Escribe: Milcíades Ruiz, Perú
La presidenta Keiko Fujimori, ha solicitado facultades legislativas al Congreso de la República, en un plazo de cuatro meses para cambiar el estado de derecho vigente mediante Decretos Legislativos de larga duración. No se trata de una emergencia puntual para actuar de inmediato, sino de administrar el país prescindiendo del poder Legislativo durante su mandato ya que, la oposición crea problemas y así, gobernar con absolutismo tomando su cargo ambos poderes.
Este solo hecho, bastaría para declarar inadmisible tal pedido por improcedente. Pero contado con la bancada mayoritaria y la presidencia de dicho Congreso se está procediendo a su debate. Es un golpe de estado temporal parecido al del 5 de abril del 92, pero disimulado. Tiene antecedentes personales en tal sentido. Como se recordará, siendo presidente su padre, torturó en las instalaciones de la jefatura de las fuerzas armadas a su esposa y la destituyó del cargo de “Primera dama de la Nación”. En vez de defender a su madre, se alió con su papá y pasó a ocupar el puesto de la destituida. Es la mentalidad de origen. Y si, el marido cuestiona su comportamiento, también prescinde de este, para manejar el hogar con poder absoluto.
Esta vez, al igual que el fenómeno climatológico de “La Niña” que ocasiona desastres naturales, se ha propuesto arrasar con las normas judiciales, derechos, humanos, la precaria protección ciudadana, la democracia, yendo contra lo establecido por la Constitución vigente sin que el Colegió de Abogados y demás colegios profesionales digan nada, ni los partidos políticos populares se pronuncien al respecto.
Este pedido, lo hace sin fundamento económico, que ni concuerda con su propio proyecto de presupuesto que ella misma ha remitido al Congreso para su aprobación. Tampoco considera las condiciones deteriorantes internacionales y nacionales que se espera para los próximos meses y años. Más parece un documento de Inteligencia artificial (IA), como se hizo su Plan de Gobierno. Son más de 60 aspectos nacionales que abarca su pedido, que no responden al sentir popular sino al dominio social. Tiene compromisos con los grupos de poder que financiaron su campaña electoral.
El documento pretende dar poderes represivos a las Fuerzas armadas con inmunidad garantizada y muchos peruanos rebeldes serian liquidados y llenarán las cárceles, acusados de terrorismo, al pedir el cambio del concepto de criminalidad como terrorismo o, tendrán que huir del país para salvarse. Tras esta trampa mortal, mezcla con algunos ofrecimientos para las PYMES y la informalidad, para aumentar la tributación, sin considerar que este es un problema socio económico el resultado de políticas de estado.
También pide legislar sobre los recursos naturales y protección de la riqueza forestal en beneficio de sus depredadores empresariales. Nunca ha defendido a las comunidades nativas que luchan contra la deforestación. Pero ahora busca hasta la apropiación de terrenos abreviando trámites para las empresas depredadoras como el grupo Romero hace para aumentar su latifundio de palma aceitera. No dice nada contra el narco tráfico que depreda bosques. Como se recordará, en el gobierno de su padre se halló cocaína en el avión presidencial y Montecinos sacaba costales de dólares para sobornar políticos con ese dinero.
También, ofrece la promoción del empleo juvenil como si este problema se resolver con dispositivos legales. Pero, el desempleo juvenil es consecuencia de las políticas neoliberales. También busca anular el control laboral en las empresas del SUNAFIL cambiando el régimen actual con régimen favorable a las empresas. Cambiar el marco legal laboral y que los gobiernos regionales tributen transfiriendo fondos al Ministerio de la Producción.
Son muchas las incongruencias del documento que sospechosamente chocan con el régimen actual del estado de derecho. Sería muy inmenso comentar tantos puntos. Por ejemplo, en el punto 6-inciso e, se lee:
- Modificar la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias para la eliminación del plazo de inscripción en el registro nacional de cooperativas agrarias y establecer un plazo de tres años para la transformación de asociaciones a cooperativas agrarias; y, fortalecer la asociatividad, gobernanza, gestión productiva y empresarial y prestación articulada de servicios a las organizaciones agrarias.
