarte.
La estrategia militar en la zona fue llevar a finales de 2018 a la Fuerza de Despliegue Rápido No 3, que es un refuerzo de 5 mil hombres del ejército más especializados en combate y estrategia. Según dos fuentes del Ministerio Público, ha ayudado a contener las acciones de los grupos, sin solucionarlo de fondo.
“Sobre todo en las zonas nuevas a las que ha llegado el ELN, el hecho de que la Fudra esté acá, no les permite entrar de forma tan agresiva a atropellar a la gente, les toca cuidarse más”, nos dijo una de esas fuentes.
El presidente Duque también lanzó su estrategia Catatumbo Sostenible en la que ha presentado algunos avances: 154 mil millones invertidos en mejoramiento de vías terciarias, 17 proyectos de electrificación rural aprobados, asignación de 12 mil millones para hospitales, 20 acueductos y alcantarillados entregados y 6 proyectos productivos aprobados en la Agencia de Desarrollo Rural. A futuro: la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, actualizar el catastro multipropósito y obras por impuestos.
El Pacífico: coca, lucha por el control territorial y disidencias enfrentadas
Por el lado del Pacífico, que compone cuatro departamentos, hay decenas de peleas locales por el control del territorio y del negocio del narcotráfico, sobre todo en Cauca y Nariño que concentran el 35 por ciento de la coca del país.
La que más se ha recrudecido desde la salida de las Farc es la pelea entre el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó que mantiene a poblaciones como la de Bojayá confinadas y en medio de las balas.
La importancia de la zona es por las rentas de la minería ilegal y las rutas para transportar droga. Una de ellas es la del Cañón de Garrapatas que arranca por El Dovio, en Valle, y pasa por el Chocó hasta llegar al Océano Pacífico. Allí está el frente Ché Guevara que, junto con el Cacique Calarcá, hace parte del Frente de Guerra Occidental del ELN.
Más al sur, en Tumaco, Nariño (el segundo municipio con más coca del país) sigue la disputa entre las disidencias de las Farc del Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico y los contadores, que eran enemigos y ahora son aliados en la lucha contra el Frente 30 y el Alfonso Cano que llegaron con la intención de apoderarse de la región, como contamos aquí.
Más arriba en la cordillera occidental de Nariño en los municipios de Leiva, Cumbitara, Policarpa y El Rosario hay una disputa entre el Clan del Golfo o AGC contra la disidencia Franco Benavides, que está aliada con las disidencias de Cauca. Nariño es importante por la cantidad de coca sembrada (36,964 hectáreas) y porque su territorio tiene salida hacia el Pacífico.
En el sur del Cauca, en la zona de Argelia y el Tambo, que concentran el 54 por ciento de la coca del departamento (9,453 hectáreas), hay una disputa del ELN contra la disidencia de las Farc Carlos Patiño, que está coordinada con las otras disidencias que están más al norte del departamento, la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos.
Este conflicto comenzó a mediados del año pasado, luego de varios meses de calma con la salida de las Farc, como contamos en esta historia. Este lugar es clave porque, además de los cultivos, está la ruta de salida de drogas por el cañón del río San Juan de Micay que arranca en Argelia, pasa por López de Micay y termina en Timbiquí en el Océano Pacífico.
En este conflicto el ELN ha perdido fuerza y la disidencia está tomando control de la población. Han aparecido hombres armados a plena luz del día en el casco urbano, según ha denunciado su alcalde, Jhonatan Patiño, y organizaciones de campesinos.
Entre enero y junio de este año Medicina Legal ha registrado 52 homicidios entre Argelia y El Tambo, la mayoría, al parecer relacionadas con este conflicto.
A eso se suma la llegada a Patía de la disidencia la Segunda Marquetalia del exjefe guerrillero Iván Márquez, que abandonó su curul en el Congreso para rearmarse, que se enfrenta con la misma disidencia Carlos Patiño. Esto se da luego de intentos fallidos de Márquez de establecer una alianza.
El Sur: la retaguardia
Por último está el sur del país. En Meta y Caquetá está la disidencia de Gentil Duarte, que nunca se desmovilizó, pero también está Iván Márquez con la Segunda Marquetalia. Esta zona, a diferencia de las otras, no es estratégica por sus cultivos ni minería, pero sí por su ubicación. Eso lo sabe bien un combatiente veterano como Márquez.
Al ser tan alejada y montañosa es fácil para los grupos esconderse allí y crear, como lo fue con las Farc, un sitio para resguardarse. El Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha denunciado enfrentamientos entre los dos grupos, sin embargo, según dos fuentes en terreno, un alcalde y un líder social, eso no está confirmado.
Si bien aún no ha habido una guerra frontal, según las fuentes consultadas, hay tensión en toda la zona por la presencia de las disidencias que se pueden enfrentar en cualquier momento.
Incluso, la presencia de los dos grupos de disidentes ya estaría en Algeciras, en Huila, en donde en lo que va del año, han sido asesinadas 21 personas entre líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, excombatientes de la guerrilla y familiares de ellos. Hasta el momento, más de cien personas han sido desplazadas, según la personería.
Aunque en ese municipio también hay presencia de un tercer grupo armado que no ha sido identificado. Huila es importante, porque también sirve de retaguardia y hace parte del corredor de movilidad para conectar Caquetá con Cauca y Tolima.
