Le Monde Diplomatique, edición chilena
por Patricio Arenas
Megasequía de quince años, incendios en pleno invierno, salares bajo presión y territorios que el país aprendió a llamar «zonas de sacrificio»: Chile ofrece un catálogo casi completo de los riesgos ecológicos del siglo. Culpar al clima sería cómodo. Lo que se agota aquí es otra cosa: cuarenta años de un modelo que trató el territorio como una reserva ilimitada.
Hay países donde la crisis ecológica se anuncia como una amenaza futura. En Chile ya forma parte del presente. Está en los embalses del Norte Chico y en las napas sobreexplotadas. La dibujan los glaciares que retroceden y los incendios que vuelven cada verano, y que este año llegaron incluso en pleno invierno. Se respira en las ciudades del sur cubiertas de humo. Se acumula bajo los relaves mineros, presiona los salares que el litio codicia, satura los fiordos de la salmonicultura. Y tiene nombre propio allí donde las organizaciones sociales, los investigadores y hasta los documentos oficiales terminaron hablando de «zonas de sacrificio».
El propio Estado habla ya de una «triple crisis ambiental»: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Su Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025, presentado en enero de 2026 a partir de más de doscientos indicadores, registra temperaturas extremas al alza, precipitaciones a la baja y una megasequía que dura ya quince años.
El cambio climático explica una parte del cuadro. No explica por qué aquí las consecuencias son tan brutales. La crisis ecológica chilena nace del encuentro entre un territorio de una vulnerabilidad excepcional y un modelo económico voraz en recursos naturales. Ahí empieza el problema.
Un laboratorio del calentamiento global
Chile es una demostración geográfica de casi todos los riesgos climáticos contemporáneos. Más de cuatro mil kilómetros separan el desierto de Atacama de los hielos patagónicos, y entre ambos se suceden altiplano, salares, valles mediterráneos, bosque templado, archipiélagos, fiordos, estepas y glaciares. Esa diversidad es una riqueza. También multiplica los frentes.
El centro del país, donde vive buena parte de la población y se concentra la producción agrícola, pierde precipitaciones desde hace más de un decenio. El norte minero necesita enormes cantidades de agua justo donde más escasea. El sur forestal acumula calor, sequedad, viento y plantaciones combustibles. La Patagonia se convierte, a su vez, en nueva frontera energética y extractiva.
Las cifras internacionales confirman la escala del problema hídrico. Retomando la actualización 2023 del Aqueduct Water Risk Atlas del World Resources Institute, la OCDE sitúa a Chile en el puesto 16 entre 164 países por estrés hídrico de referencia: único latinoamericano en el grupo de estrés extremadamente alto, junto a Bahréin, Chipre, Kuwait o Jordania. En la mayor parte de las regiones, la demanda de aguas subterráneas ya supera los niveles sostenibles. La catástrofe climática se superpone así a una crisis de gestión que la precede.
El agua: escasez natural, escasez política
Chile posee 1.251 ríos y 101 cuencas hidrográficas, según la Dirección General de Aguas. Sobre el papel, no es un país sin agua. Pero el recurso se reparte de manera brutalmente desigual y varias de las principales actividades económicas se instalaron precisamente donde escasea.
Durante decenios, la ley convirtió los derechos de aprovechamiento en derechos privados negociables. El Código de Aguas de 1981, dictado bajo la dictadura, creó lo que la propia OCDE describió como un sistema nacional pionero de derechos transables sobre aguas superficiales y subterráneas. Pionero, y también la matriz institucional de buena parte del problema actual: los derechos se entregaron a perpetuidad, de forma gratuita, separados de la propiedad de la tierra y sin obligación alguna de usar el agua. De ahí vinieron la sobreasignación de cuencas enteras —se concedió más agua de la que los ríos llevan— y el acaparamiento de derechos con fines especulativos. La reforma de 2022 reconoció la prioridad del consumo humano, el saneamiento y la subsistencia, y fijó plazos y causales de caducidad para los nuevos derechos. Pero los derechos históricos siguen vigentes, y con ellos la sobreasignación y unos caudales ecológicos insuficientes.
