Es saludable cuando una organización joven, como el Frente Amplio (FA), comienza a abrir sus debates a la sociedad, dejándose permear por esta y transparentando posiciones que si bien no siempre son coincidentes, si deben servir tanto para la construcción mancomunada de un discurso y una práctica política conjunta, como para la constitución de un ideario colectivo y una forma de enfrentar la construcción de fuerza social y política.

En este sentido, la columna publicada hace poco por la compañera Alejandra Cárcamo en El Desconcierto -pero elaborada en conjunto por la Comisión de Educación de Revolución Democrática (RD)– pone sobre el tapete elementos que claramente permiten enfrentar las diferencias que se tienen al interior del FA no solo con respecto al tema específico que se aborda, el proyecto de ley para una Nueva Educación Pública (NEP) presentada por el gobierno de la Nueva Mayoría al Congreso, sino también en lo relativo a aspectos más profundos, que muchas veces tienen incluso que ver con la forma en que se concibe la construcción de una política al servicio de las mayorías y que debe ir de la mano con las propuestas que el propio movimiento social ha venido levantando a partir de sus luchas y experiencias organizativas.

A la posición expresada por la Comisión de Educación de RD se le pueden realizar varias observaciones, comenzando por las relativas a la propia propuesta del gobierno, de la que los compañeros de RD terminan haciéndose eco a pesar de los reparos del Colegio de Profesores y de sectores del mundo académico.

En primer lugar, es necesario mencionar que la directiva actual del Colegio de Profesores no ha tenido ninguna posibilidad de influir en el proyecto, puesto que solo han sido invitados a la Comisión de Educación del Senado en momentos en que legislativamente ya no es posible realizar modificaciones a la iniciativa, siendo ambas invitaciones meramente informativas, lo que implica un vicio de legitimidad de la iniciativa legislativa en tanto uno de los principales actores del sistema educativo ha quedado marginado del proceso de elaboración y definición del Proyecto.

Fuera de esto, y en términos más técnicos, el proyecto NEP mantiene en definitiva el voucher, o financiamiento por asistencia, no contemplando la necesidad del financiamiento basal, lo que mantiene intacto uno de los pilares fundamentales del Estado subsidiario y la neoliberalización de la educación en nuestro país. Tampoco se elimina, en la práctica, la figura del sostenedor, pues si bien ya no jugarán un rol los alcaldes, la figura propuesta del administrador local cuenta prácticamente con las mismas atribuciones que estos, en particular, en materias como la contratación de personal, administración de recursos e implementación de planes educativos, al mismo tiempo que mantiene la condición de “igualdad de trato” entre sostenedores privados y públicos, una de las condiciones centrales para explicar la decadencia progresiva de la matrícula pública. De igual manera, se mantiene la ausencia resolutiva de las comunidades educativas en la toma de decisiones, siendo el director del servicio local el que posee esta atribución de una forma exclusiva.

En esta línea, la lógica que predomina en la forma de gestión que propone el proyecto, redunda en el mismo equivocado supuesto que ha sido hegemónico en las últimas décadas: la rendición de cuentas. Aquí no tenemos novedad. En otras palabras, un proyecto que podría haber propuesto un proceso de apertura democrática hacia las comunidades educativas y la sociedad en su conjunto en el ámbito educacional, se queda en la forma política tecnocrática de comprender el funcionamiento del aparato estatal, que dicho sea de paso, sigue gozando de muy buena salud en la centro izquierda chilena.

La NEP tampoco contempla que los servicios locales reflejen y conduzcan un Plan Nacional de Educación, dejando esto al arbitrio de los sostenedores. Estos factores -junto al hecho de que se mantienen y validan las lógicas estandarizadas sin hacerse cargo de los efectos del SIMCE y de sus efectos en las escuelas, o que no garantice ni tenga asegurados los recursos para que las deudas previsionales y salarios docentes se cancelen antes del paso de los establecimientos desde los municipios a los servicios locales, generando potencialmente una nueva deuda histórica con el gremio más grande de Chile- parecen ser motivos suficientes para distanciarse de la posición planteada por RD.

Pero los argumentos no son solo técnicos, pues el trasfondo de la diferencia siempre será político. Lo preocupante, en este sentido, no es ya el desconocimiento de los elementos críticos demostrado por RD respecto del proyecto en sí y sus detalles, sino el que nos muestra una práctica política que da la espalda a las opiniones y propuestas del movimiento social, encarnadas en este caso en el Colegio de Profesores. Creemos que es, precisamente, esta ceguera ante las demandas del movimiento social una de las principales debilidades mostradas hasta ahora por parte del FA, y que tan bien expresa la columna de los compañeros de RD.

Parece no existir para ellos la evidencia mostrada por la Consulta Nacional Docente del 14 de junio recién pasado, en que votaron más de 40 mil profesores colegiados y no colegiados, y en la cual un 80% de los participantes se manifestó contra el proyecto del gobierno -posición ratificada luego por la Asamblea Nacional del gremio- que acordó además un plan de movilizaciones para impedir que se legisle al respecto.

Más grave, en un momento de evaluación de nuestra actuación en las primarias presidenciales del FA, es que la posición expresada en la columna no se condice con lo planteado por nuestra actual candidata presidencial sobre el tema, puesto que la compañera Beatriz Sánchez ratificó ante el magisterio su apoyo irrestricto a las posiciones que ha venido manifestando el Colegio de Profesores sobre el particular, es decir, su completo rechazo a la iniciativa del gobierno. Y esta declaración, en ese sentido, hace un flaco favor a su determinación de levantar las propuestas del movimiento social organizado como parte sustancial de su propia propuesta programática.

No será el respaldo ni los guiños a posiciones que acaban por proyectar con cambios cosméticos la continuidad del modelo neoliberal -ni en primera ni en segunda vuelta, ni política ni programáticamente- lo que nos permitirá avanzar en la construcción de una nueva fuerza política y social, como parece sostener finalmente la columna de la Comisión de Educación de RD, sino muy por el contrario, nuestra capacidad de encarnar las demandas del movimiento social y trabajar junto a él, sin darle la espalda y asumiendo como propias sus propuestas. Es, precisamente, la construcción política por arriba, sin la presencia de los actores sociales reales, uno de los desafíos a superar por esta nueva fuerza que busca emerger, pero que difícilmente podremos enfrentar con éxito si no somos capaces de confrontar sin ambages las prácticas políticas que buscan suplantar las iniciativas del movimiento social, que esquivan la urgencia de levantar un proyecto antineoliberal con claridad, y que en definitiva no hacen más que mantener y proyectar las mismas políticas impulsadas por la NM bajo el manto ─solo aparente, por lo demás─ de una nueva política que, en realidad, poco tiene que envidiarle al viejo gatopardismo que aparenta cambiarlo todo para que que todo siga igual.

Sebastián Henríquez, presidente del Comunal Ñuñoa del Colegio de Profesores, militante de Socialismo y Libertad

Javier Insunza, presidente del Comunal Providencia del Colegio de Profesores, militante de Izquierda Libertaria.

Víctor Gómez, militante del Movimiento Autonomista

Camilo Brodsky, concejal del Frente Amplio por Ñuñoa y militante del Movimiento Autonomista