Juan Carlos Gómez Leyton
Posdoctor en Estudios Latinoamericanos
Dr. en Ciencias Sociales y Política
Director Académico CIPPSAL
Con motivo de la presentación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el
Terrorismo (ACOT) por parte del gobierno de José Antonio Kast y el Partido
Republicano, que contempla, entre otras cosas, una reforma constitucional para
establecer un 5to Estado de excepción que otorga amplias facultades al
presidente de la república, se ha abierto una polémica política y teórica sobre la
dirección y carácter que estaría tomando el régimen político bajo el actual
gobierno. Para los analistas de orientación de derecha, centro derecha y/o centro
izquierda que han intervenido en el debate 1 consideran que con dicho proyecto el
gobierno de la ultraderecha nacional estaría transitando hacía la instalación
institucional y constitucional de un régimen democrático iliberal. 2
Si entendemos a la “democracia iliberal” como una forma distorsionada y limitada
de las democracias liberales; en donde se imponen reglas y normas institucionales
que restringen o que niegan: la separación de poderes del Estado, los derechos
civiles y políticos de las y los ciudadanos, entre otras. Restricciones que asimilan a
ese tipo de régimen político a una autocracia, o sea, algún tipo particular de
régimen autoritario, estaríamos en presencia de una peligrosa regresión o
involución política.
Ahora bien, a partir de las distorsiones, deformaciones y limitaciones que
experimentan en distintos momentos de la historia política de las democracias
liberales, podríamos sostener que las “democracia iliberales” han tenido una
existencia y presencia recurrente en la historia de la democracia. tanto en nuestro
país como de la región latinoamericana y el orbe global. Las democracias
iliberales son parte del paisaje político democrático contemporáneo.
Por esa razón, consideramos que la actual discusión teórica y política sobre el
carácter “iliberal” que estaría adoptando el régimen o del gobierno de Kast y de los
republicanos es, bastante, vacua. Puesto, que al carecer de una perspectiva
histórica-política, se parte del supuesto de que esa condición, sería toda una
novedad política en la historia de la democracia nacional, y que el gobierno de la
extrema derecha de Kast estaría tomando un rumbo semejante al seguido por la
extrema derecha húngara y del expresidente Viktor Orbán (2010-2026).
En nuestra opinión, la posible instalación de la “democracia iliberal” en Chile no
sería parte del ciclo de autocratización 3 que se observa en las últimas décadas,
donde actores políticos que acceden por vías democráticas al poder una vez en el
ejercicio del gobierno, comienzan a restringir y socavar las normas democráticas,
sin abolir formalmente las instituciones centrales de las democracias electorales
de carácter liberales.
Si bien, entre los planteamientos políticos e ideológicos de las extrema derecha
nacional con las extremas derechas internacionales son coincidentes:
nacionalistas, conservadoras, autoritarias, antinmigración, homofóbicas y un largo
etcétera; y comparten una acentuada concepción antidemocrática y liberal. Es
decir, tienen una noción o una praxis política que se opone de manera selectiva a
algunos de los requisitos procedimentales centrales de la democracia liberal, por
ejemplo, restringen los derechos civiles y políticos de las ciudadanía, sin embargo,
mantienen la realización de “elecciones” con el objeto de elegir a autoridades y
representantes, las cuales se efectúan bajo serias restricciones a las condiciones
institucionales y políticas que permiten calificarlas como elecciones “libres”.
Ahora bien, consideramos que cualquier régimen democrático que adquiera las
formas institucionales “iliberales”, no podría ser calificado como tal; si ello ocurriera
estaríamos ante una “involución” política, o sea, una regresión histórica política
que abandona la condición democrática y liberal. Esa involución política-
institucional puede generar un cambio en el régimen, en este caso, se combinan
las instituciones, reglas y normas de la democracia liberal con las autoritarias,
dando origen a regímenes políticos híbridos o mixtos como son las “democracia
iliberales.
Cuando la involución política destruye totalmente la democracia liberal existente,
como ocurrió en Chile en septiembre de 1973, se trata de un cambio “de” régimen
político, sobre todo, de forma de Estado, constituyéndose en su lugar regímenes
no democráticos, la mayoría de las veces, dictatoriales, autoritarios o totalitarios.