Coquimbo es el caso revelador. Durante mucho tiempo su sequía se presentó como consecuencia casi exclusiva del cambio climático. Investigaciones basadas en estaciones pluviométricas, estaciones fluviométricas y pozos mostraron después el peso decisivo del consumo productivo. Trabajos posteriores sobre Chile central son aún más categóricos: la megasequía no basta para explicar el descenso de los acuíferos, y la sobreexplotación cumple un papel fundamental. Llueve menos, pero también se extrae demasiado.
La distinción decide la política que sigue. Si la sequía fuera un castigo meteorológico, bastaría con desalinizadoras, embalses y tuberías. Pero cuando existe además una crisis de demanda, de asignación y de gobernanza, ampliar la oferta no resuelve nada: aplaza el problema y suele agravarlo, porque cada nueva fuente encuentra pronto un nuevo destinatario. Agricultura intensiva, minería, ciudades e industrias «verdes» compiten por un recurso que mengua, y la desigualdad social se vuelve desigualdad ecológica.
El cobre: el problema más antiguo
Antes del litio hubo, y sigue habiendo, cobre. Columna vertebral de la economía chilena desde hace un siglo, es también el sector cuyo impacto ambiental se discute menos, quizá porque forma parte del paisaje mental del país de un modo que el litio, más nuevo, todavía no alcanza.
El cobre plantea dos problemas de naturaleza distinta: lo que consume y lo que deja. Lo que consume es, ante todo, agua. Cochilco calcula que el consumo hídrico de la minería del cobre subirá de 18,5 metros cúbicos por segundo en 2024 a 20,6 en 2034; pero el cambio decisivo está en el origen, porque el agua de mar, que aportaba el 40,7 % del abastecimiento en 2024, llegaría al 67,6 % en 2034, y tres cuartas partes de ella serán desalinizadas. La industria, dicho de otro modo, está resolviendo su problema hídrico mudándose a la costa.
Esa mudanza se paga primero en electricidad. Cochilco proyecta que el consumo eléctrico del sector suba de 27,6 TWh en 2025 a 33,2 TWh en 2034: un 20,2 %, contra apenas un 8,3 % de aumento en la producción de cobre fino. La concentración del mineral se llevará el 55 % de esa electricidad, y el segundo factor de crecimiento es precisamente el agua de mar, cuya desalación y, sobre todo, cuyo bombeo hasta faenas situadas a miles de metros de altitud exigirán cerca de un 60 % más de energía, hasta 5,4 TWh. Conviene no forzar la conclusión: las energías renovables cubrirían cerca del 98,6 % del suministro eléctrico minero hacia 2030, de modo que el desplazamiento no significa mecánicamente más emisiones. Significa más generación, más transmisión y más infraestructura, en el mismo norte donde falta el agua.
Se paga después en el mar. Cada planta desalinizadora devuelve una salmuera cuya concentración puede duplicar la del agua que capta, y aspira en sus tomas larvas, huevos y plancton. Chile acaba de aprobar un marco específico: la Ley 21.813, publicada el 12 de mayo de 2026 tras años de tramitación y promulgada por el propio gobierno de Kast, somete las plantas industriales a evaluación ambiental, ordena las concesiones y obliga a declarar los puntos de captación y de descarga. Su aplicación, sin embargo, queda diferida: salvo el título que crea la Estrategia Nacional de Desalinización, la ley sólo entrará plenamente en vigor dieciocho meses después de su publicación, a fines de 2027. Y el Ministerio del Medio Ambiente «podrá» —no «deberá»— dictar una norma de emisión para las salmueras, de modo que el estándar técnico sigue sin existir, mientras en las bahías donde la desalación opera desde hace veinte años los especialistas describen ya fondos marinos emblanquecidos. La crisis hídrica no desaparece cuando la industria va a buscar el agua al mar: cambia de dirección. Sube a la red eléctrica y baja al fondo de las bahías.
