El Porteño
por Alejandro Valenzuela Torres
El Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986 no fue una protesta más dentro del largo ciclo de resistencia contra la dictadura. Fue, probablemente, el punto más alto del enfrentamiento popular abierto contra Pinochet desde el golpe de Estado de 1973: una huelga general política, de masas, con participación obrera, poblacional, estudiantil, profesional y territorial, que condensó en dos días toda la rabia acumulada desde las jornadas nacionales de protesta iniciadas en mayo de 1983.
No se trató de un estallido espontáneo, sino de la maduración de un proceso. Desde la crisis económica de comienzos de los ochenta, el mito del “milagro” neoliberal había comenzado a desmoronarse. El hambre, la cesantía, el endeudamiento, la destrucción sindical, la represión y la miseria urbana fueron transformando la protesta dispersa en acción colectiva. Las poblaciones, los sindicatos, los estudiantes, las mujeres, los colegios profesionales y las organizaciones de derechos humanos fueron dando forma a una experiencia de combate que, con avances y retrocesos, hizo de 1986 el llamado “año decisivo”.
La dictadura venía de intentar quebrar ese ascenso mediante el Estado de Sitio decretado tras las protestas de 1984 y mediante una represión sistemática que golpeó especialmente a los barrios obreros y populares. A ello se sumó el terremoto de marzo de 1985, que operó como factor de reflujo social momentáneo, desplazando energías hacia la sobrevivencia inmediata. Pero bajo esa superficie de repliegue, la ira siguió acumulándose. El invierno de 1986 la devolvió a las calles con una fuerza inédita.
La convocatoria del paro fue realizada por la Asamblea de la Civilidad, constituida oficialmente el 26 de abril de 1986 bajo el control de la Democracia Cristiana y con el apoyo del Partido Comunista, después de un llamado de la Federación de Colegios Profesionales. La Asamblea reunió a organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, poblacionales, sindicales, de mujeres, de derechos humanos, del mundo mapuche, de la cultura y del magisterio, y elaboró la llamada “Demanda de Chile”, expresión del intento de concentrar en un solo programa las aspiraciones democráticas y sociales del pueblo. Unas 250 entidades hicieron llegar sus demandas para esa elaboración, y la Asamblea quedó integrada por sectores como la CONFECH, Mujeres por la Vida, Ad Mapu, la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, el Colegio de Profesores, la AGECH y el Comando Nacional de Trabajadores, entre otros.
Pero la grandeza histórica del 2 y 3 de julio excedió ampliamente a sus convocantes. La consigna “Todos juntos y al mismo tiempo” fue apropiada por una clase trabajadora y un pueblo que no solo querían “apertura”, sino terminar con la dictadura. El instructivo llamaba a no ir al trabajo, no comprar, no hacer trámites, concurrir al mediodía a las plazas, apagar las luces de noche, encender velas, tocar cacerolas, pitos, bocinas y campanas. La mañana del 2 de julio, Santiago y las principales ciudades del país amanecieron paralizadas: el transporte público no circulaba, el comercio bajó cortinas y en las poblaciones comenzaron a levantarse centenares de barricadas.
Las cifras revelan el carácter nacional y obrero-popular de la jornada. Según la revista Hoy la paralización alcanzó al 80% de los trabajadores textiles, 85% del cuero y calzado, 95% del comercio detallista, 80% de médicos y profesores, 70% de la locomoción colectiva y 80% de los escolares. Territorialmente, el paro habría alcanzado 60% de adhesión en Arica, 80% en Antofagasta, 90% en Valparaíso y 100% en Temuco y Punta Arenas.
Estamos, por tanto, ante una verdadera manifestación de huelga general política, aunque atravesada por las limitaciones impuestas por la derrota histórica de 1973, la fragmentación sindical producida por el Plan Laboral y la represión patronal-militar en los centros de trabajo. Rodrigo Araya Gómez, en su estudio sobre el Comando Nacional de Trabajadores, subraya que el CNT no tenía plena capacidad de realizar un paro productivo clásico, pero sus convocatorias tenían una fuerza simbólica que arrastraba a otros sectores, como los estudiantes. En ese marco, sostiene que la participación del CNT fue relevante para el éxito del Paro Nacional del 2 y 3 de julio, aunque condicionada por las contradicciones internas de la Asamblea y por la ausencia de una alternativa política independiente frente a la dictadura.
Aquí aparece una cuestión decisiva para una lectura de clase de esta gesta. La potencia del paro residió en que las masas trabajadoras y populares hicieron irrumpir en la escena nacional una fuerza social capaz de paralizar el país y disputar físicamente el territorial al régimen. En Lo Hermida, La Victoria, Villa Francia, Los Nogales, La Legua, Pudahuel, La Florida y tantas otras poblaciones, la protesta no fue solo cacerola o abstención laboral: fue organización de barricadas, zanjas, miguelitos, redes de primeros auxilios, ollas comunes, comunicaciones barriales y autodefensa rudimentaria.
Sergio Grez ha insistido, en su historiografía del movimiento popular chileno, en que la huelga general no es únicamente una suma de paralizaciones laborales, sino una forma superior de irrupción política de los explotados cuando estos se reconocen como fuerza social capaz de disputar el orden existente. Su estudio sobre la evolución histórica del movimiento popular chileno, desde la “regeneración del pueblo” hasta la huelga general, permite ubicar el 2 y 3 de julio de 1986 en una tradición larga: la de las masas que, cuando rompen la pasividad, desbordan el marco institucional y transforman sus necesidades inmediatas en poder colectivo.