La conformación de una “democracia iliberal”, por lo general, son cambios en el
régimen como, por ejemplo, ocurrió con algunas transiciones, en los años ochenta
del siglo XX, en países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras o en
países de América del Sur donde destacan los casos de Chile y Paraguay. En
estos países el cambio de régimen se efectuó manteniendo las institucionales,
normas y reglas del régimen autoritario combinándolas con las democráticas.
El punto de partida institucional, en esos casos, fueron regímenes autoritarios-
dictatoriales que mantuvieron sus estructuras de dominación. Instalándose un
“régimen democrático” limitado que difícilmente podían ser calificados como
liberales o poliarquías de acuerdo a la definición de democracia de Robert Dahl.
Ahora bien, una involución o regresión democrática se produce cuando se transita
de un régimen democrático liberal a otro que restringe las condiciones y requisitos
democráticos de manera absoluta y/o significativa. En ese caso se podría calificar
al régimen como una “democracia iliberal” o un “régimen autoritario electoral”. Por
consiguiente, la condición “iliberal” es una condición transitiva o intermedia entre
un régimen democrático y otro autoritario. Pero, también, la profundización de su
condición iliberal transformándose en un régimen autoritario como podría ser el
caso chileno actual.
En efecto, que el régimen de democracia posautoritaria nacional transite hacia una
“democracia iliberal” como temen algunos analistas con la aprobación de algunas
normas de la ACOT y otras que se impulsen durante el gobierno de Kast es una
posibilidad altamente probable.
Fundamentalmente, porque Kast y los Republicanos no sólo son la expresión de la
extrema derecha actual sino, también, de las históricas tendencias autoritarias,
antidemocráticas y antiliberales predominantes entre importantes segmentos de la
sociedad nacional desde la instalación de la República, a comienzos del siglo XIX
a la actualidad. Además, porque ellos han sido defensores a ultranza de la
dictadura de Pinochet y de la “democracia protegida” planteada por Jaime
Guzmán e incorporada en la Constitución Política de 1980.
Esa forma de democracia ha estado vigente en los últimos 36 años en el país. Por
tanto, la democracia “iliberal” no será instalada por Kast, sino más bien, podría ser
profundizada.
De manera que el temor y la preocupación política manifestadas por la
intelectualidad orgánica de la clase política sobre la posible transformación de la
democracia protegida posautoritaria en una “democracia iliberal” es exagerada y
errada; fundamentalmente, porque parte de un supuesto falso o equivocado al
considerar que el régimen político vigente desde 1990 a la fecha es, una
democracia liberal plena. Omitiendo el hecho que el régimen político establecido
en la Constitución Política de 1980 (CP80) es la “democracia protegida” una forma
de “democracia iliberal”, avant la lettre, pensada y diseñada por Jaime Guzmán,
20 años antes (1977), que dicho concepto fuera incorporado al léxico de la ciencia
política, en particular, y, de las ciencias sociales, en general, por Fareed Zakaria
en 1997.
Jaime Guzmán, líder histórico del gremialismo, piensa no solo a la “democracia
protegida” como forma política alternativa a la democracia liberal en el contexto de
la “Guerra Fría” como parte de su particular lucha contra el comunismo nacional e
internacional, si no, también, su pensamiento político profundamente autoritario y
antiliberal es expresión de uno de los mayores conflictos históricos, políticos,
sociales, ideológicos y culturales de larga duración presente en Chile como en
América Latina y el Caribe.
Este conflicto político y cultural que confronta las tendencias y formas políticas
autoritarias con las democráticas que ha tenido la capacidad de constituir y
moldear tanto la cultura, la praxis como las mentalidades políticas profundas de
los distintos actores y sujetos sociales latinoamericanos, especialmente, de la
clase y elites dominantes a lo largo de su historia colonial como independiente. 4
En Chile ese conflicto ha ordenado, como veremos en este artículo, la
construcción de las distintas formas del Estado como de los diversos regímenes
políticos que se han establecidos en diferentes periodos de su historia política.