Lo que el cobre deja son, en primer lugar, los relaves. El Catastro de Depósitos de Relaves 2024 del Sernageomin contabiliza 836 depósitos en el país. Sólo 129 están activos: 627 figuran como inactivos y 53 como abandonados, es decir un 81 % fuera de operación. Los abandonados son los más difíciles, porque suelen carecer de responsable identificable, de historial de construcción y de todo monitoreo. El riesgo no se limita al colapso físico, aunque en 2010 el terremoto derribó un depósito abandonado en el valle de Las Palmas y sepultó a una familia entera. El daño mayor es lento: en contacto con agua y oxígeno, los sulfuros generan ácido sulfúrico que disuelve y moviliza arsénico, plomo, cobre o cinc hacia el suelo y las aguas subterráneas. El propio Sernageomin lo advierte con una precisión inquietante: los depósitos fuera de uso son más problemáticos que los activos, porque ya no circula agua que retire el ácido que se sigue produciendo. Coquimbo concentra la mayor cantidad de estos pasivos.
Deja también las fundiciones. Sus emisiones de dióxido de azufre y de arsénico modelaron durante decenios la geografía sanitaria del litoral: varias de las localidades que hoy se llaman «zonas de sacrificio» se organizaron alrededor de una de ellas.
Y aquí reaparece, a escala histórica mucho mayor, la contradicción que plantea el litio. El cobre es a la vez un problema ecológico chileno y un insumo sin el cual no existe transición energética alguna: no hay red renovable, ni almacenamiento, ni electromovilidad sin cobre. Chile no exporta sólo un metal. Exporta la condición material de la descarbonización ajena, y se queda con los relaves.
El litio: la paradoja de la transición verde
Pocas imágenes resumen mejor las contradicciones del siglo XXI que un automóvil eléctrico europeo alimentado por una batería cuyo litio procede de uno de los ecosistemas más secos del planeta.
Chile exportó en 2024 un récord de 314.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y concentró el 42 % de las exportaciones mundiales de carbonato e hidróxido. Pero el litio no existe en el vacío. En el Salar de Atacama, su extracción se juega dentro de un sistema hidrogeológico intrincado, donde salmueras, aguas subterráneas, humedales altoandinos, fauna y comunidades humanas sostienen equilibrios todavía mal conocidos. Los estudios recientes confirman impactos hídricos relevantes, que no se miden sólo por el volumen extraído sino por la fragilidad del salar. Otros trabajos muestran, en cambio, una huella de carbono comparativamente baja por unidad producida. No hay contradicción: el litio chileno puede ser eficiente en carbono y seguir castigando el agua de un ecosistema que apenas la tiene.
La asociación entre Codelco y SQM, formalizada a fines de diciembre de 2025, extiende la explotación del salar hasta 2060. El Estado obtiene la mayoría accionaria y una participación creciente en el margen operacional de la nueva producción —en torno al 70 % entre 2025 y 2030, hasta el 85 % desde 2031—, junto con compromisos para reducir el uso de agua continental, incorporar tecnología, reforzar el monitoreo y ampliar la participación de las organizaciones lickanantay, el pueblo atacameño que habita el salar y sus oasis desde antes de la Conquista. Son avances reales, y sería deshonesto no reconocerlos.
Sin embargo, el mismo acuerdo amplía en 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente la cuota de producción y venta autorizada hasta 2030, y apunta después a niveles cercanos a 280.000-300.000 toneladas anuales. La tensión queda intacta: aumentar sustancialmente la producción mientras se promete aliviar la presión sobre salmueras y aguas continentales. De ahí la pregunta que ningún comunicado corporativo resuelve. ¿Puede llamarse «transición ecológica» a un cambio tecnológico que baja emisiones en el Norte trasladando su presión material a los ecosistemas frágiles del Sur? La contradicción no condena la explotación del litio. Obliga a preguntar cuánto extraer, dónde, con qué tecnología, bajo qué control y para beneficio de quién.
El país que arde
El fuego ofrece otra imagen del encuentro entre clima y modelo productivo. Los incendios forestales dejaron de ser accidentes excepcionales: en enero de 2026, Ñuble, Biobío y La Araucanía volvieron a sufrir una simultaneidad de focos que obligó a desplegar masivamente los medios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y Ñuble vivió uno de los siniestros más catastróficos de su historia. Más inquietante todavía, el fenómeno empieza a romper su calendario. Entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026 —pleno invierno austral— CONAF contabilizó 135 incendios, frente a 43 en el mismo período de la temporada anterior.
