Le Monde Diplomatique, edición chilena
Hoy se cumplen 56 años desde que Salvador Allende fuera electo presidente de Chile. Conmemorar esta fecha no es trivial; es, quizás, una de las jornadas más trascendentes de nuestra historia, ni siquiera comparable con la tragedia que nuestro país experimentó con la guerra civil de 1891 y el magnicidio del presidente Balmaceda. Si bien ese antiguo conflicto destruyó las bases sobre las que se venía construyendo la República hacia siete décadas -derramando la sangre de compatriotas por una disputa en la que el pueblo, en su inmensa mayoría, poco tenía que ganar o perder, salvo servir de carne de cañón para intereses oligárquicos-, lo encarnizado de ese enfrentamiento y sus cerca de 10.000 muertes (cuando Chile tenía poco más de dos millones de habitantes) terminaron, al poco tiempo, en el olvido generalizado.
Sin embargo, a más de cinco décadas de la elección de la Unidad Popular, las cosas son diferentes: Chile aparece tan o más dividido que en 1970. Es por eso por lo que la asunción de Salvador Allende marca profundamente la historia de nuestro país. Para entender, en parte, las razones de por qué a más de medio siglo las heridas permanecen abiertas, hay que conocer el origen de estas.
Salvador Allende ganó las elecciones el viernes 4 de septiembre de 1970. Obtuvo el 36,2% de la votación, una mayoría relativa, por lo que correspondía al Congreso Pleno elegir definitivamente al presidente. La Unidad Popular, la coalición que lo llevó al triunfo, apenas contaba con un tercio del Parlamento, por lo cual tampoco tenía mayoría propia. La Democracia Cristiana, partido mayoritario en ese entonces, exigió a Allende la firma de un Estatuto de Garantías Democráticas para darle su apoyo, documento que la izquierda debió suscribir.
Mientras se negociaba dicho estatuto, la extrema derecha secuestró al Comandante en Jefe del Ejército, el general René Schneider, el 22 de octubre de ese año. Su fallecimiento se produjo el 25 de octubre, solo un día después de que el Congreso Pleno ratificara constitucionalmente a Salvador Allende como nuevo presidente del país.
Cuando el 24 de octubre se proclamó a Allende, se consolidó un hecho inédito a nivel planetario: era la primera vez que un mandatario declarado públicamente marxista llegaba al poder por la vía institucional y democrática. Esto generó conmoción en las filas de la burguesía nacional e internacional. Principalmente en los Estados Unidos donde, como ha quedado demostrado en cientos de documentos desclasificados por el National Security Archive, Richard Nixon, Henry Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms, desarrollaron una estrategia agresiva para evitar que Allende asumiera el poder en noviembre.
A pesar del boicot, Allende asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970. La primera tarea del gobierno fue impulsar una serie de medidas que beneficiaran concretamente al pueblo. A solo 43 días de asumido su mandato, el 16 de diciembre de 1970 en un acto masivo en el teatro Caupolicán, lanzó la política del «medio litro de leche», la cual comenzó a regir el 4 de enero de 1971. Esta iniciativa formaba parte de las «40 medidas» del programa y respondía directamente a la concepción de Allende como médico salubrista, profundamente preocupado por la desnutrición infantil y la protección de las mujeres embarazadas.
A los 250 días de mandato, y aun con un Congreso donde solo tenía un tercio de respaldo, llevó adelante una de las iniciativas más relevantes y desafiantes frente al capital transnacional. El 11 de julio de 1971, denominado el «Día de la Dignidad Nacional», el Congreso Pleno aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre. Tal decisión fue informada a los mineros en un acto público que convocó a miles de personas en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, sellando el compromiso de que se gobernaría de cara a los trabajadores y las trabajadoras.
Dentro de la estrategia gubernamental de crear el «Área de Propiedad Social», se estatizaron empresas bancarias, industrias textiles, del calzado y de consumo masivo. Lo más relevante de este proceso fue que, por primera vez, los trabajadores de Chile aumentaron considerablemente su participación en el ingreso nacional, superando el 60%, una cifra que nunca más se volvería a registrar en nuestra economía.
Es evidente que el gobierno de la Unidad Popular provocó transformaciones estructurales inéditas. Fueron mil días en que la clase trabajadora logró empinarse, por primera y única vez hasta la fecha, como un actor realmente protagonista y desafiante. La creación de los Cordones Industriales, órganos de poder autónomo, auguraba un escenario donde la clase obrera se planteaba directamente dirigir no solo las empresas, sino controlar la producción de los sectores estratégicos y el agro; un desafío que requería altos niveles de conciencia y responsabilidad. El pueblo lo estaba haciendo. Fue un periodo breve pero intenso, donde la clase obrera aprendió en menos de tres años lo que en décadas jamás tuvo ocasión de experimentar: saberse capaz de dirigir colectivamente su propio destino. Era obvio que esto despertaría el enojo de la clase privilegiada, vinculada al latifundio, las altas finanzas y la producción.
Como ha quedado demostrado, el boicot comenzó desde el momento mismo en que Allende ganó la elección, antes de asumir. La oligarquía jamás aceptaría que la riqueza fuese distribuida de manera diferente; por eso conspiró desde el primer día para derrocar a un gobierno legítimamente elegido que, a diferencia de sus antecesores y sucesores, puso en el centro a hombres y mujeres de trabajo. No solo se desafió el ordenamiento jurídico y político elaborado por los mismos de siempre, sino que se propuso transformar culturalmente la mirada que los chilenos y chilenas tenían sobre su propio país.
Hoy recordamos ese viernes 4 de septiembre como el día en que el pueblo se permitió soñar y empujar esos anhelos por espacio de mil días, antes de ser arrebatados por la metralla de las fuerzas armadas y los sediciosos civiles que, como tantas otras veces en nuestra historia, han manchado sus manos con la sangre de los trabajadores y del pueblo humilde.
