En punto de prensa desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, en TOMA desde la mañana del 15 de septiembre, familiares de los comuneros mapuche detenidos por el Caso Iglesias dieron lectura al comunicado público que exige la acción directa e inmediata por parte del gobierno ante la inminente muerte de los cuatro detenidos. Al 17 de septiembre de 2017 son 103 días en huelga de hambre, cabe señalar que llevan más de un año en prisión preventiva en un caso con testigos de rostro cubierto, avalados por la Ley Antiterrorista creada en dictadura.

Patricia Neculpan leyó el comunicado y aclaró que el Estado chileno es responsable de cualquier desenlace fatal de esta huelga. A esta altura existen secuelas irreparables y riesgos inminentes, incluso de fallas cardíacas. Alfredo Tralcal, Ariel Trangol, Pablo Trangol y Benito Trangol se encuentran con riesgo de morir, acusados de incendio con carácter terrorista, en una clara demostración de injusticia por parte del estado y sus instituciones, que mantienen tratos distintos según el nivel de poder o influencia que tienen los afectados.

La toma de la Conadi es una medida desesperada en busca de apoyo y solución inmediata frente a lo que Patricia Neculpan define como un trato inhumano e indigno a los comuneros y sus familias, por el sólo hecho de ser mapuche. Apelando a las facultades directas del gobierno y el Ministerio del Interior aseguran que no depondrán la toma y que llegarán hasta las últimas consecuencias.

El abogado de la Defensoría Popular, Gustavo Alfonsi, explica por qué en casos de este tipo no es posible aplicar la Ley Antiterrorista, medida que según diversas organizaciones de derechos humanos representa violencia, racismo y discriminación étnica en contra del Pueblo Mapuche.