La superficie quemada, en cambio, bajó un 8 %: de 1.359 a 1.257 hectáreas. El dato merece leerse con cuidado, porque no hubo más desastre, hubo más ignición. El sistema de combate contuvo la ola. La pregunta es cuánto tiempo podrá seguir haciéndolo si los focos se triplican fuera de temporada.
El calor, la sequedad y el viento crean las condiciones. Detener ahí la explicación sería insuficiente. Buena parte del centro-sur está cubierta por extensas plantaciones de pino y eucalipto, y ese paisaje no es un accidente natural: nació de una política pública iniciada con el Decreto Ley 701 de 1974, que subsidió durante decenios la forestación con especies exóticas de rápido crecimiento. Son rentables y sostienen a una poderosa industria exportadora. Pero la propia CONAF reconoce, en Los Ríos por ejemplo, que los grandes incendios históricos se asocian a la simultaneidad de focos, al viento Puelche y a la continuidad de las plantaciones.
Combatir incendios sin discutir la ordenación territorial equivale a secar el suelo después de cerrar el grifo, pero sin reparar la tubería. Cada helicóptero adicional puede ser necesario; ninguno sustituye una política de paisaje. Y este paisaje no se instaló sobre un territorio vacío: para numerosas comunidades mapuche, la discusión sobre plantaciones, agua y fuego se inscribe también en una historia de despojo territorial y de reivindicación de reparación.
El aire que enferma
Chile dispone de planes de descontaminación y sistemas de vigilancia relativamente sofisticados: a comienzos de 2026 existían 21 planes de prevención o descontaminación atmosférica en trece regiones, para unos doce millones de habitantes. La exposición sigue siendo, pese a todo, altísima. Según la OCDE, las concentraciones de material particulado fino MP2,5 permanecen entre las más elevadas de la organización y representan riesgos sanitarios significativos para el 98,6 % de la población.
La geografía de esa contaminación dibuja las desigualdades del país. En el norte pesan las emisiones industriales; en el centro, el transporte, la industria y la densidad urbana; en ciudades del sur como Coyhaique, Osorno o Temuco, la calefacción a leña sigue siendo la fuente principal de partículas finas. La pobreza energética adquiere entonces una dimensión sanitaria: cada familia se calienta con lo que puede pagar, y el resultado colectivo deteriora el aire que todos respiran.
En algunos puntos del litoral, la acumulación de fundiciones, termoeléctricas y puertos industriales produjo lo que se conoce como «zonas de sacrificio»: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví, Coronel. La expresión no es una categoría jurídica, y el Estado prefiere hoy hablar de territorios de «transición socioecológica justa», con una política pública de reconversión productiva, empleo, descontaminación y participación local. El vocabulario nuevo designa algo real. También sustituye una acusación, sacrificio, por una promesa, transición. Falta saber si esos territorios conocerán la segunda con la misma intensidad con que conocieron la primera.
El océano tampoco es infinito
Durante decenios Chile pudo imaginar el Pacífico como una extensión ilimitada, capaz de absorber residuos, producir alimentos y sostener industrias nuevas. Ya no. Aguas residuales, minería, agricultura, pesca y acuicultura presionan cada vez más sobre ríos, costas y ecosistemas marinos, y la OCDE señala además lagunas importantes en el monitoreo y en las normas de calidad.
El salmón es el caso más visible. Chile es una potencia mundial del rubro: la producción pasó de 1.035.307 toneladas en 2024 a 1.167.342 en 2025. La actividad genera exportaciones y empleo en las regiones australes, disputa el espacio costero a la pesca artesanal y concentra peces en jaulas marinas, lo que favorece enfermedades, residuos orgánicos y uso de medicamentos. En 2025, el consumo total de antimicrobianos alcanzó 415,4 toneladas de principio activo, un 18,3 % más que el año anterior; ponderado por la biomasa, el índice subió un 5,88 %, y en los ciclos cerrados en agua de mar se situó en 313,81 gramos por tonelada producida.
