Bianca Muniz/José Cícero *
Correio da Cidadania, 21-10-2021
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Traducción de Correspondencia de Prensa
Mientras un grupo de repartidores, que utilizan la bicicleta para trabajar en empresas de aplicaciones de reparto, conversaban en el Largo da Batata, en el barrio de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, Diego* dividía su atención entre la conversación y su celular. El diálogo con los compañeros de trabajo versó sobre la reducción de las llamadas en los últimos días y el aumento de la competencia en las calles. El grupo, formado por unos ocho varones, se disolvió cuando llegaron los pedidos. Después de unos minutos de espera, le tocó a Diego ir hasta el establecimiento a recoger la entrega. Rápidamente, tomó su mochila térmica -que colgaba de la rama de un pequeño árbol- y salió a toda prisa hacia la dirección, a unos 2 km del restaurante. En 10 minutos, el repartidor había cumplido con la demanda y estaba libre para el siguiente pedido.
En esta rutina durante cuatro meses, Diego se mezcla con miles de repartidores que utilizan la bicicleta para trabajar en aplicaciones de reparto. Sin embargo, lo que le distingue de la mayoría de sus colegas es su edad: tiene 14 años.
Al menos tres veces a la semana, toma el autobús en Jardim Horizonte Azul, un barrio popular de la Zona Sur, y se dirige a Largo da Batata, a unos 30 km, para hacer entregas en la región de Pinheiros, donde se encuentran algunas de las direcciones más preciadas de São Paulo. «No puedes quedarte ahí [en el barrio] y ver el mundo girar. Como todo el mundo, yo también necesito mis cosas», justifica, mientras comprueba dónde será la próxima recogida del pedido que acaba de recibir.
No es el único adolescente que ha trabajado para aplicaciones de reparto. Durante dos meses, el reportaje de la Agência Pública habló con adolescentes, de entre 14 y 17 años, sobre su rutina de trabajo como repartidores de bicicletas.
Uno de ellos es Felipe, que tiene 17 años y vive en Paraisópolis, también en la Zona Sur de São Paulo. Todos los días pedalea unos 10 kilómetros hasta la región de Itaim Bibi, un barrio de clase media en el que se concentran muchos hipermercados, restaurantes, merenderos y edificios residenciales y comerciales.
El adolescente empezó a trabajar en la calle hace 10 meses, tras ser despedido de su trabajo en un mercado de Vila Nova Conceição, el barrio con el metro cuadrado más caro de la ciudad. «Empecé a trabajar allí como joven aprendiz cuando tenía 16 años. Me enviaron lejos por la pandemia. Yo era un empacador. Trabajé allí durante unos cinco meses. Incluso me dijeron que me volverían a llamar, pero sólo fueron palabras», dice.
Tras ser despedido del mercado, Felipe empezó a trabajar los viernes, sábados y domingos repartiendo bicicletas en un restaurante de Paraisópolis, una de las mayores barriadas de la capital paulista. Sin embargo, el propietario, un amigo de la familia, se infectó con Covid-19 y murió. Debido a esto, el establecimiento estuvo cerrado durante un tiempo y fue en ese momento cuando Felipe se apuntó como repartidor en las plataformas Ifood y UberEats.
Con el dinero que recibió al salir del restaurante, el adolescente compró una bicicleta usada por R$ 100 y una bolsa usada (mochila térmica para entregas) por R$ 60 y, con las propinas de algunos amigos, también adolescentes, decidió arriesgarse a hacer entregas fuera de la comunidad.
Debido a su cansancio físico, Felipe prefiere hacer sus entregas a la hora de la cena, entre las 18 y las 22 horas. A veces, también se aventura en el periodo del almuerzo. Sin embargo, dice que es difícil mantener una rutina de dos turnos, ya que le resulta muy agotador. Trabajando sólo de noche, pedalea unos 60 km al día. Aparte de los desplazamientos, que suman unos 20 km.