Ese fue justamente el peligro que percibieron la dictadura, la burguesía opositora y el imperialismo norteamericano. Pinochet ya no contaba con el apoyo internacional monolítico de los años setenta. Washington, preocupado por la estabilidad regional y por la posibilidad de que la movilización popular escapara a todo control, comenzó a tomar distancia del dictador y a empujar una salida ordenada, pactada, institucional. La burguesía chilena, incluyendo a su oposición democrática, comprendió que el problema no era solo Pinochet: el problema era que la lucha contra Pinochet podía abrir una dinámica de masas contra el conjunto del régimen social heredado de la contrarrevolución de 1973.
La represión fue brutal. El 2 de julio, una patrulla militar detuvo a Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo de 19 años, y a Carmen Gloria Quintana, estudiante de 18 años, en el sector de Los Nogales. Fueron rociados con gasolina, quemados vivos, envueltos en mantas, subidos a un vehículo militar y abandonados en una zanja de regadío. Rodrigo murió el 6 de julio; Carmen Gloria sobrevivió con gravísimas quemaduras.
Pero el crimen no produjo el efecto buscado. No quebró la movilización: la enconó y la propia Dictadura deslindó responsabilidad sobre los hechos. El horror de Rodrigo y Carmen Gloria hizo perder todavía más legitimidad social a la dictadura. La barbarie del régimen quedó expuesta ante los ojos del país y del mundo. En las poblaciones, la noticia no paralizó por miedo; multiplicó la rabia. La represión dejó otros asesinados, heridos, detenidos, secuestrados, torturados y relegados. Además de Rodrigo Rojas, otros siete jóvenes fueron asesinados por disparos de patrullas militares durante esas jornadas, y que cientos de personas fueron encarceladas y torturadas.
El diario El País informó entonces que la represión militar contra la huelga dejó siete muertos, 50 heridos graves y 600 detenidos, y que el régimen ordenó la detención de los organizadores de la Asamblea de la Civilidad, describiendo la jornada como la mayor manifestación de descontento popular desde el inicio de las protestas colectivas.
La pregunta estratégica es inevitable: ¿por qué una movilización de tal magnitud no terminó con la dictadura?
La respuesta no está en una supuesta “inmadurez” del pueblo, ni en una falta de disposición al combate. La respuesta está en la dirección política. La oposición burguesa buscó siempre transformar la presión de masas en moneda de cambio para una transición pactada. Su objetivo no era que la clase trabajadora derrotara a la dictadura en las calles, sino utilizar la movilización como palanca para negociar una salida institucional que preservara lo fundamental: la Constitución de 1980, el modelo neoliberal, la impunidad estructural de las Fuerzas Armadas y la continuidad del Estado burgués.
La Asamblea de la Civilidad expresó esa contradicción. Por un lado, fue una forma de unidad social amplia que permitió articular demandas y convocar a millones. Por otro, su conducción política estuvo atrapada en la estrategia de la presión controlada, subordinada a los partidos de la oposición moderada y, especialmente, a la Democracia Cristiana. De hecho, después del 2 y 3 de julio, comenzó a instalarse en sectores de la oposición la perspectiva de una salida negociada con la dictadura, lo que repercutió en la Asamblea; el diseño original de convocar un nuevo paro en dos meses no se materializó.
El Partido Comunista merece una crítica particular. La política de Rebelión Popular de Masas contenía, en su formulación, la idea de combinar movilización social, autodefensa y acción armada contra la dictadura. Pero en la práctica, el PC subordinó su política a la búsqueda de unidad con la Democracia Cristiana y al marco de la Asamblea de la Civilidad. Esa subordinación desarmó políticamente a los sectores más combativos, porque en lugar de impulsar órganos independientes de poder obrero y popular, capaces de darle continuidad al paro y transformar la huelga en ofensiva nacional contra el régimen, terminó adaptándose al horizonte democrático-burgués de la oposición.
El resultado fue que la energía revolucionaria de las masas fue conducida hacia el plebiscito, la negociación y la transición pactada. La “democracia” que emergió después no fue la victoria social de los explotados, sino la administración civil del orden heredado por la dictadura. La burguesía cambió la forma política para preservar el contenido de clase.
Sin embargo, ninguna crítica a las direcciones puede oscurecer el valor histórico de la gesta. El 2 y 3 de julio de 1986 permanece como capital político de los explotados: una demostración de que la dictadura no fue derrotada por la generosidad de los acuerdos, ni por la lucidez de los negociadores, ni por la benevolencia imperialista, sino por años de lucha obrera y popular. Fueron los trabajadores, pobladores, estudiantes, mujeres, cesantes, profesores, empleados públicos, jóvenes combatientes y organismos de derechos humanos quienes abrieron las grietas por donde luego se coló la salida pactada.
La memoria de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, de los jóvenes asesinados en las poblaciones, de los presos, torturados, relegados y clandestinos, no pertenece a la liturgia vacía de la transición. Pertenece a la historia viva de la lucha de clases. No es patrimonio de los administradores del régimen, sino de quienes pusieron el cuerpo cuando el país ardía.
A cuarenta años, la lección sigue siendo actual: cuando la clase trabajadora y el pueblo pobre entran en escena, la historia se acelera; cuando esa fuerza carece de dirección independiente, otros escriben el desenlace. El Paro del 2 y 3 de julio de 1986 mostró hasta dónde podía llegar la movilización popular. La tarea pendiente sigue siendo sacar de esa experiencia la conclusión opuesta a la de la transición: no confiar en la oposición burguesa, no subordinar la lucha a pactos con los partidos del orden, no transformar la fuerza de las calles en capital electoral ajeno.
La huelga general de julio fue una advertencia y una promesa. Advertencia para los explotadores: el pueblo puede paralizar el país. Promesa para los explotados: ninguna derrota cancela definitivamente la posibilidad de volver a levantar, desde abajo, una salida obrera y popular.