Otro dato resulta mucho más revelador. Los centros del programa voluntario PROA-Salmón registraron un promedio de 13,47 gramos por tonelada: más de un 96 % por debajo del promedio de la industria. Los centros no son idénticos —difieren en especies, zonas sanitarias y presión de enfermedades—, y la comparación no es un ranking moral. Pero demuestra que la dependencia farmacológica del resto no parece una fatalidad biológica: depende también de decisiones productivas, sanitarias y de gestión. Y lo que depende de decisiones puede regularse.
Una biodiversidad protegida sobre el papel
Chile protege alrededor del 44 % de su zona marítima económica exclusiva y el 22 % de su territorio terrestre. En el Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en Kunming-Montreal en diciembre de 2022, los Estados se comprometieron a proteger el 30 % de las tierras y los mares del planeta antes de 2030; medido con esa vara —la meta conocida como «30×30»—, Chile va adelantado. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), operativo desde el 1 de febrero de 2026 tras más de un decenio de tramitación, es uno de los mayores avances institucionales recientes, y el Estado aprobó además una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025-2030 con cinco objetivos y 39 metas.
Declarar una superficie protegida y proteger un ecosistema no son, sin embargo, lo mismo. El propio SBAP lo demuestra. El traspaso desde CONAF de las áreas silvestres protegidas y de unos quinientos funcionarios, previsto para agosto de 2026, se postergó hasta marzo de 2027 ante problemas de planificación y tensiones laborales. Sería injusto deducir de ello una parálisis: SBAP y CONAF pusieron en marcha un Plan de Gestión del Cambio 2026-2027 y mesas regionales para preparar la integración de más de cien áreas protegidas. Pero el episodio mide la distancia que separa crear una institución por ley de dotarla de reglamentos, presupuesto, personal y condiciones operativas. Una reforma preparada durante un decenio puede todavía perder un año en su puesta en marcha.
Mientras tanto, especies invasoras, cambios de uso del suelo, fragmentación de hábitats, ciertas prácticas pesqueras, minería y nuevas infraestructuras siguen presionando. Y proteger enormes superficies marítimas alejadas de los centros productivos no puede servir de compensación estadística para tolerar degradaciones intensas allí donde se concentra la actividad económica. Un país puede cumplir el 30×30 y seguir perdiendo biodiversidad.
Cuando proteger se vuelve «permisología»
Aquí la crisis ecológica se transforma abiertamente en conflicto político. Durante años, sectores empresariales y políticos popularizaron el término «permisología» para describir la acumulación de autorizaciones que retrasa los proyectos de inversión. El problema administrativo existe. Ningún Estado moderno puede considerar una virtud que un permiso tarde indefinidamente, que varias instituciones pidan la misma información o que la incertidumbre sustituya a la regulación.
La reforma, sin embargo, no empezó con la derecha. El 29 de septiembre de 2025, el gobierno de Gabriel Boric promulgó y publicó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que aspira a recortar los plazos entre un 30 % y un 70 %, y hasta un 50 % en proyectos estratégicos. El Ejecutivo aseguró que lo haría sin rebajar estándares ambientales; las organizaciones conservacionistas la bautizaron «ley motosierra». La aceleración de los permisos es, por tanto, una tendencia transversal anterior al cambio de gobierno.
Lo que cambió en marzo de 2026 fue la escala y el gesto. El 12 de marzo, al día siguiente de la asunción de José Antonio Kast, la Subsecretaría del Medio Ambiente retiró de Contraloría 43 decretos ambientales heredados de la administración precedente: normas sobre termoeléctricas, fundiciones de cobre, arsénico y calidad del aire; planes de descontaminación; reglamentos del SBAP; áreas protegidas altoandinas y oceánicas; la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural; el plan de recuperación de la ranita de Darwin. El gobierno lo presentó como una revisión técnica y prometió corregir y reingresar los textos.