«Por la noche me duele mucho la pierna. Hoy mismo no he ido a trabajar; me duelen las rodillas. Es como si fueras al gimnasio y al día siguiente estuvieras todo dolorido. Algunos días tienes muchos pedidos y con la sangre caliente, ni siquiera lo sientes. Pero cuando llego a casa, después de sentarme, no puedo ni ponerme de pie. Normalmente ni siquiera me siento. Me ducho, me tumbo y me muero de cansancio.
Los adolescentes se arriesgan en la calle
En enero de este año, en su segunda semana de trabajo, *Eduardo, de 15 años, chocó con un coche en la región de Faria Lima, una importante avenida de São Paulo, cuando se dirigía a hacer una entrega. Presta servicios para las empresas Rappi e Ifood. «Me hice daño en la cara, me golpeé la cabeza con el cristal y quedé inconsciente. Llamaron a la ambulancia, llamaron a mi padre y me llevaron al hospital. Cuando fui a la comisaría a poner la denuncia, el conductor del auto con el que choqué le preguntó a mi padre si no era demasiado joven para trabajar con esto. Entonces el policía le dijo: ‘Es mejor que esté trabajando a que esté en casa sin hacer nada o incluso haciendo lo que no debe'».
El punto de vista del policía no es un punto de vista aislado. Isa Oliveira, coordinadora del Foro Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (FNPETI), afirma que «el trabajo es un valor muy fuerte en la sociedad, por lo que la gente lo banaliza, lo desconoce o piensa que el trabajo infantil es un problema menor. «La pregunta es: ¿quiénes son los adolescentes y niños que participan en el trabajo infantil? Son niños de familias pobres, más vulnerables, y un alto porcentaje son negros. Sigue habiendo una cuestión racial. Es realmente racismo. Este es un hecho muy importante. La banalización es muy fuerte», argumenta.
Toda la cadena de producción debe rendir cuentas, dice el MPT
En agosto pasado, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) de São Paulo, a través de la Coordinación Regional de Combate a la Explotación del Trabajo Infantil y Adolescente de la 2ª región, envió a los representantes de las aplicaciones de reparto una notificación recomendatoria en la que pide a las empresas que se abstengan «de contratar o utilizar, directamente o a través de terceros, la mano de obra de niños o adolescentes menores de 18 años en cualquier actividad que implique estar en las calles, avenidas y otros lugares públicos o en lugares que los expongan a situaciones de riesgo o peligro». El documento también ordena a las empresas «ejercer la inspección de las actividades realizadas por terceros como proveedores de servicios, tales como: repartidores, establecimientos comerciales, incluyendo restaurantes, bares, merenderos», entre otros.
El organismo abrió un Procedimiento Promocional para investigar y conocer los hechos relacionados con la queja tratada en el reportaje publicado por Reuters en diciembre del año pasado, que denuncia el trabajo de niños y adolescentes en empresas de reparto. Las empresas Carbono Zero, 99, Rappi e Ifood fueron invitadas a una audiencia que tuvo lugar el 12 de agosto, en São Paulo. Según el fiscal Bernardo Leôncio, se acordó que «las empresas deberían tomar medidas para evitar que los menores trabajen haciendo repartos». Actualmente, el MPT está supervisando el cumplimiento de la recomendación. Si se sorprende a algún adolescente trabajando con entregas, se llamará a las partes para discutir lo que se hará en cada caso individualmente.
«Las empresas de aplicaciones no pueden quedarse sin rendir cuentas», afirma Isa Oliveira, coordinadora del Foro Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. El fiscal del MPT, Leôncio, cree que «toda la cadena de producción debe rendir cuentas». «Entendemos que es una cuestión de la cadena de producción. Desde el momento en que hay toda una red, quien está arriba, que en este caso son las aplicaciones, tiene que responsabilizarse de la legalidad hasta la entrega del producto», dice.