Se desconoce la libre asociación y no distingue lo que es un gremio agrario que se rige por el código civil y, lo que es una empresa cooperativa que se rige por la ley de cooperativas. El 9o% de los campesinos tiene unidades menores a 10 has., y no está en condiciones de asumir esta obligación ilegal a la mala. Los campesinos que pueden pagar para ser socios de cooperativas de servicios ya lo vienen haciendo libremente como los caficultores y cacaoteros porque obtienen precios rentables en la exportación.
Pero lo más peligroso es el riesgo de privatización del agua cuando señala legislar “en materia de desarrollo productivo, innovación, agraria y riego, recursos hídricos, infraestructura hidráulica, pesquera, acuícola, hidrocarburos, electricidad, ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial”. Claro está, en favor de las transnacionales agro exportadoras con nuevas irrigaciones pagadas por los contribuyentes.
Legislar en materia de desarrollo productivo industrial, infraestructura productiva industrial, desarrollo tecnológico, modernización tecnológica, innovación y articulación productiva son la finalidad de dictar normas para la habilitación urbana, zonificación y acceso a servicios básicos en materia de infraestructura productiva industrial, así como, la venta o el otorgamiento de otros derechos reales de predios de propiedad estatal y la reinversión para fines industriales”.
Claro, no se está refiriendo a los campesinos, sino a las empresas latifundistas.
“Legislar en materia agraria y de riego, para impulsar el desarrollo agrario y de los territorios rurales, comprendiendo, las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, agroforestales y silvopastoriles, con enfoque territorial multisectorial e intergubernamental y mejora al acceso a los servicios de asistencia técnica y extensión agraria a fin de:
“Optimizar los marcos normativos de sanidad agraria, inocuidad agroalimentaria, semillas y formación agroalimentaria, fortalecer la vigilancia, trazabilidad, certificación, fiscalización y respuesta frente a las plagas y riesgos fitosanitarios; y articular el sistema agro sanitario nacional bajo la rectoría de las autoridades competentes, sin crear estructuras paralelas, con la finalidad de promover la seguridad alimentaria y nutricional.
Esto también es favorable a los latifundios agroexportadores “aunque se vista de seda”
“Promover la recuperación, conservación y manejo sostenible de las tierras de uso agrícola y de pastoreo, suelos, pastos naturales y forrajes; fortalecer la agricultura y ganadería sostenible y la diversificación productiva, a través del desarrollo de servicios de capacitación, asistencia técnica y promoción de la extensión agraria, innovación y cofinanciamiento, con participación de comunidades y organizaciones de productores”.
“Modificar y fortalecer el régimen de recursos forestales y de fauna silvestre, incluyendo el aprovechamiento sostenible e integral del patrimonio forestal y de fauna silvestre, la seguridad jurídica y protección de los bosques, condiciones habilitantes, y la simplificación de títulos habilitantes; lucha contra la deforestación, la promoción de plantaciones forestales, la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento del SERFOR como autoridad nacional forestal y de fauna silvestre”.
No les sigo copiando el texto en materia agraria porque sería muy extenso. Pero en general no responde a las demandas campesinas, sino a las condiciones para la inversión privada en latifundios y apropiación de recursos naturales. Lo contrario a la reforma agraria de Velasco. Un gobierno absolutista es una dictadura y ya sabemos lo que esto significa. Todas las dictaduras terminan mal porque enardece la indignación popular contra el abuso de poder. Es lo que sucedió con “la marcha de los cuatro suyos”
De continuar por esta senda presidencial con aprobación de facultades legislativas o sin ella, tendremos que soportar muchos abusos y prepararnos para la lucha planificada de sostenibilidad progresiva para que no sea momentánea. Los pliegos de reclamos deberán ser bien sustentadas para que no nos mezan en la mesa de diálogo y con plazos establecidos para su cumplimiento jurídico.
Será también una oportunidad de fortalecimiento y construcción del poder popular que trascienda en el acceso organizado a los poderes de decisión nacional. Salvo mejor parecer.
10 septiembre/ 2026