Doscientas cuarenta y siete organizaciones socioambientales y científicas respondieron con una alerta pública. La ministra Francisca Toledo replicó con un argumento que no conviene despachar: varios de esos decretos habían entrado en los últimos días del gobierno anterior, después de años de tramitación. El problema es lo que vino después. A comienzos de agosto de 2026, sólo ocho de los 43 decretos habían sido reingresados y treinta y cinco seguían pendientes. Ahí está el riesgo que denuncian los ambientalistas, y no depende de las intenciones declaradas: un decreto retirado no necesita ser derogado, basta con no devolverlo.
No se trata de reducir la política ambiental a una confrontación entre izquierda y derecha. Chile necesita inversión, infraestructura, energía, minería y crecimiento; ninguna sociedad redistribuye indefinidamente una riqueza que no produce. Pero tampoco hay crecimiento sostenible si se destruye el capital natural que permite producirla. Ahí está quizá el error intelectual del debate sobre la «permisología»: presentar medio ambiente e inversión como dos intereses externos que el Estado debiera arbitrar.
El agua no es un obstáculo administrativo para la mina: el agua forma parte de la mina. El suelo no es un obstáculo para la agricultura: el suelo hace posible la agricultura. El océano no es el escenario donde se instala la salmonicultura: el océano es su principal factor productivo. Destruirlos para acelerar la inversión equivale a consumir el capital para mejorar transitoriamente los beneficios.
El modelo en discusión
Durante cuarenta años, la inserción internacional de Chile se construyó sobre sus ventajas naturales: cobre, madera, pesca, fruta, vino y, ahora, litio y energías renovables. El modelo dio resultados económicos indiscutibles. Generó exportaciones, modernizó sectores productivos, financió políticas públicas y conectó el país con la economía mundial. Pero tiene un límite físico. Durante mucho tiempo se pudo tratar agua, suelo, paisaje, biodiversidad y capacidad de absorción de contaminantes como variables secundarias frente a la producción. Ya no lo son.
El Informe País 2025 de la Universidad de Chile llega exactamente a esa conclusión: los problemas ambientales y climáticos superaron la capacidad de respuesta incremental del Estado y exigen transformaciones más profundas en el modelo de desarrollo, la gobernanza ambiental y la articulación territorial de las políticas públicas. Nada de eso implica dejar de extraer cobre, abandonar la agricultura, cerrar las salmoneras o renunciar al litio. Implica algo más difícil: pasar de una economía que mide cuánto puede extraer a otra que se pregunte cuánto puede regenerar el territorio.
El país que podría existir
Chile dispone, paradójicamente, de casi todo lo necesario para convertirse en un laboratorio mundial de transición ecológica: uno de los mejores recursos solares del planeta, enormes capacidades eólicas, minerales estratégicos, experiencia institucional, universidades competentes y ecosistemas extraordinarios. Tiene además algo quizá más valioso: la experiencia de haber llegado antes que otros a los límites del modelo.
La crisis hídrica enseña que la eficiencia sin límites de extracción no basta. Los incendios, que combatir el fuego sin ordenar el territorio no basta. El cobre y el litio, que descarbonizar sin mirar los impactos materiales de la transición no basta. Las zonas de sacrificio, que el crecimiento nacional puede convivir durante decenios con la enfermedad local. Y la trayectoria del SBAP, que crear instituciones ambientales no basta si carecen de reglamentos, recursos y capacidad efectiva de actuación.
La alternativa no consiste en volver a una naturaleza imaginariamente intacta ni en sacrificarla en nombre del progreso, sino en decidir qué tipo de prosperidad puede durar. Ésa es la verdadera dimensión de la crisis ecológica chilena. No se trata sólo de árboles quemados, ríos que se secan, glaciares que retroceden o especies amenazadas: se trata de la relación que una sociedad mantiene con su propio territorio.
Durante decenios Chile preguntó cuánto cobre, cuánta madera, cuánta fruta, cuánto salmón podía producir su geografía. Ahora la geografía empieza a devolver la pregunta: ¿cuánto Chile puede soportar Chile? La respuesta determinará mucho más que su política ambiental. Determinará el país que quedará cuando termine el siglo.
