Fabián Acuña y Sebastián Solano *
Razón Pública, 21-11-2016
Desde que el Sí salió derrotado en el plebiscito del 2 de octubre hemos vivido algunas semanas frenéticas en las que el gobierno y las FARC resolvieron en tiempo récord algunos puntos criticados por los defensores del No. ¿Alcanzará esto para contentar a los opositores?
El triunfo de la oposición
Luego del resultado del plebiscito del 2 de octubre, cuando el No ganó por un estrecho margen, los acuerdos de La Habana quedaron en el limbo. Hoy, después de un gran esfuerzo de concertación entre los negociadores del gobierno y la guerrilla, se logró un nuevo Acuerdo, respaldado por la comunidad internacional.
Después del 2 de octubre los promotores del No mostraron que el resultado fue una sorpresa incluso para ellos, y el director de la campaña del No, Juan Carlos Vélez, dio a conocer las estrategias cuestionables con las que lograron que diferentes sectores salieran a votar en contra de los acuerdos basados en la desinformación. Posteriormente, Vélez fue desautorizado por los líderes del Centro Democrático.
Luego de ese domingo, el uribismo, algunos sectores evangélicos, el pastranismo y el exprocurador Alejandro Ordóñez tuvieron que articular sus vocerías en un frente unido. También, otros sectores literalmente comenzaron a “salir del closet” tras el resultado. Por ejemplo:
- Algunas Cortes dejaron conocer sus reparos al Acuerdo;
- El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se sintió en libertad de dar a conocer los suyos y hasta de convocar una marcha contra el gobierno por el proyecto de reforma tributaria;
- Algunos empresarios, terratenientes y miembros de la reserva de las FF.AA. manifestaron su inconformidad con algunos puntos del Acuerdo.
Por eso, el primer diálogo con los promotores del No fue para resolver entre ellos qué era lo que no les gustaba del primer Acuerdo.
Al mismo tiempo, la movilización social exigía que se superara la etapa de oposición y comenzaran las propuestas para no dilatar el tiempo por el riesgo que implicaba tener guerrilleros en zonas de concentración, así como por la necesidad imperante de una pronta implementación de lo acordado.
A esta presión se sumó la comunidad internacional. Sucesos como el artículo del New York Times en el que se decía que el expresidente Uribe era la persona que bloqueaba la paz en Colombia o el premio Nobel de paz otorgado al presidente Santos fueron un claro respaldo internacional a la salida negociada.
La renegociación
Ante esto, el gobierno decidió convocar un diálogo nacional con los diferentes sectores del No para conocer sus reparos. Y al contrario de lo que se podría esperar, las FARC manifestaron que mantenían su compromiso con el desarme y estaban dispuestas a escuchar las propuestas del No:
- Los cristianos manifestaron su inconformidad con la inclusión -tema que además nunca estuvo presente- de la llamada “ideología de género” en los acuerdos de la Habana;
- Algunos sectores políticos manifestaron sus reparos frente a la inclusión del Acuerdo Final en el bloque de constitucionalidad;
- Se criticó la elegibilidad política de los miembros de las FARC, especialmente para aquellos que habían tenido participación en delitos de lesa humanidad;
- En temas relacionados con la justicia transicional, algunos empresarios manifestaron su inconformidad por la posibilidad de que empresas y empresarios fueran juzgados por su participación directa o indirecta en el conflicto;
- Los miembros de las Fuerzas Armadas en retiro se manifestaron en el mismo sentido que los empresarios; y
- Otros indicaron la necesidad de dejar explícito en el Acuerdo el respeto a la propiedad privada.
Finalmente, se recibieron alrededor de 500 propuestas de los voceros del No que fueron clasificadas en 57 temas. Luego de recibir las propuestas –y a pesar de que algunos decían que se debía hacer una concertación tripartita entre el gobierno, las FARC y los promotores del No– el gobierno sirvió de intermediario y llevó a cabo un nuevo diálogo con los negociadores de la guerrilla en La Habana.
Se recibieron alrededor de 500 propuestas de los voceros del No.
La guerrilla fue receptiva a las distintas propuestas de los promotores del No que fueron incluidas en el nuevo Acuerdo, también se debe mencionar que varios líderes del No flexibilizaron algunas posiciones, al punto que el presidente Santos en un discurso televisado indicó que aunque el primer Acuerdo fue elogiado por la comunidad internacional, debía admitir que este nuevo Acuerdo era mejor.
El líder negociador del gobierno, Humberto de la Calle, afirmó lo propio e indicó que “el nuevo Acuerdo es mejor que el anterior, pero no sacrifica su espíritu”. Asimismo, Juan Lozano, importante representante de la oposición, admitió que sí se podía mejorar el primer Acuerdo gracias a las sugerencias de quienes estaban inconformes.
