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Cambios institucionales que consagran un nuevo papel del Estado en la minería

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por Héctor Vega

En el Estatuto Constitucional de los Minerales del proyecto de Nueva Constitución se transcribe el texto de la reforma constitucional de 1971 que se refiere al dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas por lo que la exploración y explotación de los minerales reconocerán el dominio patrimonial del Estado. De esta manera, queda abierta la posibilidad que los particulares que obtengan el título de concesión por vía administrativa realicen sus actividades mediante un contrato de derecho personal, de arriendo o Contrato Especial de Operaciones (CEO). Creo que los intereses superiores del país aconsejan declarar que el cobre es una sustancia mineral no concesible y que el Estado podrá contratar la exploración y la explotación en los términos de los CEOs. El año 2005, los senadores radicales Enrique Silva Cimma, Augusto Parra y Nelson Ávila, presentaron en el Senado una moción para declarar inconcesible el cobre, lo que en esa época fue considerado como una forma de nacionalización. En uno de los párrafos de presentación del proyecto se expresaba la intención de que “a futuro sea solo el Estado, a través de Codelco, el que pueda denunciar nuevos yacimientos y explotarlos de manera directa. De ese modo el país dará un paso casi tan significativo como el de 1971 y asegurar su derecho al buen uso de sus recursos naturales para cimentar su desarrollo en una perspectiva a largo plazo”.

En ese escenario, ya no es un empresario privado que se constituye en propietario de la riqueza minera del país, que vende y negocia en los mercados internacionales los subproductos de mayor valor contenidos en el concentrado de cobre – subproductos, denominados “impurezas” en la terminología oficial.

La segunda nacionalización, deja atrás la mera comercialización de la materia prima en manos del Estado, para así recuperar la riqueza minera mediante la fundición y refinación en Chile. En este nuevo modelo de desarrollo, se elimina el contrabando de las llamadas “impurezas”, para sí echar las bases de una nueva industria minera moderna en el país.

La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982) de la dictadura que transforma a los concesionarios en dueños de las minas, deberá ser derogada. Leyes reglamentarias acordes con los principios constitucionales de la nueva Constitución deberán consagrar el nuevo papel del Estado en la minería.

Un recuento de los cambios que se imponen nos lleva no tan sólo a la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de la dictadura (LOCCM, 1982, ver especialmente los Arts. 2, 3, 11); sino además al Código Civil que en el inc. 2° Art. 591, consagra al concesionario como dueño del yacimiento; al Código de Minería (Ley 18428, 14/10/1983), que en su Art. 91 declara que la sentencia constitutiva que otorga una concesión de exploración o explotación constituye el título de propiedad sobre ella. Esto constituye un virtual blanqueo institucional de los perjuicios causados al Estado de Chile y su población.

El nuevo texto elimina la subsidiariedad del Estado prevista en la Constitución de 1980. Textualmente se lee en la Nueva Constitución: “El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determina la normativa respectiva”. Esto permitirá la iniciativa del Estado en acciones que antes estaban entregadas al mercado.

Un Plan Nacional de la Economía deberá otorgar compatibilidad y  coherencia al desarrollo de los sectores productivos. En dicho Plan la fundición y refinación de la minería del cobre se establecerá como una prioridad nacional. Un royalty de 20% será cargado a la exportación de los concentrados, así como a los subproductos allí contenidos. Insistimos, la vocación minera del país en una etapa moderna busca el rescate de valiosos subproductos que se encuentran en el concentrado de cobre.

Procesos de Fundición y Refinación en la minería del Cobre

El reciente conflicto en la fundición de Ventanas podría haberse evitado si esta División de Codelco estuviese dentro del Plan de fundición, refinación de la minería en Chile. Contrariamente a lo que presidente de la República expuso en su declaración pública existía un plan de captación de gases de la fundición, evaluado en US $ 54 millones, que consistía en encapsular los gases terciarios de la fundición. La ministra de minería, Sra. Marcela Hernando así lo manifestó en la Comisión de Minería del Senado el día anterior a la declaración del presidente Boric. Esto sin mencionar la inversión de US $150 millones gastados en la modernización de las instalaciones en los últimos 5 años.

Los trabajadores de Ventanas deben ser escuchados pues, como lo hemos planteado en el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, de lo que se trata es abordar un plan nacional de minería de fundición y refinación en Chile y poner fin a la exportación de concentrados, tanto de la minera estatal como de las transnacionales que forman parte de la Gran Minería del Cobre.

En la minería moderna, enfocada en los problemas medioambientales existen soluciones, como por ejemplo, aquella de la refinería Aurubis, localizada en el centro de la ciudad de Hamburgo y otras en el territorio de la UE, donde se adoptan soluciones de fundiciones encapsuladas para así captar los gases de las fundiciones y cumplir con la norma internacional de 99,9% de captación de gases. Esta solución debe ser discutida con los trabajadores de la División Ventanas que mira hacia lo que llamamos el Plan Nacional de la Minería de la República de Chile.

Mirando hacia el Apruebo la Nueva Constitución consagra principios centrales a los que la República adhiere a saber, un Estado Social Democrático de Derecho; un estado Plurinacional y Pluricultural; Igualdad de género; estatuto constitucional de las Aguas; Defensoría de la Naturaleza, deberes del Estado ante la Crisis Climática y Ecológica; nuevos sistemas de salud y de seguridad social, etcétera….Esto debe ser interpretado como la apertura a una nueva Era en la vida de la República. Estas propuestas deben ser preservadas y alentadas. Los cambios que se proclaman implican recuperar la Soberanía de un Pueblo que entiende tomar este proceso en sus manos, y crear en definitiva, nuevas instituciones que hagan realidad los grandes principios que anuncia la Nueva Constitución.

Imágenes. Amador Pantoja, preside la Federación de Trabajadores del Cobre. Andrea Cruces, preside el Sindicato n° 1 de la División Ventanas de Codelco

Santiago, julio 12, 2022

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Publicado por hectorvegatapia

Abogado y Economista. Miembro del Comité de Defensa del Cobre, miembro de la Organización Recuperemos Chile. Ver todas las entradas de hectorvegatapia

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