El cambio en esta lógica del conflicto tiene que ver también con que sin las Farc, que eran el gran regulador del negocio de la coca, los grupos se han asociado con distintas mafias mexicanas, como contamos aquí, y por eso sus disputas se reacomodan con el único interés de proteger sus intereses.
La estrategia del Gobierno que no da resultados permanentes
Según dice en el Plan de Desarrollo de Iván Duque, justamente porque las Farc salieron del territorio y hay una nueva dinámica con presencia de otros grupos ilegales que se financian del narcotráfico y la minería ilegal, la estrategia de seguridad debía ser diferente: el aparato militar acompañado de una intervención integral del Estado en las zonas más complejas del país con más justicia e inversión social, que aún no llega.
Por eso lanzó su estrategia Zonas Estratégicas de Intervención Integral o zonas futuro que son Pacífico Nariñense, Bajo Cauca Antioqueño y Sur de Córdoba, Catatumbo, Arauca y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños.
Algunas de las estrategias regionales que se han lanzado para contrarrestar a estos grupos consisten unir a distintas fuerzas armadas como la área, fluvial y terrestre en las Fuerzas de Tarea Conjunta Aquiles en Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba, Titán en Chocó, Hércules en el pacífico de Nariño, Vulcano en Catatumbo, Omega en el Meta, Putumayo y Guaviare, Quirón en Arauca.
Si bien, todas estas fuerzas tienen resultados producto de sus operaciones como incautaciones, capturas, destrucción de maquinaria, no han logrado acabar con los grupos, ni la violencia, como le dijo a La Silla el funcionario de Tarazá en el Bajo Cauca Antioqueño que conoce del conflicto. “Pese a que sí hay resultados de sus operaciones, eso no se refleja en que los grupos se debiliten o desaparezcan”, aseguró a La Silla.
Esto pasa porque la estrategia militar sin presencia del Estado no es suficiente como lo reconoce el general del Ejército, Marco Mayorga, que está a cargo de Cauca, Nariño y parte de Valle.
“La solución no son los soldados en el territorio, la solución es integral, que comprometa a los diferentes sectores de la región para eliminar el narcotráfico que es la causa de la violencia. Donde hay coca hay muertos, sangre y dolor. Nosotros ponemos el componente militar en el terreno para tratar de estabilizar las regiones, para tratar de que los grupos armados ilegales no hagan ese tipo de intervenciones sangrientas”, dijo.
Esa intervención integral pasa por la inversión social “y por la estabilización económica de las regiones”, dijo el militar.
También pasa por ejecutar grandes reformas, como lo explica el analista Camilo González Posso de Indepaz.
“La respuesta sería y se ha dicho, es implementar el Acuerdo de Paz, tener una visión de desarrollo regional macro, no de proyecticos, sino programas grandes de reconversión, con recursos. No se trata solo de la estrategia militar, lograr inclusión y tener una alianza con las poblaciones y no ir en contra de ellas”, le dijo a La Silla.
El problema con eso es que son estrategias a largo plazo cuya ejecución es más lenta y requiere de voluntad política.
Otra línea que el Gobierno ha seguido, según lo dijo el Ministro de Defensa la semana pasada en Samaniego, es que el mayor causante de la violencia es el narcotráfico y que por lo tanto hay que combatirlo con todas las herramientas, incluyendo el glifosato -que está frenado porque la Anla no puede hacer audiencias informativas virtuales, que se requieren para la licencia ambiental-, para tomar el control de una zona y luego sí llegar con la inversión social requerida.
Ese, dicen algunos sectores críticos al Gobierno es otro error.
“En unas zonas el narcotráfico es el problema más importante, pero no el único factor. De hecho, para grupos armados como ELN, disidencias y clan del golfo, la pelea es por el control del territorio y todo lo que eso encierra. Control sobre poblaciones, imposición de reglas, «impuestos» como le llaman ellos – extorsiones para la gente- a todo lo que puedan cobrarle e incluso acceso al poder político local por la vía de la intimidación”, le dijo a La Silla Pedro Arenas de la Corporación Viso Mutop, una organización que hace seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, poner el centro de la lucha en las drogas prioriza mecanismos como la erradicación y aspersión que van en contravía de lo que las comunidades quieren, genera desconfianza con la Fuerza Pública y facilita que los ilegales se mantengan en el territorio e incluso ganen legitimidad ante la gente. Se venden como sus aliados y protectores.
“En seguridad no se puede seguir viendo a los campesinos, indígenas y afros como enemigos”, agrega Arenas.
Tener el foco en el narcotráfico también tiene como efecto que el Gobierno descuide otras economías ilegales que son rentables para los ilegales como la deforestación para la ganadería que está disparada en la Amazonía, agrega Posso.
Para el Ministerio de Defensa el incremento de las cifras de masacres -según la ONU llevamos 33 en este año- y de violencia se debe a las acciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales las lleva a “perder el control que tienen sobre zonas e integrantes [y] genera estas disputas”.
Así las cosas y como lo ha demostrado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, su enfoque seguirá siendo su lucha frontal contra el narcotráfico, y alcanzar su meta de erradicación de 130 mil hectáreas este año, para luego llegar con la inversión.
Mientras tanto, las violencias en las regiones están creciendo.