Como hemos demostrado y sostenido en diversos trabajos históricos, sociológicos
y politológicos sobre la historia política de la democracia chilena desde el siglo XIX
hasta el presente, 5 la tendencia política predominante en la sociedad nacional ha
sido, la autoritaria. Mientras la democracia ha sido una tendencia que ha bregado
por instalarse con múltiples y variadas dificultades y, sobre todo, cercada por
poderosos límites y fronteras sociales, políticas e institucionales tales como el
derecho de propiedad privada, por diversas formas de exclusión política de
importantes sectores sociales, especialmente de los sectores subordinados,
mujeres, pobladores, indígenas y campesinos, entre otros; además de múltiples y
significativas restricciones a los derechos civiles y políticos como de las libertades
formales de las ciudadanías. 6
La arraigada cultura y mentalidad autoritaria de las elites dominantes nacionales,
formada en los largos y oscuros siglos coloniales, impulso, al momento de
constituir el orden político tras la Independencia Nacional (1810), a expropiar de
distintas formas el poder soberano popular, postergando de manera permanente la
democracia, al momento de construir el Estado nacional desde 1830 a la
actualidad. 7
Instalando a lo largo de los 216 años de vida independiente diversos regímenes
autoritarios y limitadas formas de democracia política. Tan sólo en un corto lapso
histórico, entre 1967 y 1973, en el pasado siglo, la democracia política logró su
mayor plenitud. Es decir, a lo largo de 210 años de vida independiente y
republicana la sociedad chilena ha tenido diferentes regímenes políticos
autoritarios o semidemocráticos.
En efecto, la democracia representativa, supuestamente, de carácter liberal, en
Chile, ha sido una ilusión política. Durante el siglo XIX, esta estuvo totalmente
ausente y fue una quimera. Si bien, se establecieren algunas instituciones políticas
electorales formales de la democracia liberal estas estuvieron controladas, de
distintas formas, por las elites políticas dominantes. Dada esa condición se le
nombró como una “democracia oligárquica”, ocultando con ello la condición no
democrática de los regímenes políticos existentes en el siglo XIX, a saber, el
autoritario conservador (1830-1861), al autoritario liberal (18611891), y el
autoritario oligárquico parlamentario (1891-1925). 8
Las formas autoritarias y las limitaciones a la democracia liberal como al ejercicio
del poder ciudadano soberano fueron mantenidas e incorporadas a la
institucionalidad política, por parte de la clase dominante nacional, a lo largo del
periodo que va entre 1932 y 1967.
A pesar del conflictivo proceso de democratización impulsado por los distintos
sectores sociales y políticos excluidos del sistema político desde fines del siglo
XIX hasta mediados de la década de los años sesenta del siglo pasado, las
tendencias autoritarias y antiliberales de las derechas ya sea conservadoras,
liberales, nacionalistas, radicales u otras, lograron restringir y limitar al sistema
político con la instalación de diferentes normas, reglas y dispositivos
institucionales excluyentes, por ejemplo, la Ley de Defensa Permanente de la
Democracia, en 1948. La existencia de estas normas y reglas de exclusión política
no permitían calificar ni identificar al régimen político del periodo 1932 a 1967
como una democracia liberal.
Desde 1932 a 1973 el conflicto entre las tendencias autoritarias y las democráticas
configuró el sistema político nacional. A lo largo de esas cuatro décadas es posible
identificar y delimitar claramente cuatro regímenes políticos, a saber: el régimen
semidemocrático excluyente, entre 1932-1948; el régimen autoritario electoral,
entre 1948-1958; el régimen democrático excluyente, entre 1958-1967; y, la
democracia liberal representativa plena, entre 1967-1973. 9
De estos cuatro regímenes solo uno de ellos puede ser considerado una
poliarquía, en los términos de Robert Dahl, como lo he demostrado en el libro La
frontera de la Democracia. Los otros tres, perfectamente, entran en el modelo
analítico de Zakaria, o sea, serían alguna forma de “democracia iliberal”, puesto no
califican como democracias liberales, por el cúmulo de restricciones que poseían.
Esos regímenes políticos eran malas democracias políticas, pésimas democracias
económicas y miserables democracias sociales.
A partir de esta breve revisión histórica de la democracia nos permite sostener que
la democracia liberal ha sido un régimen exótico y excepcional cuya existencia se
reduce un corto periodo temporal, de apenas seis, intensos y conflictivos, años
entre 1967-1973, la cual fue destruida violentamente.
