El Quinto Poder, 21 de septiembre, 2026
por Andrés Vera Quiroz
En Chile, las cifras económicas suelen presentarse como “señales de normalidad”. Pero detrás de cada indicador hay una realidad que los promedios ocultan. En septiembre de 2026, el desempleo llega al 9,5%, la ocupación disminuye un 0,2% en doce meses, la informalidad alcanza el 26,5% y la desocupación —sumada al tiempo parcial involuntario— escala al 16%. Este escenario obliga a mirar directo a las condiciones en que los hogares sostienen su vida.
No basta con saber cuántas personas tienen trabajo. Importa qué tipo de empleo es, cuánto permite cubrir y cuánta incertidumbre genera. Un empleo informal e intermitente puede maquillar las cifras para que una familia no aparezca como pobre, pero la mantiene al borde del abismo. Superar la pobreza no es superar la vulnerabilidad.
La perspectiva de Adriana Clemente sobre la pobreza persistente es clave para entender esto. La pobreza no es una fotografía fija de los ingresos. Su persistencia se traduce en trayectorias donde se acumulan privaciones, restricciones y un deterioro constante de oportunidades que impide cambiar las condiciones de vida. Esta mirada derriba la idea de que mejorar los ingresos resuelve el problema. Un hogar puede recibir más dinero y seguir atrapado en deudas, empleos precarios, vivienda costosa, crisis de cuidados y nula capacidad de ahorro.
Aquí cobra sentido el concepto de sobrecarga de sobrevivencia, propuesto por el suscrito. Esta noción nombra una experiencia que las estadísticas ignoran: el esfuerzo físico y mental de las familias para mantener el día a día cuando sus recursos laborales, materiales y redes son insuficientes. Es el desgaste cotidiano por alcanzar aquello que debería estar mínimamente garantizado.
La sobrecarga aparece cuando sobrevivir exige administrar al mismo tiempo desempleo, informalidad, deudas y cuidados. Se acepta el empleo que haya, se posterga la salud, se recurre a favores familiares, se estira el presupuesto y, casi siempre, se vuelve a pedir un crédito. Esa adaptación no es gratis: se convierte en desgaste social y mental.
Ambas miradas se cruzan: la pobreza persistente explica por qué ciertas desigualdades no se mueven; la sobrecarga de sobrevivencia muestra cómo las personas soportan esa permanencia. Una ilumina la trayectoria de la carencia; la otra, el costo humano depositado sobre los hogares.
El problema es que Chile convirtió la capacidad de soportar en una virtud. Durante años, el crédito compensó los sueldos bajos, las redes familiares suplieron la falta de protección estatal y el trabajo informal tapó los baches de la inestabilidad. Las estrategias individuales ocuparon el espacio de los derechos sociales.
Por eso, el desempleo de 2026 no es una simple variable económica. Perder el trabajo destruye la autonomía y la capacidad de proyectar el futuro. Cuando golpea a un hogar, afecta la alimentación, la vivienda y el cuidado de los hijos. Cuando las familias concentran toda su energía en resolver lo inmediato, se anula su posibilidad de participar y construir comunidad. La precariedad deja de ser solo económica; se vuelve existencial.
Superar la pobreza no es superar la vulnerabilidad
Aquí emerge la dimensión política de la nueva cuestión social: ¿qué decide garantizar una sociedad colectivamente y qué decide dejar al desamparo de la capacidad individual? Esta pregunta devuelve la protección social y la desigualdad al centro del debate.
A siete años del estallido social, el “nosotros” que irrumpió en las calles parece profundamente debilitado. Las demandas colectivas no desaparecieron, pero fueron absorbidas otra vez por las urgencias de la sobrevivencia individual. Cuando cada hogar debe resolver por su cuenta los riesgos de la vida, se rompe el tejido social y la posibilidad de reconocerse en una experiencia común.
La pobreza persistente y la sobrecarga de sobrevivencia revelan lo que la lectura económica oficial esconde: una sociedad puede mejorar ciertos indicadores y conservar intactas las estructuras que producen inseguridad. El desafío no es solo crear empleo, sino construir condiciones para que trabajar permita vivir con dignidad.
La pregunta para este Chile de 2026 no es cuánto más pueden resistir las familias, sino por qué aceptamos que “resistir” sea su principal virtud. La política social debe dejar de administrar la vulnerabilidad y empezar a desmantelar las condiciones que producen esa sobrecarga.
Un país no debería medir su progreso por el aguante de su gente. El verdadero avance comienza cuando sobrevivir deja de ser la única meta del día y se abre espacio para vivir, proyectarse, encontrarse con otros y reconstruir un proyecto común.