El Estado como inductor de la violación de los derechos de los niños y adolescentes
Hay varias razones que han llevado a los niños y adolescentes a trabajar, especialmente durante la pandemia. Para el coordinador de la FNPETI, «la reducción de las ayudas de emergencia está entre las principales. Es una verdadera broma esta ayuda, primero porque es intermitente, se da de vez en cuando y no en otras ocasiones, como si el tema de la supervivencia, la comida y el refugio pudiera detenerse. No es culpa de las familias, sino de la ausencia y omisión del Estado», afirma. Para ella, «en la pandemia, las causas estructurales del trabajo infantil se han agravado y reforzado». «Tienes más desigualdad social, el desempleo ha ido en aumento, las escuelas han cerrado y por eso no podemos culpar sólo a la pandemia, ya había una ineficiencia del Estado, en el período anterior a la pandemia y eso se hizo más visible.»
Es importante tener en cuenta las cuestiones estructurales para entender el trabajo infantil en Brasil, señala la directora del Proyecto Libre de Trabajo Infantil, Bruna Ribeiro. «Tenemos que entender que el trabajo infantil es el resultado de la desigualdad social, el racismo estructural y la pobreza. Si el trabajo infantil fuera bueno, sería un privilegio de los ricos. De hecho, es un problema social y estructural en nuestro país, que está directamente relacionado con la esclavización de la población negra. Fueron precisamente algunos de estos factores estructurales los que llevaron a Diego* a iniciarse en el reparto de bicicletas, incluso sin el consentimiento de su madre -que actualmente está en el paro y le cría a él y a sus dos hermanos pequeños en solitario-. *Meire, de 34 años, ha trabajado como manicurista y peluquera desde los 17 años. Desde el comienzo de la pandemia no ha podido trabajar en la zona como antes y lamenta haber recibido sólo ayuda de emergencia cuando se liberó el primer lote.
Meire, al hablar de los salones de belleza en los que ha trabajado -todos ellos situados en las zonas acomodadas de las avenidas Paulista y Faria Lima- dice estar orgullosa de la experiencia adquirida. Para ella, el contacto con los buenos productos y el trato a los clientes la inspiró a abrir su propio salón. «Quería llevar este tipo de servicio a las mujeres de mi barrio y tener mi propio negocio», dice.
Centrada en su sueño de emprender en su propio establecimiento, en el segundo semestre de 2019 invirtió en un negocio propio. Trabajaba todos los días del mes, incluyendo Navidad y Año Nuevo. Hizo el cambio de año con la esperanza de que el negocio funcionara. Sin embargo, en marzo de 2020, se vio obligada a cerrar el salón debido a las medidas de restricción adoptadas por el municipio. «Mis ingresos disminuyeron y sólo pude comprar comida. Las facturas de agua y electricidad se retrasaron. Después de un rato, empecé a sentirme triste. Me encerré en casa y no tenía ganas de salir. Sólo podía pensar en las facturas, sentía una desesperación que nunca había sentido.
Para ayudar al presupuesto familiar, Diego empezó a recoger material reciclable sin el permiso de su madre: «Un sábado llegó a la casa con 12 reales (12 dólares) diciendo que iba a comprar pan y café. Dijo que había pasado la semana recogiendo latas con otros dos amigos, las vendieron y obtuvieron el dinero. No me lo dijo por miedo a que me peleara con él, porque siempre le digo que tiene que estudiar y no trabajar», dice Meire.
Diego empezó a hacer repartos en bicicleta por invitación de sus amigos, también adolescentes. «Le pedí a un primo que me inscribiera, pero al cabo de una semana me bloquearon. Apareció un mensaje de que había infringido las normas. Entonces me registré con [los datos] de otro amigo y no hubo más problemas», revela. que es más cansado y más peligroso», dice. Por miedo a que le pasara algo a su hijo, Meire lo oblogó a salir de las aplicaciones. “Él va a tener que esperar un poco para comenzar a trabajar. Por lo menos con (16 años) y de una forma segura”
Bruna Ribeiro, responsable del proyecto Child Labour Free, refuerza que es importante «no criminalizar a las familias» y dice que es necesario un conjunto de esfuerzos para combatir el trabajo infantil. «No hay ninguna bala de plata. Requiere medidas de política pública intersectorial, por lo que hay que generar empleo, generar ingresos, formar a jóvenes y adultos, profesionalizar a estos padres, dar acceso a una educación de calidad e integral. Tener actividades para estos niños, una vivienda digna, acceso a la salud. Transferencia de ingresos. Porque las políticas públicas son insuficientes para combatir el trabajo infantil, decimos que no pueden funcionar, pero al mismo “El tiempo no satisfacen las necesidades de estas familias. Es la pobreza. ¡Este es el problema!