Lo habitual en Chile desde el siglo XIX son las formas políticos autoritarias
electorales, o sea, las democracia iliberales.
EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y LA DEMOCRACIA PROTEGIDA (1990-
2026)
El Golpe de Estado perpetrado por los Fuerzas Armadas nacionales el 11
septiembre de 1973 no solo provoco el derrocamiento del gobierno popular,
revolucionario y socialista de Salvador Allende y de la Unidad Popular (19700-
1973) sino, también, provoco la destrucción de la novel democracia liberal que
había hecho posible dicho gobierno, en 1970.
El derrocamiento el gobierno popular y la destrucción de la democracia liberal
contó con el activo apoyo financiero y militar del gobierno estadounidense de
Richard Nixón, del empresariado capitalista internacional como nacional, de los
sectores medios como de significativas fracciones sociales de los sectores
populares; pero, por sobre todo ello, expresó ampliamente, a nivel nacional, la
fortaleza y el profundo arraigo que tenía entre los sujetos y actores sociales, la
matriz, el sustrato y ethos político cultural autoritario, antidemocrático, antiliberal,
clasista, nacionalista, racista, antipopular, anticomunista y procapitalista.
Según los datos electorales obtenidos en la elección parlamentaria de marzo de
1973, el 55,49 % del electorado nacional rechazaba y era opositor al proceso
político impulsado por la Unidad Popular de construcción del socialismo. Un
porcentaje importante de ese electorado brindo apoyo social y político a la
dictadura cívico-militar durante los 17 años de vigencia. A tal punto, que el 44,01%
de las y los ciudadanos respaldaron al dictador Pinochet en el plebiscito sucesorio
de 1988. Ello prueba la fuerza de la matriz autoritaria de la sociedad chilena.
Gracias a la alianza política entre el capital internacional y nacional y los apoyos
políticos ciudadanos fue posible, sin mayores contrapesos, la instalación en el país
de una criminal dictadura cívico-militar de larga duración. Entre 1973 y 1990, el
país fue reorganizado integralmente bajo la matriz política autoritaria. Para tal
efecto, el bloque dominante en el poder realizó e impulso una contrarrevolución
capitalista conservadora-liberal.
Esta combino, por un lado, la larga tradición autoritaria nacional, remozada, por el
pensamiento gremialista de Jaime Guzmán, que se expresó en la Constitución
Política de 1980 y, especialmente, en la formulación de un nuevo tipo de régimen
democrático: la democracia protegida.
La CP80, a su vez, institucionalizó un modelo de acumulación capitalista neoliberal
de desarrollo donde se consagraba el libre mercado, la iniciativa privada por sobre
la estatal, el carácter subsidiario del Estado, la defensa irrestricta del derecho de
propiedad entre otros aspectos, que ponían en relieve la condición capitalista
liberal (neoliberal) de la economía.
La revolución capitalista conservadora-neoliberal impulsada por la dictadura
resultó ser una combinación virtuosa entre las formas modernas de la economía
capitalista de fines del siglo XX, el neoliberalismo, y las formas políticas
conservadoras y autoritarias, tradicionalmente, impulsadas por la clase dominante
nacional.
La idea de que la democracia liberal era un mal régimen político, en la concepción
de Jaime Guzmán y los gremialistas fue trasmitida a los autoritarios del régimen
militar, y, los cuales la integraran a su acervo ideológico y político. En su opinión,
de existir nuevamente en Chile la democracia liberal esta debía ser “protegida” de
las fuerzas políticas que pudieran provocar su crisis. Esta debía ser una
“democracia autoritaria” como lo había señalado y explicitado en más de una
oportunidad el dictador. La CP80 expreso y constitucionalizo dicha forma de
democracia-autoritaria que años más tarde Zakaria, nombró como “democracia
iliberal”.
La “democracia protegida” diseñada por Jaime Guzmán, defendida por el
movimiento gremialista como más tarde por los partidos de la derecha nacional: la
Unión Demócrata Independiente, UDI y el partido Renovación Nacional, RN,
constituye la negación y la limitación extrema de la democracia liberal. Tanto por
su formulación teórica como por su praxis, la “democracia protegida” anticipa
como hemos dicho a las “democracias iliberales».
