EL CIUDADANO
¿Cuánto deja de ganar el Estado?
El abogado Mauricio Daza planteó que con este acuerdo, que se produjo sin licitación y fue negociado entre cuatro paredes, «se fregó al Estado», registrándose pérdidas por más de 10.000 millones de dólares.
por Leonardo Buitrago
El pasado viernes 31 de mayo la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM) firmaron el controvertido Acuerdo de Asociación sobre la producción de litio refinado en el Salar de Atacama desde 2025 hasta 2060.
De acuerdo con economistas, expertos, analistas, actores políticos y organizaciones sociales este acuerdo para explotar la mayor reserva mundial de litio en pertenencias del Estado, que se produjo sin licitación y fue negociado entre cuatro paredes y representa un “mal negocio para Chile”.
El abogado querellante de los casos cascadas, SQM, Corpesca y Penta, Mauricio Daza, expuso una serie de argumentos para explicar las razones por las que este pacto, ya tiene la firma de Máximo Pacheco por el gobierno y Ricardo Ramos por SQM, atenta gravemente contra el interés público.
Trato directo en vez de licitación abierta
En primer lugar, criticó que la estatal Codelco haya realizado un trato directo con la minera controlada por Julio Ponce Lerou en vez de concertar una licitación abierta.
«Estamos hablando de la mayor reserva mundial de litio por 30 años, obviamente que van a haber muchas empresas interesadas en realizar una oferta y la mejor forma de asignar quién se va a hacer socio del Estado es llamar a una licitación abierta y transparente, eso es lo que correspondía, pero en cambio se eligió hacer una negociación directa y que no tiene transparencia», planteó durante su participación en el programa Stock Disponible.
Al respecto recordó que enero de 2008 el presidente Gabriel Boric publicó un mensaje en su cuenta en la red social » (antiguo Twitter) en el que explicó por qué no se había decidido no llamar a una licitación pública internacional para la extracción de litio en el Salar de Atacama, afirmando que se encontraba convencido de que se había alcanzado un buen contrato para Chile.
Para acompañar sus argumentos, el jefe de Estado compartió una columna de opinión escrita para El Mercurio por Gustavo Lagos Cruz-Coke, profesor titular de Ingeniería en la Universidad Católica, quien además está ligado al Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), el cual destacó Maza, «agrupa a un conjunto de personas e expertas en minería y siempre ha tenido una postura favorable a la privatización de Codelco».
«Lagos Cruz-Coke fue empleado de SQM y después continuó haciéndole asesoría externa a SQM», acotó.
Por su parte, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, para justificar la ausencia de una licitación, planteó ante el Congreso que el 27 de diciembre de 2023, que la estatal y SQM habían firmado un memorando de entendimiento no vinculante, el cual contaba con «una cláusula expresa que permite que Codelco reciba otras ofertas, analice y resuelva (…) llevamos cuatro meses y no ha llegado nadie»
«Esto es como si yo llego a un acuerdo contigo para arrendarte mi casa por 30 años y lo firmamos ante notario, pero y se establece en una de las cláusulas que no puedo pedirle a otras personas que me hagan ofertas, pero si alguien y pasa por la calle y me hace una oferta por lo mismo y yo pueda considerarla, esto no es equivalente a una licitación pública, con bases, con llamadas para una empresa para que participe», indicó Maza.
Falta de transparencia en las negociaciones del pacto
Otro de los puntos que planteó el analista, se refiere a la falta de transparencia en el proceso de negociación del acuerdo Codelco-SQM. «Cuando tienes transparencia puedes hacer un control de que no haya tráfico de influencias porque acá hablamos de muchos millones de dólares», dijo.
Indicó que una de las entidades que ha asesorado a Codelco en lo referente al pacto, es el estudio de abogados Carey, que también ha asesorado a SQM.
«El subdirector de Carey es Francisco Ugarte, quien fue hasta hace poco director de SQM», reveló.
También se refirió a la participación de Jaime San Martín, quien antes de entrar a Codelco, fue durante 15 año vicepresidente de operaciones de SQM. «Una de las personas más cercanas a Julio Ponce Lerou, hoy trabaja en Codelco», señaló.
«Entonces se necesita transparencia para saber quiénes intervinieron en las negociaciones, qué es lo que hicieron, con quién se contactaron. Eso es algo que Pacheco no ha querido decir ante el Congreso», apuntó Maza.
¿Cuánto deja de ganar el Estado con el acuerdo?
Aunque Máximo Pacheco ha insistido en que el pacto es “la operación comercial entre dos empresas, pública y privada, más importante en la historia de Chile”, el abogado explicó cuáles son sus perjuicios para el fisco.
«Se supone que SQM debe pagar impuesto, y lo segundo debe pagar el arriendo, como haría cualquier otra minera en esa posición. Según Pacheco el Estado va a recibir el 75% de todo lo que se venda de litio en el Salar de Atacama, pero la pregunta no es cuánto gana el Estado con el acuerdo, la pregunta es cuánto deja de ganar el Estado con el acuerdo», cuestionó.