Agência Pública se puso en contacto con las empresas Ifood, Rappi y UberEats, mencionadas por los repartidores adolescentes, solicitando entrevistas con sus representantes. Preguntamos si las empresas son conscientes de que los adolescentes hacen las entregas, si tienen alguna medida para evitar el trabajo infantil. También preguntamos si habían sido notificados por el MPT. Al cierre de este informe, sólo Rappi se había posicionado.
Rappi señaló en un comunicado que «para actuar como repartidor, hay que ser mayor de 18 años y registrarse en la plataforma con la inclusión de fotos, documentos personales y otros datos acreditativos». Los motociclistas y los conductores también necesitan un CNH válido. El sistema realiza un reconocimiento facial en tiempo real para confirmar la identidad del repartidor cuando se conecta a la plataforma. La plataforma también informó de que «no consiente el trabajo infantil, que es un compromiso de la empresa, y actúa para identificar casos de esta naturaleza, derivados del incumplimiento de las normas contra el trabajo infantil en la plataforma». La empresa ha creado un canal de defensores en la aplicación, donde repartidores, usuarios y comercios pueden denunciar cualquier caso de menores trabajando como repartidores. La plataforma también ha establecido comunicaciones periódicas a sus usuarios, en sus canales oficiales y en la propia app, sobre la lucha contra el trabajo infantil.»
A partir de la respuesta, preguntamos cuál es el número de repartidores de bicicletas registrados en la app y cuántas denuncias sobre trabajo infantil se han registrado en los canales oficiales de la empresa en Brasil. Rappi no respondió.
Tras la publicación del informe, Uber nos envió la siguiente nota:
«Los menores que realizan entregas a través de la plataforma de Uber violan los Términos y Condiciones de uso de la app, además de infringir la Ley. Cuando identificamos un fraude o un intento de registro de menores, la cuenta se desactiva inmediatamente y se rechaza cualquier nuevo intento de registro de las mismas personas. Además, podemos notificar al Consejo Tutelar y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades para investigar posibles fraudes, como hemos hecho en el pasado. Uber tiene la seguridad como prioridad y se compromete a actualizar y mejorar constantemente sus procesos contra los defraudadores y los nuevos esquemas que crean para burlar las normas impuestas por la empresa. Nuestros equipos de detección de fraudes utilizan procesos manuales y automatizados que analizan más de 600 parámetros para detectar comportamientos fraudulentos. Una de ellas es la verificación en tiempo real del repartidor: de vez en cuando, el sistema le pide que se tome un selfie, que se coteja con la foto registrada en el sistema. El repartidor sólo puede proceder a las entregas después de hacer esta verificación. Además, la app también permite a cualquier persona -usuario, restaurante asociado- denunciar si el repartidor asociado no es el que se ha registrado en la app o nota alguna irregularidad. En el último año, Uber ha implantado nuevos procesos y tecnologías para prevenir el fraude y ha mejorado la formación de su equipo, trabajando siempre para adelantarse a los nuevos movimientos fraudulentos.»
Las aplicaciones de reparto son una de las peores formas de trabajo infantil
El trabajo que realizan los conductores de reparto adolescentes, normalmente en centros urbanos de todo el país, se encuentra entre las 93 peores formas de trabajo infantil, según la Lista de las Peores Formas de Trabajo Infantil (Lista TIP). Brasil es signatario de la Lista desde 2008, cuando el entonces presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) ratificó el Decreto 6.481.
