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CMF oficia a Codelco para que detalle quién negoció acuerdo con SQM: se investigan transacciones

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Máximo Pacheco, presidente del directorio de la cuprera estatal, detalló que el regulador busca definir “la gente con acceso a información privilegiada”.

REDIMIN Última Actualización: 2024/01/11

CRISTIAN RECABARREN ORTIZ

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ofició a Codelco para que entregue una lista detallada de quién fue parte de la negociación con SQM para extender el contrato de extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, para así investigar alguna eventual compra o venta de acciones de la minera no metálica durante el proceso, que se extendió por ocho meses.

Así lo reveló Máximo Pacheco, presidente del directorio de la cuprera estatal, al explicar a la Comisión de Minería de la Cámara Baja el sigilo con el cual se llevaron las tratativas, en las cuales participó un grupo reducido de personas de cada compañía, más los banqueros de Morgan Stanley, los técnicos de la firma de ingeniería Hacht y los abogados de Carey. La lista solicitada, detalló, busca definir “la gente con acceso a información privilegiada”.

“Esta negociación fue muy compleja, porque cada uno sabía lo que tenía y lo que no tenía… Ellos (SQM) tenían la más grande planta de litio basada en salmuera del mundo”, dijo Máximo Pacheco.

“Tenemos que sentirnos orgullosos de hacer trotar al Estado”, comentó el directivo en relación a la celeridad con que suscribieron el acuerdo. El Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) establece que ambas mineras constituirán una nueva sociedad para extraer litio, cuyos accionistas serán SQM Salar (SQM) y Tarar (Codelco), donde la estatal tiene el 50% más una acción.

Durante 2024, precisó, se debe realizar la consulta indígena; finalizar el due diligence; definir el pacto de accionistas y los estatutos de la sociedad; firmar el acuerdo definitivo; someter la asociación a la Fiscalía Nacional Económica y, eventualmente, a organismos internacionales de libre competencia; enviar el contrato de arriendo a la Contraloría y aprobar los contratos definitivos en el Consejo de Corfo y en los directorios respectivos. Todo ello, para que en 2025 se hagan los estudios de impacto ambiental (por el aumento de producción en el Salar de Atacama en 300.000 toneladas al año) y probar las nuevas tecnologías de extracción directa.

La nueva firma tributará un 85% de sus rentas, explicó.

¿Cuál fue el punto más complejo de la negociación? Lo relativo al “valle productivo”, es decir, qué pasa si SQM no continúa operando en el Salar, con lo cual en los últimos años del contrato la compañía privada bajaría, o reduciría a cero, la extracción; y se demoraría unos cinco años -calculó Pacheco- en que un nuevo actor pudiera operar en la cuenca. Ello habría significado una reducción de los ingresos fiscales, apuntó la ministra de MineríaAurora Williams.

Respecto del malestar de las comunidades, dijo que la “medida del éxito” del proceso radica en lograr suscribir un contrato de la mano de los pueblos atacameños.

Pacheco admitió el malestar y la desconfianza de éstos e informó que se ha reunido cinco veces con sus representantes. Reveló que algunas comunidades le enviaron una carta fechada el 7 de enero manifestando su voluntad de diálogo.

El Consejo de Pueblos Atacameños levantó la movilización que obstaculizaba el acceso al Salar de Atacama tras gestiones de la ministra de Minería, quien comprometió una visita -en una fecha aún por acordar- del Presidente Boric a la zona. Esto era una solicitud de las comunidades, explicó el presidente de la agrupación indígena, Wladimir Reyes. La misma Aurora Williams se reunirá con el Consejo en los próximos días.

Según fuentes ligadas al conflicto, la movilización está afectando la producción de litio de la empresa, denunció el sindicato de SQM Salar. Albemarle aclaró que sus operaciones “continúan con normalidad” y que “nuestros esfuerzos se enfocan en la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras y en mantener la continuidad operativa”.

CRU valora pacto

El centro CRU expresó que de concretarse el pacto, una nueva firma controlada por la estatal operará durante 35 años a partir de 2025. “El Gobierno de Chile alcanza su objetivo de aumentar aún más su participación en las ganancias de la operación de litio de Atacama, mientras SQM asegura un acuerdo a largo plazo -que de otro modo habría expirado en 2030- para mantener su posición en el sector”.

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