Destacó que para poder suscribir un convenio en el que una empresa se logra hacer de una participación en una mina debe pagar un monto «por acceder a ese negocio».
Al respecto, recordó que una junta de accionistas realizada el pasado 2 de marzo, Ricardo Ramos, gerente de SQM, admitió que la empresa «paga cero», para renovar el contrato de explotación del Salar de Atacama, hasta finales del año 2060.
«Eso es lo que dijo, ese es el monto por acceder al contrato», enfatizó Maza.
Indicó que un cálculo realizado por el economista Camilo Lagos para la Fundación Progresa, proyecta una pérdida para el Estado de 10.199 millones de dólares de concretarse la entrega de la explotación del Salar de Atacama a SQM hasta el año 2060.
Lagos Miranda fue el responsable del diseño de la política pública del Litio en la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entre los años 2009-2011 y 2015-2016. También le tocó coordinar la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional del Litio que sesionó en 2014.
«Lagos planteó que el valor de acceso a este contrato debería ser de al menos 10 mil millones de dólares«, señaló.
Deuda de SQM con el fisco
Como otra objeción al pacto, el abogado Mauricio Daza recordó que SQM tiene juicios contra el fisco, ya que la empresa controlada por Julio Ponce Lerou no quiere aceptar que le tiene que pagar al Estado el impuesto específico de la actividad minera por el litio que extrae del Salar Atacama.
«SQM está litigando contra el Estado para no pagar 1.000 millones de dólares que se le está cobrando por parte del Servicio de Impuestos Internos», mientras que la empresa Albemarle que también explota litio en el salar de Atacama, ha pagado y no ha reclamado nada», explicó.
Litio para los nietos de Pinochet
La quinta objeción planteada por Mauricio Daza en el programa Stock Disponible, se refiere a la cláusula que se fijó en el contrato alcanzado en 2018, tras los casos de corrupción por financiamiento irregular de la política, en el cual el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, dejó establecido que Julio Ponce Lerou debería quedar fuera del directorio de SQM hasta el 2030.
En concreto, Corfo exigió que, para concretar el acuerdo con la empresa, se debía restringir la participación del yerno de Augusto Pinochet, en el directorio de la privada, al igual que su familia, hasta 2030 y a cambio, se le otorgarían mayores cuotas de explotación de litio a la compañía dentro del Salar de Atacama.
El acuerdo con Corfo estableció que el Grupo Pampa -ligado a Ponce- y que posee el 26% de la propiedad de SQM, se comprometía a no nominar ni votar como director de la minera privada al empresario, ni a ningún pariente suyo hasta el segundo grado de consanguinidad.
Dicha obligación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.
Al respecto, el jurista indicó que en el pacto suscrito el pasado 31 de mayo no incluye la cláusula fijada por Corfo.
«Máximo Pacheco no negoció el tema de la prohibición, y sin esta prohibición entre 2031 y 2060, Julio Ponce Lerou o cualquiera de sus familiares, incluidos su hijos, nietos del dictador Augusto Pinochet, pondrían ser directores de la empresa público privada que se va a hacer cargo de la explotación del litio en el Salar de Atacama», advirtió.
«En las últimas semanas Ponce Lerou decidió cambiar a todos los directores de las empresas cascada, a través de las cuales tiene acceso en SQM, y puso a su hija Francisca Lucía Ponce Pinochet, a cargo porque no se está manteniendo la cláusula que estableció Bitrán», señaló Mauricio Daza.
«Aun si se mantuviera la cláusula, solo se excluyen del directorio, pero siguen recibiendo la plata por la extracción del litio», acotó.
SQM excluyó a accionistas minoritarios
Otro de las banderas rojas planteadas por Daza sobre el acuerdo del litio, es que la fórmula que se eligió para concretar el negocio, excluye a los accionistas minoritarios de SQM, entre los que figura la empresa china Tianqi, que posee el 22% de las acciones y que ha denunciado haber sido excluida de información y toma de decisiones frente al acuerdo.
Al respecto, señaló que el camino que Máximo Pacheco, presidente de la minera estatal, pactó con la empresa controlada por Julio Ponce Lerou consiste en que la nueva empresa creada por Codelco, llamada Minera Tarar SpA, será absorbida por SQM Salar S.A.
«Se había hablado de que Codelco y SQM iban a formar una nueva empresa, pero resulta que no es tan así, ya no se habla de la Empresa Nacional del Litio, Codelco creó la empresa Tarar SpA que va a ser absorbida por SQM Salar», señaló.
Daza planteó que según el mercado financiero, «esta fórmula de absorción, era la única manera en la que no habría que preguntarle a los accionistas de SQM si se podía hacer este negocio, ya que bastaba con la decisión del directorio controlado por Ponce Lerou».
«Se fregó al Estado bajo el gobierno de Gabriel Boric y se fregó a lo chinos», afirmó.
Fuente: El Ciudadano