El concepto surgió en el Convenio 182 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuando los países enumeraron las peores formas de trabajo infantil, que son actividades insalubres y peligrosas que pueden causar daños a la seguridad, la salud y la moral. El punto 73 de la lista señala que «el trabajo en la calle y en lugares públicos presenta algunos riesgos laborales como: la exposición a la violencia, las drogas, el acoso sexual y el tráfico de personas; la exposición a la radiación solar, la lluvia y el frío; los accidentes de tráfico; los atropellos. Provocando algunas consecuencias para la salud de los niños como: lesiones y deterioro del desarrollo afectivo; cáncer de piel; deshidratación; enfermedades respiratorias; hipertermia; traumatismos; heridas, entre otras»
.Según datos del Ministerio de Salud de Brasil, entre los años 2007 y 2019 se registraron 27.971 accidentes de trabajo con niños y adolescentes. La mayoría de las víctimas eran varones, de la región del sureste y que tenían entre 14 y 17 años. Entre los niños de 5 y 13 años, la mayoría eran morenos y negros, y en el grupo de edad entre 14 y 17 años, la mayoría eran blancos.
Según Isa Oliveira, la máxima de que «trabajar no mata» no es cierta. «El trabajo infantil provoca la muerte y mutilaciones muy graves. Tiene consecuencias psicológicas que son menos perceptibles. Muchas de estas consecuencias acompañan al niño y al adolescente hasta la edad adulta», señala.
El trabajo infantil aumentó durante la pandemia y puede crecer después de ella
En Brasil, los datos más recientes sobre el trabajo infantil son de diciembre de 2020. La Encuesta Nacional Continua de Hogares (Pnad Continua) sobre Trabajo Infantil y Adolescente, realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), mostró que 1,8 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años trabajaban en el país antes de la pandemia. De ellos, el 66,4% eran hombres y el 33,6% mujeres. El porcentaje de personas negras o mestizas era del 66,1% y el de blancas del 32,8%. Había 706 mil personas en ocupaciones consideradas las peores formas de trabajo infantil.
Desde el punto de vista municipal, en São Paulo, según los datos recogidos por UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el trabajo infantil aumentó durante la pandemia. El organismo de las Naciones Unidas ha recabado datos sobre la situación de los ingresos y el trabajo de 52.744 familias vulnerables de diferentes regiones de la ciudad de São Paulo, que han recibido donaciones de la organización y sus socios. De abril a julio de 2020, se produjo un aumento del 26% en el trabajo infantil.
São Paulo es una modesta instantánea de lo que podría ocurrir en el mundo en 2022. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, publicado el pasado mes de junio, unos 8,9 millones de niños y niñas corren el riesgo de entrar en esta situación para el próximo año. Entre 2016 y 2020, 8,4 millones de niños y adolescentes entraron en el censo de trabajo infantil, alcanzando los 160 millones en todo el mundo, un nivel alcanzado por primera vez en dos décadas.
Para Isa Oliveira, el aumento en el país ya se da como una realidad. «Esta es una predicción que se va a confirmar, porque no tenemos ninguna respuesta, no tienes ninguna estrategia del Estado para hacer frente a esta situación de trabajo infantil en la pandemia. Brasil es muy importante dentro de América Latina, porque el 20% del trabajo infantil que se produce en la región tiene lugar en Brasil. Por supuesto que es el país más poblado, el más diverso, pero eso no justifica la violación de derechos, porque también es el más rico».
Para cumplir con el compromiso de extinguir todas las formas de trabajo infantil para el año 2025, como se establece en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU), Brasil creó el III Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (2019-2022). Sin embargo, en el último año Brasil no ha mostrado un progreso satisfactorio. El objetivo que apunta a medidas para acabar con el trabajo infantil fue calificado como «en retroceso» en el «Informe de la Sociedad Civil sobre la Agenda 2030», un estudio realizado a partir de datos gubernamentales analizados por 106 expertos de diferentes áreas, que integran el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil, formado por 57 organizaciones y foros de todo el país
.* Bianca Muniz es licenciada en ciencias biomédicas por la Unifesp y estudiante de periodismo. José Cícero es fotógrafo y videasta.
*Los nombres de los adolescentes fueron reemplazados para preservar sus identidades
Informe publicado originalmente en Agência Pública el 20 de octubre de 2021.
