por Rolando Astarita
El 31 de marzo el gobierno nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia por el cual por 60 días se prohibieron los despidos “sin causa justa” o que tuvieran por causales la falta o disminución de trabajo. También prohibieron las suspensiones por los mismos motivos. Aunque con la salvedad de estar exceptuadas las pactadas entre el sindicato y los trabajadores “y se basen en fuerza mayor”. El 8 de junio el gobierno prorrogó la prohibición por 60 días. La medida fue saludada por la CGT y la CTA y por buena parte de la izquierda nacional. Por supuesto, se señalaron insuficiencias – por caso, los trabajadores informales, más del 35% de la fuerza laboral, quedó fuera del decreto; además de las suspensiones “pactadas” – pero se lo consideró un paso en el sentido de que “la política le marque el paso a los grandes grupos concentrados”. Alguno incluso sugirió que, a fin de dar más fuerza a la medida, se debería establecer por ley que “preservar las fuentes de trabajo es prioridad absoluta [absoluta, faltaba más] del Estado”.
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