Recordemos que la democracia protegida democracia poseía las siguientes
características en la formulación originaria de Jaime Guzmán. 10
1.- Es una democracia de “guerra” que difiere y se opone a la supuesta
democracia liberal de la establecida en la Constitución de 1925.
2.- Tiene un profundo carácter doctrinario. Se define como antimarxista,
antisocialista, anti totalitaria y defensora de la libertad, entendida básicamente
como libertad económica. Está basada en una concepción militantemente
conservadora, descrita como “nuestra concepción humanista de la vida,
impregnada de sentido nacional y cristiano”. Consecuentemente, la CP80 contenía
un artículo para combatir y castigar las personas y a toda organización,
movimiento o partido “destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia,
propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden
jurídico, de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases”. El famoso artículo
octavo, derogado en las negociaciones post plebiscito sucesorio en 1989.
3.- La democracia protegida rechaza el principio de la voluntad popular y de la
mayoría, y los sustituye por el concepto de “voluntad nacional”, el cual reside sólo
parcialmente en las y los ciudadanos y, básicamente, en las autoridades del
Estado tanto elegidas como burocráticas. Es decir, los funcionarios superiores de
las principales organizaciones jerárquicas y burocráticas del Estado: las fuerzas
armadas y la Corte Suprema. Las principales instituciones –el derecho de
propiedad ilimitado, el Estado subsidiario y otras-, deben ser substraídas a la
voluntad política mayoritaria:” representación de una mayoría muchas veces
accidental y efímera, expresión de una decisión muchas veces irracional o
meramente emocional, que no siempre representa el verdadero sentir nacional”.
Según la argumentación de Jaime Guzmán, estas instituciones corresponden al
derecho natural creado por Dios. Asimismo, el “sufragio universal” no agota
expresión de la voluntad nacional, pues la soberanía no se agota en el acto de
sufragio, lo cual es contrario a la realidad de la vida humana, mucho más rica y
compleja.
4.- Otro aspecto relevante de esta concepción considera la democracia sólo como
un “medio y no fin en sí mismo”. La democracia es sólo un método político y no
puede proyectarse a las instituciones burocráticas y jerárquicas de la sociedad: las
empresas, las fuerzas armadas, las universidades, el poder judicial, etc. Estas
ideas introducidas por Jaime Guzmán provienen de la filosofía política de
Schumpeter, Popper y Friedrich Hayek.
5.- La democracia protegida es una democracia neoliberal, y éste es un aspecto
central de su carácter doctrinario. El sistema democrático es un medio para el
progreso económico: objetivo de la democracia. Consecuentemente, la CP80
protege, preferencialmente, el derecho de propiedad en todas sus formas y
garantiza la libertad económica como libertad de mercado.
6.- La democracia protegida niega el principio liberal de la prescindencia política
de las fuerzas armadas y las convierte en un actor político permanente, como un
nuevo poder del Estado, el poder de seguridad.
7.- La democracia protegida convierte al Presidente de la República en un dictador
legal, que reúne en sí las facultades propias del poder ejecutivo y gran medida el
poder legislativo.
8.- La democracia protegida fue definida por el dictador como “democracia
autoritaria”. Esta inédita combinación no fue explicada suficientemente, aunque sí
su antónimo la “democracia parlamentaria” o “liberal”. Para todo el pensamiento
político moderno, desde Thomas Hobbes, incluyendo a Friedrich Hayek, la
democracia se opone al autoritarismo. Una “democracia autoritaria” no podría ser
sino un régimen autoritario que emplea el mecanismo electoral para elegir un
gobernante autoritario. O sea, una democracia iliberal.
9.- La democracia protegida contiene una concepción insuficiente, unilateral y
neoliberal de los derechos humanos.
Este tipo régimen democrático fue establecido en la CP80 aunque fue negociado
entre los sectores democráticos y autoritarios y reformado luego del Plebiscito
sucesorio de 1988, Sin embargo, y a pesar del triunfo electoral de los primeros, los
autoritarios, mantuvieron en la CP80 un conjunto de cerrojos y candados que
protegían y hacían posible la continuidad de la “revolución capitalista
conservadora-neoliberal”.