Lo que cambió
- Preámbulo: Atendiendo las críticas de algunos voceros del No, se decidió extraer el Acuerdo del bloque de constitucionalidad como requisito para su cumplimiento riguroso ante la jurisdicción constitucional.
En cambio, este se transfirió al orden normativo de los Convenios de Ginebra para la configuración legislativa regida por el derecho internacional humanitario. En la práctica, el Acuerdo debe implementarse bajo el seguimiento de la Corte Constitucional, y su refrendación será realizada por el Congreso de la Republica. En el preámbulo del nuevo Acuerdo se clarifica esta cuestión.
- Introducción: En la introducción los cambios técnicos del lenguaje fueron claves debido a la oposición frente a una supuesta “ideología de género”. Por ese motivo, se eliminó el “enfoque de género” explícito en el primer Acuerdo para hablar ahora de “igualdad de género” en términos más abiertos.
- Reforma rural integral: En el tema de tierras los voceros del No se opusieron a las restricciones de los beneficios para el desarrollo del agro, que en un principio cubrían solamente a campesinos en situaciones vulnerables. En el nuevo Acuerdo se abre la puerta a las víctimas del conflicto, e incluso a agricultores y grandes empresarios.
Además, se hizo explícito en el nuevo Acuerdo que no se afectará el derecho a la propiedad privada, y se aclara que la expropiación y extinción de dominio para el Fondo de Tierras se harán aplicando la Constitución y las leyes.
Igualmente, se creó un registro de posibles beneficiarios de tierras y subsidios y se ampliaron los mecanismos para arreglar los líos de formalización y propiedad de tierras más allá de lo acordado. Para eso se creó un grupo de expertos que recomendará reformas de leyes y políticas para regularizar derechos, facilitar el acceso a la tierra a los campesinos y garantizar la función social y ecológica de la propiedad.
El gobierno se comprometió también a incentivar proyectos asociativos entre campesinos y empresarios (algo totalmente nuevo que encaja bien con la visión del campo de las Zidres). Y se incluye un nuevo principio de la reforma rural integral, para asegurar que se hace de forma balanceada con la agroindustria, el turismo rural y la agricultura familiar.
Finalmente, se amplió el tiempo de trabajo de la misión establecida para la reducción total de la pobreza extrema en lo rural, de 10 a 15 años, y se redujo de 12 a 10 años el plazo para la adjudicación de tres millones de hectáreas y la formalización de siete millones más.
- Participación política: En este punto, el único reparo del No que no se discutió fue el de elegibilidad para miembros de las FARC desmovilizados. Las modificaciones relevantes aquí se concentraron en la eliminación de algunas garantías para que los partidos políticos no perdieran su personería jurídica y en que el nuevo partido político de las FARC no pueda participar en las elecciones que se llevarán a cabo en las Circunscripciones Especiales de Paz.
Por otra parte, se aclararon ciertos conceptos técnicos como el de “protesta pacífica”, para dejar establecido que se dan garantías para la protesta pero se advierte que ellas no evitarán que el Estado ejerza su autoridad.
En el nuevo Acuerdo se aclara que las FARC van a recibir lo equivalente al promedio que recibieron los partidos y movimientos sociales con personería jurídica este año, en lugar del 10 por ciento de la apropiación presupuestal anual, como estaba antes.
Por último, se aumentó la financiación del centro de pensamiento de las FARC, Ecomun, que ahora tendrá una suma equivalente al 7 por ciento (antes era 5 por ciento) del Fondo Para los Partidos hasta 2022.
- Fin del conflicto: En este punto se redujeron de 23 a 20 las zonas veredales transitorias acordadas para realizar la desmovilización, y se aclaró que la entidad que crearán las FARC para manejar los proyectos individuales de sus miembros reinsertados debe someterse a las reglas de las entidades cooperativas
Los nuevos reparos
Después de la renegociación, los nuevos reparos de los promotores del No son que el gobierno firmó un Acuerdo con la guerrilla sin socializarlo con todas las partes.
Se hizo explícito en el nuevo Acuerdo que no se afectará el derecho a la propiedad privada
Por su parte, una serie de iglesias cristinas han dicho que no fueron suficientes las modificaciones en torno a la “ideología de género”, libertad de culto y la idea de la familia como núcleo básico de la sociedad.
Hoy tenemos un nuevo Acuerdo que recoge algunos reparos de los representantes del No, pero aún se mantiene la inconformidades en varios sectores.
* Fabián Acuña, docente-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Sebastián Solano, estudiante de Ciencia Política Pontificia Universidad Javeriana.