Los partidos políticos que asumieron el poder en 1990 (La Concertación))
aceptaron, acataron y legitimaron la CP80, viabilizando la “democracia protegida”.
Manteniendo por largos años, las reglas y normas que limitaban la competencia
política electoral como la representación ciudadana. Las limitaciones diseñado,
con el objeto de impedir la representación de los partidos de la izquierda, y un
conjunto de instituciones, los denominados “enclaves autoritarios” que hacían de
la democracia posautoritaria una democracia semisoberana o una democracia
incompleta o simplemente, una mala democracia o, en palabras actuales, una
democracia iliberal.
Este regimen político ha tenido una vigencia de 36 años durante los cuales ha sido
gobernado por presidentes con, unos más otros menos, credenciales
democráticas. Pero, ninguno de ellos, busco incorporar o agregar alguna norma o
regla que incrementara la condición de democracia protegida o iliberal del regimen
político. Todo lo contrario, algunos buscaron con distinta suerte eliminar los
distintos “enclaves autoritarios” que sostienen al regimen. Pero esa búsqueda,
estuvo siempre acompañada por disposiciones institucionales que reforzaban los
dispersivos represivos del Estado, especialmente, durante el segundo gobierno de
Sebastián Piñera como e gobierno de Gabriel Boric, que restringían y
criminalizaban la protesta y la movilización social.
Por tanto, la “democracia protegida” o iliberal no ha sido superada, debido a que la
CP80 aún se mantiene vigente. A pesar de los dos procesos constituyentes que
buscaron superarla, ambos fracasaron. Tanto la propuesta de las y los ciudadanos
convencionalistas progresistas, fue derrotada con el 62% del electorado nacional,
el 4 de septiembre de 2022 como la propuesta del consejo constitucional de
orientación de extrema derecha, que fue derrotada con el 56,4&% de los votos.
De manera que ni la propuesta de democracia liberal o social avanzada,
aspiración y ambición política de los sectores prodemocráticos que apoyaron el
proyecto de la convención constitucional; fue posible; pero, tampoco, el
fortalecimiento de la “democracia protegida” propuesta por los sectores autoritarios
que redactaron el proyecto del Consejo Constitucional.
Cabe señalar que ambas instancias constituyentes siguieron la larga y duradera
tradición política nacional antidemocráticas, ambas restringieron y limitaron l
ejercicio de la soberanía popular. Los poderes constituidos, ejecutivo y
parlamentario, impidieron y rechazaron a través del Acuerdo por la Paz Social y la
Nueva Constitución, convocar a una Asamblea Constituyente como era la
demanda articulada y manifestada por amplios sectores de la ciudadanía
movilizada durante la revuelta social de octubre de 2019. El Acuerdo desvió y,
sobre todo, encerró parcialmente la potencia democrática y revolucionaria del
poder popular soberano y ciudadano destituyente en su institucionalización política
en el orden neoliberal. Bloqueando, de forma, el ejercicio directo del poder
popular, autónomo y democrático. 11
La ciudadanía nacional, especialmente, la neoliberal, mayoritariamente, optó por
mantener vigente la CP80 con ello al regimen político de democracia protegida o
limitada, en otros términos, mantener la condición de “democracia iliberal”.
En una nueva coyuntura constitucional que confrontó a las tendencias autoritarias
con las democráticas, volvió, contradictoriamente, a triunfar, una vez más, la
matriz autoritaria. El triunfo de esta tendencia fue corroborada en las elecciones
presidenciales de diciembre de 2025 al ser electo el candidato de la extrema
derecha y del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el 58%, de los
sufragios, corroborando la historia tradición política antiliberal, Iliberal, nacional.
Si bien, la democracia protegida, por cierto, entre los años 2019 y 2023, sufrió
algunos cambios institucionales importantes. Entre ellos, tal vez, el más
significativo fue la eliminación de los quórums supramayoritarios de las Leyes
Orgánicas Constitucionales mediante la promulgación de la Ley 21.535. Se paso
de la exigencia de 4/7 de las y los parlamentarios en ejercicio a la mayoría de
absoluta de estos. Con ello se buscaba flexibilizar el cambio constitucional,
sustrayéndolo de la iniciativa ciudadana y popular. Se levantaba así uno de los
candados que protegieron al regimen político durante tres décadas. Sin embargo,
la existencia de otras normas y reglas que rigen, por ejemplo, las relaciones
laborales y los derechos sindicales de las y los trabajadores, o del conjunto de
leyes represivas, como la Ley de barricadas o la Ley anti-tomas, la ocupación
militar de Wallmapu, entre otras; corroboran la condición iliberal del actual regimen
político, social y económico.
El arribo al gobierno de José Antonio Kast y de los Republicanos ha abierto una
inmejorable estructura política de oportunidades para que ellos puedan impulsar
su proyecto político institucional de fortalecimiento de la actual democracia iliberal
y no la instalación de ella. A lo largo de este artículo he buscado demostrar que la
condición “iliberal” de los regímenes políticos nacionales ha sido una constante
histórica por esa razón, el gobierno de Kast podrá avanzar en su fortalecimiento o
transformarlo en un regimen autoritario electoral pleno; pero, difícilmente, transitar
a una democracia liberal plena.
Aunque esa es una tarea pendiente desde hace 210 años, cabría señalar que al
interior de las corrientes democráticas desplegadas a lo largo del tiempo han sido
de distinto colores y forma, aunque, el elemento central de ellas es el rechazo a
todo tipo de autoritarismo.
San Joaquín, 10 septiembre 2025
®JCGL/jcgl
1 Ver la carta de Fontaine y Couso, las columnas de Carlos Peña, A. Joignant, Sergio Muñoz, entre
otros.
2 Fareed Zakaria, “El auge de la democracia iliberal”, Foreign Affairs 76 (noviembre-diciembre de
1997): págs. 22-43.
3 Sobre este proceso es útil consultar: S. Haggard. Y R Kaufman, Backsliding: Democratic Regress
in the Contemporary World. Cambridge University Press. 2021; S. Levitsky, y D. Ziblatt, D. Cómo
mueren las democracias. Ariel. 2018
4 He analizado este conflicto en uno de mis trabajos de posdoctoral: Democracia v/s Autoritarismo
en la política latinoamericana: un viejo dilema político muy actual. Una versión de él fue publicada
en la Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, vol.7, N.º 1/ 2013. págs. 70-107
5 Juan Carlos Gómez Leyton: La Frontera de la Democracia. LOM Ediciones, 2004
Política, Democracia y Ciudadanía en una sociedad
neoliberal, Chile 1990-2010, T.1 Escaparate/CIPPSAL, 2024. Este libro tiene una primera edición
en 2010 (CLACSO/UARCIS)
6 Sobre este tema es útil consultar para el siglo XIX el libro de Felipe Portales, Los mitos de la
democracia, Ed, Catalonia, 2004; para el siglo XX nuestro libro La Frontera de la Democracia, Lom
Ediciones, 2004, y para el siglo XXI, a Felipe Postales, Chile, una Democracia Tutelada, Ed.
Sudamericana, 2000; Carlos Hunneus, La Democracia Semisoberana, Chile después de Pinochet,
Taurus, 2014: Manuel Antonio Garreton, Incomplete Democracy. Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 2003, y los diversos ensayos sobre la democracia protegida en mis libros antes
citados
7 Juan Calos Gómez Leyton: “El Orden Político posindependencia: la postergación de la
democracia” en La Sociedad Neoliberal en los tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018. T.II, Ed,
Escaparate/CIPPSAL, 2024, págs. 31-52.
Gabriel Salazar Vergara, Expoliación política de la ciudadanía en Chile, Ed. Debate, 2025.
8 Véase mi artículo: “La democracia en la historia política de Chile. Una revisión crítica” en Política,
Democracia, ob. cit. págs. 45-63, especialmente, consultar el cuadro de las Formas de Estado y
regímenes políticos, 1830-2010.
9 Para una caracterización y descripción de estos regímenes ver La Frontera de la Democracia, ob.
cit, págs. 15-200.
10 Ver a Jorge Vergara Estevez: La “democracia protegida” en Chile” en Revista de Sociologia 21/
2007, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, págs. 45-52.
11 Juan Carlos Gómez Leyton y otros. ¿Qué pasó con la revuelta Popular de Octubre de 2019? De
la Insurrección al encierro electoral. Ediciones Escaparate/CIPPSAL, 2021
